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91.- EDITORIAL Por favor señorías: la ley del cable, ya. Tras años de vicisitudes, por fin, el pasado mes de Diciembre, el Gobierno envió a las Cortes el proyecto de Ley de Telecomunicaciones por Cable. Tal y como, en su día demandamos las Juntas del COIT y de la AEIT, y como refleja su actual denominación, pretende ser una ley que regule globalmente el régimen jurídico del servicio de telecomunicaciones por cable (TV, audio, datos, portadores, telefonía…) que se presten a través de las redes de cable. Pasar de legislar sólo la televisión por cable, a un nuevo concepto que globaliza todos los servicios susceptibles de ser transmitidos por cable, ha abierto la caja de los truenos en un sector que se encuentra en un proceso de liberalización y de expansión tremendos, en momentos en que en el mismo confluyen importantes intereses económicos y políticos, no siempre coincidentes. Se trata de un proyecto de ley que puede considerarse avanzado en algunos aspectos, como en que se adelante a las decisiones que pueda tomar la Unión Europea en cuanto a la liberalización de las infraestructuras, pues ya reconoce una situación de liberalización controlada, o competencia restringida, al permitir la existencia de un nuevo operador para cada demarcación que se constituya. A pesar de ser éste un aspecto en discusión en el seno del actual debate a nivel comunitario, es bueno que nuestros legisladores vayan por delante de los acontecimientos, aún asumiendo los riesgos que ello supone, y no a remolque como ha ocurrido casi siempre. Un aspecto esencial del proyecto de ley es que se considera el servicio de telecomunicaciones por cable como un servicio público de titularidad estatal, lo cual conlleva que su régimen de prestación sea por gestión indirecta mediante concesión administrativa que otorgaría, tras el oportuno concurso público, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. La situación que el anteproyecto contempla supone dejar sin competencias a las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales ya tienen en la concesión de servicios la difusión y aspiran a tenerla en otros campos de las telecomunicaciones. Por el contrario, a los Ayuntamientos y la Administración del Estado se les asigna la iniciativa y/o aprobación de las demarcaciones. Esto ha desatado la oposición por parte de las minorías nacionalistas representadas en el Parlamento, lo que podría provocar la retirada del proyecto de ley por el Gobierno que supondría, de nuevo, una demora tremendamente perjudicial para el desarrollo del sector del cable, tras el que pivotan los servicios multimedia, e importantes inversiones y empleo. Las Juntas del COIT y de la AEIT consideramos que, garantizando celosamente el principio de integridad de la red, y la protección de los derechos del ciudadano al acceso a todos los servicios, sus señorías deben flexibilizar sus posturas en aras de lograr un rápido consenso en los temas polémicos como básicamente son los relativos a la concesión, aprobación y amplitud de las demarcaciones y a la apertura futura de nuevos operadores por demarcación. Como profesionales preocupados por el futuro del sector de las telecomunicaciones, demandamos de nuestros estamentos políticos y administrativos responsables de la regulación del cable, más agilidad, pragmatismo y responsabilidad, para salir cuanto antes de la actual alegalidad de los servicios por cable en España. La situación actual está impidiendo el desarrollo y prestación de servicios en condiciones técnicas que garanticen su calidad, el crecimiento de nuestra industria de equipos y contenidos multimedia, y, en definitiva, el avance de un sector esencial para progresar hacia la sociedad de la información, tendencia en la que está comprometida España tras la aprobación por la Unión Europea del Informe Bangemann en la cumbre de CORFO de Junio de 1994. Señorías: la Ley de Telecomunicaciones por Cable es necesaria, ya. Cualquier dilación provocada por confrontaciones políticas o entre los Partidos va en contra de los intereses del conjunto de nuestro país.

