Resultados de búsqueda para ...

EDITORIAL La política de telecomunicaciones del nuevo gobierno: el real decreto-ley 6/96 El nuevo gobierno parece querer demostrar su interés por el sector de las telecomunicaciones. No ha sido muy habitual en gobiernos anteriores que, recién incorporados a la difícil tarea de gobernar, realicen una declaración reconociendo este sector como estratégico y generador de riqueza a medio plazo, y se lancen a crear una batería de iniciativas con carácter prioritario para la adecuación y reordenación del sector de las telecomunicaciones al nuevo entorno. Nuestro colectivo siente, por tanto, una gran satisfacción al conocer que, desde los nuevos poderes públicos, se tenga tan elevada consideración de su entorno. Tan solo un mes después de la constitución del gobierno (en cuyo discurso de investidura, José Mª Aznar hizo una leve mención a la política del sector), el Consejo de Ministros del 7 de Junio aprobó un Real Decreto-Ley, en cuya exposición de motivos se refleja la importancia con que considera el actual Gobierno el sector de las Telecomunicaciones. Es bueno recordar que gran parte de los principios expuestos en el Real Decreto-Ley han sido objeto de debate en nuestro colectivo y han sido promovidos por el COIT-AEIT desde hace tiempo. Cuatro son las áreas que se desarrollan en el Real Decreto-Ley: (1) la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, (2) la modificación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, (3) la Concesión del título habilitante a RETEVISION para la prestación del servicio de telefonía básica y (4) la modificación de la LOT. Esta última es una necesidad obligada para ajustar el marco legal del sector al nuevo entorno de competencia en los servicios finales y portadores. Sobre las demás áreas expondremos unas primeras reflexiones. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C.M.T.) La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C.M.T.) va a ser el órgano encargado de, entre otras funciones, el arbitraje y vigilancia de las reglas de la competencia y del juego limpio entre los operadores. La necesidad de un órgano independiente de estas características está bien identificada y debatida en nuestro sector. No está asegurado que la C.M.T., tal como está definida en el decreto, sea el órgano regulador moderno necesario para el desarrollo de un mercado de servicios de telecomunicaciones en régimen de competencia, puesto que su capacidad reguladora y sancionadora dependerá de las competencias que se le vayan otorgando en el futuro desarrollo reglamentario. Además, la dependencia de este órgano del Ministerio de Fomento, así como el procedimiento para el nombramiento de sus componentes (Presidente, Vicepresidente y cinco vocales), que será en su totalidad a propuesta del mismo, nos introduce la duda evidente acerca de la "independencia" de este órgano. En cualquier caso, pensamos que este es un paso valiente, aunque arriesgado, hacia la creación de un órgano de arbitraje moderno e independiente. Ley de telecomunicaciones por cable En lo que respecta a la ley de telecomunicaciones por cable, las modificaciones que se introducen en el Real Decreto-Ley no se corresponden con la batalla planteada por el PP desde la oposición durante la última etapa de la pasada legislatura. Ahora el PP, en la función de Gobierno, recibe el efecto boomerang de su política anterior de lanzar a "sus" ayuntamientos a la concesión de licencias para operar en el cable. No se ve claro cual va a ser la situación en que quedan las licencias concedidas recientemente como son los casos conocidos de Sevilla y Valencia. Por otro lado, el decreto obliga a Telefónica de España a guardar un período de espera de 24 meses para poder operar en las demarcaciones en competencia. Dos años es mucho tiempo, en un momento como el actual en el que asistimos al lanzamiento de los servicios multimedia, y no parece que ayude a la competencia mantener en el congelador durante tanto tiempo a uno de los principales competidores con clara capacidad y vocación inversoras. Este área de las Telecomunicaciones por Cable es, por estos motivos y por el propio procedimiento de sacarlo mediante Real Decreto, en donde empiezan a aparecer las primeras fricciones entre el gobierno popular y sus socios de legislatura. Segundo Operador Finalmente, el Real Decreto-Ley otorga el título habilitante a RETEVISION para operar en Telefonía básica, con el objetivo de tener a corto plazo una participación mayoritariamente de capital privado. La propuesta de creación de un segundo operador en torno a RETEVISION la empezamos defendiendo desde el COIT-AEIT desde hace más de dos años. Con la nueva medida el gobierno hace prácticamente tabla rasa de todos los acuerdos alcanzados y de los avances que se habían hecho hacia la creación del segundo operador con OPTEL. ¿Quiere esto decir que el gobierno actual tiene una alternativa mejor respecto a los agentes económicos que vayan a participar en el proyecto del segundo operador?, o ¿es que no le gustan los agentes que habían llegado a un acuerdo con OPTEL, en los que no figuraba el sector financiero?, ¿considera el gobierno que RETEVISION tiene capacidad suficiente como para poder liderar en solitario la creación del segundo operador? Sean cuales sean las razones que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión, lo que de verdad nos preocupa es que todo ello no suponga tanto un nuevo retraso en el proceso de creación del segundo operador, como que se pueda perder el control nacional del mismo. No cabe duda de que introducir la competencia en la telefonía básica a través de un duopolio en el que el segundo operador se estructure con activos y capitales fundamentalmente españoles es una gran oportunidad para la industria suministradora y los operadores de servicios que generan valor añadido en nuestro país. Pero no es menos cierto que para que ello sea posible es preciso que el segundo operador disponga de tiempo suficiente para alcanzar un grado de desarrollo adecuado antes de permitir la entrada de otros operadores. En consecuencia parece prácticamente ineludible hacer uso de al menos una parte del período de moratoria a que tiene derecho España. De la capacidad política y negociadora de nuestros representantes en la Unión Europea dependerá que la utilización de este derecho no implique la aplicación de medidas que puedan perjudicar las estrategias y alianzas de Telefónica con otros operadores europeos como puede el caso de Unisource. El gran reto para la nueva Administración es conjugar simultáneamente el apoyo al proceso de globalización de Telefónica, nuestro principal activo en telecomunicaciones, y la obtención del máximo beneficio a la introducción de competencia. La creación del segundo operador puede ser un instrumento adecuado para conseguirlo, pero exige gran inteligencia política y de capacidad de persuasión frente a nuestros socios europeos. A pesar de estos grandes interrogantes, que surgen de la nueva política de telecomunicaciones, es necesario conceder al gobierno un margen de credibilidad, para ver si son o no capaces de implantar la política que emana de la exposición de motivos del Real Decreto, reservándonos el próximo otoño para hacer balance sobre los logros y carencias que se han obtenido en la implantación de su política. Finalmente, queremos hacer llegar nuestras felicitaciones como colectivo, hacia dos de nuestros compañeros, José María Vázquez Quintana y Valentín Sanz Caja, por haber sido designados para dirigir las riendas de la política de telecomunicaciones del nuevo gobierno. Las Juntas de Gobierno del COIT-AEIT estarán siempre dispuestas a ayudarles en su difícil tarea y a prestarles la máxima colaboración.

