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El Segundo Envite l "gran juego" de las telecomunicaciones que se desarrolla en los mercados nacionales del los distintos países de la Unión Europea está cada día mas condicionado por las estrategias internacionales de los grandes operadores europeos. Aparentemente el "juego" consiste en abrir paulatinamente los mercados a operadores alternativos al operador dominante en cada país y esperar que esta competencia desarrolle los mercados en beneficio de los usuarios (mejores servicios a menor coste). Las reglas y el ritmo del juego se establecen en Bruselas y las autoridades nacionales (poderes públicos e instituciones reguladoras) actúan como árbitros en las sucesivas "partidas". Esta es una visión muy estrecha pues oculta los complejos procesos de internacionalización que están siguiendo los operadores para enfrentarse al cada vez más cercano mercado global. Un fenómeno que tiene como consecuencia mas llamativa la formación de grandes alianzas internacionales que de una u otra manera están siempre presentes en los segmentos de mercados más importantes que se abren a la competencia. La reciente internacionalización de Telefónica, en particular su entrada en los mercados iberoamericanos, nos ha mostrado los beneficios que conllevan estos procesos para el conjunto de la industria y los servicios del país de origen del operador que accede a los nuevos mercados. En sentido contrario, nos alerta sobre la amenaza que representaría la entrada de un operador global foráneo no comprometido con los agentes económicos y sectoriales nacionales. Con toda probabilidad los beneficios de introducir competencia no justificarían la oportunidad perdida de incorporar "valor añadido nacional" a la economía del país. Concluida con éxito la privatización total de Telefónica y su incorporación a la alianza global que encabeza BT, nuestro primer operador ha definido completamente la posición estratégica con que se va a enfrentar al proceso de globalización. Era la condición necesaria para que pudiera tener lugar la segunda "gran partida" que se desarrolla en el mercado español. Nos referimos al proceso de privatización de RETEVISION y al nacimiento de un operador alternativo de telefonía básica, o lo que es lo mismo, al segundo operador global multiservicio español. Como no podía ser de otra manera, cada uno de los dos consorcios presentados incorpora un gran operador foráneo europeo, digno representante a su vez de alguna de las alianzas globales consolidadas o en fase de formación. Sin embargo, el análisis de su composición accionarial muestra que estamos ante consorcios de naturaleza muy distinta. El consorcio Endesa (30,9%)-Stet (30,9%)-Unión Fenosa (12,3%)-Euskaltel (4,2%)-y seis cajas de ahorros regionales, tiene como elemento diferencial la alta participación de agentes nacionales no exclusivamente financieros. El consorcio OPERA, compuesto por BCH (50%)-France Telecom(42,8%)- y Sprint(7,2%), representa a la alianza global de mayor peso político en Europa. Los dos tienen a priori capacidad técnica y financiera para abordar con éxito la construcción del segundo operador global español. Sin embargo, representan dos aproximaciones estratégicas al mercado español muy diferentes. El pliego de cláusulas administrativas que regula el concurso de adjudicación y venta de acciones de RETEVISIÓN S.A. asigna a la oferta económica el 40% de la puntuación total, mientras que asigna muy poca puntuación a los compromisos con el "valor añadido nacional" (creación de empleo, potenciación de la industria nacional, compromisos de I+D, etc...). Erróneamente a nuestro juicio, ha primado más el deseo de asegurar el "éxito político" de la privatización y la obtención de ingresos a corto plazo (para contribuir a la disminución del déficit público), que otras consideraciones de carácter más estratégico. Como representantes de uno de los colectivos profesionales con mas capacidad de añadir valor al desarrollo de la industria y los servicios de telecomunicaciones, destacamos que la opción que incorpore mayor valor añadido y capacidad de gestión nacionales, sería la más coincidente con la postura mantenida, por estas Juntas. No obstante, desde el respeto de nuestras instituciones hacía la transparencia en las reglas del concurso y a los criterios que deben regir su adjudicación, saludaremos gustosamente el nacimiento del nuevo operador ya que, en cualquier caso, supondrá la conclusión del segundo envite de las telecomunicaciones españolas y un claro beneficio para los usuarios.

