TRIBUNA Reflexiones en torno a una mesa redonda Francisco Jiménez Eusebia Delegación del Gobierno en C.T.N.E. Los días 6 y 7 de diciembre se celebró un seminario, organizado por FUNDESCO, para tratar del futuro de las telecomunicaciones. Aunque no he podido asistir a las sesiones, la mesa redonda con que finalizó me pareció particularmente interesante, porque los ponentes representaban un amplio espectro de la Administración, e iban a ser moderados por un hombre de la Compañía Telefónica. Conocía ya a tres de los ponentes, Joaquín Osa, Javier Nadal y Manuel Lázaro. Los dos primeros, Ingenieros de Telecomunicación, son buenos profesionales, altamente cualificados y situados en lugares preferentes para observar el cambio de nuestro sector y desde allí ejercer de animadores en el sentido que más convenga al país. Creo que lo están haciendo bien yme interesaba escucharles. La parquedad de palabras, largueza de conocimientos y ponderación de ideas de Manuel Lázaro me parecieron prometedoras. De Valeriano Muñoz no tenía referencias. Representaba a Economía y Hacienda, cuyas posturas ante las telecomunicaciones sí me son conocidas. En cualquier caso no vendría mal un contraste. As pues, decidía asistir y, ciertamente, no quedé defraudado. Las cosas que allí escuché, y las que dejé de oír, me parecieron materia importante para ser traídas a estas páginas. LAS PONENCIAS Valeriano Muñoz centró intervención en demostrar que las telecomunicaciones son el sector del futuro y citó un Estudio sobre Sectores de Futuro en España, el Plan Electrónico e Informático y el hecho de que la empresa pública es un instrumento de gran poder en las actividades del país. Como empresas públicas consideraba a RTVE y a CTNE. Javier Nadal desarrolló su tesis de que las telecomunicaciones adoptan históricamente una de dos figuras O explotación por el Estado o concesión. España es un caso singular, dijo, porque el Estado renuncia a su capacidad normativa y CTNE se rige exclusivamente por criterios de rentabilidad. Propuso una modificación de esta estructura y fijó ocho objetivos 1. Crear una Administración de Telecomunicación. 2 Fijar un marco flexible separando los aspectos jurisdiccionales y de competencia de los de explotación. 3. Explotación en régimen de monopolio de aquellos servicios que sólo sean rentables en tales condiciones, o que asi lo aconsejen razones estratégicas de interés nacional. 4. Explotación en régimen de competencia para los servicios de valor añadido. 5. Liberación de terminales de transmisión de datos y telex. 6. Reforma de la fiscalidad, que actualmente es injusta. l.~ Separar la industria de los servicios y desarrollar una tecnología nacional. P. Preparación para nuestro ingreso en la C.E.E. Joaquín Osa nos habló de frustraciones padecidas por los profesionales de la telecomunicación y debidas a que la Administración de Telecomunicación no acaba de ser una realidad, uniéndose a esto, que es el principal problema, el de la falta de un ordenamiento claro y estable y el de que más de un 80 de la inversión en telecomunicaciones está en manos de una compañía privada, como la Telefónica, cuyo capital está casi en un 53 en poder de particulares. Como soluciones apuntó la creación de un órgano controlador adecuado dentro del marco de la L.O.C. Citó la imposibilidad de hacer nada en el campo de la Normalización y Homologación, porque, dijo, ia Base 1d del Contrato de la CTNE con el Estado establece que los Reglamentos Técnicos y de Servicio de esta Compañía serán aprobados a propuesta suya. Manuel Lázaro comentó la rápida evolución en tecnología electrónica en general y de telecomunicaciones en particular y el creciente ritmo que es de esperar en lo futuro. Estamos pasando, dijo, de una empresa de mano de obra intensiva a una empresa de capital intensivo. Analizó la situación de la C.E.E., donde los mercados están muy controlados y donde se está realizando una acción en común que ha conseguido ya aunar esfuerzos en I D. Con vistas a nuestro ingreso en la C.E.E. aconsejó un cambio de política hacia NH, ID y reconversión. Afirmó como esencial la planificación de la demanda para ajustar a ella la oferta y recalcó la importancia que da el PEIN al desarrollo de la tecnología, citando como instrumentos de la máxima importancia las acciones que en él se prevén a través de la CAICYT y del CDTI. Nos contó que actualmente hay más recursos que peticiones y concluyó diciendo que el papel que han de jugar las pequeñas y medianas empresas es muy importante. EL COLOQUIO Hubo intervenciones buscando ahondar un poco más en el problema industrial que podría plantear, al sector telecomunicaciones español, nuestro ingreso en el Mercado Común. Lázaro mantuvo la necesidad de profundizar en Normalización y Homologación, porque nuestro ingreso en la C.E.E. va a encontrar un marco muy avanzado en este aspecto que puede impedirnos, o al menos hacer difícil, nuestra presencia industrial. El hecho de que, en los países de la Comunidad, sea obligado adquirir como mínimo el 10 de la oferta nacional de telecomunicación dentro del país no encuentra paralelo