EDITORIAL El coit ante las nuevas titulaciones Hace dos años, en otro editorial y bajo el significativo titular "Títulos académicos / Títulos profesionales. ¡Regulación ya!", este colegio llamaba la atención sobre la problemática que generaría el nuevo catálogo de titulaciones académicas si no se establecía una regulación equivalente en el ámbito profesional. En otras palabras, si no se creaba un nuevo catálogo de colegios profesionales acorde a las nuevas titulaciones. Desgraciadamente, todas las incertidumbres que entonces denunciábamos siguen abiertas. Como resultado, las universidades ya han egresado las primeras promociones de nuevos ingenieros que están ejerciendo sin ninguna atribución reconocida, ni colegio profesional que respalde su actividad profesional. Por otro lado, la reciente modificación de la Ley de Colegios Profesionales aprobada por el nuevo Gobierno obliga a modificar sus estatutos en el plazo de un año, lo que constituye una oportunidad para normalizar la situación. El sentido común indica que deben ser el Ejecutivo y el Legislativo los que, una vez admitida la colegiación obligatoria y después de consultar con todos los agentes implicados, regulen la actividad profesional apostando por una solución de carácter general. Se debe crear un nuevo marco legislativo que permita la creación de nuevos colegios profesionales y la modificación consensuada de los estatutos de los actuales colegios para que estos puedan acoger, en su caso, a las nuevas titulaciones. Desafortunadamente, si la Administración no aborda el problema urgentemente caminaremos hacia un caos cuyos resultados no serán otros que el perjuicio de los ciudadanos y la merma del prestigio de los colegios profesionales. Además, en este "mar revuelto" es inevitable que se produzcan movimientos de "pescadores" a la búsqueda de posibles "ganancias". Según algunas informaciones los Colegios de Ingenieros Industriales ya han dado un paso que nos afecta directamente y nos obliga a posicionarnos ante esta problemática a muy corto plazo. Concretamente parece ser que están estudiando la modificación de sus estatutos para permitir la incorporación en sus colegios, no sólo de las nuevas titulaciones generadas a partir de su antigua titulación, sino también, y esto es muy grave, las de Ingeniero en Electrónica e Ingeniero Informático. Es evidente que estos títulos habilitan para el ejercicio profesional en un porcentaje muy importante de lo que conocemos como sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También es notorio que la Ingeniería de Telecomunicación, tanto por los estudios académicos que la soportan, como por la realidad de su actividad profesional, tienen este ámbito de actuación. Además, no conviene olvidar que las dos titulaciones tuvieron su origen y fueron propuestas desde nuestras Escuelas de Telecomunicación. Nuestra posición, de partida sería que, si estos colectivos lo desean, creasen sus propios colegios pero, ante la posibilidad, más que probable, de que no se creen colegios para estas dos titulaciones y que otros colegios menos afines pretendan asimilar a sus titulados. ¿Debemos abrir el colegio a estos colectivos, aumentando nuestra representatividad y fuerza en el sector? Por el contrario, ¿es mejor mantener un colegio más homogéneo y sin correr el riesgo de diluir nuestra propia personalidad? Muy pronto el COIT cumplirá treinta años. Durante este tiempo nuestra profesión, con el esfuerzo de todos y recorriendo un camino no exento de dificultades, se ha ganado un sólido prestigio en el sector. Ahora nuestra institución podría tener que enfrentarse con una de las decisiones más importantes y difíciles de su historia. Esta Junta de Gobierno propiciará en los próximos meses un debate abierto cuyo fruto nos permita apostar por una opción. Debemos actuar con rapidez y generosidad, pensando en el futuro y no en el corto plazo, haciendo los sacrificios necesarios sin dejarnos llevar por el miedo a lo desconocido, apostando por lo mejor y no por lo más cómodo. Todos debemos participar en el debate y, una vez tomada la decisión, apoyarla sin fisuras. Hay mucho en juego.

