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LAS TELECOMUNICACIONES, CLAVE EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Cada día millones de personas se desplazan utilizando distintos medios de transporte público o privado: automóviles, autobuses, trenes, metros, aviones, barcos, etc.. De lo seguro que sean estos sistemas de transporte depende la vida de las personas que hacen uso de ellos. Los sistemas de telecomunicaciones juegan un papel cada vez más importante para contribuir a aumentar los niveles de confort y seguridad, y evitar posibles accidentes; tanto que, sin ellos, en muchas ocasiones, los medios de transporte no podrían ni siquiera llegar a funcionar. El empleo de las telecomunicaciones permite superar las barreras que imponen los sistemas mecánicos, aumentando la eficiencia de la red. Mediante los sistemas de localización (p.e. GPS) es posible determinar la posición de cada vehículo, tren, barco o avión y controlar toda una flota, y gracias a los sistemas de comunicaciones móviles se puede mantener una comunicación permanente de voz, datos y vídeo con las unidades. Pero las exigencias que se piden a los sistemas de seguridad son cada vez mayores y los sistemas de telecomunicaciones que se utilizan más complejos y sofisticados. En los grandes y complejos proyectos de transporte, en los que intervienen distintas ramas de la ingeniería, el carácter multidisciplinar es un elemento clave y de garantía de éxito para su desarrollo. Por ello, hemos de recordar, una vez más, que el modo de garantizar que las telecomunicaciones se desarrollan de forma precisa y técnicamente correcta es que se acometan en su diseño, dirección y supervisión y certificación final por expertos cualificados, por quienes tienen los conocimientos adecuados, los ingenieros de telecomunicación, y que en el proceso de garantía de calidad de estos trabajos, y según recoge nuestra legislación, intervenga el Colegio Profesional correspondiente, el COIT, en su fase de visado técnico. Al igual que hacen en otros temas con otros profesionales, los grandes proyectos ferroviarios, y más en concreto, los de la Red de Alta Velocidad Española (AVE), a través del organismo gestor correspondiente, actualmente el GIF, han de contar, para los proyectos de telecomunicaciones, con la intervención del facultativo competente, del ingeniero de telecomunicación, en la redacción y firma responsable de los proyectos de telecomunicación que integran la red AVE y solicitar al COIT los informes de seguimiento de los proyectos de ejecución actuales y futuros como garantía de cumplimiento normativo y de calidad y seguridad en el proceso de ejecución de las infraestructuras. Las Juntas COIT/AEIT están trabajando porque así sea y ya se han puesto a disposición de todos los organismos gestores del despliegue de las infraestructuras de transporte, viarias, etc , para lograr este objetivo y alcanzar las más altas cotas de bienestar que demandan los ciudadanos.