entre nosotros. El avanzado nivel de N H alcanzado por la Comunidad es una excelente línea defensiva que nosotros deberíamos imitar. Como era de esperar no tardó en aparecer el escándalo de algunos por la osadía de Valeriano Muñoz al calificar de empresa pública a CTNE. Mantuvo su afirmación Valeriano y dijo que, si era verdad que casi el 53 del capital está en manos privadas, no es menos cierto que la mayoría simple la tiene el Estado, a través de la cual asegura la toma de decisiones que Economía y Hacienda está informada perfecta y puntualmente de la gestión de CTNE, a quien se considera integrada en el PAIF como una empresa pública más y que, además, el propio contrato con el Estado arbitra procedimientos de control que la hacen tan próxima a la figura de empresa pública que su calificación como tal no comete error apreciable. Sobre los procedimientos de control por parte del Estado se citó a la Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España y su derecho al veto, establecido en la Base 8a de las del Contrato. Pero aparecieron nuevamente los lamentos de un veto que no se ha ejercido nunca, por parte de una Delegación del Gobierno infradotada y sin capacidad material de ejercer control alguno. Se formuló también la afirmación de que la CTNE sólo busca rentabilidades, insinuándose cierta dejación deservicio. REFLEXIONES Cuando alguien mencionó en tono festivo que el derecho al veto del Delegado o Delegada del Gobierno no se había ejercido nunca, Valeriano Muñoz dijo que eso sería porque nunca había hecho falta. Es cierto que nunca se ha ejercido el derecho al veto y es cierto también que nunca ha hecho falta, pero no es menos cierto que, en ocasiones, lo que sí ha existido es la posibilidad comentada de este veto, y ello ha motivado la retirada de algún punto del Orden del Día del Consejo de Administración. Posiblemente lo que más extrañeza me causa sean las intensas y reiteradas menciones al afán de rentabilidad de CTNE. Si la Telefónica adopta un esquema empresarial de sociedad anónima, en unos Estatutos que son anteriores al Contrato de Concesión, no es lícito que busque entre sus fines la rentabilidad. Si en los esquemas de financiación de la Compañía Telefónica no existen más aportaciones del Estado que las que éste decida voluntariamente, como accionista, no tendrá que buscar la financiación necesaria a través de la rentabilidad de sus instalaciones Otra cosa es que se pretenda aflorar la inexistencia de una inquietud de servicio, ahogada por ese afán de rentabilidad. A este respecto conviene recordar que, en el cuatrienio 19831986, se preveía dedicar al área rural más de 72.000 millones de pesetas, de ellos 30.000 en extensión del servicio y TRIBUNA. 42. en automatización. Un 9 de la inversión total 3,7 en extensión y 5,2 en automatización destinada a instalaciones de nula o escasa rentabilidad. Es aquí, donde la CTNE no encuentra incentivos adecuados a su iniciativa inversora, donde debe acudir al Estado, a través de sus legítimos órganos de control, a movilizar los mecanismos previstos que enderecen el rumbo deseado para los servicios. La Delegación del Gobierno en la CTNE así lo ha entendido, y hay que decir que su escasa dotación, apuntada en el coloquio con ciertos tonos derrotistas, no le ha impedido lograr que la Compañía Telefónica respondiera positivamente a su persistente control activo de creación de zonas urbanas, de manera tan significativa como lo demuestra el siguiente cuadro de realizaciones Tras un arranque poco ilusionado por parte de CTNE para la aplicación de la Orden Ministerial de 31 de octubre de 1978 sobre atención de la demanda del servicio telefónico en extrarradios y zonas rurales, que sólo se entendió por algunos sectores como un alivio corsé impuesto por el concepto de centro telefónico íntimamente asociado con el de central, Compañía ha aceptado las indicaciones de la Administración en la forma creciente que antes se ve, y que cobra mayor realce cuando se considera lo que la propia Delegación del Gobierno dice en su Memoria de 1983 Resulta de estos datos que el esfuerzo realizado por la Compañía Telefónica Nacional de España, no inferior al de 1982 en términos económicos, como ya hemos señalado, está centrado sobre un asentamiento de población menos concentrada, y probablemente también socialmente más desfavorecida, como parece desprenderse del hecho de que con mayor inversión por zona urbana se consigan menos abonados y resulte afectada una mayor población. Debemos añadir que la Delegación del Gobierno ha venido insistiendo en su apreciación de que no considerará adecuados los programas de constitución de nuevas zonas, mientras no alcance al menos las 150 anuales y en este sentido la Compañía Telefónica ha incluido ya en sus programas de 1984 y 1985, 144 y 153 zonas respectivamente. El esfuerzo de control que el Estado ejerce a través de la Delegación del Gobierno se extiende a otros aspectos. Así el Real Decreto 121881, de 5 de junio, sobre extensión del servicio público telefónico en el medio rural promulgado a iniciativa suya las Resoluciones dictadas