no disponible

Globalización, privatización y competencia Rafael Arias Salgado Ministro de Fomento Desde hace algunos años, el mundo de las Telecomunicaciones cambia a gran velocidad. Dos factores distintos, aunque complementarios contribuyen a ello. Por un lado, la tecnología digital, que está en la base de la aparación de nuevas soluciones y productos que a su vez, evolucionan de una manera continua. Por otro lado, las profundas modificaciones del marco legal para liberalizar y consecuentemente introducir la competencia en la construcción de infraestructuras y en la explotación de los servicios. Estos cambios impulsan una evolución de grandes repercusiones. Las más significativas derivan de la convergencia creciente de las Telecomunicaciones con la Informática y el Audiovisual en el llamado hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En los próximos años, todas las predicciones señalan que el crecimiento esperado de las Telecomunicaciones va a ser espectacular. Sin embargo, la actual importancia del sector, no solo se debe al volumen de negocio que en sí mismo genera, hoy día supone ya más del 6% del PIB mundial, sino al hecho de que se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento y del desarrollo económico. Por añadidura, el sector de las telecomunicaciones adquiere capital importancia desde un punto de vista social. Las nuevas tecnologías están revolucionando las relaciones sociales, laborales y culturales con consecuencias, hoy por hoy, impredecibles. Se está gestando lo que ha venido en llamarse la Sociedad de la Información, en la que todos los países desarrollados aspiran a figurar entre los miembros destacados. Los cambios tecnológicos y legislativos, son a la vez causa y efecto de la liberalización del sector, de la globalización, la privatización y la competencia. El mundo camina en ese sentido, evolucionando desde la concepción estatal de los antiguos monopolios, a la consideración de las Telecomunicaciones como servicios de interés económico general, promovidos por la iniciativa privada. Todo ello dentro de un marco que, sin dejación de la tutela que le corresponde a los Estados, hará cada vez más dificil el establecimiento de restricciones a la entrada de nuevos operadores. En Europa, la aparición en el año 1987 del Libro Verde de las Telecomunicaciones, significó la puesta en marcha de un proceso imparable en el que estamos inmersos todos los estados miembros. Las directivas aparecidas desde entonces, han definido el marco final que debe regir nuestros mercados y que se fundamentan en una total liberalización de equipos, servicios e infraestructuras. En este horizonte de competencia y privatizaciones, todas las administraciones europeas han asumido como exigencia irrenunciable la incorporación y la plena garantía del servicio universal. En la actualidad, el servicio universal afecta a lo que es el servicio básico de telefonía. En el futuro este concepto se irá enriqueciendo con otros servicios en función de las repercusiones que adquieran en la cohesión económica y social del Estado. Todos los países comunitarios han venido preparándose para esta mutación. Han ido adecuando sus legislaciones a la nueva orientación y potenciando a sus operadores con el fin de que puedan hacer frente a la compotencia internacional. Como una de sus consecuencias estamos asistiendo estos últimos meses a la configuración de alianzas estratégicas y de fusiones entre operadores, que buscan reforzar sus posiciones para afrontar con garantías la nueva situación. Sin embargo, al asumir su responsabilidad el nuevo Gobierno hace escasos meses, el sector se caracterizaba por la existencia de un monopolio telefónico en fase de rápida privatización y por un proceso de liberalización que afectaba en mayor o menor medida al resto de servicios. No obstante, existían en la legislación carencias acusadas que impedían el normal desarrollo del mercado. Salvo en la telefonía móvil, los efectos de la liberalización han sido apenas perceptibles, existiendo frecuentes conflictos entre operadores en el ejercicio de la competencia. Como premisa mayor, cabe decir, que el Gobierno cree firmemente en el libre comercio y en la iniciativa privada. Por lo tanto, asume el proceso de liberalización de las Telecomunicaciones, no como una imposición, sino con el pleno convencimiento de que la competencia es el mejor vehículo para disponer de unas comunicaciones técnicamente avanzadas, más variadas y con mejores precios. Ahora bien, una liberalización brusca puede distorsionar las propias reglas de la competencia. Este razonamiento lo asumió como propio el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el año 93. En virtud del mismo, concedió a España un período transitorio adicional para que acometiese los ajustes estructurales necesarios en un marco de liberalización restringida. Los logros conseguidos desde entonces en la extensión del servicio universal, la digitalización de las redes y en la reestructuración de tarifas, nos permite avanzar que España sólo utilizará en pequeña medida dicho periodo para completar el proceso y organizar el mercado. En la actualidad, estamos inmersos en la concreción de la fase de transición que debe insertar a España en el esquema internacional del sector de las telecomunicaciones. Al haber ido más lento en el pasado que el resto de socios comunitarios hace que ante la proximidad de los compromisos de fecha asumidos, sea necesario abordar rápidamente cuestiones todavía no resueltas. Las líneas generales del modelo de transición diseñado por el Gobierno, quedaron perfiladas en el Real Decreto-Ley del pasado 7 de Junio. De entre las diversas medidas recogidas en el decreto cabe destacar la definición de las bases para la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dicho organismo está llamado a ser una pieza fundamental en todo el proceso de transición. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá como primera función la administración de aquellos ámbitos donde los recursos sean escasos. Es decir, a la administración del espectro radioeléctrico, todo lo que afecta a la numeración de los operadores, los derechos de paso, las licencias, etc. Por añadidura, tendrá que arbitrar en los conflictos y deberá garantizar la existencia de competencia limpia y libre. Será el órgano encargado de velar por la existencia de tarifas equitativas en todos aquellos que tengan redes y hayan de realizar interconexiones. Tendrá, también, atribuciones de asesoramiento al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y, finalmente, tendrá potestad sancionadora. Otro de los ejes fundamentales en el modelo de transición diseñado para España, es la creación de un segundo operador de redes de extensión nacional habilitado para prestar servicios de voz. Con esta medida se pretende aprovechar la existencia de unos activos incorporables de manera mucho más rentable al mundo de las telecomunicaciones y al mismo tiempo, canalizar la capacidad inversora nacioanal deseosa de hacerlo en este sector. Por último, el Real Decreto-Ley de Junio también introdujo las modificaciones legislativas a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones por Cable para hacer legalmente posible las anteriores medidas y adaptar el marco jurídico vigente a las nuevas condiciones de mercado. Otra de las acciones acometidas desde el Ministerio, ha sido la promulgación del reglamento de la Ley del Cable publicado el pasado mes de septiembre. Con él, se impulsa definitivamente la creación de un marco estable que permita el esperado desarrollo de este tipo de redes. Hecho que, sin lugar a dudas, dinamizará el volumen inversor en el sector. En meses próximos verán la luz otras nuevas medidas del Gobierno relacionadas con el sector. Se presentará en el Parlamento un proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que establecerá las condiciones en las que se desarrollará la explotación de redes y servicios de telecomunicaciones en España en un entorno plenamente liberalizado. Se realizará la privatización del segundo operador de telecomunicaciones. Se promoverá la modernización y potenciación del sector, convocando diversas licencias que permitan la prestación de nuevos servicios de telecomunicación a la sociedad española. Los concursos para la implantación de las telecomunicaciones por cable están a punto de ponerse en marcha de manera gradual en distintas demarcaciones; la TV digital puede ser próximamente una realidad, en una plataforma española que potencie los intereses y la cultura nacionales. Con la adopción de todas estas medidas, el objetivo primordial de la labor del gobierno es favorecer el desarrollo del sector e incrementar el valor añadido nacional con la creación de actividad económica y de puestos de trabajo. Para ello, debe promoverse por la iniciativa privada la implantación de nuevas infraestructuras y una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones. La Administración velará por el equilibrio entre los distintos intereses en juego, con la finalidad de aunar esfuerzos y situar a nuestro pais en una posición privilegiada para su integración en la ya inminente Sociedad de la Información del siglo XXI. Por tales razones, en este momento relevante en la transformación del mundo de las telecomunicaciones españolas, considero de gran interés aprovechar la oportunidad que me brinda la Asociación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de comentar estas breves consideraciones. Soy consciente al hacerlo de dirigirme al colectivo profesional más caracterizado del sector de mayor porvenir e importancia para nuestro país. La publicación del número 100 de la revista BIT coincide así, con el probable inicio de una etapa de mayor auge y expansión gracias a la competencia a que conduce la liberalización. Quiero agradecer, por último, la contribución del Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación al desarrollo de las Telecomunicaciones en España, y exhortar a todos los asociados a continuar un esfuerzo que las telecomunicaciones necesitan.

Carta abierta a los telecos del siglo XXI Jorge Pérez Martínez Decano COIT/Presidente AEIT Queridos compañeros y amigos: Es para mí un placer y un orgullo presentar el número cien de la revista BIT, el órgano de expresión de las organizaciones profesionales de los ingenieros de telecomunicación. En las páginas del BIT se han escrito las dos últimas décadas de la historia de esta profesión y una buena parte de la reciente historia del sector español de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El destino ha querido que estén fechadas en el mismo año el primer número del BIT y la Constitución Española que garantiza la convivencia democrática entre ciudadanos. Que nuestra revista sea contemporánea con la consolidación del Estado de Derecho, el proceso de integración de nuestro país en Europa y la modernización de las estructuras sociales y económicas del país. Una modernización que ha requerido de un importante despliegue de infraestructuras y servicios de telecomunicación y de la difusión acelerada de nuevos equipos y sistemas de información. Un periodo de casi veinte años caracterizados por un continuo cambio tecnológico, la reestructuración permanente del sector industrial, la lenta pero progresiva introducción de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicación, y más recientemente, el imparable proceso de internacionalización del conjunto del sector. Fenómenos que han podido recibir puntual atención en las páginas de nuestra revista mediante la desinteresada colaboración de muchos de vosotros. Gracias a todos los que habéis hecho posible estos cien números del BIT. El rol social y la práctica profesional del ingeniero de telecomunicación se han visto muy afectadas por un cambio de entorno tan importante. Hace veinte años esta ingeniería era prácticamente desconocida en los ámbitos empresariales y sociales, la estudiaban unos pocos "locos de la electrónica", hoy día es una de las "carreras" más demandadas. El ingeniero de telecomunicación ha dejado de ser un ingeniero que entiende de equipos y redes de telecomunicación y se ha convertido en un profesional de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). No están tan lejos aquellos tiempos en que teníamos que "predicar" desde estas páginas que las telecomunicaciones eran algo más que el teléfono y la televisión, que la informática iba a cambiar las formas en que trabajábamos y vivíamos, que el futuro de un país iba a depender de su capacidad de asimilar las tecnologías resultantes de la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones -las TIC-, que los poderes públicos y en particular la Administración tenían que tomarse en serio este sector. En la actualidad el sector es objeto de atención y controversia diaria en los medios de comunicación social, ya no es necesario convencer a nadie de su importancia y, sin embargo, desde las páginas del BIT tenemos que seguir predicando el interés general, la racionalidad y la diligencia en la toma de decisiones sobre un sector cada día más sometido a las presiones de legítimos intereses particulares. La publicación de este número especial del BIT es una ocasión excelente para extraer conclusiones sobre los aciertos y