Nuestro país ha sido pionero en la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), pero ello no se ha traducido aún en realidades. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información está decidida a dar un definitivo impulso a la Televisión Digital Terrestre, lo que va a traer consigo indudables efectos positivos para el desarrollo completo del sector audiovisual en España. Se trata de una tecnología que permite un mejor aprovechamiento del espectro y, por tanto, la ampliación del número de canales disponibles, mejora de la calidad de las señales de televisión recibidas y la apertura al mundo de los servicios interactivos, en la que el usuario podrá participar utilizando este medio de una manera diferente. El proceso es, a nuestro juicio, de tal trascendencia para nuestro país, que este Colegio Oficial considera necesario concentrar todos los esfuerzos en este cambio a la tecnología de transmisión digital, para garantizar al sector que el “apagón” de la televisión analógica actual se lleve a cabo cuanto antes. Pero es necesario que ese proceso de cambio y adaptación que ahora se abre, se realice con todos los mecanismos técnicos, administrativos y normativos que garanticen el éxito de estas medidas. Se trata de apostar clara y definitivamente por la introducción de la TDT como tecnología de presente, lo que traerá, como consecuencia, el mejor aprovechamiento de los recursos de espectro radioeléctrico que podrán ser utilizados en éste y otros servicios. Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que haber aprendido de experiencias pasadas, y evitar que, cuando pasemos al día a día, y se desarrollen las normas y los procedimientos que después dimanen, se reproduzcan, en el mundo digital, las incertidumbres que existieron en el analógico. El valor y el rigor del proyecto técnico que habrán de redactar las empresas adjudicatarias, será, de nuevo, referencia fundamental a la hora de medir la calidad del servicio ofrecido. Además, este Colegio quiere destacar que la recepción de televisión en España se realiza mayoritariamente en hogares que forman parte de edificios de comunidades de propietarios o urbanizaciones cuyas instalaciones de antena colectiva (anteriores a la entrada en vigor de la normativa de ICT y que forman un parque de viviendas muy elevado en número) no se encuentran, en su gran mayoría, adaptadas técnicamente para recibir este conjunto plural y variado de nuevas programaciones de TDT. Va a ser necesario abordar la adaptación de instalaciones de las antiguas antenas colectivas para que soporten tanto la recepción digital como la analógica hasta que se produzca el cambio definitivo. Desde un punto de vista técnico, se plantea una situación que es necesario abordar cuanto antes, para garantizar la recepción por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo contrario podría generar el rechazo masivo a la implantación de la TDT, y su fracaso. El concurso de ingenieros de telecomunicación es la mejor garantía de éxito del proceso y de traslado de tranquilidad hacia los gestores de las comunidades de propietarios, los administradores de fincas y, por ende, a los usuarios. El COIT está, y estará siempre, dispuesto a prestar la máxima colaboración para que todos los objetivos que hoy están sobre la mesa para impulsar la TDT en España, sean, lo antes posible, realidad.

Liderar la Sociedad de la Información Ô Acabamos de celebrar los 150 años de la promulgación de la primera ley de telecomunicaciones, en la que Isabel II autorizaba al Gobierno a establecer "un complejo sistema de líneas electro-telegráficas que enlazaran las principales provincias españolas", lo que supuso, para nuestro país, el nacimiento del telégrafo. Desde entonces, 1855, hasta ahora, han pasado muchas cosas. El mundo es otro. Lo es, entre otras cosas, gracias a la permanente aportación de la ingeniería y su influencia en la vida de todos. Muy recientemente, a finales del siglo XX, la digitalización ha dado paso a nuevos mercados y servicios que, al tiempo que hacen difícil cualquier comparación con los tiempos en que nació el telégrafo, abren expectativas de futuro cuyas consecuencias son impredecibles, para las que hay que estar preparados. Vivimos en otro modelo de sociedad, básicamente soportada por la tecnología, que necesita, para su permanente impulso y mantenimiento, de profesionales de nuevo cuño preparados y formados para ello. No es posible, como pretenden de forma interesada algunos, construir la sociedad del siglo XXI con profesionales y estructuras pensadas en y para el siglo XX, con expertos que carecen, porque tienen otros, de los conocimientos que la Sociedad de la Información exige. Son ahora los ingenieros de telecomunicación, que hace 150 años nacieron para garantizar el telégrafo en España, los que, con sus conocimientos, han de soportar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nos toca a nosotros por el simple hecho de que estamos preparados para ello. Vive nuestro colectivo, estos últimos años, una tarea que tenía pendiente. Está abandonando el papel subsidiario generalizado que nos caracterizaba, y está inmerso en la creación de empresas de ingeniería centradas en las telecomunicaciones y la infotecnología. Gabinetes de telecomunicación, ya en número superior a trescientos, que conforman esa red de conocimiento y soluciones que nuestro país necesita para asegurar su incorporación a la Sociedad del Conocimiento. Ingenierías dirigidas por ingenieros de telecomunicación emprendedores, complementarias a las que tradicionalmente se encargaron, y se encargan, de las tecnologías propias del siglo XX. Ingenierías que se ocupan del desarrollo de aplicaciones y servicios, desde las nuevas tecnologías mirando al siglo XXI, para empresas e instituciones de su entorno geográfico, y para el beneficio de los ciudadanos. Empresas que son la mejor garantía de calidad para todos. No existe otro camino: en las sociedades avanzadas se apuesta por la especialización y por confiar en los expertos con los conocimientos adecuados para resolver cada problema. Si en la sociedad industrial la garantía de calidad y servicios la aportaban otros profesionales para ello preparados, en la sociedad digital, soportada por las nuevas tecnologías, el peso de esta responsabilidad ha de recaer en los ingenieros de telecomunicación. Este es el reto de nuestra profesión, que tenemos que asumir todos, para beneficio de todos. Nosotros, continuando la apuesta por la calidad, la excelencia y el trabajo bien hecho, los primeros.

LOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN SE ADAPTAN AL NUEVO ENTORNO En dos años, los que van desde la última consulta que presentaba una profesión con desempleo y un desánimo palpable en 2002, al actual PESIT, el perfil y los parámetros básicos del ingeniero de Telecomunicación han sufrido un cambio significativo. Así nos lo muestra el último estudio socio-profesional –PESIT VI (2004)– recientemente presentado. El desempleo y, más concretamente el paro, ha descendido a cifras que pueden caracterizarse como de “pleno empleo”. Se produce, sin embargo, una sensible pérdida de la calidad misma, tanto en la modalidad contractual como en el poder adquisitivo, circunstancia que probablemente sea general de todos los ámbitos y no específica de los ingenieros de Telecomunicación. Además, la profesión se ha rejuvenecido gracias a las incorporaciones de jóvenes ingenieros de las distintas universidades, y hay una mayor presencia de ingenieras de Telecomunicación, pues el número de mujeres se ha incrementado sensiblemente y llega al 13% de la profesión colegiada. Finalmente, se ha producido una mayor diversificación de los profesionales en todos los sectores económicos y ha aumentando el espíritu emprendedor de los ingenieros de Telecomunicación y la creación de microempresas, gabinetes y oficinas técnicas alcanzando el 10% de profesionales por cuenta propia. Por primera vez, las cifras de profesionales empleados en sectores no específicamente tecnológicos, lo que podríamos llamar el sector de usuarios de las TIC, adquieren un volumen lo suficientemente significativo, al haberse incrementado un 7% en dos años; fenómeno especialmente notorio en algunos territorios de la geografía española. Ello supone que sigamos estando en el “núcleo del sector” (65%) pero que, además, nos estemos convirtiendo en verdaderos protagonistas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento al ir diversificando nuestra presencia en otros entornos profesionales. Si hay algo que está caracterizando nuestra profesión en los últimos años, es la capacidad de adaptación a este nuevo entorno. Nos estamos convirtiendo en profesionales dinámicos, presentes en todos los ámbitos de una sociedad cada vez más marcada por las tecnologías. Esto nos permite afrontar el futuro con optimismo. Sin embargo, llama la atención el todavía pequeño porcentaje de profesionales que optan por dirigir su carrera profesional a la Administración Pública. Tan sólo un 14%, de los cuales prácticamente la mitad desempeñan su actividad en la Universidad. Y, finalmente nos preguntamos, siguiendo los resultados del PESIT VI, por qué los ingenieros de Telecomunicación no están más presentes en política. Quizás, porque como dice Shimon Peres de los buenos políticos, “se saben cada minucioso detalle, sin perder de vista el cuadro general”, y nosotros todavía, por formación o por la juventud de la profesión, seguimos demasiado absortos por los “minuciosos detalles”. En conjunto, buenos resultados para una profesión que cada día consolida su papel como expertos responsables de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

SE ACABÓ EL CONFLICTO, O ZAPATERO A TUS ZAPATOS El Proyecto de Ley para el impulso de la Televisión Digital Terrestre aprobado recientemente en el Congreso, establece en su artículo quinto una modificación del Real Decreto-ley 1/1998 sobre ICT, que define que el proyecto de ICT deberá ser firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación. Vuelven, pues, las aguas al cauce del que fueron sacadas por la decisión en marzo del Tribunal Supremo, que había estimado el Recurso de los ingenieros industriales, de forma que cualquier ingeniero o ingeniero técnico de la rama industrial podría proyectar sistemas de ICT. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación se congratula de esta decisión, para la que se ha contado con una gran unión en el sector. Hasta el pasado mes de marzo, los diferentes gobiernos desde la promulgación de la normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación reconocieron a los ingenieros de telecomunicación, junto a los ingenieros técnicos de telecomunicación de la especialidad correspondiente, como los únicos competentes para el diseño y la realización de las ICT, pese a que siempre hubo un continuo enfrentamiento con los ingenieros industriales, quienes llevaron el caso a los tribunales. Tras haber obtenido resoluciones desfavorables a sus tesis en instancias inferiores, el Tribunal Supremo, en el mes de marzo, estimó el Recurso de los ingenieros industriales en base al principio de reserva de ley que establece la Constitución sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, entendiendo que únicamente puede ser el legislador quien establezca que determinadas materias deben ser ejercidas por una profesión concreta. A consecuencia de ello, cualquier ingeniero o ingeniero técnico de la rama industrial podría proyectar sistemas de ICT. Semejante dislate ha sido formal y definitivamente superado, cumpliendo lo que los jueces pedían. Así, el Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, aprobado en el Congreso y en espera de su publicación en el B.O.E, recoge, en su artículo quinto, la modificación del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Lo modifica en varios extremos, entre los que se incluye expresamente que el proyecto de ICT “deberá ser firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación. Estos profesionales serán, asimismo, los que certifiquen la obra”. “El Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la TDT recoge que el proyecto de ICT deberá ser firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación” Se trata de un conflicto, definitivamente resuelto ahora, que no debía haberse producido nunca. Por la simple razón de que los ingenieros industriales no tienen los conocimientos necesarios, porque tienen otros, para proyectar y dirigir las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, ni ningún proyecto de telecomunicaciones. Se llega a esta evidencia utilizando el único medio posible: el contenido de su plan de estudios, en el que brilla por su ausencia cualquier asignatura dedicada a las telecomunicaciones. Sólo habíamos llegado a semejante absurdo porque estamos ante una profesión, la de los ingenieros industriales, que se considera a sí misma, producto de sus competencias de ¡1935!, como una profesión de amplio espectro, con el derecho a estar en todas partes, lo soporten, o no, sus conocimientos actuales. Una sociedad avanzada como la nuestra requiere que cada trabajo lo proyecten y ejecuten los expertos que, de verdad, tengan los conocimientos adecuados, aquellos adquiridos en la Universidad que distinguen unas profesiones de otras. El debate real es, en definitiva, si, en el siglo XXI, con la imparable evolución de la tecnología de las últimas décadas, puede aún sostenerse, como podía hacerse a principios de siglo pasado, que exista una titulación que sepa de todo. O si, por el contrario, debemos asumir la realidad, y reconocer formalmente que ello es, con carácter general, imposible en un mundo marcado por la especialización y la complejidad, en el que los grandes proyectos requieren de la participación específica de expertos altamente cualificados de diferentes titulaciones, en igualdad. En cualquier caso, conviene destacar, en la solución de este conflicto para el caso de las ICT, la unión que ha existido en el sector. Primero, el COITT tuvo los reflejos necesarios para presentar, después de su elaboración conjunta con nuestro Colegio, la propuesta de enmienda a los Grupos Parlamentarios para su consideración, por lo que, gracias a ello, estuvo entre las 100 que se presentaron a la Ley en el Congreso. Después, la SETSI, convencida de la bondad de su contenido y de lo justo y necesario de nuestras aspiraciones, garantizó e hizo posible su permanencia a lo largo del proceso parlamentario, el buen término final y la incorporación al texto de la Ley de la enmienda en cuestión. Unión que se concreta también en las cartas y llamadas de apoyo recibidas de los agentes del sector constatando su preocupación porque las telecomunicaciones se abrieran a quienes no tenían los conocimientos adecuados. Nuestro agradecimiento a instaladores, asociaciones empresariales y de usuarios de internet. De vuelta las aguas a su cauce, es la hora de continuar con el trabajo de calidad y la apuesta por la excelencia que los ingenieros de telecomunicación hemos venido manteniendo; la de impulsar, colaborando con la SETSI, nuestras ICT para que incorporen cada avance tecnológico que se produzca y se extiendan al hogar digital del futuro. Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación “Una sociedad avanzada como la nuestra requiere que cada trabajo lo proyecten y ejecuten los expertos que tengan los conocimientos adecuados, aquellos adquiridos en la Universidad que distinguen unas profesiones de otras”