LA NUEVA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN stamos asistiendo en los últimos años a un impresionante acontecimiento social que está rompiendo los esquemas tradicionales de las comunicaciones: nos referimos al fenómeno Internet. España, que se incorporó con retraso a esta explosión de conectividad global, irrumpió con enorme fuerza en el mundo Internet a principios de 1996 gracias a la puesta en marcha del Servicio de Acceso a Información (SAI), común y erróneamente conocido como INFOVIA, y a la agresiva campaña publicitaria realizada por Telefónica en el lanzamiento de la marca comercial anteriormente citada. En efecto, bajo la denominación de INFOVIA se incluyen, además del SAI, el alojamiento de páginas y servidores Web de distintas proveedores de información o de servicios on-line (entre ellos los que suministran acceso a Internet) y el correspondiente servicio de directorio. Es decir, una autentica Internet privada de ámbito nacional. Los resultados del año y medio transcurrido son suficientemente demostrativos de su éxito. Más de 500.000 usuarios habituales y 1300 proveedores de servicios de información de todo tipo, de los cuales más de 400 son proveedores de acceso a Internet, dándose la situación singular de que en España tengamos más del 10% de los proveedores de Internet existentes en el mundo. Entre éstos se encuentra el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) que, bajo la dirección del COIT y la AEIT, fue pionero en aprovechar el SAI e INFOVIA para proporcionar servicios Infovía/Internet a los ingenieros españoles. Un servicio de gran aceptación que atiende en la actualidad a más de tres mil quinientos ingenieros de toda España por la irrisoria cantidad de 5000 pts/año, más el coste de la llamada metropolitana. Aunque el SAI no se planteó jurídicamente como un "servicio universal", lo cierto es que tiene la práctica totalidad de sus características: al alcance de cualquier ciudadano, con facilidad de uso, precio asequible e igual en cualquier lugar de la geografía nacional. Incluso puede decirse que ha alcanzado un nivel de universalidad mayor que el propio servicio telefónico básico al tratar todas las comunicaciones, el principal componente del gasto, como llamadas metropolitanas. En el modelo actual, el servicio de acceso a Internet se reparte entre tres tipos de agentes: Telefónica, que proporciona en exclusiva el SAI, es decir, la conexión del terminal de usuario final (PC+modem), a través de la red telefónica pública conmutada o RDSI, a un punto de interconexión provincial al que se conectan los operadores concesionarios del servicio de conmutación de datos. Para el usuario final esta conexión se realiza mediante un número único (055) y a tarifa metropolitana. Los operadores del servicio de conmutación de datos que proporcionan los circuitos que conectan a los proveedores de servicios on-line con el SAI y el proveedor de Internet. Los proveedores de servicios on-line que proporcionan los servicios Internet (correo electrónico, www, news....) a sus clientes. Nótese que cualquier llamada a través del SAI tiene su origen y final en Telefónica. Ésto permite compensar a ésta del déficit que se produce por tarificar como metropolitanas las llamadas provinciales y nacionales que se realizan a los puntos de interconexión del SAI. Así, en el modelo actual esta compensación se realiza mediante la imputación de este déficit a la tarifa que Telefónica aplica a los proveedores de servicios on-line, que a su vez lo repercuten a sus clientes. El resultado final es que los usuarios que tienen su proveedor de servicios on-line dentro del área de tarificación metropolitana están subvencionando a aquellos que se encuentran fuera de ella ¡una característica más del concepto de servicio universal!. Además, los proveedores de servicios on-line pueden acceder a todo el mercado nacional desde un único centro ¿Puede extrañarnos el elevado número de proveedores de servicios on-line que hay en España? ¿Cuántos son "non profit" como el nuestro y atienden a colectivos específicos? ¿cuántos podrían ser los institucionales? Desde la "Comisión para la Supervisión del SAI", creada por la orden 11-1-1996 (BOE 27-1-1996) que regula este servicio, y con alguna que otra denuncia en Bruselas y ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el SAI e INFOVÍA han sido cuestionados por algunos de los agentes que actúan en este mercado. De hecho se ha solicitado un cambio de regulación que defina estos servicios como "de valor añadido" de manera que Telefónica dejase de ser el proveedor en exclusiva de estos servicios. Por otro lado, el cambio regulatorio era imprescindible desde el momento en que se concedió a Retevisión la segunda licencia de telefonía básica. Como consecuencia de todo lo anterior, la Administración ha decidido anular la regulación existente definiendo el SAI como un servicio de valor añadido más que pueden ofrecer cualquier operador de conmutación de datos o proveedor de servicios de información. A partir de ahora cualquiera de ellos podrá instalar su propio Centro de Acceso a Información (su "INFOVIA") con sus propios servicios de directorio. Eso sí, la conexión a la red telefónica pública conmutada se realizará directamente, bien mediante accesos normalizados (baterías de modems con acceso a 7 o 9 cifras), o bien mediante los accesos especiales que se establezcan (servicio 900). Es decir, tras un periodo transitorio de unos ocho meses, desaparece el 055 como número único de acceso universal con tarifa telefónica urbana y consecuentemente su principal y más interesante atributo, su tarifa local en todo el ámbito nacional. Con ello se pone en riesgo la universalización del acceso a Internet y un escenario de servicios on-line insólito a nivel mundial. Insólito pero que ha demostrado su viabilidad económica y su aceptación social. De un plumazo, sin el menor debate público, se adopta un nuevo esquema regulatorio que significa el paso de un modelo de competencia entre múltiples proveedores de servicios on-line (más de 400) a través de una plataforma común y garantía de acceso a tarifa metropolitana, a un modelo de múltiples plataformas de acceso en competencia que a priori no asegura la misma tarifa de acceso a todos los ciudadanos y que da una ventaja tremenda a aquellos agentes que puedan integrar verticalmente todas las operaciones (la provisión de servicios on-line, la provisión de circuitos y el acceso). Sólo con el transcurso del tiempo sabremos cuál de los esquemas ha sido más eficaz para el desarrollo de este importante mercado y si el acceso al ciudadano de estos servicios se realiza de manera no discriminatoria. Desde el COIT/AEIT creemos que la Administración tiene la responsabilidad de asegurar que todo ciudadano reciba este servicio al menos en las mismas condiciones que lo ha recibido hasta ahora. Por otro lado, en un momento en que se debate el "concepto dinámico del servicio universal", nos parece que se ha perdido la oportunidad de aprovechar el éxito actual del SAI para buscar entre todos soluciones mas imaginativas y ambiciosas.