errores cometidos en estos años, analizar críticamente la situación en que nos encontramos y reflexionar sobre qué medidas tomar para abordar con éxito el apasionante futuro que nos aguarda. En las páginas siguientes, decenas de expertos procedentes de los más diversos campos contribuyen a esta tarea aportando sus reflexiones personales y puntos de vista Sus opiniones son muy valiosas pues todos ellos, por una u otra razón, han sido, son o serán en el futuro protagonistas principales de esta aventura colectiva. Gracias a todos por ayudarnos en este empeño. Tecnología, finanzas y contenidos Personalmente soy también contemporáneo con la revista. Mi primer empleo y el primer número del BIT son de la misma "quinta", me falta por tanto "distancia" suficiente para juzgar con criterio este pasado. Por ello me limitaré a compartir con vosotros algunas preocupaciones sobre el futuro del ingeniero de telecomunicación. Un futuro que dependerá en gran medida de nuestra capacidad de integran tres visiones o culturas muy diferentes, la de la "tecnología", la de las "finanzas" y la de los "contenidos". Los ingenieros de telecomunicación de las generaciones post-BIT tuvimos la suerte de contar entre nuestros enseñantes universitarios con un número creciente de profesores amantes de la investigación y el desarrollo de tecnologías. Fuimos educados bajo dos postulados muy simples: el valor intrínseco de la tecnología y la necesidad de anticiparse al continuo cambio tecnológico. Creíamos que el laboratorio, en tanto que lugar alejado del mercado, era el lugar natural del joven ingeniero, veíamos como un mal necesario el desempeño de las tareas comerciales y de gestión que nos conducían a puestos de mayor responsabilidad. La experiencia profesional y algunas habilidades personales parecían bagajes suficientes para desarrollar con éxito la carrera profesional. Durante la década de los ochenta y en particular en su "prodigioso" segundo quinquenio, este perfil profesional demostró ser muy adecuado para el desarrollo de la industria electrónica, la modernización de las infraestructuras y servicios de telecomunicación y el espectacular despliegue de la informática en nuestro país. En mayor o menor medida todos los sectores mencionados estaban estructurados en forma monopolística. La industria electrónica dependía fuertemente de las compras públicas. Telefónica, "monopolio natural" de las telecomunicaciones acordaba con sus suministradores la evolución de la red en función de la tecnología disponible. IBM todavía dominaba el mercado de la informática con unos "mainframes" que consumían enormes cantidades de horas de programadores y analistas. No puede extrañarnos que en un escenario como el descrito y en plena renovación tecnológica como consecuencia de la digitalización de los sistemas y el tratamiento automático de la información, la tecnología se convirtiera en el elemento central del proceso. Sin embargo, a finales de los ochenta aparecerán signos evidentes de cambio. Poco a poco, y como consecuencia de la apertura de los mercados, se va consolidando una industria comercializadora que va ganando terreno a la tradicional industria fabricante que se ve sometida a un fuerte proceso de concentración y ajuste laboral. Telefónica, amenazada por el inicio del proceso de liberalización y en el deseo de aprovechar las oportunidades derivadas de los procesos de privatización en los mercados emergentes iberoamericanos, abandona paulatinamente sus compromisos industriales e inicia su descentralización por áreas de negocio (corporativización de filiales). Competencia de los mercados A través de su participación en el "núcleo duro" surgido del proceso de privatización de Telefónica o mediante la participación en los nuevos operadores, agentes procedentes del sector financiero van cobrando mayor protagonismo. La visión del "dinero" se hace presente en el sector. En un mundo que se hace cada vez más global y competitivo, en el que el sector público cede terreno a la iniciativa privada, el mercado impone su ley. Términos como eficiencia, competitividad, financiación y retorno de las inversiones, búsqueda de fuentes externas, marketing... etc., en definitiva la visión de "negocio", sustituyen paulatinamente al propio hecho tecnológico. Gana terreno la preocupación de los poderes públicos por regular la competencia de los mercados en detrimento de la extensión de los servicios. Para complicar más el panorama, la digitalización y compresión de las señales de vídeo y el despliegue de redes de acceso de banda ancha (cable, satélite, distribución por microondas) hace realidad el multimedia interactivo. Otra visión, la procedente de los "contenidos " audiovisuales se hace presente en el sector. El ingeniero de telecomunicación del siglo XXI tendrá que navegar en el caótico mundo que vaya surgiendo de la mezcla de estas tres culturas. Un mundo mucho más complejo y competitivo al que tendremos que añadir valor. Nuestro bagaje fundamental seguirá siendo nuestro conocimiento y dominio de la tecnologías para crear y explotar las infraestructuras y los servicios que progresivamente vaya demandando la incipiente Sociedad de la Información. Personalmente soy muy pesimista sobre las posibilidades de este país para crear valor en las tecnologías más "duras". Me refiero a las tecnologías básicas, al hardware estandarizado o al software empaquetado que se dirige al mercado mundial, este segmento del mercado quedará en manos de muy pocas empresas multinacionales. Por el contrario, creo que existen grandes oportunidades en las tecnologías "blandas", como por ejemplo la ingeniería de sistemas, el despliegue de infraestructuras o el desarrollo de aplicaciones y servicios para usuarios. Ingenieros postindustriales Las Escuelas deberían reflexionar sobre este fenómeno, la realidad del mercado de trabajo va imponiendo un perfil profesional distinto. Quizás debamos ser un poco menos tecnólogos y algo más ingenieros, ingenieros postindustriales, pero sobre todo habrá que formar titulados capaces de comprender y anticipar los entresijos de las "tres culturas", capaces de compartir los valores positivos de los otros dos mundos. En el contexto de la nueva Europa que se avecina somos un mercado modesto y alejado de su centro geográfico, económico y político. Nuestro principal activo no puede ser otro que el capital humano que seamos capaces de aportar, un capital que habrá que alimentar con profesionales procedentes de las tres culturas. Distintos profesionales pero con un objetivo común: satisfacer las demandas de los ciudadanos en tanto que usuarios y consumidores de información.

