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85.- EDITORIAL Las autopistas de la información y la Unión Europea. Desde hace ya algunos años, el sector de las Telecomunicaciones, y de una forma más amplia el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), está siendo considerado como un sector clave para el desarrollo de las sociedades modernas. Ya el Libro Verde para la Comunidad Europea preveía que alcanzase un nivel del 7% del Producto Interior Bruto para el año 2000. Queda poco para iniciar un nuevo siglo y nos encontramos en momentos que no permiten ser optimistas, pues, lejos de alcanzar este nivel, existe una fuerte tendencia a la baja en todo el mundo occidental dentro de una crisis económica generalizada. Por desgracia, la consideración de este sector como estratégico ha provenido fundamentalmente de posiciones tecnócratas, posición en la que la clase política jamás ha creído, ni ha mostrado ningún interés a la hora de plasmarla en sus prioridades de actuación. Mientras que esto sucede, es decir, mientras que en la Unión Europea seguimos sin mostrar interés suficiente en el desarrollo y consolidación a nivel mundial del sector de las telecomunicaciones, otros competidores fuertes, como USA, lo están considerando como un factor clave para el desarrollo económico de la sociedad moderna. Corremos, de seguir así, el peligro de perder la posición de privilegio en un mercado en el que, al día de hoy, podemos demostrar una capacidad de liderazgo en el mercado mundial. Con la llegada de Clinton y su equipo a la presidencia de los Estados Unidos, se empieza a estructurar un discurso político diferente en lo que se refiere al papel de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad moderna. Lo que es definitivamente diferente, es la identificación de unos sectores claves, basados en tecnologías avanzadas, que actuarán como motor del desarrollo económico. No es casualidad que el sector de las telecomunicaciones sea uno de los principales sectores identificados como motor de la nueva economía americana. En su discurso político, Clinton-Gore plantean una ambiciosa estrategia basada en la creación de las llamadas superautopistas de la información, conscientes de que, igual que las autopistas y los ferrocarriles fueron un factor clave en el transporte de mercancías para el desarrollo económico de este siglo, aquéllas lo serán para el siglo XXI, pues transportarán el nuevo producto básico para el desarrollo de las sociedades avanzadas: la información. Existen otros aspectos de interés que florecen de este nuevo discurso, como las ayudada a la comercialización y el uso de las aplicaciones creadas al amparo del desarrollo de las autopistas de la información, utilizando para ello el enorme potencial de la propia Administración Pública como gran usuario capaz de generar una importante demanda, utilizándola con carácter ejemplificador. Este reto, liderado por la nueva administración americana, supone, de hecho, una importante amenaza para la industria europea de telecomunicaciones. Ante ello, la Unión Europea ha respondido con la elaboración de un Libro Blanco sobre “crecimiento, competitividad y empleo”, identificando las redes transeuropeas de información como un eje clave de desarrollo. Sin embargo, mucho nos tememos que sea ésta, una vez más, una posición tímidamente asumida por los tecnócratas de Bruselas, pero difícilmente comprendida y creída por las clases políticas de los respectivos países de la UE. De ser así, significaría la pérdida de competitividad de la industria de telecomunicaciones, que pasa por ser una pieza clave del rompecabezas económico europeo. La apuesta de países avanzados por un proyecto de desarrollo de infraestructuras de comunicaciones de gran capacidad, nos parece una idea políticamente novedosa y un discurso diferente e imaginativo que posibilitará una más rápida salida de la actual crisis económica mundial. Estos planteamientos políticos surgen a los dos años de la presentación del Plan Anual de Telecomunicaciones para España, y son de tal trascendencia que aconsejan su revisión en profundidad, de forma que se incorporen nuevas líneas de actuación y una mayor participación de los poderes públicos, que permitan jugar a nuestro país el papel que le corresponde en el contexto europeo y colaborar activamente en la recuperación de un continente en el que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones serán claves.