Plataformas digitales: una invasión de "hongos" y algo más an sido muchos los esfuerzos de este Colegio para hacer llegar a los Ayuntamientos nuestra preocupación sobre el impacto de las antenas, los cableados de los edificios y en general las instalaciones de telecomunicaciones en la estética de las ciudades. Desafortunadamente, no hemos logrado otra cosa que despertar de sus dirigentes simpatía, comprensión y buenas palabras, pero ningún compromiso concreto de buscar soluciones al problema. Ayer fueron las antenas individuales para televisión terrenal, hace muy poco las antenas y torres de telefonía móvil, hoy las antenas parabólicas individuales y muy pronto las redes de cable. Un problema que se acrecienta día a día por la multiplicidad de operadores que conlleva la apertura de los mercados a la competencia y la necesidad de desplegar las nuevas redes de acceso que requieren los servicios avanzados de telecomunicaciones. Si del exterior de los edificios pasamos al interior de las viviendas nos encontramos con otra amenaza, mucho peor, para buena parte de la ciudadanía: la imposibilidad de acceder al conjunto de la oferta de servicios de telecomunicaciones por la inadecuación de las instalaciones internas de los edificios de viviendas colectivas. En efecto, el despliegue de la TV digital por satélite ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, la importancia de los problemas reseñados. De manera telegráfica la situación es la siguiente: Es un servicio recibido con enorme interés por los usuarios, muchos de los cuales verán frustradas sus expectativas de disfrutarlo. La suma de las cifras aportadas por Vía Digital y Canal Satélite Digital sitúan en 300.000 las peticiones a primeros de octubre. Según nuestras estimaciones más del 60% de dichas peticiones proceden de viviendas colectivas. Una agresiva campaña por la captura del abonado de las dos plataformas, que no reparan en realizar la instalación de una antena individual en el balcón o la instalación de una antena parabólica para distribuir la señal por la antena colectiva, sin garantía de que dicha instalación permita la coexistencia de otras plataformas. La firma de acuerdos privados entre comunidades de propietarios y una de las plataformas, por la que dicha plataforma "regala" la instalación colectiva ocupando las canalizaciones existentes e impidiendo, de facto, la recepción de la señal procedente de la otra plataforma. El conflicto entre el derecho individual a la información y los derechos de propiedad colectivos está servido. Esta situación se produce como consecuencia, por un lado, de la ausencia de una legislación actualizada que regule los aspectos técnicos de distribución de las señales en viviendas colectivas y´por otro, de la falta de legislación: Autonómica, cuando está transferida la competencia, y Municipal, en cuanto los ayuntamientos son los últimos y directos responsables del impacto estético de las ciudades. Una situación que preocupa a muchos alcaldes y que puede devenir en la publicación de Ordenanzas redactadas con precipitación y sin cubrir adecuadamente la problemática. Frente a todo ello, y en aras a contribuir a resolver este problema, las juntas del COIT y la AEIT han acordado hacer llegar a los órganos competentes y a la opinión pública en general su posición. Una posición, avalada por un trabajo continuado durante años (ved el artículo al respecto en este mismo BIT), que resumimos en los siguientes puntos: 1º Cualquier actuación que se lleve acabo debe partir del principio de que los usuarios deben poder recibir las señales de televisión analógica y digital con calidad óptima, pudiendo elegir entre los posibles operadores, con el mínimo coste de infraestructura. Todo ello debe hacerse respetando el aspecto estético de las ciudades. 2º Que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), haciendo uso de las atribuciones que le otorga el Real Decreto-Ley 16/1997 de 13 de septiembre, inicie urgentemente un procedimiento formal de consulta pública para elaborar una circular que contenga las instrucciones pertinentes. 3º Que mientras tanto la CMT convoque a los operadores de TV digital por satélite, fabricantes, colegios profesionales competentes, asociaciones de instaladores, etc., para establecer un "código de conducta" que evite situaciones irreparables. 4º Que el Ministerio de Fomento publique urgentemente la normativa prevista en el Artículo 49 del R.D. 2066/1996. 5º Que los Ayuntamientos redacten las Ordenanzas reguladoras de la instalación de antenas que evite el creciente caos en fachadas, terrazas y tejados. Dichas ordenanzas deberían seguir unas directrices generales homogéneas de ámbito estatal. 6º Que dichas Ordenanzas exijan, para la concesión del Permiso de Obra de todo edificio de nueva construcción, que las instalaciones de Telecomunicación en el interior de edificios respondan a las características de la legislación del Ministerio de Fomento materializadas en un proyecto Técnico redactado por un Técnico Competente y visado por el Colegio correspondiente y que para la concesión de la licencia de ocupación se presente el Certificado de Conformidad de la Instalación, también realizado por Técnico competente y visado por el Colegio correspondiente. 7º Que dichas Ordenanzas establezcan un período transitorio, no mayor de tres años, para la eliminación de las antenas individuales de televisión terrenal y las parabólicas que puedan haberse instalado en las fachadas u otros lugares inadecuados. 8º Que toda esta legislación sea para cumplirla y exigir su cumplimiento. Todo lo anterior redundará, en opinión del COIT, en beneficio para los ciudadanos que no tendrán que invertir en equipos o instalaciones que luego deben cambiar y que podrán disfrutar de la oferta que más les agrade sin estar sujetos a situaciones de dominio por los operadores. Reportará beneficio para las ciudades que recuperarán su estética . Y también se beneficiarán los operadores y proveedores de servicios que accederán con facilidad a un mayor número de usuarios.