92.- EDITORIAL III Plan de Investigación. Entre la esperanza y el escepticismo. Los planes nacionales de investigación han sido el elemento básico para el fomento de la I+D en nuestro país. A lo largo de la última década, sus acciones han permitido la creación y mantenimiento de numerosos y, en muchos casos, cualificados equipos de investigadores en los Centros Públicos de Investigación (CPI). Sin embargo, es evidente la contradicción de nuestro sistema ciencia-tecnología-industria (SCTI) que, simultáneamente, es capaz de generar un meritorio porcentaje de la producción científica mundial –media en términos de publicaciones- y un sector productivo con un escaso nivel tecnológico. La situación no puede sorprendernos pues responde, entre otras cosas, a la propia filosofía de nuestro país, en el que, junto a un inexistente apoyo a nuestra industria, se dan en lógica relación con ello, unos criterios de asignación de recursos que apenas han considerado la demanda económica o social de la investigación realizada. Ello ha llevado, como no podía ser de otra forma, a que el porcentaje de la I+D realizada por los organismos públicos haya sido muy superior al de las empresas, al revés de cómo ocurre en los países de nuestro entorno. Así, inicialmente se potenció sin discriminar a todos los grupos tratando de dotar, en el primer Plan, de medios personales y materiales a unos CPI´s maltrechos y olvidados. Posteriormente, en el segundo Plan, se ha intentado concentrar los recursos en los grupos de mayor producción científica. En general, los contenidos de las investigaciones han sido definidos por los propios investigadores que han demostrado una considerable habilidad para adaptarse a las “reglas del juego” impuestas por la Administración. El espectacular crecimiento de su participación en revistas y ponencias en congresos internacionales es la mejor prueba de esta afirmación. Por fortuna, y según sus gestores, el III Plan invertirá esta tendencia y promocionará las líneas de trabajo más acordes con las verdaderas demandas económicas y sociales. En otras palabras, apoyarán a aquellos equipos que demuestren su capacidad para transferir resultados al sector empresarial. No podemos sino aplaudir esta nueva filosofía y desearles el mayor de los éxitos. Sin embargo, son muchas las incertidumbres que comprometen esta iniciativa. ¿Existe un tejido productivo, especialmente en nuestro sector, capaz de asimilar los resultados de los CPI´s? Después de una desastrosa política industrial que lo ha esquilmado, después de haber entregado nuestro mercado a las multinacionales, después de convertir a nuestras empresas en meras correas de transmisión de las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los países avanzados…¿tendrán los CPI´s interlocutores a los que dirigirse? El alejamiento entre los CPI´s y las empresas no es un tópico, es una terrible realidad que limita la competitividad de nuestro sector productivo. Todo esfuerzo en la dirección de superarlo será bienvenido. Sin embargo, los objetivos del III Plan sólo podrán alcanzarse si se complementan con medidas concretas de apoyo a las empresas, especialmente a las pymes, facilitándoles los dos elementos decisivos en los procesos de innovación: un entorno financiero adecuado y unos mercados nacionales que sean plataforma de su indispensable proyección internacional.

93.- EDITORIAL Chapuzas no, gracias. En nuestro Editorial del número correspondiente a Marzo, solicitábamos urgencia en la tramitación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, advirtiendo que “cualquier dilación provocada por confrontaciones políticas o entre los Partidos va en contra de los intereses del conjunto del país”. Hoy podemos decir con enorme preocupación que lo que entonces no era sino una conjetura, puede llegar a ser una tremenda realidad. En la lucha por conservar el poder a toda costa, los intereses partidistas de unos y de otros están a punto de dar al traste con una de las más importantes iniciativas tecnológicas y de servicios que este país tenía y tiene por delante, y convertirla, nos guste o no, en una chapuza. La jugada es simple: de ley de telecomunicaciones por cable se pasa a la de televisión por cable, y se acaba de golpe con las discrepancias… si no fuera porque en ello perdemos todos demasiado, y dejamos pasar una oportunidad tecnológica de carácter histórico que difícilmente volverá a repetirse en el futuro. Otros países gozan ya de la televisión por cable. Deberán adaptar sus estructuras, con un coste elevado, a una utilización mucho más ambiciosa del mismo. De servir únicamente para transportar la señal de televisión, podrá utilizarse para telefonía y servicios multimedia interactivos (teletrabajo, teleeducación, telemedicina, etc.). En España partimos, paradójicamente gracias a nuestro retraso, con una ventaja inicial, pues directamente podríamos preparar nuestras estructuras y nuestra industria a todos los servicios que una señal de banda ancha por cable puede transportar. Ventaja que estamos a punto de tirar por la borda, por el simple hecho de que, con ello, se aparca, para cuando quizá ya sea tarde, la discusión de algo tan obvio, porque así lo enuncia nuestra Constitución, como es que, en telecomunicaciones, sólo las señales de televisión son competencia de las Comunidades Autónomas, mientras que el resto lo son del Estado. Ahora, la paralización de la ley va a traer consigo un importante retraso estructural, junto con una creciente alegalidad, e importantes inversiones a la espera de tiempos mejores. Como resulta difícil ponerle puertas al campo, las iniciativas de cablear territorios, ya sean locales, comarcales o autonómicos empiezan a aparecer como hongos. La polémica entre el Gobierno Central y la Generalitat de Catalunya quizá sea la más notoria, pero, a otros niveles, hay ya demasiadas iniciativas que impedirán en el futuro que el cable en España sea un desarrollo armónico de nuestro territorio para convertirse en un reino de taifas donde valdrá casi todo y será casi imposible interconectar las redes que vayan implantándose en el tiempo. En este sentido, resulta ejemplar el Decreto del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que, aprovechando la alegalidad en que estamos inmersos, publica en el BOE para la contratación de una red de cable. Señores diputados: chapuzas no, gracias. Impedir con su “salomónica” decisión el desarrollo de las capacidades y expectativas que la ley de telecomunicaciones por cable estaba generando es, además de tirar balones fuera, algo que, en las actuales circunstancias industriales y económicas por las que atraviesa nuestro país, no es de recibo. El COIT, desde luego, no va a firmar el acuse del mismo.