86.- EDITORIAL No perdamos el norte: se trata de generar riqueza. Sin lugar a dudas, la política económica impuesta machaconamente durante más de una década resulta, actualmente, valorada por la sociedad española como, al menos, equivocada y culpable de la calamitosa situación por la que atraviesa nuestra industria. La política macroeconómica practicada, esa que ahora se llama “del pelotazo”, y el consiguiente establecimiento de unas condiciones artificiales que sólo buscaban hacer nuestro país atractivo a las inversiones extranjeras especulativas, condujeron al sistemático desprecio hacia la potenciación de nuestras propias capacidades en una especie de suicidio industrial colectivo, al que han supervivido pocas empresas, y del que ahora sufrimos las consecuencias. Se trata, por desgracia, de una situación que pocos denunciaron cuando tenía remedio, pero que, ahora, cuando quizás sea un poco tarde, y paradójicamente, está motivando ríos de tinta. Las opiniones que unos y otros vierten, sin embargo, tienen algo en común: corren el peligro de quedarse en palabras, sin pasar al terreno de los hechos. Obvian lo más importante, lo que debería constituir cualquier punto de partida: que el objetivo fundamental no puede ser otro que la generación de riqueza en nuestro país. Ser capaces de rentabilizar la cadena ciencia-tecnología-industria por donde en esta última década ha fallado: la utilización de nuestro mercado, en su más amplio concepto, empezando por el público, para que nuestros desarrollos acaben en nuestras industrias, y se genere producto propio con qué suministrar los servicios que nuestra sociedad demanda. Este es nuestro auténtico reto. Se trata, en definitiva, de lograr que lo que gastemos se dirija hacia nuestras empresas, y de evitar que nuestras inversiones sirvan para generar tecnología y empleo en cualquier parte menos en nuestro país. Es aquí donde está la verdadera salida de la crisis, y esto es lo que continúa sin escucharse. Dudar, a estas alturas, que son nuestras empresas las que pueden dar trabajo a tanto desempleado, que éstas sólo podrán hacerlo si tienen contratos y pedidos que se lo permitan, y que estos deben salir de las necesidades individuales y colectivas de nuestra sociedad, es no entender todavía donde está el origen de nuestros males. Ni creer, por sistema, que lo que viene de fuera es mejor que lo nuestro, ni confiar a terceros el esfuerzo que nos corresponde a nosotros, han dado buenos resultados. La reciente experiencia de tanta empresa que, encontrando otros mercados más jugosos que los nuestros, que actualmente los hay, olvidan compromisos adquiridos, hacen las maletas y se van, debería hacernos reflexionar. Defender lo nuestro como lo hacen otros países, sin dejar, por ello de colaborar en la construcción de esa Europa unida que aún llevará años, es lo que echamos de menos quienes vemos día a día cómo se degrada industrial y tecnológicamente nuestro país. Probablemente, haya quien continúe pensando que éste es un mensaje trasnochado. Libre es de pensarlo, pero sinceramente creemos que es lo que nuestra sociedad demanda actualmente para salir de la crisis, o, al menos, para eliminar ese diferencial con respecto a los demás países que han provocado con su política quienes así piensan.

87.1.- EDITORIAL Los nuevos inversores en telecomunicaciones. Es un proceso de liberación de carácter irreversible, generado por los avances tecnológicos y la legislación comunitaria de la última década, nuestras telecomunicaciones van a jugar un papel aún más dinamizador de nuestra sociedad, cada vez más basado en el dominio de la información, que el que no hace mucho supuso contar con una red moderna de comunicaciones por carretera. Ahora, bancos, cajas de ahorro, compañías eléctricas, y empresas constructoras, normalmente asociados a empresas multinacionales de servicios, buscan con ahínco un lugar al sol en el reparto de una tarta que parece fundamental para la diversificación y expansión de sus intereses. Todos dicen tener, además, probada experiencia en esta área aunque, tal y como se demostró en las recientes jornadas organizadas en torno a el futuro de España en telecomunicaciones, todos reconozcan que “de anchos de banda, hertzios, y esas cosas”, saben bien poco. Vienen al olor de inversiones rentables, de un mercado emergente que producirá pingües beneficios, de acuerdo con las perspectivas que marcan diferencias análogas en países de nuestro entorno. Pero, dándole la razón a nuestro ministro de industria cuando señala que “no debemos ser ingenuos al liberalizar las telecomunicaciones”, conviene hacer algunas, pocas, matizaciones: es necesario llevar a cabo un proceso que sea planificado y predecible, tanto para los operadores como para la industria, que defina adecuadamente los servicios y la cobertura de la red, y no deje todo exclusivamente al mercado; debe efectivamente generarse empleo en España de forma significativa; ha de lograrse incorporar el máximo valor añadido español a la actividad de los nuevos operadores; y, finalmente, tienen éstos que contar con nuestros ingenieros para suplir esas carencias técnicas que los propios protagonistas reconocen. Con estas cuatro condiciones, desde estas páginas les damos nuestra más cordial bienvenida. Sin duda dinamizarán el conjunto del sector y la economía nacional, y tirarán de quienes sí saben de anchos de banda “y esas cosas”. De no estar regida su actividad, como nuevos operadores de los servicios de los que se trate, por estas premisas, desde estas mismas páginas se lo demandaremos.