El año que vivimos peligrosamente urante el presente año se ha producido una aceleración vertiginosa y hasta cierto punto caótica en los cambios de todo tipo dentro del sector, que llevará a España a pasar de ser uno de los países constantemente calificado como más lento en la aplicación de las medidas liberalizadoras a ser uno de los estados de la U.E. con mayor grado de liberalización. Así pues, a principios o mediados del próximo año nos encontraremos con: * tres operadores de telefonía fija (Telefónica, Retevisión y la empresa que resulte adjudicataria de la tercera licencia, cuya convocatoria está prevista para finales de este año); * dos operadores de telefonía móvil (y pendiente la adjudicación de una licencia para telefonía personal DCS-1800 adicional a la que también obtendrán Telefónica Móviles y Airtel); * un operador de redes de telecomunicaciones por cable en cada demarcación (además de Telefónica) que estará autorizado para la prestación del servicio telefónico; * dos plataformas para la difusión de televisión digital por satélite; * varios operadores de servicios de valor añadido (conmutación de datos, acceso a información, etc.), reorientación de la situación actual del mercado de servicios de acceso a información; * la empresa británica Colt Telecom S.A. ha obtenido de la CMT la concesión administrativa para prestar ciertos servicios de valor añadido de telecomunicación, excluidos el servicio final telefónico básico y el servicio público de difusión de televisión, por medio de una red propia que se le autoriza construir (con lo que se podría definir como un primer paso hacia la liberalización efectiva de infraestructuras), y otras empresas, tales como WorldCom por ejemplo, ya se han dirigido a la CMT con solicitudes similares; * y, para finalizar, destacar que, estará presente la perspectiva del 1 de diciembre de 1998, fecha en la que cualquier empresa podrá competir en el sector de la telefonía básica que, en la actualidad, representa alrededor del 60% del valor total del mercado de telecomunicaciones. También hay que mencionar especialmente la constitución de operadores regionales de telecomunicaciones con participación pública, como el caso de Euskaltel en el País Vasco o el previsible operador que se forme en Cataluña, que contribuirán a complicar todavía más el espectro de agentes presentes en el mercado. A la vista de todo lo anterior, no es fácil plantearse cuál será la evolución del sector en el apasionante futuro que le espera. Tendrán que ser las fuerzas del mercado las que, en función de los intereses y estrategias puestos en juego por cada agente, decidan sobre la futura conformación del mismo, así como sobre la coherencia existente entre la multiplicidad de la oferta y las necesidades reales existentes, procediendo en consecuencia a la selección de aquellos operadores que sepan escoger con mayor acierto el nicho de mercado donde desarrollar su actividad y adaptarse al especial entorno social que presenta la configuración autonómica española. En este proceso de evolución del mercado hacia la plena competencia deberá jugar un papel preponderante la labor de la CMT como salvaguarda de dicha competencia. Desde estas instituciones creemos que, aunque no es deseable que el Estado tenga un papel excesivamente intervencionista sino que, por el contrario, es necesario dejar jugar libremente a los agentes del sector, tampoco se deben dejar determinados aspectos sólo a la libre confrontación de intereses del mercado. En concreto, los objetivos de consecución y mantenimiento de la cohesión social y territorial en materia de telecomunicaciones llevan a desear una intervención del Estado en aquellos aspectos que el mercado por sí solo no es capaz de resolver. Tanto más en un caso como el español en el que la existencia de profundas diferencias entre las distintas regiones podría redundar en que dichas diferencias se manifestaran también en la calidad y la cantidad de los servicios de telecomunicación esenciales disponibles, produciéndose de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al tipo de servicios a los que tienen acceso. Resumiendo, podríamos decir que ante el excitante reto que supone la próxima apertura del mercado de las telecomunicaciones desde el COIT y la AEIT consideramos que, por un lado, se debe dejar jugar libremente a los intereses del mercado en todo aquello que signifique la introducción de nuevos servicios y de competencia en los existentes, pero, por otra parte, en aras a la cohesión social y territorial, se debería llegar a un compromiso o pacto de Estado para la definición y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, tanto las contenidas en el denominado servicio universal como las imponibles a las licencias de operación de redes o servicios, debiendo involucrar dicho pacto de estado a todas las administraciones con competencias directas o indirectas sobre la materia, esto es, la central, la autonómica y la local. Asimismo, la labor de la CMT será fundamental nuevamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan a los operadores. Posiblemente el marco ofrecido por el próximo debate parlamentario de las enmiendas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones fuera la ocasión idónea para, al tiempo que se evita un excesivo intervencionismo en el libre juego del mercado, introducir en la Ley estas consideraciones sobre la imposición de obligaciones de servicio público y la necesaria colaboración entre las distintas administraciones. SUCEDIÓ EN 1997 * Inicio de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (O.M. de 31/1). * Aprobación del Reglamento Técnico y de Prestación del servicio de telecomunicaciones por satélite (RD 136/1997). * Privatización completa de Telefónica de España, S.A. y posterior alianza de esta compañía con BT, abandonando su participación en Unisource. * Irrupción de la TV digital por satélite en el mercado español. * Incorporación de la Directiva 95/47/CE sobre el uso de normas para la transmisión de señales de TV, cuyos aspectos principales son: la introducción de la figura del operador de servicios de acceso condicional, la utilización de sistemas de acceso condicional abiertos y compatibles, y la estandarización del algoritmo de cifrado (RD-Ley 1/1997, tramitado como Ley 17/1997). * Entrada de Telefónica en el sector audiovisual (Vía Digital y Antena 3) y en el de contenidos (Audiovisual Sport). * Aprobación de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, cuyos principales aspectos son: la creación de la CMT, la modificación de la LOT, la modificación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, y la creación del segundo operador (Ley 12/1997, que se había iniciado como el RD-Ley 6/1996). * Determinación de las tarifas y condiciones de interconexión a la red telefónica básica operada por Telefónica (O.M. de 18/3) * Concurso y adjudicación del proceso privatizador de Retevisión. El consorcio liderado por Endesa y Stet se hace con un 70% del capital de la sociedad y se inicia la andadura del nuevo operador. * Inicio de la tramitación parlamentaria en el Congreso del Proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones (junio). * Regulación del régimen de prestación de la telefonía móvil en su modalidad DCS-1800 (RD 1252/1997). * Establecimiento de procedimientos y condiciones para la selección y preasignación de operador en las llamadas de larga distancia (O.M. de 18 de julio), para la conservación del número de los abonados al servicios telefónico básico en caso de cambio de operador (O.M. de 4 de agosto) y aprobación del plan nacional de numeración. * Liberalización de la prestación del servicio de acceso a información a través de la RTC o RDSI (O.M. de 8/9). * Disolución de la Dirección General de Telecomunicaciones. * La CMT empieza a ejercer sus funciones suspendiendo determinadas campañas de Telefónica, aprobando la concesión a Colt Telecom para prestar servicios de valor añadido e iniciando una consulta pública sobre sistemas de acceso condicional. * Convocatoria de los concursos para la adjudicación de la prestación de servicios de telecomunicaciones por cable en la práctica totalidad de las demarcaciones, y adjudicación de los mismos en demarcaciones que representan más del 70% de la población. * Consolidación del segundo operador de telefonía móvil (la previsión de facturación de Airtel para el presente ejercicio supone alrededor de un 50% de la de Telefónica Móviles y cerca de un tercio del valor total del mercado).