PLAN DE CONVERGENCIA ¿LA ÚLTIMAOPORTUNIDAD? Los indicadores económicos evidencian, más que nunca las carencias que, en materia de competitividad, tiene la sociedad española para hacer frente a un futuro en el que un factor de producción sobre el que se apoyan las economías avanzadas es la información y el cono-cimiento. La Ponencia sobre la Convergencia elaborada en el marco del Consejo Asesor de Telecomunicaciones (CATSI), en la que el Colegio ha participado activamente, insiste en este hecho. Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones van a seguir desempeñando un papel muy activo en la generación de ganancias de eficiencia en una economía crecientemente glo-balizada, mejorando la asignación de recursos y potenciando las posibilidades de crecimiento. Sin una mayor intensidad tecnológica, el crecimiento a medio plazo de la economía españolase encuentra seriamente amenazado. El futuro del bienestar de los españoles y del incremento de la renta por habitante a través del correspondiente crecimiento en la productividad depende, esencialmente, de la intensificación de la inversión y del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo ello, sin olvidar la importancia que tiene la existencia simultánea de las re-formas necesarias en otros ámbitos de la economía para que estas tecnologías desplieguen todo su potencial. Sobre la economía española pesan serias amenazas si no se acelera la inserción en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El sector exterior, la ampliación del déficit de la balanza comercial y por cuenta corriente, y el muy pronunciado descenso en los flujos de inversión di-recta extranjera, dan cuenta de la rápida erosión de las ventajas competitivas basadas en los costes relativamente reducidos del factor trabajo. Los atractivos de España como localización de inversiones de valor añadido pueden verse seriamente cuestionados si no se produce esa aceleración. Esta situación requiere acciones y compromisos que nos permitan reducir la distancia que nos separa de los países de nuestro entorno. España está creciendo, pero otros lo hacen más deprisa. Si no somos capaces de ofrecer condiciones similares, seguramente perderemos oportunidades y seremos menos atractivos al establecimiento de empresas en nuestro país. Para acelerar la inserción de España en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, en este contexto, son necesarias muchas y diversas actuaciones, todas ellas recogidas en el informe final de la Ponencia. De ellas, son especialmente importantes tanto la existencia de un liderazgo activo del Gobierno y del conjunto de las Administraciones Públicas, tal y como se ha producido en la totalidad de los países avanzados, como la dedicación de recursos suficientes para abordarlas iniciativas y los planes de desarrollo que van a acompañar a estos planes. Estamos ahora ante una experiencia, liderada por Emilio Ontiveros, que ha contado con una amplia y activa participación de los agentes del sector, sin exclusiones, y que ha elaborado un informe final en el que hay rigor y consenso. Si las recomendaciones que allí se recogen son respetadas e incorporadas en las actuaciones de los gobiernos de la nación, central, autonómicos y locales para la presente legislatura y se les dota de los recursos necesarios, habremos contribuido a dar un impulso serio al desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento tal y como están haciendo los países de nuestro entorno. La responsabilidad política es tremenda, pues si no abordamos el reto ya con la voluntad y la determinación política y colectiva necesaria, perderemos, una vez más, el tren de la competitividad. El tiempo, que pone a cada uno en su lugar, dirá si hemos sido capaces de aprovechar esta nueva oportunidad, que puede que sea la última.