94.1.- EDITORIAL De la alegalidad a la inseguridad jurídica. Cerramos esta edición asistiendo atónitos al anuncio de que los 54 alcaldes populares de ciudades de más de 100.000 habitantes, siguiendo el precedente de un municipio del PSOE, el de Barcelona, sacarán a concurso las concesiones para la construcción y explotación de sus redes de cable. Simultáneamente saldrán a concurso las mismas concesiones de acuerdo con la futura ley de telecomunicaciones por cable, fruto del pacto parlamentario entre PSOE, CIU, PNV e IU. Por su parte, los responsables del PP anuncian que si obtienen suficiente mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales, modificarán la ley de manera que las licencias válidas serán aquéllas que procedan de los concursos de los ayuntamientos, invalidando los concursos que se hagan de acuerdo a la ley que finalmente apruebe el Parlamento. El disparate es mayúsculo. Ante semejante inseguridad jurídica ¿qué inversor puede comprometerse seriamente en el desarrollo del cable? Situaciones como ésta sólo favorecen a especuladores, o, lo que es peor, permiten que entren operadores e instaladores de infraestructuras de otros países en los que la reciprocidad de negocio no existe. En cualquier caso, garantizan un importante retraso en el despliegue del cable, el “acceso de banda ancha”, en este país. Paradójicamente, esto sucede cuando se acaba de aprobar una directiva europea que autoriza, a partir del 1.1.1996, la utilización de las redes de TV por cable como soporte en la prestación de los servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, esto es, todos menos la telefonía pública vocal. Durante meses los órganos rectores del COIT y de la AEIT han mantenido reuniones constantes con todos los grupos parlamentarios, agentes y asociaciones representativas del sector, a quienes se les ha explicado la trascendencia que para todos tenía la pronta aprobación de una ley de telecomunicaciones por cable. Una ley tan importante para el conjunto de nuestro país que exigía, a nuestro juicio, el consenso de todas las fuerzas políticas sin excepción. Sabemos que nuestro mensaje ha calado en todos los grupos parlamentarios. Que las diferencias entre el texto consensuado y la propuesta del grupo popular no son insalvables. Que la ausencia del PP se explica por su desconfianza ante el acuerdo entre Telefónica y PRISA sobre Cablevisión. Que el conflicto de intereses entre los grandes grupos de comunicación está interfiriendo el proceso de consenso. Apelamos una vez más al buen sentido de nuestros dirigentes políticos y pedimos a quienes han pactado que eliminen esta desconfianza e inviten al PP a sumarse al debate en la tramitación de la ley en el Senado. A su vez pedimos al Partido Popular que, entre tanto, estudie la posible retirada de los concursos de los ayuntamientos. Los intereses del país, en los dos casos, deben estar por encima del “sostenella y no enmendalla”. También pedimos cordura a las administraciones públicas. En esta lucha de intereses, lícitos, entre las Administraciones estatal, autonómicas y municipales, convienen que todos recuerden, y lo decimos como ciudadanos, el papel que la Constitución y la legislación vigente les reservan a cada una de ellas, así como su obligación política de servicio público. Los ayuntamientos tienen un importante papel que desempeñar protegiendo el dominio público y obteniendo contrapartidas para sus municipios, pero ello debe ser compatible con una política nacional de telecomunicaciones. Finalmente, y no menos importante que todo los anterior, conviene recordar el peso de las telecomunicaciones como motor industrial de cualquier país. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deben favorecer a las empresas españolas, velando por los intereses del nuestro y evitar que su protagonismo particular permita la entrada por la puerta falsa de operadores e instaladores de otros países. El negocio inmediato, el sálvese quien pueda, el ganar utilizando recursos traídos de fuera en lugar de sacar partido a nuestras propias capacidades, es pan para hoy y hambre para mañana.