Nunca es tarde si…Cuando en la primavera de 1995 el COIT creó DITEL y se comenzó a trabajar en lo que entendíamos que podía ser un Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicación en el interior de edificios, éramos conscientes de que tarde o temprano "explotaría" este tema. La fuerza y contundencia con que ha tomado este asunto la Secretaría de Comunicaciones parece indicar que este momento ha llegado. Cierto es que la iniciativa tomada en marzo de 1997 por la, entonces DGTel, dio un impulso al tema y cierto es también, que la desaparición de la misma en Septiembre de 1997 fue como un jarro de agua fría para los que tantas ilusiones, esperanzas y esfuerzos habíamos depositado en ello y así lo expresábamos entonces desde estas páginas. Por eso vemos con esperanza el nuevo el impulso que está dando la Secretaría de Comunicaciones de la mano de su máximo responsable. La irrupción en el mercado de dos plataformas digitales, con su agresiva campaña de lanzamiento, (instalaciones gratis, parábolas en fachadas, etc...), la entrada en el mercado de un segundo operador de telefonía y la adjudicación de los concursos de cable representan una oportunidad para los usuarios de elegir entre una gama cada vez más diversa de operadores y servicios. El ciudadano en su deseo de aprovechar esta situación y esgrimiendo el derecho a la información, reconocido por la Constitución, se enfrenta a las limitaciones que imponen los Ayuntamientos y la Comunidades de Propietarios. En el primer caso a través de normativas que con toda lógica tratan de proteger el impacto estético de las ciudades. En el segundo caso no autorizando la instalación de las antenas o cables en las viviendas colectivas por imposibilidad material de obtener el consenso entre los vecinos que exige la normativa que regula estas Comunidades. Todo ello avala la urgente necesidad de una reglamentación, en materia de infraestructuras comunitarias de telecomunicaciones, clara, concreta y de inmediata aplicación. Parece que, por el momento, esta iniciativa cuenta con el apoyo de todos los agentes implicados, autoridades municipales, operadores, industria nacional, consumidores y esperemos también que de los promotores de viviendas conscientes que los mínimos incrementos que la implantación de estas instalaciones representarán en las viviendas redundarán con creces, en forma de mejora de la calidad de vida de los usuarios. La implantación del Real Decreto Ley, tal y como lo conocemos en su redacción preliminar, garantizaria: * A los usuarios de viviendas de nueva construcción disponer de una infraestructura de telecomunicaciones, tan completa como el estado del arte permite en el día de hoy. Ello les permitirá, al ocupar su nueva vivienda poder contratar los servicios de telecomunicación que deseen, dentro de la oferta disponible, desde el primer momento, y disfrutar de ellos en todas las estancias de la vivienda, sin necesidad de hacer antiestéticas instalaciones exteriores, o rozas por las paredes para empotrar cables , con el coste y la incomodidad que ello representa. Además su instalación le facilitará el cambio de proveedor de servicios, si no está satisfecho con el inicialmente ha contratado, sin nuevas inversiones ni costosas instalaciones. * A los usuarios de viviendas ya construidas disponer de un marco legal que les permita modernizar las instalaciones de sus edificios y viviendas, pudiendo acceder a la oferta disponible en el mercado, sin los encorsetamientos de la actual Ley de la Propiedad Horizontal, según la cual la disconformidad de uno solo de los propietarios podía impedir la modernización de la instalación. * A los operadores disponer en las viviendas de infraestructuras que permiten la separación de los servicios, el acceso no condicionado a los usuarios y la posibilidad de contratar, de inmediato con los ocupantes de las nuevas viviendas, y que en las ya construidas podrán tener garantía de que la inversión que realicen servirá para un mayor número de usuarios, al propio tiempo que el reparto de los costes será equitativo entre todos los potenciales operadores, reduciendo sensiblemente las inversiones. * A los Ayuntamientos poder proteger su patrimonio artístico de agresiones al impacto estético dictando normas adecuadas para impedir la proliferación de antenas y cables en fachadas y terrazas sin entrar en conflicto con los derechos constitucionales de los usuarios. * A los agentes implicados, proyectistas, instaladores, fabricantes de equipos, etc. disponer de una clara legislación para realizar su trabajo. Diseñar las redes y los equipos orientados a un mercado concreto cuyas necesidades conocen y asegurar de esta forma a los usuarios la recepción de las señales e informaciones con la calidad correcta. * Finalmente señalemos que, en los borradores que conocemos, el Ingeniero de Telecomunicación contribuye a estos objetivos mediante la elaboración de los correspondientes proyectos y certificaciones de las complejas infraestructuras desplegadas. Desde el COIT ofrecemos a todos nuestra colaboración