BIT, un lugar de encuentro Enrique Gutiérrez Bueno Director revista BIT y Vicedecano del COIT/AEIT Cien números son muchos, especialmente para una revista bimestral y con pocos, pero ilusionados medios. Llegar hasta aquí ha sido mérito de todos. Este número pretende ser homenaje fiel a toda una profesión en la que toda la sociedad ha depositado su confianza y a la que no podemos fallar. Hace casi 18 años, quienes iniciamos esta aventura éramos gente joven, con ganas de cambiar el mundo. Nos estábamos incorporando al primer empleo y luchábamos colectivamente por lograr que este país fuera como los de nuestro entorno. Estábamos hartos del "Spain is different" y queríamos que lo que llegaba a nosotros como "dictablanda" dejara paso lo antes posible a una democracia plena, real y participativa. Eramos "un poco rojos". En ese entorno nació el BIT-hoja, artilugio con tamaño DIN A3 que convenientemente doblado, se sellaba y enviaba a los telecos de entonces. Y en ese entorno, y por evolución natural, también vió la luz por primera vez en junio de 1978 el actual BIT. Casi dos décadas han pasado desde entonces. Una interminable lista de profesionales han hecho posible , de una u otra forma, esta andadura. Todos tendrán, seguro, más canas y verán la vida de otra forma. Pero seguro que recuerdan su paso por BIT con ilusión y una pizca de melancolía. Tras la victoria de la candidatura "democrática" que encabezaba Angel Luis Gonzalo como Presidente y Decano, Manolo Gamella fue en 1978, el primer director de BIT. Ahora nos alegra con sus artículos de vinos, así que hasta nuestros más jóvenes lectores pueden conocer a quién inició esta aventura, sin cuyo concurso probablemente no tendríamos la oportunidad de hacer historia que nos brinda este nº 100. Pero junto con Manolo, había un grupo de entusiastas telecos (asumiendo el riesgo de dejarme alguno en el tintero), entre los que destacaban Braulio Tamayo, Jerónimo de Ugarte, Paco Marín, Fernando Viles, Armando Guerra, Darío Maravall, Fernando Jiménez Molina ó Gerardo López Araújo, recientemente fallecido, a quien todos recordaremos durante mucho tiempo. Luis González Souto ayudaba, siendo alumno de cuarto de carrera, y ganándose "unas pelillas". Hacía casi de todo y era quien buscaba aquí ó allá la escasa publicidad que poblaba nuestras páginas. Quien escribe estas líneas se encargó de la revista desde su número 2. A Luis González Souto le sustituyó, más adelante, Pedro Alonso, brillante subdirector de la DGTel en la actualidad. A partir del número 40, fue Mario Urea quién se encargó de ello. Dejó vacante el puesto en el nº 49, que fue ocupado interinamente por los hermanos Pérez Martínez, Jorge y Félix. Desde el nº 51 al nº 65, el director de la revista fue Antolín Velasco.Finalmente, y desde el nº 66 hasta nuestros días, la responsabilidad recayó de nuevo en mi modesta persona, ayudado eso sí, en un ilusionado equipo, formado por Carmen Fernández Ruiz, que es quien realmente se "curra" el día a día de nuestra revista, y por Adrian Cragnolini como responsable de publicidad. Mención especial merecen quienes -en su mayoría telecos-, número tras número han ocupado nuestras páginas de Bit Recomienda. Justo es recordarles por su constancia y lo ameno de sus aportaciones. Para todos los que, en algún momento u otro, han arrimado su hombro, estén donde estén, mi más agradecido recuerdo. Muy probablemente sea BIT, tras estos casi cuatro lustros, la revista decana del sector. Otras emblemáticas, como "Electrónica hoy", "Actualidad Electrónica" o "Chip" han sucumbido al inexorable paso del tiempo. Bit ha resistido y responde hoy a la realidad de una profesión crucial y determinante para el futuro de nuestra sociedad. Quisiera destacar que, en toda esta historia, BIT se ha mantenido fiel a sus principios. Nunca pretendió ser una revista técnica. Para eso, decíamos entonces, había muchas otras y buenas. BIT siempre se definió como socio-profesional y en ello continúa. Hubiera sido un error caer en ser un medio de comunicación del estilo del que los Colegios Profesionales editaban: difícil de leer, arduo, denso, técnico. No ser "un ladrillo" fue, desde el principio, nuestro objetivo; informar al teleco de su entorno, sensibilizarle respecto al papel que como colectivo, estábamos llamados a jugar, y, de paso, divertir en lo posible. No sé si lo hemos conseguido. Supongo que, con altibajos, a veces hemos andado cerca de lograrlo. Pero siempre lo hemos intentado. Será con el nº 200 con el que podremos evaluar si lo hemos co seguido o no. Espero poder verlo.

Plataforma digital: la ceremonia de la confusión robablemente esta sea una de las ocasiones en que las juntas del COIT y la AEIT han tenido más dificultades para elaborar el editorial que abre las páginas de cada nuevo número de BIT. Ha sido muy fuerte la tentación de guardar silencio ante la ceremonia de la confusión en que se ha convertido el debate sobre la TV digital. Para entender esta rocambolesca historia, es necesario empezar señalando los cuatro actividades fundamentales que componen el negocio de la TV de pago: la creación de contenidos audiovisuales, su empaquetamiento y programación, su difusión y la gestión del acceso condicional y de los abonados. En España, como en el resto de Europa, la ausencia de una industria audiovisual fuerte y el reducido tamaño del mercados favorecen la integración vertical de estas actividades, siendo "los derechos del fútbol" y la posición previa en el mercado las principales ventajas competitivas para dominar este negocio. Por otro lado, el alto coste de los equipos de recepción y sobre todo del IRD - la mal llamada plataforma digital -, hace necesario la financiación al usuario - vía alquiler o subvención - de este equipamiento. El "gestor" de la plataforma puede impedir su utilización por parte de sus competidores sin más que desplegar equipos "propietarios" que solo sean capaces de recibir sus propias señales. Ese es el caso de los EEUU donde cada difusor tiene su propio IRD de bajo coste incompatible con los de sus competidores. En este marco surge la Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión. El objetivo explícito de la mencionada directiva es el de establecer el marco estratégico global para la introducción de los servicios de televisión avanzados y de la TVAD" (1er considerando), obligando a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para fomentar el desarrollo acelerado de estos servicios (artículo 1). Entre estas medidas se encuentran las referentes al acceso condicional que se recogen en el polémico articulo 4. Su epígrafe c) supone de hecho la ruptura de la cadena de valor de la TV de pago que existe en la actualidad, al aparecer