por la Delegada del Gobierno para que la Compañía Telefónica aceptara la consideración de zonas urbanas en dos ocasiones en que aquélla se lo negaba la Resolución de 15 de marzo de 1984, sobre cambios de Distritos de Tarificación, o las intervenciones habidas en numerosos casos de este tenor, hablan suficientemente de que el control que se pregona sí se está ejerciendo y, podríamos decir, que en mayor medida de lo que las escasas dotaciones de la Delegación del Gobierno permitirían esperar. No podemos abandonar el tema en que nos encontramos sin destinar un comentario, siquiera sea de pasada, al nuevo Real Decreto sobre extensión del servicio telefónico, aprobado en Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1984, porque también se mencionó en el coloquio con tintas poco esperanzadas. Conozco profundamente su gestión y puedo afirmar que su promulgación se debe exclusivamente al terco empeño de la Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España, conocedora de las limitaciones, unas veces reales y no tanto, del marco legal en que se movía la extensión del servicio telefónico. En agosto de 1983 estaba preparado un borrador que fue sometido a comentarios de primera instancia. Siguió una etapa de improperios o, más seriamente, de estudio. La tercera etapa fue el maratón, allá por junio pasado. La cuarta el afinamiento, con la intervención de otros órganos de la Administración que habrían de expresar su opinión. La quinta su aprobación final. El nuevo Real Decreto consolida los derechos adquiridos por Disposiciones anteriores fija unos límites más racionales para las zonas urbanas da participación a las Comunidades Autónomas y a las Diputaciones en la planificación de CTNE hace incidir la población diseminada en la posibilidad de calificar como zona urbana, o de alcanzar un Teléfono Público de Servicio, a una determinada entidad establece que el Gobierno podrá ordenar la proporción de recursos destinados al medio rural en cada Plan Cuatrienal admite certificados de los Ayuntamientos a efectos de calificación de zona urbana, mientras que antes sólo se aceptaban los del I.N.E. habilita fórmulas para la instalación de teléfonos de extrarradio y elimina en todos estos casos la cuota de conservación que antes se aplicaba. Cierto que existirán subvenciones a CTNE desde las corporaciones autonómicas, provinciales o locales o por los propios interesados, pero a cambio aquéllas podrán decidir dónde se hallan auténticos intereses sociales desde la óptica autorizada de las responsabilidades para con sus administrados y podrán proveerles de un servicio hoy imprescindible y para el que, de otra manera, se demoraría su disponibilidad por períodos tal vez inaceptables, debido a saturación de las posibilidades de gestión y financieras de CTNE. Capítulo aparte merece la capacidad normativa del Estado, tan negada en la reunión. Si he de ser sincero habré de decir que yo nunca he visto merma alguna de esa capacidad que no venga exclusivamente de la escasa dotación humana que se dedica a tales labores, más bien podría dibujar un marco de estrecha colaboración de CTNE cuando desde la Administración se la ha requerido para ello, lo que no quiere decir que aquélla no defienda sus legítimos intereses hasta donde sea dado, pero la profesionalidad de los responsables de la Administración es la que debe marcar el punto de equilibrio definitivo que exige el bien del país. Por último, no quiero terminar estos comentarios sin referirme a una afirmación de Manuel Lázaro Hemos de realizar una buena planificación de la demanda. Y es esta afirmación de la demanda, lo que me hace detenerme en algunas consideraciones finales. Planificar la demanda es hacer expresas las necesidades, en este caso, de servicio telefónico y ajustar la oferta de un determinado período a esas necesidades. En la Compañía Telefónica Nacional de España existe una larga tradición de planificación, siempre partiendo de una demanda de servicios, en base a la cual se diseña una oferta modulada por la voluntad de avanzar. Los planes cuatrienales de la Compañía siguen en esa línea, sin embargo queda desdibujada la situación de demanda en tal medida que no se sabe bien si se está ante un ejercicio puramente voluntarista, y esto es lo peligroso. Un análisis de la demanda de servicios es lo que está pidiendo Manuel Lázaro y creo que eso merece, cuando menos, consideración. COLOFÓN En resumen diríamos que e panorama actual de las telecomunicaciones es éste 1.— Economía y Hacienda acepta como buena la situación actual. 2. A Industria le preocupa la escasa protección que España tiene ante su ingreso en la C.E.E. y recomienda actuar N. H, 1 D y planificación. 3. Transportes, Turismo y Comunicaciones lamenta su escasa capacidad normativa y de control y espera la L.O.C. como posible remedio. 4. C.T.N.E. se esfuerza por ofrecer una imagen abierta y de colaboración. 5. La Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica desarrolla una eficaz labor con medios muy limitados. 6. Existe una exacerbada tendencia a identificar telecomunicaciones con Compañía Telefónica.