94.2.-EDITORIAL Bienvenida la competencia. La aparición de nuevos operadores que abran el mercado a la competencia ya es una realidad en el segmento de la telefonía móvil digital. Otros servicios se abrirán a la elección de los usuarios en el futuro. En GSM, tanto Telefónica Móviles como Airtel Móvil han superado los plazos marcados con éxito y cumplido sus compromisos técnicos. El COIT ya ha firmado con Airtel un acuerdo que permite al nuevo operador agilizar sus obligaciones legales. Telefónica, ya lo sabe, va a encontrar siempre abiertas las puertas del Colegio para un convenio semejante. Desde estas páginas damos la bienvenida, como no podía ser de otra forma, a ambos, pero especialmente por lo que ello supondrá de desarrollo, de tecnología, demanda de productos españoles, mejora del empleo e internacionalización de nuestra oferta que son, en definitiva, intereses de todos. Y les recordamos nuestra oferta de estrecha colaboración pues, no en vano, será el colectivo que representamos, el de los ingenieros de telecomunicación, uno de los que más puede aportar al éxito de esta experiencia.

95.- EDITORIAL Ahora o nunca. Hace ya más de dos años que las juntas del COIT y la AEIT sometimos a debate público la conveniencia de impulsar la creación de un segundo operador de redes y servicios de telecomunicación. Un segundo operador privado que imaginábamos básicamente español, tanto en la composición accionarial de su capital como en la responsabilidad de su gestión. Un operador construido a partir de agentes que ya disponen de redes importantes, lo que permitía rentabilizar al máximo las inversiones ya realizadas y asegurar el mejor aprovechamiento de estas infraestructuras, y en el que se integrarían las entidades financieras nacionales interesadas en el negocio de las telecomunicaciones. Hace algo más de un año, el gobierno se comprometió con este proyecto. Ha sido, sin embargo, sólo en estos últimos meses, coincidiendo con el final de la legislatura, cuando se han acelerado las acciones legislativas para ejecutarlo. Una vez más la Administración no ha actuado con la celeridad que exigían las circunstancias. Hoy es evidente que no es posible finalizar este proceso antes de las próximas elecciones generales. Por otro lado, tras el establecimiento del denominado “núcleo duro” en torno a Telefónica, los candidatos a convertirse en socios del segundo operador están muy claros. Operadores públicos dependientes del MOPTMA, empresas eléctricas y de servicios, las entidades financieras no pertenecientes al mencionado “núcleo duro” y los operadores de telefonía móvil y cable alternativos a Telefónica. Nos consta además que en los últimos meses se ha avanzado mucho en la “concertación” de estos agentes. El procedimiento de adjudicación debería impulsar esta integración. Es más importante construir un operador fuerte capaz de incorporar valor añadido nacional durante muchos años que recaudar más o menos dinero por la licencia. El “Ahora o nunca” que encabeza este editorial quiere ser una llamada de atención sobre el agotamiento de los plazos. Si queremos que este segundo operador esté preparado en 1998, tiene que arrancar antes del verano de 1996. Es decir, que las autorizaciones, licencias, líneas generales de regulación y arbitraje deben decidirse en los próximos meses. ¿Cómo garantizar la continuidad de un proyecto que tendrá que completarse precisamente en la etapa de relevo del gobierno? Una vez más, apelamos al buen sentido de nuestros responsables políticos, en particular de quienes aparecen como alternativa de poder, para que con sus actitudes no dilaten más el proceso y nos permitimos recordarles que este tipo de situaciones han de considerarse como cuestiones de Estado, y que deben, por lo mucho que nos jugamos, permanecer al margen del enfrentamiento partidario.

