“Estamos convencidos de que la futura Ley General de Telecomunicaciones mejorará la percepción de España como destino para las inversiones”. El país y el sector se enfrentan a un momento crucial, en el que es más importante que nunca fomentar la productividad, el empleo, la innovación y el cambio de modelo productivo. Una transformación en la que las TIC están llamadas a tener un gran protagonismo. Iniciativas como la Agenda Digital Española y los planes que desarrollarán su contenido, la nueva Ley General de Telecomunicaciones o el nuevo Plan Técnico de la Televisión Digital, son algunas de las principales medidas de amplia envergadura que se están acometiendo en la Administración de referencia para las telecomunicaciones españolas. Tareas que sin duda están exigiendo un importante esfuerzo al equipo que compone la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Al frente de la misma, desde diciembre de 2011 está Víctor Calvo-Sotelo, un ingeniero de caminos, canales y puertos madrileño, heredero de una larga estirpe de políticos, que acumula en su trayectoria importantes responsabilidades en el sector público y privado. Repasamos con él en esta charla los desafíos más importantes de la Secretaría, enmarcada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que tendrán un importante impacto en la mejora de la competitividad de nuestra economía. Una labor en la que es imprescindible el compromiso y colaboración de todos los agentes y, sin duda, un liderazgo ilusionante. Víctor Calvo-Sotelo Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información Perfil de Víctor Calvo-Sotelo BIT. Es usted ingeniero de Caminos Canales y Puertos y en sus primeros años de trayectoria profesional trabajó como ingeniero de proyectos para Bechtel y Airtel. ¿Qué le decidió a dar el paso a la política ¿Qué le ha aportado la ingeniería en la esfera del servicio público? ¿Es en su familia, de relevante dedicación política, casi una obligación dedicarse a la gestión pública? En 1996 el Ministro de Fomento me llamó para hacerme cargo de la Subsecretaría por mi experiencia en el mundo de las Telecomunicaciones. En aquel momento la Secretaría General de Telecomunicaciones estaba en Fomento y Rafael Arias Salgado tenía en mente hacer una reforma ambiciosa del sector. Este paso no fue propiamente hablando un salto a la política, yo no tenía militancia en ningún partido en esa época, sino un paso al servicio público. Indudablemente la tradición familiar influyó en que aceptara encantado ese puesto y creo que la formación como ingeniero influyó en la aproximación práctica a los problemas, en la comprensión de la interrelación entre la acción de la Administración y el sustrato técnico y económico de los sectores sobre los que actuábamos BIT. En su etapa como subsecretario del Ministerio de Fomento (siendo ministro Rafael Arias-Salgado), se desarrolló una extensa labor normativa de liberalización de los sectores de telecomunicaciones, infraestructuras, transportes y vivienda, en el que actuó además como representante del Ministerio en el Consejo de Administración de Telefónica de España SA. ¿Qué recuerda del sector en aquellos años?¿Cómo valora el proceso de liberalización desde su actual responsabilidad? La legislatura 1996/2000 supuso un gran impulso liberalizador, y también privatizador, de amplios sectores de la economía española. Creo que su acción ha sobrevivido bien al paso del tiempo y hoy comprobamos como ese impulso contribuyó decisivamente a desarrollar un sector privado más fuerte y más competitivo, unos mejores servicios a la sociedad y una capacidad de renovación e innovación que antes se encontraban limitadas. Ese mismo impulso renovador anima hoy la acción del Gobierno, promover reformas estructurales que tengan un efecto intenso y duradero en nuestra economía. BIT. El pasado mes de febrero se aprobó finalmente la ambiciosa Agenda Digital española, estrategia del Gobierno en el ámbito digital y de las telecomunicaciones, que se define a través de Planes concretos en diversas materias. El horizonte temporal para la consecución de los objetivos de la Agenda es claro, pero ¿en qué estado se encuentran estos Planes?