El gigante francés de telecomunicaciones, France Telecom (FT),está a punto de asumir, después de hacerse con la mayoría de lasacciones de la compañía española Amena, la gestión y el control denuestro tercer operador de telefonía móvil, que pasará del verde bri-llante al naranja intenso. Este hecho, unido a la actual presencia de FT en España en telefo-nía fija e Internet, a través de Uni2 y Wanadoo, respectivamente, supo-ne una importante presencia activa de un “big player” europeo global,la del incumbente de nuestra vecina Francia, en un país ajeno, el nues-tro. Muchos piensan que esta nueva situación supondrá una mayor competencia, con el consiguien-te beneficio final para el usuario, y se felicitan por ello. Aunque este argumento será probablemen-te, aunque no necesariamente, cierto, conviene recordar que la competencia ya existía con Amenaen este sector. Pero, por encima de la apertura de los mercados están las reglas del juego, pues FT sigue tenien-do al Estado francés como accionista más que significativo. Y se mantiene esta singularidad en contra de las recomendaciones emanadas de la ComisiónEuropea, asumidas en su día por los estados miembros, incluido el francés, para fomentar la com-petencia en un mercado donde las iniciativas privadas lideren el desarrollo de las telecomunicacio-nes europeas, cuestión que, ahora sí, influye de manera importante en los intereses de nuestro país. Muchos de los estados miembros de la UE no asumen que es imposible la competencia efectivay real en este sector con empresas significativamente participadas por el propio Estado, que no dejade ser juez y parte. Pero si esto es, en sí, preocupante, más lo es que estas empresas salgan a com-petir con ventaja con empresas privadas a países ajenos. Que es exactamente lo que está pasando. La realidad ha demostrado una vez más la capacidad del Estado francés de intervenir de formaartificial en su mercado, impulsando y apoyando abiertamente a su operador con fondos públicoscuando ha considerado oportuno. Lo hizo cuando France Telecom estaba prácticamente en quiebratécnica mediante una ampliación de capital soportada por todos los ciudadanos franceses. Y, denuevo, lo hace con la compra de Amena, en un momento en que la empresa francesa acumula unadeuda de enorme relevancia, cuestiones ambas que difícilmente hubiera asumido cualquier empre-sa privada que lo hubiera intentado. En definitiva, FT actúa de una forma en que Telefónica difícilmente podría. Y ambas van a com-petir en el mismo mercado, el nuestro. Como corresponde a un país que sí ha hecho sus deberes, el Gobierno español poco puede hacerformalmente para impedir la compra de Amena sin romper los compromisos adquiridos de respetoa las reglas del juego europeas. Por eso, dando ejemplo en este sentido, se dio por enterado de laoperación y decidió no intervenir. La conclusión de este proceso nos lleva a la dura convicción de que existen países que parecenno desear el mercado único europeo en telecomunicaciones. Con situaciones como éstas puede concluirse que la responsabilidad de la Comisión Europeaqueda, al menos, comprometida. No tiene sentido perseguir con ahínco las acciones de oro quealgunos Estados ejercen quizá con excesivo rigor y permitir, distrayendo la mirada, que haya paísesmiembros de la UE que mantienen fuertes presencias accionariales en sus operadoras de telecomu-nicación. La Comisión Europea debería revisar el grado de cumplimiento de sus recomendaciones en estamateria y mantener, con eficacia si puede, que las reglas de juego sean las mismas para todos. De otra forma, nunca llegaremos al objetivo de un mercado plenamente liberalizado o, lo quees peor, será ocupado de manera poco justa e ineficiente por quienes mantienen políticas abierta-mente proteccionistas para sus empresas. Al menos, deberíamos tomar nota para el futuro que, ahora sí, nos va a ir mucho en ello.