para que este Real Decreto Ley salga adelante, con la esperanza de que podamos brindar pronto por haber cerrado a tiempo un capítulo importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información en su ASOMARSE AL TERCER MILENIO.Ante el nuevo rumbo de Fundesco Unas breves líneas para manifestar la tristeza con que recibimos las noticias recientemente publicadas sobre FUNDESCO. Nos entristece, y nos preocupa, tanto el fondo como la forma en que se han desarrollado los acontecimientos. Lamentamos la práctica desaparición de una de las más señeras instituciones del sector con la que, como tantas otras organizaciones públicas y privadas con tradición en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hemos colaborado en muchas ocasiones. Pero lamentamos todavía más los argumentos esgrimidos por su actual responsable, Pedro Schwartz, en los medios de comunicación para justificar las medidas tomadas. En efecto, se puede discutir si tiene sentido una fundación como FUNDESCO en un entorno de operadores de telecomunicaciones en competencia. Con seguridad que era necesario redefinir su papel y adaptar en consecuencia los recursos dedicados a los nuevos objetivos. Pero no nos parece de recibo las razones esgrimidas pues de ser ciertas, que no lo creemos, hubieran exigido una respuesta inmediata de los actuales responsables de Telefónica. Esperemos que, tal como se nos promete, FUNDESCO renazca de sus cenizas y esperemos también que asuma tanto sus errores como su brillante pasado.

La Ley General de Telecomunicaciones:¿el fin de un proceso?, ¿y ahora qué? l pasado día 2/4/1998 el Congreso de los Diputados daba su aprobación final al texto de la Ley General de las Telecomunicaciones, y este era publicado en el B.O.E. el 25 de abril de 1998. Esta Ley ha sido presentada como el principal hito de cara a la liberalización de las telecomunicaciones, y como la norma que iba a transformar completamente el encorsetado e intervenido marco regulatorio de nuestro país, supuestamente, en un marco finalmente de libre y leal competencia, que daría juego a nuevos operadores frente al histórico operador establecido, y que generaría un sinnúmero de efectos beneficiosos para todos: usuarios, empresas, fabricantes, profesionales, etc. En suma, la noche y el día. Otras visiones, probablemente más centradas, han situado a la Ley General de Telecomunicaciones como pieza, importante pero intermedia, en el proceso impulsado por la Comunidad Europea con el Libro Verde de 1987, con el que se han ido dotando las telecomunicaciones europeas, y lógicamente las españolas, de un entorno progresivamente más liberalizado. Efectivamente, a la hora de promulgar la Ley, como fruto de la actividad normativa de una década y especialmente de los últimos 5 años, ya no queda en nuestro país ningún servicio de telecomunicaciones en monopolio, a la vez que es patente que se precisan importantes normas de desarrollo para la aplicación de la Ley. Entonces, ¿Qué aporta la Ley de novedoso o de refundición de normas anteriores? ¿Qué deroga y qué debe desarrollarse aún? ¿En que transforma realmente el marco de las telecomunicaciones en España? ¿En que influye a favor y en contra de los intereses de nuestro colectivo? ¿Cómo saber en suma si la Ley está bien hecha?. Estas son las preguntas que realmente importan, las que buceando en la norma debemos responder (*). Desde este editorial, nos centramos en llamar la atención sobre algunos aspectos, cuya resolución incorrecta planteará problemas y riesgos para el desarrollo inmediato y futuro del sector. El primero es el contenido de la Ley. Tal como se contempla en la exposición de motivos de la propia Ley, con objeto de promover la plena competencia en las telecomunicaciones, se desarrollan los temas claves de la regulación, entre otros, el procedimiento de concesión de autorizaciones generales y licencias, la interconexión, las obligaciones de Servicio Público y el Servicio Universal, las competencias de la Administración General del Estado y de la CMT, la adaptación del proceso de certificación de equipos a la normativa comunitaria y la transformación de títulos vigentes de los operadores establecidos. En cambio, no se contempla el régimen de radio y televisión, lo que sin duda planteará algún problema en un futuro cercano, dada la convergencia tecnológica y empresarial entre los operadores de telecomunicación y los de audiovisual, que forzosamente llevará a una transformación futura del panorama de estos últimos. El segundo aspecto es el consenso político. Desde esta institución hemos propugnado la opinión de que las telecomunicaciones, la apertura y la configuración de sus mercados y el desarrollo del sector, son asuntos de Estado, y como tales deben ser regulados, con un alto grado de acuerdo parlamentario que impida la modificación coyuntural del marco normativo en función de sucesivos gobiernos de distinto signo. Sin embargo, se han presentado en las Cortes Generales, sumando Congreso y Senado, unas 650 enmiendas al texto y los únicos grupos parlamentarios que han