¿Podemos anticipar algún calendario sobre los mismos? De entre ellos ¿cuál es el más urgente? La Agenda Digital para España es la estrategia del Gobierno en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Administración Electrónica para desarrollar la economía y la sociedad digital en España en el periodo 2013-2015. Como estrategia global del gobierno sirve de marco para todas las actuaciones que se realicen en esas materias, lo que permite una mayor integración, eficiencia y eficacia de las medidas implementadas. La Agenda es, en efecto, ambiciosa. No solo incorpora los objetivos clave de la Agenda Digital para Europa, como son el despliegue y penetración de redes ultrarrápidas de banda ancha, alcanzar elevados niveles de utilización del comercio electrónico entre ciudadanía y PYMEs o conseguir que cada vez más ciudadanos accedan de forma regular a Internet, sino que establece objetivos adicionales específicos para España, entre los que se encuentran el desarrollo de la industria de contenidos digitales, la ciberseguridad o la internacionalización de las empresas tecnológicas. De esta forma, la Agenda define treinta y dos objetivos clave, diez de los cuales están directamente relacionados con objetivos europeos comunes a todos los Estados Miembros, y veintidós específicos para España. Para alcanzar los objetivos planteados la Agenda define 106 líneas de actuación que fijan la orientación de Siete de los planes de la Agenda Digital se encuentran en un estado muy avanzado y estarán disponibles a finales del primer semestre de este año. Los dos restantes, el Plan de Administración Electrónica y el de Servicios Públicos Digitales, están a la espera de incorporar las conclusiones de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y estarán disponibles antes de finales de año”. “ la actividad del Gobierno. Dichas líneas se articulan a través de medidas concretas en los nueve planes específicos que define la Agenda. Siete de los planes se encuentran en un estado muy avanzado y estarán disponibles a finales del primer semestre de este año. Los dos restantes, el Plan de Administración Electrónica de la AGE y el de Servicios Públicos Digitales, están a la espera de incorporar las conclusiones de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y estarán disponibles antes de finales de año. De esta forma, durante este año se pondrán en marcha los nueve planes que articulan la Agenda Digital para España. Todos los planes son necesarios y relevantes, y considero que su puesta en marcha de forma coordinada permitirá alcanzar sinergias y mejorará los resultados de las medidas que plantea la Agenda. BIT. ¿Van a estar estos planes dotados de incentivos económicos para las empresas que participen activamente en su puesta en marcha? La dotación de los planes proviene de las partidas correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado y de los fondos europeos que, en su caso, sean aplicables. Los planes pondrán en marcha medidas específicas para avanzar en los objetivos que plantea la Agenda. Entre dichas medidas se contemplan distintos mecanismos de ayudas a empresas del sector TIC, como por ejemplo el programa de ayudas contemplado en el Plan de Desarrollo e Innovación del Sector TIC que rondará los 500 millones de euros para la mejora de la competitividad, del posicionamiento en los mercados y para el desarrollo de nuevos productos innovadores; o el plan de ayudas para la extensión de la banda ancha ultrarrápida a zonas rurales. Asimismo, los planes contemplan una mayor colaboración público-privada que permita movilizar más recursos y talento para alcanzar los objetivos buscados. BIT. Respecto al objetivo de la Agenda de favorecer el despliegue de redes ultrarrápidas, acompasado con la reducción de trámites administrativos, el Parlamento Europeo acaba de presentar una propuesta de Reglamento para reducir el coste de los despliegues de las redes de alta velocidad. ¿Cómo valoran que la iniciativa haya adoptado el formato de Reglamento y no de Recomendación o Directiva? En el apartado de equipamiento en los edificios el Reglamento cita expresamente como modelo el caso de las ICT españolas. ¿Son las ICT un caso de éxito exportable? Las redes ultrarrápidas son una de las grandes prioridades de la SETSI en estos momentos, por lo que estamos trabajando en el desarrollo de una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas. El Reglamento que se prepara desde Bruselas va en esta línea, pues busca reducir los costes de los despliegues con diferentes medidas. Hay que decir que una parte importante de estas medidas ya están en marcha en España o están contem- Perfil de Víctor Calvo-Sotelo Debido a la crisis inmobiliaria el número de ICT en construcción se ha reducido, pero creo que es un modelo claramente exportable a países donde se mantiene el ritmo constructor, donde además están presenten constructoras españolas”. “ pladas en el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. De todas formas, echamos en falta una mayor referencia en el Reglamento al papel de las Administraciones Públicas como facilitadores del despliegue de redes ultrarrápidas, especialmente en la agilización de las licencias. Creo que el formato de Reglamento es adecuado en este caso, ya que permite una aplicación directa y