87.2.- EDITORIAL “Resetear” nuestra sociedad. Quisiéramos llamar la atención sobre el actual espíritu de crispación e incertidumbre política tras el 12-J que, a nuestro juicio, domina la vida pública española, y la desconfianza entre los grandes grupos de intereses: políticos, trabajadores y empresarios. En los momentos actuales, parece difícil sostener que gobierno, oposición, sindicatos, empresarios y nuestra sociedad en general, estemos todos en el mismo barco, ése que constituiría nuestro país y la defensa de sus intereses. De estarlo, da la impresión de que cada uno reme en direcciones diferentes. Puestos los miembros de nuestras Juntas a reflexionar conjuntamente sobre el marco nacional en el que actualmente se desenvuelve nuestra vida pública, nuestra situación se nos torna en realmente desalentadora. ¿Puede salir adelante un país en el que los estamentos más significativos y vitales desconfían unos de otros tanto como sucede en España? ¿Puede evolucionar positivamente una sociedad en la que los políticos no creen en las capacidades de sus propios empresarios, éstos y aquéllos afirman que las organizaciones sindicales son una rémora para el progreso, y todos que la mayoría de nuestros políticos están corruptos, y son culpables de la “cultura del pelotazo” y de la crisis en que estamos inmersos? Independientemente de existan o no fundamentos para que unos y otros piensen así, ¿podemos pensar en entendernos en medio de este ambiente de desconfianza mutua como el que nos rodea? En términos electrónicos, tendríamos que “resetear” nuestro país y retomar la confianza de unos en otros. Un país sin tejido industrial propio, sin organizaciones modernas que defiendan los intereses de los trabajadores, y sin unos profesionales dedicados a la “res pública” que merezcan el respeto y la confianza de todos, difícilmente logrará vencer los importantes retos que el competitivo mundo en que nos movemos impone a sociedades como la nuestra. No se trata de un problema de ideologías. Se trata más bien de una incapacidad secular de tener fe en nuestras propias potencialidades, de buscar fuera lo que bien podríamos confiar a nuestra propia sociedad. Algo que, aunque de carácter histórico, debemos cambiar ya. Este es el auténtico cambio al que estamos llamados.

88.- EDITORIAL La facultad de certificar y el papel del ingeniero. El Real Decreto 119/31 de 8 de Enero, una vez definidas las competencias que el Estado asigna al poseedor del título de ingeniero de telecomunicación, concluye con dos artículos fundamentales, de los que se deduce que sólo hay dos alternativas para las actuaciones técnicas en que deba intervenir la Dirección General de Telecomunicaciones; o las realiza por sí misma, o las delega en el único colectivo legalmente facultado para ello, el de los ingenieros de telecomunicación. Así las cosas, surge en estos momentos, y con tintes de urgencia, el Proyecto de Real Decreto sobre Operadores Económicos, inspirado por un loable y necesario afán de reordenación, pero del que pueden derivarse consecuencias que transcienden el campo específico que pretende regular. Si llega a aprobarse en su estado actual, esta normativa hurtaría a nuestro colectivo la competencia exclusiva de certificar, otorgándola a los operadores a cambio de cumplir unos requisitos previos. En el Proyecto de Real Decreto al que nos referimos se percibe, a pesar de todo, la voluntad del legislador de conseguir para las instalaciones las más altas cotas de calidad, lo que merece todos nuestros respetos. Pero insistimos, existen detalles, que, de no modificarse, supondría nuestra primera cesión legal de competencias, cargando el proceso de una subjetividad, derivada de ser los propios operadores los encargados de la valoración de su trabajo, que llevaría a las instalaciones certificadas hacia niveles de calidad bien distintos de los que parece perseguir el propio Decreto. Si la DGTel considera que alguna de las instalaciones actualmente sometidas a certificación no debe estarlo, que cambie la normativa correspondiente. Si la DGTel considera, como nosotros, que es necesario comprometer más al instalador individual o a las empresas instaladores, regúlese mediante la exigencia de boletines de instalación, exíjanse las condiciones que se juzguen necesarias para realizar esta loable actividad. Pero la “certificación” es un acto que corresponde a la Administración –a sus ingenieros de telecomunicación- que puede delegar en esta entidad de Derecho Público, el COIT y sus ingenieros, pero en la misma empresa privada que realiza la instalación. En todo esto subyace, en cualquier caso, algo de mayor trascendencia: el papel que ha de jugar el ingeniero, como experto formado por la sociedad, en el funcionamiento de la misma. Existe, y resultaría