visto recogidas las suyas, en algún grado, en el texto final, han sido los que soportan al Gobierno. El desacuerdo es un mal presagio, y no quisiéramos revivir en el sector, situaciones como la rebelión de los ayuntamientos del partido de la oposición ante la Ley del Cable, en la pasada legislatura, o la guerra de la TV digital en la presente. Hay temas de calado, como el servicio universal, las políticas activas en el sector, la asignación de competencias a la CMT y la delimitación de su campo de actuación frente al Ministerio de Fomento, el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Gobierno mismo, en que los grupos políticos no han acercado posiciones. Un tercer aspecto a considerar, es la reducción de la discrecionalidad del Gobierno y el control del desarrollo del sector por el sector mismo. Una Ley para el entorno en competencia debe ver limitada al máximo la discrecionalidad administrativa y gubernamental. Sin embargo, la Ley no ha sido diseñada para su aplicación directa, sino que precisa un gran desarrollo reglamentario, en el cual el Gobierno no está sometido a ningún control parlamentario y goza de un extenso margen de maniobra y discrecionalidad. Estos reglamentos finalmente configurarán la estructura del sector, y por ello, los agentes deberían ser consultados durante su elaboración, reduciendo así la inseguridad jurídica inherente a la dicrecionalidad de los Gobiernos. Sin embargo, el texto de la Ley "olvida" citar a las Asociaciones y Colegios Profesionales como agentes del sector a ser consultados a través del nuevo Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y ello deberá subsanarse rápidamente de una manera formal y reglamentada. El cuarto aspecto, es el grado de intervencionismo de la Ley y el posible efecto de bloqueo ante el desarrollo de nuevos servicios y operadores. En nuestra opinión la ley debe centrarse en la fijación de objetivos, reglas de juego y en la delimitación clara de las competencias y atribuciones del Mº. de Fomento y de la CMT, minimizando en lo posible la regulación pormenorizada. Las competencias de desarrollo reglamentario del Gobierno, le otorgan unas posibilidades de intervención muy amplias, aunque habrá que ver el grado de intervencionismo real que aflora finalmente en el ejercicio de esas competencias. Por otra parte, la Ley le obliga a reglamentar antes de autorizar, bajo el principio de que sólo lo reglamentado puede entrar en funcionamiento, y a la vez, también deroga la gran mayoría de normas precedentes (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, Ley del Cable, Ley del Satélite, disposiciones de desarrollo, etc.), por lo que hay que rehacer, o "rereglamentar", toda la regulación del sector. En este marco, el Gobierno deberá ser ágil en el desarrollo de los reglamentos, transparente, especialmente en la adjudicación de licencias, y otorgar la mayor libertad y permitir el máximo dinamismo a los agentes del sector. Aún cuando estos cuatro aspectos prefiguran unos elementos de valoración general del proceso, el test final sobre la Ley deberá basarse en la capacidad del marco de competencia establecido para generar efectos beneficiosos que incidan en empresas, usuarios, profesionales y en toda la sociedad. Deberá generar transparencia en el sector, un marco atractivo para la inversión estable y no especulativa, mejores precios y gama de servicios que induzcan mayor demanda, una garantía de cohesión social y territorial, efecto multiplicador en la actividad económica general y un desarrollo estable del sector nacional de las T.I.C., resistente a los ciclos no expansivos de la economía. Si además, los operadores establecidos no ahogan el desarrollo de los nuevos entrantes, estos aportan valor e inversión sin reclamar posiciones de privilegio y la competencia se establece en base a la eficacia y eficiencia propias, abandonando la tendencia a resolver las disputas a través de truculencias legales, procedimentales o políticas, la Ley habrá acertado, y el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación se verá también notablemente beneficiado en términos profesionales y laborales, incrementando su prestigio e influencia en la empresa y en la sociedad en general. Por ello, es imprescindible que el desarrollo reglamentario de la Ley proporcione seguridad jurídica, ausencia de discrecionalidad y el adecuado control por parte del sector. Dicho de otro modo, tras el debate de la Ley, no caigamos en la consabida frase de Romanones: "Haced las leyes, que yo haré los reglamentos". La promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones no es el fin ni el principio del proceso, sino un paso intermedio que deberá ir completándose en fechas próximas. En el Gobierno y el Ministerio de Fomento reside la iniciativa y ahora es el momento de contar con los agentes del sector y con el COIT y la AEIT como instituciones representativas en el mismo.n (*) A continuación, el lector encontrará más datos sobre la Ley General de Telecomunicaciones, aportados por José Roberto Ramírez como portavoz del GRETEL.