homogénea en toda la Unión Europea lo que redundará en ahorros a todos los operadores y agentes implicados en los despliegues beneficiando ulteriormente a un mejor Mercado Único Digital. Como usted señala, la Comisión pone las ICT como ejemplo de medida de reducción de costes de despliegues, ya que permiten tener los nuevos edificios equipados para redes ultrarrápidas en zonas donde los operadores tienen previsto desplegar estas redes. Debido a la crisis inmobiliaria el número de ICT en construcción se ha reducido, pero creo que es un modelo claramente exportable a países donde se mantiene el ritmo constructor, como por ejemplo los países del Este o algunos países de Sudamérica, donde además están presentes constructoras españolas. BIT. ¿Hasta qué punto es crucial para la recuperación económica que los objetivos planteados en la Agenda Digital lleguen a buen puerto y se cumpla con los compromisos adquiridos en Europa? Es conocido el efecto positivo que tienen las TIC sobre la productividad y la competitividad de la economía. España ya ha alcanzado un elevado grado de madurez en la oferta de redes, servicios y aplicaciones digitales, y en este momento nos enfrentamos al reto de utilizar estas tecnologías de una forma más intensiva e inteligente, en definitiva, transformadora. Los objetivos fijados en la Agenda Digital para Europa y en la Agenda Digital para España marcan el camino para aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y desarrollar la economía y la sociedad digital. Se pueden señalar cinco ámbitos que contribuyen a la recuperación económica del país en los que incide la Agenda Digital. En primer lugar, el impulso a la inversión en redes de banda ancha ultrarrápida, que además de generar empleo directo es un elemento crucial para incrementar nuestra capacidad para innovar, acceder a nuevos servicios de mayor valor añadido o para trasladar los beneficios derivados de la economía digital al conjunto de la sociedad. En segundo lugar, incentivar el uso transformador de las TIC en las empresas, especialmente las PYME. Las nuevas tecnologías permiten a las empresas ser más dinámicas en su operación diaria, ahorrar costes mediante procesos y herramientas más eficientes y aprovechar mejor las oportunidades comerciales en la Red. En definitiva, la Agenda apuesta por mejorar la productividad de las empresas impulsando el desarrollo de soluciones eficientes para PYME, implementando de forma eficaz la factura electrónica y fomentando el comercio electrónico. En tercer lugar, aprovechar el potencial de las industrias de futuro para generar empleo, aumentar la actividad económica y fortalecer el sector TIC español dentro y fuera del país. La Agenda apuesta por desarrollar sectores innovadores como el cloud computing, las Smart Cities, los contenidos digitales o la ciberseguridad, sectores de futuro con gran potencial para la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones y servicios de mercado. Además, se persigue el objetivo de incrementar las exportaciones y la presencia de nuestras empresas tecnológicas en el extranjero. En cuarto lugar, la mejora de la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios de las Administraciones Públicas mediante el uso de las TIC, tanto internamente como en la oferta que se presta al ciudadano. En quinto lugar, el foco en la mejora de la capacitación digital de la ciudadanía, tanto en el caso de los colectivos más desfavorecidos o con menor nivel de utilización, como en el ámbito empresarial y laboral para incrementar la empleabilidad de la ciudadanía. Todo ello contribuirá, sin duda, a la mejora de la competitividad de nuestras empresas, a favorecer la creación de empleo y a incrementar Perfil de Víctor Calvo-Sotelo la eficiencia y eficacia de nuestros servicios públicos. En definitiva, al esfuerzo colectivo de impulsar la recuperación económica del país. BIT. Uno de los aspectos importantes en el despliegue de redes ultrarrápidas es el recogido en la Agenda y en el Anteproyecto de Ley General de reducir trabas administrativas para el despliegue de infraestructuras. ¿Cómo va a implementarse esa reducción? ¿Se contemplará en el Plan de Redes Ultrarrápidas la compartición de infraestructuras entre las telecos y las utilities? El anteproyecto de Ley General de las Telecomunicaciones (LGTel) tiene como principal objetivo favorecer el despliegue de redes y servicios, y en especial las redes de acceso ultrarrápido, que son las que se están desplegando ahora y se desplegarán en el futuro. Además de las redes de cable y de fibra, no hay que olvidar las redes ultrarrápidas móviles, que tienen condicionantes específicos. El despliegue de redes de telecomunicaciones en España se ha enfrentado tradicionalmente