una nueva figura: el operador de servicios de acceso condicional. Esta nueva figura produce y comercializa el acceso a los servicios digitales de televisión, facilitando a todas las entidades de difusión los medios técnicos que permitan que sus servicios de TV digital sean visualizados, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, por los usuarios televidentes, autorizados mediante el uso de los descodificadores gestionados por estos nuevos operadores de servicio de acceso, con arreglo a las reglas de la competencia. En definitiva, la directiva trata de evitar que un único programador/difusor domine el mercado mediante el control del parque instalado de plataformas, en el supuesto, muy probable en mercados de tamaño reducido, de que la primera tecnología de acceso condicional que se instale se convierta de facto en un estándar. Para ello, se aplica una filosofía similar a la utilizada en el mercado de la telefonía, obligando a acuerdos de interconexión entre plataformas y permitiendo el acceso de cualquier programador a los usuarios del programador dominante. Hasta aquí todo es normal, asistimos una vez más al despliegue de una innovación técnica que altera la estructura del mercado y que supone una oportunidad que va a permitir la entrada de nuevos agentes en un negocio explotado hasta entonces en régimen de monopolio. La respuesta de los "tiburones" de la comunicación no podía ser otra que la de capturar el componente clave del negocio: el control de los contenidos , es decir, "los derechos de fútbol". La batalla se resuelve con una distribución desigual de dichos derechos entre Antena 3, Canal + y TV Autonómicas, y con una sobrevaloración general de los mismos que hace necesario su explotación en la modalidad de "pay per view". Como no podía ser de otra manera, la siguiente batalla es la del control de la plataforma. En el curso de los acontecimientos se decantan dos iniciativas, la de Canal+ - el agente que ya está instalado en el mercado - y la liderada por Telefónica, que se presentó como una plataforma neutral abierta a todos los programadores - lo que podría ser la figura del proveedor de acceso condicional-, en la que se encontraban la práctica totalidad de la TV pública, Antena 3 y Televisa. Desde el principio se inicia un "pulso" entre ambas plataformas, negociaciones incluidas, contaminado por la batalla "mediática" entre los grupos de comunicación. Por su parte el Ministerio de Fomento hace público su apoyo a una "plataforma única", pero no manifiesta ninguna intención de transponer la directiva anteriormente mencionada. La noche de 24 de Diciembre se produce el acuerdo entre Antena 3 y Canal + sobre los derechos del fútbol, y algunos días más tarde se anuncia el abandono de Antena 3 de la plataforma liderada por Telefónica para incorporarse a la plataforma de Canal +. Ante este hecho, el Gobierno responde con la trasposición de la directiva 95/47/CE, desencadenándose un enfrentamiento político y mediático como jamás se ha conocido en este sector. Ante esta situación, las juntas del COIT y la AEIT manifiestan: 1. Que no desean entrar en ningún tipo de valoración sobre las posiciones mantenidas por los diferente partidos políticos y grupos de comunicación en litigio. Sin embargo, les pedimos sosiego y cordura para resolver un conflicto que amenaza con cercenar el despliegue de unas tecnologías de gran importancia para el futuro de este país. 2. Que la transposición de la Directiva 95/47/CE era, además de un compromiso con nuestro socios europeos, una necesidad para el desarrollo armónico de la TV digital en España. 3. Que dicha transposición y el desarrollo reglamentario que la acompaña, se ha realizado de manera precipitada, sin dar tiempo a la participación de los agentes económicos y sociales involucrados, a diferencia de otros países de nuestro entorno europeo, donde se ha abierto un período de consulta pública y de debate entre los agentes interesados, con objeto de alcanzar unas reglas del juego razonables, no discriminatorias y que peritan proteger los intereses de los usuarios. 4. Que aunque discrepamos sobre algunos puntos, el marco reglamentario que se deriva de lo publicado en el BOE no tiene por qué constituir un obstáculo al despliegue de la TV digital. 5. Que nuestras principales discrepancias sobre el Real Decreto y los reglamentos son: a) La demora hasta Diciembre de 1998 para que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones - CMT - adquiera todas sus competencias. b) En este sentido, son escasas competencias que se atribuyen a la CMT en el tema que nos ocupa hasta la fecha señalada. Estamos ante un caso evidente que justifica la creación de la CMT y que permitiría empezar a demostrar la competencia en su papel de vigilancia de las reglas del juego de la competencia. Creemos que es el momento de adelantas el comienzo del ejercicio de sus funciones y no de retrasarlo. c) Se genera una gran confusión al publicar simultáneamente tres disposiciones en las que se mezclan reglamentos. Se fija la prestación del servicio de telefonía básica por los operadores de cable dentro del reglamento del Servicio de Telecomunicaciones por satélite. ¿Es un lapsus, fruto de la precipitación o es que está suficientemente meditado?. No obstante, creemos conveniente una aclaración. d) No aparecen debidamente reflejados los derechos de los usuarios, y especialmente en aquellos casos que, siendo clientes de una opción en servicio deban cambiar sus receptores debido a una acción administrativa. e) No queda clara la política de precios sobre el empleo de los descodificadores, ya que estos deben "sujetarse a los costes". Esto puede interpretarse como una ausencia de margen comercial que impida el posible desarrollo de negocio. 6. Que si, como sería deseable, no es posible que las plataformas en competencia lleguen a un acuerdo sobre una tecnología de acceso condicional común, existen soluciones viables - técnica y económicamente - para resolver el problema de que el conjunto del parque instalado de plataformas sean capaces de descodificar señales procedentes de todas plataformas. 7. Que lo importante en este momento es que el Regulador anime a los responsables de las iniciativas a encontrar una solución negociada. En el caso de que estos no lleguen a ningún acuerdo, se permita la libre competencia en el mercado, realizando para ello una interpretación lo más laxa posible de la normativa existente. Es decir, que se asegure que las plataformas que se desplieguen tienen, desde el punto de vista técnico, la capacidad de descodificar todas las señales, aunque a falta de acuerdo comercial, en un primer momento solo recibiesen, además de los canales en abierto, los del difusor que financia la plataforma. 