absurdo no reconocerlo, un especial interés por incluir, entre las medidas liberalizadoras que el Tribunal de Defensa de la Competencia ha elegido como bandera, una supresión, en mayor o menor medida, de la actual misión de los Colegios Profesionales. A nuestro entender, para establecer que las reglas del mercado sean las que marquen, de algún modo, las relaciones entre profesionales, empresas y usuarios, sería un irreparable error atacar el papel que los Colegios Profesionales, en cuanto que entidades de derecho público y realizando labores que la propia Administración ha delegado en ellos. ¿Quién llevaría a cabo las labores de certificación y control que corresponde a los expertos en cada materia, en un sector donde la legislación, la normalización, y la reglamentación técnica de tanto nuevo servicio como va a existir en el futuro, está aún por hacer? Toda sociedad madura debe formar profesionales capaces de dirigir, modular y certificar, con los conocimientos adquiridos, las acciones que en la materia de que se trate asuma la colectividad, garantizando los niveles de calidad que de productos, sistemas, y servicios espera el ciudadano. Carece de sentido que, gastadas importantes cantidades en la tarea de formar técnicos expertos en telecomunicaciones, desaprovechemos sus capacidades para servir al conjunto de la sociedad, como pretenden algunos. Los ingenieros de telecomunicación se configuran en nuestra sociedad de la información como los profesionales capaces de afrontar los retos que están surgiendo, y quienes, con sus conocimientos y atribuciones den respuesta al usuario dentro de un entorno de servicios cada vez más liberalizado. Conforme avance el proceso de liberalización del sector, más necesaria será su regulación. Con los recursos humanos con que cuenta la DGTel será difícil vigilar el cumplimiento de las normas. ¿Por qué no hacer uso de los miles de ingenieros de telecomunicación distribuidos por toda la geografía nacional? ¿Por qué no apoyarse en el COIT, una entidad de derecho público, para regular una práctica profesional tan delicada?

89.1.- EDITORIAL Títulos académicos / títulos profesionales. ¡Regulación ya! En España estamos acostumbrados a establecer una conexión directa entre título universitario, colegiación y ejercicio profesional. Sin embargo, lenta e irregularmente, el legislador ha puesto en marcha un proceso de desvinculación entre titulaciones académicas y profesionales que está produciendo situaciones contradictorias y paradójicas, sin clave jurídica de solución, que, a corto plazo, desencadenarán conflictos de atribuciones verticales y horizontales entre las diferentes profesiones. En efecto, el primer hito del mencionado proceso se concretó en la Constitución Española cuando señaló, como competencia exclusiva del Estado, la “regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales”. La conjunción copulativa “y” abrió la posibilidad de títulos diferenciados. Por otro lado, nuestra Máxima Norma, al reconocer explícitamente a los colegios profesionales y otorgar a una futura Ley la regulación del ejercicio profesional, no sólo establece una conexión entre profesión y colegios, sino que agrandó la diferenciación entre las dos titulaciones: las profesionales las debe señalar el Parlamento mediante Ley, mientras que las académicas las determina el Gobierno mediante Decreto-Ley. La situación se ha complicado posteriormente en la medida en que el proceso de regulación del ámbito académico ha avanzado enormemente, mientras que apenas lo ha hecho en el ámbito profesional. Así, disponemos de un nuevo catálogo de titulaciones universitarias con una variedad y heterogeneidad muy superior a la de la época preconstitucional. Sin embargo, la conflictividad generada por el proyecto de Modificación de la Ley de Colegios Profesionales y por la Ley 12/1986 de 1 de Abril, que regula las atribuciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, parece haber asustado al legislador quien, como Pilatos, se “lava las manos” ante una situación que no puede o no quiere controlar. En el caso particular de las Enseñanzas Técnicas, nos encontramos en estos momentos con la curiosa paradoja de que las enseñanzas de primer ciclo (las superiores) no lo están. Un caso paradigmático que nos afecta directamente es el Ingeniero en Electrónica, cuyos primeros profesionales ya están ejerciendo sin ninguna atribución reconocida y, por tanto, sin posibilidad de ejercicio de libre de la profesión. Las dudas surgen por doquier. ¿Sólo las titulaciones antiguas heredaremos las atribuciones profesionales de la legislación preconstitucional? Como ello es imposible, ¿se crearán nuevos colegios profesionales? ¿Cuáles serán los criterios para repartir las atribuciones?; o, por el contrario, ¿todos podrán actuar