con diversas barreras, que son las que queremos eliminar o reducir al máximo. Por una parte, la falta de unidad de mercado en el conjunto del territorio español ha originado múltiples ordenanzas y leyes de carácter local y autonómico que afectan a las telecomunicaciones, a pesar de que éstas son competencia exclusiva del Estado. Me estoy refiriendo a normativa de otros ámbitos, como consumo, urbanismo y medio ambiente, que acaba poniendo barreras al despliegue de redes de telecomunicaciones. Con la nueva LGTel queremos recuperar la unidad de mercado estableciendo limitaciones a la legislación de las Administraciones territoriales que pueda afectar al despliegue de redes. Los operadores se enfrentan también a importantes barreras ante las numerosas cargas administrativas que soportan. El Anteproyecto de LGTel prevé eliminar licencias y autorizaciones innecesarias y simplificar las obligaciones de información y tributación de los operadores. Por último, no hay que olvidar que la existencia de operadores públicos puede en ocasiones distorsionar la competencia. El Anteproyecto de LGTel impone condiciones más estrictas para la existencia de estos operadores o la participación pública en operadores privados. Usted plantea en su pregunta la posibilidad de reutilizar las infraestructuras de otros servicios para desplegar redes ultrarrápidas. Es una opción interesante, que está contemplada en el anteproyecto de LGTel, de forma que las empresas y operadores de otros sectores distintos al de las comunicaciones electrónicas que sean titulares o gestoras de infraestructuras en el dominio público del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o beneficiarias de expropiaciones forzosas, y que sean susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, faciliten el acceso a estas infraestructuras en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación. BIT. Sin duda la nueva Ley General de Telecomunicaciones es una de las grandes iniciativas de la legislatura. ¿Cuándo se iniciará previsiblemente su tramitación parlamentaria? Efectivamente, se trata de una de las grandes iniciativas del Ministerio El anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones pretende dar un nuevo impulso liberalizador en un sector estratégico de la economía, simplificando el acceso a recursos esenciales como el espectro, y eliminando elementos que distorsionan la competencia. “ Perfil de Víctor Calvo-Sotelo de Industria, Energía y Turismo. El Anteproyecto está imbuido del espíritu de reformista que inspira el Programa Nacional de Reformas 2013 del Gobierno y tiene como objetivos recuperar la unidad de mercado, reducir las cargas administrativas y disponer de un nuevo marco regulador idóneo para que los operadores inviertan en el despliegue de infraestructuras y en tecnologías de la información y, de manera especial, en aquellas redes de nueva generación que permitan la prestación de servicios avanzados y que alcancen un número cada vez mayor de usuarios, todo ello teniendo en cuenta una adecuada valoración del riesgo inversor. El futuro Texto pretende dar un nuevo impulso liberalizador en un sector estratégico de la economía, simplificando el acceso a recursos esenciales como el espectro, y eliminando elementos que distorsionan la competencia. Estamos convencidos de que la futura Ley mejorará la percepción de España como destino para las inversiones. En cuanto al estado de tramitación, está bastante avanzado, de forma que esperamos remitir pronto el Anteproyecto de Ley para informe del Consejo de Estado, que como sabe, ultima la fase de tramitación antes de la aprobación como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros, lo que previsiblemente podría ser a finales del mes de junio. BIT. Uno de los grandes objetivos, incluido en la Agenda Digital y previsiblemente en la LGTel es el impulso de la Administración Electrónica. ¿Qué medidas van a articularse para conseguir el objetivo de la ventanilla única electrónica?¿Es este un paso imprescindible (homogeneizar los accesos a las diferentes administraciones en la red) para conseguir su plena incorporación a la vida de los ciudadanos? ¿Cómo se va a tutelar este proceso?