OBJETIVO CUMPLIDO urante los intensos días del II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación, celebrado del 3 al 6 de junio, se fueron sucediendo conferencias, mesas redondas, sesiones técnicas y profesionales que contaron con los mayores expertos del hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Paralelamente, se desarrolló la Exposición Temática y se realizaron actividades y experiencias que mostraron el enorme potencial que tienen estas tecnologías para resolver necesidades sociales. Pero ahora llega el momento de la reflexión, de sacar conclusiones, de hacer una crítica constructiva y de aprender de los errores. Respondamos a algunas preguntas: ¿Por qué surgió la iniciativa de organizar este II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación?, ¿qué objetivos nos habíamos marcado?, ¿se han cumplido dichos objetivos? Cuando hace aproximadamente un año aceptamos el reto de organizar este evento, éramos conscientes de la enorme responsabilidad que asumíamos al convocarlo. No podía ser una reunión técnica y profesional normal. Tenía que ser un acontecimiento singular, pues no en vano habían transcurrido más de 40 años desde que tuvo lugar el I Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación. Este año, 1998, parecía el momento adecuado para convocar este segundo congreso ya que es un año emblemático en el proceso de apertura a la competencia del mercado de las telecomunicaciones. Una fecha que figurará en los anales de la historia de las telecomunicaciones al menos por dos acontecimientos: la entrada en vigor del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre comercio de los servicios de telecomunicación y la liberalización total de las telecomunicaciones en la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España. Entre los objetivos que las actuales Juntas se fijaron para este II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación estaba su apertura a otros sectores y a la sociedad española en general para explicarles la importancia que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen en las áreas de la comunicación, la seguridad, la salud, el medioambiente, la educación, etc, que cambiarán de forma apreciable los modos de aprender, trabajar y relacionarse en el futuro. Y pretendíamos contar con una amplia participación de los Ingenieros de Telecomunicación para debatir sobre el presente y el futuro del ejercicio profesional, y sobre los grandes temas tecnológicos y socio-económicos que condicionan las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual en este final de siglo. Pues bien, estos objetivos se han cumplido. La Exposición del congreso ha combinado pabellones institucionales, áreas temáticas y salas de experiencias que han permitido al visitante ir descubriendo las posibilidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su entorno de convivencia natural: la plaza, la calle, el hogar, el aula, etc.; y observar las innovaciones en el campo de la seguridad y protección civil, los negocios, el ocio. Todo esto combinado con demostraciones prácticas y actividades que han permitido comprobar el enorme potencial que tienen estas tecnologías para resolver necesidades sociales. La amplia participación de Ingenieros de Telecomunicación (recordemos que se han inscrito cerca de 1.500 profesionales) en las Sesiones Técnicas y Profesionales ha propiciado foros de debate originales y eficaces sobre temas de la mayor actualidad. La difusión del congreso en los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), su retransmisión vía satélite, el servidor Web del Congreso ("www.cnit98.com") y la retransmisión por Internet, llegando a cualquier rincón del mundo, han contribuido a acercar el evento a profesionales de otros sectores y países y a la sociedad española en general, ayudando además, a proyectar la imagen de las instituciones y empresas participantes como agentes protagonistas de la Sociedad Global de la Información del Siglo XXI. Nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a todas las instituciones y empresas patrocinadoras, colaboradoras y expositoras, a todas las personalidades nacionales e internacionales del sector que nos han honrado con su presencia, a todos los profesionales y a la sociedad española en su conjunto. Gracias a todos, y especialmente, a todos los compañeros y amigos ingenieros de telecomunicación que con vuestro decidido apoyo y participación en el congreso habéis contribuido al éxito alcanzado. Gracias por haberos asomado junto con nosotros al tercer milenio. Ahora es el momento de contribuir a que España forme parte del concierto de naciones que reivindican un papel protagonista en la construcción de la Sociedad Global de la Información. ¡Comencemos a dar forma al próximo siglo XXI!

coit/aeit: Elecciones 1999 urante el mes de septiembre, tal como está previsto en los Reglamentos del COIT y la AEIT, sus Juntas de Gobierno Directiva convocarán elecciones a la totalidad de sus cargos. El procedimiento electoral, que fue modificado en el año 93, ha sido ya utilizado en las elecciones del 95 demostrando sus virtudes. A pesar de que es largo -4 meses- y algo costoso para nuestras instituciones, facilita la participación de todos y garantiza su limpieza y transparencia. El primer acto del proceso electoral consiste en la elección por sorteo de las Mesas Electorales constituidas por cuatro titulares -Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario- y sus correspondientes suplentes. Los sorteos se realizan simultáneamente con la convocatoria. Estos organismos son los elementos fundamentales del proceso, con amplios poderes para controlar su desarrollo. Serán los encargados de: - Examinar y proclamar las candidaturas, comprobando que los compañeros que se presentan cumplen los requisitos exigidos: estar dado de alta con una antelación de un año y encontrarse al corriente de pago. - Resolver reclamaciones, dudas e interpretaciones que surjan en el proceso electoral. De hecho, deberá decidir sobre las escasas ambigüedades que deja el Reglamento y, sobretodo, supervisar todos los acontecimientos sobre los que, en caso de conflicto, tienen la última palabra. - Fijar la hora de comienzo y fin de las votaciones. - Escrutar los votos emitidos y adjudicar los cargos en función de los votos obtenidos. Su labor se verá facilitada por la experiencia de las últimas elecciones y contará con el total apoyo de las Secretarías de ambas instituciones. El plazo de presentación de las candidaturas será de cuarenta y cinco días a contar desde el día de publicación de las elecciones y, tras un breve periodo de tres días para subsanar errores, las Mesas Electorales proclamarán las candidaturas dentro de los siguientes diez días naturales. En las elecciones del 95 participó el 25% del colectivo y constituyeron un éxito para todos: candidatos, Mesas Electorales y conjunto de la profesión. Este nivel de participación, desconocido entre la mayor parte de las organizaciones profesionales, respondió al proceso gradual de concienciación de los Ingenieros de Telecomunicación sobre el creciente protagonismo que los" telecos" y sus instituciones tienen en el sector y en la sociedad en general. Desde entonces este protagonismo no ha hecho sino aumentar y la celebración del II-CNIT, recogido en parte en este número especial, es un buen ejemplo de ello. En consecuencia, cabe esperar que también aumente el interés de nuestro colectivo por las próximas elecciones. Desde estas páginas no nos queda sino animar a la participación de todos en un proceso transcendental para el futuro de nuestras instituciones.