en el ámbito de todos, aunque no posean la titulación académica idónea? ¿Quién garantiza al ciudadano que contrata al profesional libre más adecuado? ¿Serán los colegios profesionales, como en los países anglosajones, los encargados de dar las titulaciones profesionales? La impresión general es que el legislador pretende ir hacia el “modelo anglosajón”, más acorde con las directivas de Bruselas, por la vía de limitar las competencias de los actuales colegios y retrasar la creación de nuevos. Sin embargo, no parece tener fuerzas para llevarlo a cabo y, lo que es peor, no plantea otras alternativas convincentes para regular el ejercicio libre de las profesiones. En este contexto, el caos que se puede producir en los próximos años irá en perjuicio de los ciudadanos y mermará el prestigio de los colegios profesionales. Naturalmente, la situación no se puede mantener. En nuestro caso, muy pronto tendremos la presión de los egresados de las Escuelas de Telecomunicación que imparten el nuevo título, sobre todo aquéllas, como las de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se convirtió la antigua especialidad en Electrónica del titulo de Ingeniero de Telecomunicación, en la nueva titulación de Ingeniero en Electrónica. El COIT y la AEIT darán a conocer su postura en su momento. Somos conscientes de que las soluciones deben ser de carácter general y que son el Ejecutivo y el Legislativo quienes deberán decidir cuáles son las más adecuadas. Pero nos creemos obligados a declarar que, en nuestra opinión, la peor regla es la que no existe. Por tanto, y a pesar de las dificultades y conflictos que será necesario superar, urge que se regulen todos estos aspectos y que se haga desde una perspectiva moderna y adaptada a la realidad de nuestra sociedad. Nos jugamos mucho en ello.

89.2.- EDITORIAL Cuestión de Estado. Desde hace más de un año, los profesionales del sector de las telecomunicaciones veníamos solicitando una definición del Gobierno sobre la forma de abordar el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España. Hace poco, el propio Presidente del Gobierno hizo público el acuerdo del Consejo de Ministros que fijaba, por fin, el cómo éste iba a llevarse a la práctica. El acuerdo es, ante todo, un conjunto de compromisos sobre las fechas de algunos de los principales hitos del camino que nos llevará de la actual situación hasta la emblemática fecha de 1998, en la que se liberalizarán los servicios de voz y datos y las infraestructuras. De este conjunto de compromisos, destacan, con todo, dos de ellos, que significarán avances en la ordenación de nuestras telecomunicaciones de especial importancia: el segundo operador nacional de redes y servicios de telecomunicación y la regulación de la televisión por cable. Poco se puede decir al respecto, salvo celebrar la existencia explícita del plan y solicitar celeridad en el cumplimiento de la actuación comprometida, de la que todos, pero especialmente los profesionales del sector, debemos estar pendientes.

90.- EDITORIAL Al final, ganamos todos. Se celebraron el pasado 10 de Enero las elecciones para las juntas directiva y de gobierno del Colegio y la Asociación, marcadas por una participación superior al 25%, lo que supone, sin duda, algo desconocido hasta la fecha entre la mayor parte de las organizaciones profesionales y, por descontado, entre las ingenierías. A ello ha ayudado tanto el que, por primera vez desde hace más de una década, haya habido más de una candidatura donde elegir, como el proceso de gradual concienciación de nuestro colectivo sobre el creciente protagonismo que los telecos tenemos en la sociedad y el papel que nuestras instituciones jugarán para que ello se lleve a la práctica. Hemos pasado en pocos años, y de esto empezamos a tener todos conciencia, de ser una profesión minoritaria a ser protagonistas de primera fila de la sociedad de la información y la tecnología, y ello de forma creciente e imparable. El número de profesionales, que ya es significativo, y los conocimientos que al final de nuestros estudios poseemos, nos otorgan una responsabilidad social de la que debemos responder y ello dependerá, en gran parte, de lo que en el futuro hagan las juntas recién elegidas. El enfrentamiento al que hemos asistido durante el ejemplar proceso electoral, ha constituido un éxito compartido por todos: candidatos, mesas electorales y el conjunto de la profesión. Los componentes de las nuevas juntas deberán dirigir sus esfuerzos, durante los próximos cuatro años, al cumplimiento de lo prometido en su programa electoral, en la seguridad de que sus actuaciones serán seguidas en detalle por quienes le votaron. Una tarea apasionante en un momento como el que vive nuestro sector, que será imposible sin la colaboración de todos.