¿Existirá un presupuesto asociado al mismo? ¿Asumirá Red.es un papel de tutelaje en la necesaria coordinación de las diferentes Administraciones? La administración electrónica es, sin duda, uno de los elementos claves para conseguir mejorar el funcionamiento de las administraciones y el servicio que se presta a ciudadanos y empresas. Nos ha parecido tan importante que de los seis grandes objetivos de la Agenda Digital para España uno de ellos está dedicado en su totalidad a la Administración electrónica y que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es co-proponente de la Agenda Digital. España ha avanzado mucho en este área, en parte gracias a la Ley 11/2007 y a la actuación decidida de todas las Administraciones, y es uno de los países europeos que dispone de una oferta de servicios electrónicos más amplia. Sin embargo, estamos convencidos de que todavía existe un margen importante de mejora, margen relacionado en gran medida con lo que usted pregunta. Queremos conseguir servicios más adaptados a las demandas de la ciudadanía, una de las cuales es, sin duda, la existencia de ventanillas únicas que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios de todas las administraciones. Aunque en los últimos años el nivel de uso de la administración electrónica se ha incrementado notablemente, estoy convencido de que la simplificación de los servicios y la puesta en marcha de este tipo de ventanillas acelerará el proceso de incorporación de este tipo de servicios a la vida de los ciudadanos. Ya existen algunas iniciativas operativas en este área que se verán muy reforzadas en el Plan específico de Administración Electrónica que se presentará en el segundo semestre del año, una vez que la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) haga pública sus recomendaciones. Como todos los planes elaborados en el marco de la Agenda Digital, éste también tendrá claramente especificado el presupuesto destinado al mismo y contemplará el apoyo que Red.es puede dar a este tipo de iniciativas, como actualmente viene haciendo. BIT. El Anteproyecto modifica las competencias y el funcionamiento de los organismos reguladores y refuerza las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ¿En qué áreas se ven reforzadas esas competencias? En materia de telecomunicaciones, hay que destacar que básicamente las funciones que actualmente ejerce la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) pasarían a integrarse dentro de la esfera competencial de la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) como sector específico sometido a su supervisión, y que son fundamental- Los poderes públicos debemos garantizar que el sector privado pueda realizar las inversiones necesarias con ciertas garantías en caso de éxito y con una regulación independiente que vele por el correcto funcionamiento de los diferentes mercados”. “ Perfil de Víctor Calvo-Sotelo mente las que le asigna las Directivas comunitarias sobre comunicaciones electrónicas1 como autoridad nacional de reglamentación (ANR) de carácter independiente. Esto es, por un lado, la denominada regulación ex ante en la Directivas comunitarias, consistente en la definición de los mercados pertinentes dentro del sector de las telecomunicaciones, análisis de los mismos y, en su caso, imposición de obligaciones específicas a los operadores con poder significativo en el mercado para garantizar la competencia en cada uno de los mercados, y, por otro lado, la resolución de conflictos entre operadores. Pero permítame que aproveche la ocasión para recalcar en que este proyecto de Gobierno, también incardinado en el Programa Nacional de Reformas incidirá en una mayor seguridad jurídica, en la supervisión de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en principales mercados liberalizados, también en una mejora en el ejercicio de las funciones al aglutinar en el futuro organismo todo el conocimiento técnico económico y de competencia de los diferentes mercados, sin olvidar su incidencia en la reducción del gasto público dado que la CNMC unificará en un único organismo el personal y los medios de hasta ocho organismos, lo que permitirá reducir órganos, evitará que varios organismos ejerzan unas mismas funciones y permitirá conseguir un ahorro y una disminución del gasto público al unir servicios comunes. BIT. El Consejo de Ministros acordó ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo del pasado noviembre, que anula la adjudicación de nueve canales a las cadenas de televisión que tenía licencia en octubre de 2010 ¿Qué impacto va a tener esta decisión sobre la liberación del dividendo digital? La liberación del dividendo digital es un proceso especialmente complejo, por la necesidad de conciliar el cumplimiento de la fecha comprometida con los operadores de comunicaciones electrónicas adjudicatarios de espectro, y la minimización del coste para los ciudadanos y las empresas afectadas. Y lo es aún en mayor medida en la actual coyuntura, dada la necesidad de control de las cuentas públicas, y de las circunstancias excepcionales sobrevenidas con la propia sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012, que declaraba la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2.010, por el que se asigna un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal. El