¿Será la buena? Tras las elecciones de marzo de 2004, y ante la evidencia de que cada día que pasaba, más se degradaba la situación, se reinició el debate en torno a qué actuaciones debía emprender nuestro país para no quedar más descolgado en su incorporación a la Sociedad de la Información. Para ello, el Parlamento español había pedido la redacción de un plan, a elaborar durante 2005, y el nuevo Gobierno se puso manos a la obra, con la creación, entre otras actuaciones, de un grupo de trabajo, en el seno de la de la Comisión Asesora de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuya presidencia se le encargó al catedrático Emilio Ontiveros, quien dio entrada a todas las instituciones y agentes del sector que tuvieran algo que aportar, y quisieran hacerlo. Probablemente por vez primera, no se convocó a un grupo “selecto” de expertos, sino a todo el sector, con lo que las conclusiones y recomendaciones han surgido del trabajo permanente y sostenido de todos. Se trata, por tanto, de la opinión de lo que se debe hacer “desde” el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que le da al proceso un valor especial que conviene destacar. De todo ello, y con gran parte, aunque no todas, de las recomendaciones del grupo de trabajo, el Gobierno dio luz verde recientemente al plan Avanza para el periodo 2005-2010. Se trata de un plan que garantiza la existencia de recursos disponibles, el tiempo dirá si suficientes, a disposición de las actuaciones en él recogidas, y que contempla la inevitable modificación de la legislación existente para adaptarla a los nuevos tiempos, pues la redacción actual de muchas leyes y normativas impide la utilización activa de las nuevas tecnologías. Nace quizá todavía sin ese necesario impulso personal explícito desde la mismísima presidencia del Gobierno, que sí ha tenido la I+D+i, lo que le convertiría en una de las más importantes iniciativas de nuestro Ejecutivo. Pero, aunque podría y debería ser mayor es, sin duda, la más importante apuesta que nuestro país ha hecho hasta la fecha por recuperar posiciones en Europa en la utilización de las Tecnologías de la Información. Siempre se ha relegado el impulso de este hipersector, dándosele una mayor importancia estratégica otras cuestiones de estado. Pero, por desgracia, se ha llegado a un momento en el que el valor de la tecnología es tan importante para la economía y la productividad de los países que sería un tremendo error volver a perder esta oportunidad. Ha llegado la hora de poner el hombro y ayudar, lograr entre todos que esta sea la buena y, al tiempo, exigir, porque el esfuerzo ha sido y será colectivo, que lo que el plan compromete se cumpla. Que se garanticen medidas de control y seguimiento, que se valoren los resultados y el cumplimiento de objetivos. Y que nadie se dé por enteramente satisfecho porque, teniendo en cuenta lo que nos separa de la media europea y el enorme esfuerzo que supondrá acercarnos a los primeros, podría y debería haberse ido más lejos. Que nunca se den por suficientes los recursos asignados, que deberían haber sido más, pues objetivamente, las inversiones necesarias en este sector para que cumplan con su papel vertebrador de la economía y la sociedad son, comparativamente, mucho menores que las que se necesitan en otros, y mucho más rentables. Nuestro Colegio ha trabajado con los demás agentes del sector, y con el Gobierno, con lealtad y con intensidad. Podemos decir, con orgullo, que los objetivos se han alcanzado, y que ello ha sido posible con la aportación de todos, sin exclusiones. Así que ahora, manos a la obra porque, probablemente, no tendremos muchas otras oportunidades como esta para ir en la buena dirección.