96.- EDITORIAL Ante las elecciones generales. De nuevo nos enfrentamos con la posibilidad que todo sistema democrático ofrece periódicamente, que posibilita ante las urnas, el refrendo de una gestión o la elección de nuevas alternativas. Como de costumbre, desde nuestras organizaciones profesionales y desde su medio de comunicación, pretendemos ayudaros a conocer mejor las propuestas que, en tecnologías de la información y las comunicaciones, hacen quienes solicitan nuestro voto para su partido. Como primera reflexión, conviene destacar el peso que, en los programas políticos, tiene nuestro sector. En tan sólo cinco años hemos pasado de tratar de convencer a nuestros políticos de la trascendencia que las tecnologías de la información tenían e iban a tener para nuestra sociedad, a que éstos hagan de nuestro sector uno de los ejes de nuestras políticas a seguir en la próxima legislatura. Tan rápida evolución, más obligada por los derroteros que la tecnología y la economía han tomado en el mundo, que por decisión propia, debería equilibrarse con momentos de reflexión y síntesis, como son los de presentación de programas, para establecer estrategias y compromisos a medio y largo plazo. En este sentido, en el que nuestro colectivo desea hacer algunas reflexiones ante las que las diferentes alternativas deberían situarse. Frente a las grandes generalidades y planteamientos difusos con los que antes se respondía a las grandes cuestiones pendientes en nuestro sector, la madurez alcanzada en los momentos actuales obliga a nuestros políticos a posicionarse en asuntos concretos y resolver situaciones ante las que no cabe echar balones fuera. El grado de liberalización de los servicios; el papel que han de jugar empresas como Telefónica, Retevisión, Hispasat, compañías eléctricas, etc., la creación real y el carácter del segundo operador; la existencia o no de un regulador específico e independiente de la administración; el apoyo real a la industria; la universalización de los servicios; o el reparto de competencias entre las diferentes Administraciones, local, autonómica y central, para evitar enfrentamientos absurdos, son algunos de los interrogantes a los que nuestros políticos habrán de dar respuesta. Para todo ello, a la hora de leer estas líneas ya habrá tenido lugar un debate en los locales del COIT y la AEIT con los responsables de nuestro sector en cada una de las formaciones políticas más destacadas. Además, y en estas páginas, podréis encontrar las contestaciones de todos ellos a un cuestionario común que les remitimos. Esperamos, con todo ello, haberos ayudado a conocer mejor las propuestas de unos y otros a la hora de decidir a quién dar vuestro voto.

97.- EDITORIAL Telecomunicaciones: Un pacto de Estado para el siglo XXI. Prácticamente sin cerrar aún el proceso electoral del 3-M, la perspectiva política presenta una serie de interrogantes que deberán dirimirse a lo largo de este mes. Uno de los sectores más debatidos antes del 3-M ha sido el de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Si se analizan los planteamientos de los distintos partidos políticos a lo largo de los últimos meses, se puede concluir que apenas existen discrepancias en los grandes temas, como ya quedó patente en las declaraciones programáticas de CiU, PNV, IU, PP y PSOE publicadas en estas mismas páginas o en el artículo sobre el acto electoral organizado por el COIT que se comenta en este mismo número. Esto debería facilitar el entendimiento entre todos, ya obligado por la aritmética parlamentaria. No obstante, todavía permanece como escollo a salvar la ley de telecomunicaciones por cable y su posterior desarrollo reglamentario. Aunque ya existe un texto de ley aprobado por las Cortes, el hecho de que el Partido Popular fuera el único que se opuso en su momento, promoviendo incluso entre sus municipios la adopción de iniciativas en el tema contrarias a la ley, y la nueva fuerza parlamentaria que la necesidad de pactos de gobierno puede dar a los partidos minoritarios, que tampoco aceptaban la redacción inicial de la ley pero que llegaron a un consenso sobre la misma y le dieron su apoyo, hace que deba contemplarse la posibilidad de que se puedan producir cambios. En cualquier caso, los responsables políticos de nuestro país debieran tomar conciencia de la absoluta necesidad de un pacto de Estado en el hipersector de las comunicaciones y las tecnologías de la información, similar al que se ha producido recientemente en EE.UU. con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas a la ley de telecomunicaciones. Deberían nuestros políticos darse cuenta de esto, y de la conveniencia de que la nueva regulación que necesita este sector esencial no sea fruto de los intereses coyunturales de los partidos que pretendan emplear su apoyo a este proyecto como moneda de cambio para conseguir concesiones en otras esferas de su actividad política, sino que realmente refleje los intereses de los distintos agentes involucrados en el desarrollo de este hipersector de crucial importancia para el futuro de España. La construcción de la Sociedad de la Información, cuyos efectos se manifestarán en todos los aspectos de la vida económica y social: empleo, industria, calidad de vida, educación, cultura, etc., y de la cual España no puede ni debe quedar al margen, requiere que, de cara a esta revolución del siglo XXI, se produzcan un debate profundo y un acuerdo estratégico en el que participen activamente todos los sectores y agentes sociales. En este sentido, el COIT y la AEIT, como representantes de los profesionales del sector, cuya participación resulta ya imprescindible en un contexto tan tecnificado como es este, ponen a disposición de las Instituciones todo su saber hacer, con la misma voluntad y espíritu de colaboración que ya han demostrado en anteriores ocasiones.