efecto inmediato de la Sentencia fue paralizar la tramitación del Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, que estaba en fase final, a punto de remitirse a informe del Consejo de Estado, recogiendo en buena medida las aportaciones del sector. El Gobierno de España, en cumplimiento estricto de la legalidad, ha procedido a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2013, facilitando que las empresas puedan continuar con la emisión de los canales afectados, hasta que finalice la liberación del dividendo digital. El Ministerio lleva varios meses trabajando en estudiar las diferentes alternativas para buscar la mejor solución para todas las partes. En este sentido próximamente, el Gobierno publicará un Real Decreto con el nuevo Plan Técnico de la Televisión Digital que regulará, de manera detallada, el proceso de liberación del dividendo digital. BIT. Pasados ya unos meses del comienzo de las primeras pruebas en Fuentesaúco y Zamora. ¿Qué valoración pueden hacer de estas primeras experiencias? ¿Se mantiene el objetivo temporal del 1 de enero del 2014? En efecto, llevamos desde mediados del mes de noviembre de 2012 Perfil de Víctor Calvo-Sotelo 36junio 2013 119933 acometiendo un proyecto piloto en la provincia de Zamora, concretamente en los Ayuntamientos de Zamora capital y Fuentesaúco, con objeto de analizar la coexistencia entre los servicios TDT y la telefonía de 4ª Generación (LTE) en bandas adyacentes. El proyecto piloto ha sido un modelo de colaboración entre todos los agentes implicados en este proceso tan complejo como es la liberación del dividendo digital. La experiencia ha implicado tanto a los tres operadores de telefonía móvil con frecuencias asignadas en la banda de 800 MHz, como a los principales fabricantes mundiales de equipamiento de LTE, a los fabricantes de equipamiento de recepción de televisión, al operador de red difusión de televisión y a los instaladores de telecomunicaciones. Se han llevado a cabo pruebas en ambos municipios replicando un entorno real de funcionamiento a fin de analizar de la manera más fiel posible los efectos potenciales. Todo ello bajo la supervisión y dirección de personal de la Secretaría de Estado. Quiero agradecer la colaboración y participación de los vecinos y autoridades de Zamora y Fuentesaúco que han soportado la realización de estas pruebas en sus domicilios con un espíritu encomiable, entendiendo la necesidad del proyecto y valorándolo como una gran oportunidad para facilitar la implantación de la nueva tecnología 4G, que traerá múltiples ventajas tanto desde el punto de vista de desarrollo social y económico, como de la oferta de servicios avanzados de alta velocidad. Por supuesto mi agradecimiento también al Colegio que está colaborando de manera activa en las pruebas, tanto a través del Grupo de Trabajo que se lanzó por parte de la Secretaría de Estado hace poco más de un año, con el mandato de evaluar la coexistencia entre ambos servicios, así como por el apoyo que nos está prestando en el análisis de los resultados obtenidos y en la elaboración de informe de conclusiones. En cuanto a los resultados preliminares del piloto, a falta de elaborar el informe final, como era previsible hemos observado que, en determinadas condiciones de potencia de emisión de las estaciones de LTE y en las cercanías de las mismas, las nuevas señales de telefonía móvil podrían tener efectos sobre las instalaciones de recepción de TDT de los usuarios. Tras las numerosas medidas realizadas, en toda la tipología existente de instalaciones de recepción en edificios y viviendas, con distintas combinaciones de potencia, distancia, ángulos de recepción, carga de las redes y otras condiciones, consideramos que se han comprobado la casi totalidad de las posibles situaciones que nos podremos encontrar en campo cuando se realice el despliegue efectivo de LTE. A estas alturas podemos afirmar que estamos en condiciones de acotar el problema con suficientes garantías. En todos los casos en donde se encontraron efectos las medidas de mitigación experimentadas en condiciones reales de funcionamiento fueron eficientes y solucionaron la afectación, lo que nos da una cierta tranquilidad. En cuanto al objetivo de liberar la subbandas de los 800 MHz el 1 de enero de 2014, el Ministro ha reiterado su compromiso de mantener dicha fecha. Además, hemos de cumplir con las obligaciones establecidas en el ámbito de la Unión Europea. BIT. Existen importantes retos en materia de propiedad intelectual en la red que previsiblemente se incluirán en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que están trabajando junto al Ministerio de Cultura. ¿Qué medidas específicas se prevé articular para proteger