8. Que el órgano regulador y el Tribunal de Defensa de la Competencia vigilen la evolución del mercado y ,"a posteriori", adopte las decisiones correctoras oportunas en el caso que se haya producido abuso de posición dominante u otras distorsiones del mercado,. 9. Que las juntas del COIT y la AEIT comparten con los poderes públicos su preocupación por garantizar el derecho del ciudadano al libre acceso a la información y el riesgo que entraña la concentración de poder en unos pocos grupos financieros o de comunicación. En este sentido, somos partidarios de que se estudie, en un clima tranquilo y sosegado, una regulación sobre contenidos. Pero separemos los diferentes problemas involucrados en el conflicto y encaucemos su discusión hacia los órganos adecuados. 10. Que existen otros "cuellos de botella", por ejemplo el parque de antenas colectivas instalado o la necesidad de utilizar varias antenas parabólicas debido a la posición orbital de ASTRA e HISPASAT, que pueden frenar el desarrollo de la TV digital y generar nuevos conflictos. Es urgente que el regulador los identifique y convoque a todos los agentes involucrados para discutir su regulación, de lo contrario el conflicto estará servido.Para finalizar señalemos que la principal enseñanza que podemos sacar del conflicto planteado, es la necesidad de poner en marcha unos órganos reguladores -DGTel, CMT-, con competencias claramente definidas y procedimientos ágiles y transparentes que permitan la participación de todos los agentes interesados. En el complejo momento que están viviendo las telecomunicaciones, la existencia de un Regulador con estas características es una ventaja competitiva de primera magnitud y un elemento reductor de la crispación política y mediática como la que se está produciendo en la actualidad. Más información en artículo "La TV Digital por satélite en España". -------------------------------------------------------------------------------- El Sr. Villalonga, Presidente de Telefónica y los ingenieros En otro orden de cosas, desde estas Juntas tenemos que llamar la atención sobre las incomprensibles declaraciones del señor Villalonga, Presidente de Telefónica,al Financial Times (Miercoles 29 de Enero de 1997), refiriéndose a su política de nuevos fichajes, que han terminado de alarmar al colectivo, y especialmente a nuestros compañeros que trabajan en Telefónica. Según el rotativo, el Sr. Villalonga parece que dijo: "We have brought in people from the consumer goods industries. The people before were engineers. It is 3000 times better not to be an expert". Lo que para mayor claridad traducimos: "Hemos traído (a Telefónica) gente de la industria de bienes de consumo. La gente anterior eran ingenieros. Es 3000 veces mejor no ser un experto". Desde aquí queremos expresar nuestra perplejidad por estas declaraciones, absolutamente impropias del presidente de la Primera Empresa de Telecomunicaciones de este país, una empresa en la que por la fuerte base tecnológica en que se sustenta, los ingenieros están llamados a jugar siempre un papel crucial, tanto en funciones técnicas como directivas. Queremos creer que el señor Villalonga no quiso decir lo que realmente dijo, y por ello, esperamos cuando menos, una inmediata clarificación y rectificación de dichas declaraciones.

La Ley General de las Telecomunicaciones on toda probabilidad en unos meses se iniciará el trámite parlamentario de la Ley General de las Telecomunicaciones (LGT). Esta ley, que deroga y sustituye en nuestro ordenamiento jurídico a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), será la disposición legal de mayor rango en la regulación de las telecomunicaciones de este país. La LOT surgió para "ordenar" un sector en el que la práctica totalidad de los servicios de telecomunicación se concebían como servicios públicos explotados en régimen de monopolio mediante concesiones administrativas del Estado. Por el contrario, la nueva ley tiene por misión regular un sector abierto a la competencia en el que desaparecen los derechos exclusivos para operar redes y servicios. A nadie se le oculta la importancia de esta ley que debe regular un sector en el que continuamente aparecen nuevas oportunidades tecnológicas y en el que existen muchas incertidumbres sobre la respuesta de los mercados a los nuevos servicios. Un sector que se internacionaliza y se globaliza muy rápidamente y que se encuentra cada vez más sometido a las presiones de los principales agentes económicos. Por otro lado, esta ley debe incorporar las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, unas directivas que continuamente van reduciendo el margen de discrecionalidad política de los legisladores de los Estados miembros. Con todo, las enormes diferencias en las estructuras de los mercado de telecomunicaciones de los países y sus diferentes ordenamientos jurídicos permiten todavía realizar transposiciones de las directivas favorables a las condiciones de cada país. En nuestra opinión, la LGT debe proporcionar un marco legal global de carácter flexible, abierto, evolucionable y de amplio consenso entre los grupos parlamentarios. Debe limitarse por tanto a marcar los objetivos, establecer las "reglas de juego" generales y delimitar claramente las atribuciones y competencias reglamentarias del Ministerio de Fomento y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La LGT debe suscitar un amplio consenso sectorial y parlamentario. Hasta ahora los agentes sectoriales nos hemos limitado a "enmendar" en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones aquellas disposiciones que parecían más desfavorables a los intereses de cada cual. Es el momento de dar un paso más e iniciar un debate sincero y profundo sobre el anteproyecto de ley. A juzgar por lo que se publica en los medios de comunicación social, desde que se hizo público el borrador de anteproyecto de ley el 20 de enero de 1997, el debate sobre la ley ha sido liderado fundamentalmente por juristas. Ya sabemos de las dificultades de introducir en las leyes marcos flexibles y abiertos, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, la importancia de las "formas" en nuestro ordenamiento, etc. Temas sin duda importantes pero que no deben ocultar el debate sectorial de "fondo". Cuando escribimos este editorial, el anteproyecto de la LGT está pendiente de ser informado por el Consejo de Estado. En breve plazo, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, será enviado a las Cortes. En este sentido, os anunciamos que el COIT/AEIT invitará a todos sus colegiados/asociados y a los representantes de los principales agentes sectoriales a participar en dicho debate.