la propiedad intelectual y combatir la piratería en Internet? El Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros y, actualmente, se está procediendo a analizar las contribuciones recibidas en el proceso de consulta pública que se ha extendido hasta el pasado 17 de abril. Este Anteproyecto debe ser sometido a nuevas fases de tramitación e informes por parte del Gobierno y, posteriormente, deberá ser debatido La colaboración continua del COIT, un colectivo con un gran conocimiento y visión de las problemáticas del sector, supone un gran valor añadido que permite mejorar la actuación de esta Administración. Desde aquí animo a los ingenieros de telecomunicación que conforman el Colegio a continuar colaborando con la Secretaría de Estado para avanzar en la resolución de los retos que se plantean en el futuro”. “ Perfil de Víctor Calvo-Sotelo y aprobado por el Parlamento, por lo que hay que tener en cuenta que las medidas contenidas en el mismo son aún propuestas en calidad de borrador. No obstante, en lo que se refiere a las medidas específicas de protección de la propiedad intelectual en Internet, podría destacar la voluntad plasmada en la Ley de concentrar las capacidades de la Comisión de Propiedad Intelectual, actualmente adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la persecución de aquellos grandes infractores que causan daños significativos a los derechos de propiedad intelectual. BIT. La Comisión Europea es partidaria de que los gobiernos tengan un papel más activo en la Gobernanza de Internet. El creciente tráfico en la red está poniendo en duda los modelos de negocio de los operadores tradicionales. ¿Es preciso adoptar medidas para acompasar las inversiones a los retornos y hacer de Internet un negocio sostenible para todos los agentes? Esta es una pregunta muy interesante y de mucha actualidad, y prácticamente se trata de dos cuestiones independientes: participación de los gobiernos y sostenibilidad del sistema. Con respecto a la primera quiero señalar que la mayoría de los Gobiernos participamos activamente en la actual Gobernanza de Internet a través del esquema de gobierno multinivel de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), se trata de un esquema abierto que ha cosechado grandes éxitos y que entre todos deberemos analizar su evolución. Con respecto a la sostenibilidad del sistema, los poderes públicos debemos garantizar que el sector privado pueda realizar las inversiones necesarias con ciertas garantías en caso de éxito y con una regulación independiente que vele por el correcto funcionamiento de los diferentes mercados. BIT. Una de las cuestiones más valoradas por el sector en lo relativo a la Agenda Digital es su espíritu de consenso, al haber nacido recogiendo las aportaciones de todas las instituciones y personas que han respondido a la consulta pública. El COIT ha colaborado con el grupo de expertos y a través de la consulta y viene realizando diversas aportaciones a la Secretaría en temas muy variados. ¿Cómo valora estas contribuciones? ¿En qué áreas sería interesante potenciarlas? La configuración de esta Agenda Digital ha sido posible gracias a la intensa participación todos los agentes del sector. La transformación hacia una economía digital es un reto compartido que requiere el compromiso y la participación de todos: del sector privado, las entidades locales, las Comunidades Autónomas y los Ministerios. El diálogo con los agentes económicos y sociales, la participación de los ciudadanos, y la colaboración público-privada han sido aspectos clave durante el primer año y medio de legislatura que vamos a mantener como elemento imprescindible en nuestra apuesta común por la modernización de la economía y la sociedad española. En este sentido, la colaboración continua del COIT, un colectivo con un gran conocimiento y visión de las problemáticas del sector, supone un gran valor añadido que permite mejorar la actuación de esta Administración. Puedo citar, entre otras, las aportaciones que ha realizado el Colegio durante la consulta pública de la Agenda Digital, la participación de su Decano-Presidente en el Grupo de Expertos o los distintos informes realizados por el Grupo de Regulación y Políticas Públicas del Colegio. Desde aquí animo a los ingenieros de telecomunicación que conforman el Colegio a continuar colaborando con la Secretaría de Estado para avanzar en la resolución de los retos que se plantean en el futuro.3 Nota 1 Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; Directiva 2002/19/CE, de 7 de marzo de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión; Directiva 2002/20/CE, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas; Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.