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El Gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que tiene como objetivo principal transponer al derecho español el contenido de las directivas que configuran el nuevo marco regulador europeo para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. El texto propuesto refleja bastante fielmente, en general, la regulación europea y deja varios puntos abiertos para su concreción posterior en reglamentos, lo que puede ser una buena técnica legislativa pero crea un elevado grado de incertidumbre y por tanto no mejora la seguridad jurídica. Aprovecha también para poner orden en el entramado de competencias y reguladores que actúan sobre diferentes aspectos en el sector y aunque se producen avances al clarificar los objetivos y competencias de cada uno de los tres reguladores actuales (CMT – MCyT – MEconomía) y se evita crear otro nuevo, como habría sido la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, todavía se está lejos del objetivo deseable de un único regulador con una capacidad de intervención limitada a casos específicos. Uno de los aspectos dónde la Ley de Telecomunicaciones debería avanzar decisivamente es en la eliminación de las diferencias respecto a otros sectores de servicios públicos en el tratamiento del Servicio Universal y de las obligaciones de Servicio Público para acabar con la singularidad española, que es única en el mundo. En efecto, el sector de las telecomunicaciones sigue estando claramente discriminado respecto a otros sectores básicos como el suministro eléctrico, o de agua, soportando a costa del propio sector obligaciones de extensión de servicio a cualquier zona o usuario sin límite en el coste de provisión de servicio. Aunque está previsto un mecanismo compensatorio para los costes extraordinarios globales netos, en realidad este mecanismo no se ha puesto en marcha hasta el momento y Telefónica soporta en solitario una carga que ahora se quiere aumentar forzando la sustitución del TRAC para usuarios que no precisen comunicación de datos, sin tiempo para poder optimizar los costes de la solución técnica. Por otra parte, aunque se hubiera puesto en marcha, la legislación actual establece que sea el propio sector, es decir todos los operadores, los que soporten esta carga. Resultaría más proporcionado, en línea con la situación de otros países europeos limitar las obligaciones de prestación de servicio hasta una nivel de coste unitario razonable soportando la diferencia el usuario final, para lo que podría contar con subvenciones similares a las existentes para mejoras de vivienda, turismo rural, explotaciones agrarias, generación de energía solar, etc. Esta situación es doblemente injusta en un sector que necesita los recursos para el desarrollo de los nuevos servicios e infraestructuras de la Sociedad de la Información. Sí el Gobierno y el Parlamento consideran necesaria la persistencia de estas obligaciones, a pesar de no existir dicha obligación en otros sectores con necesidades más básicas, deberían ser los fondos públicos los que financien esta extensión de servicio, posibilidad que se ha eliminado en la últimaÔ BIT 137 ENE.-MAR. 07 2003 El anteproyecto de LGT es mejorable Necesidad de un cambio de enfoque para las telecomunicaciones en Europa Luis Lada Director General de Estrategia Corporativa y Regulación de Telefónica, S.A lu Opinión El nuevo marco europeo se diseñó con unos objetivos ambiciosos y compartidos por la industria y los usuarios.redacción del anteproyecto. Tampoco está claro que las obligaciones de servicio público que se impongan y que produzcan un coste neto, vayan a ser compensadas a los operadores, en un entorno en que también se incrementan los requerimientos derivados de la seguridad nacional y de la colaboración internacional. Un aspecto positivo tanto en la ley como en las directivas europeas es la amplia liberalización del régimen de licencias y autorizaciones para prestar servicios y explotar redes, aunque en la práctica el régimen anterior no constituía una barrera importante, como lo demuestra el elevado número de títulos habilitantes concedidos y de operadores con actividad en el mercado. El tema central del nuevo marco regulatorio tanto en la LGT como en las directivas europeas es la regulación de los operadores con peso significativo en el mercado y de los mercados en competencia. Es en este aspecto dónde los objetivos no coinciden con las realidades y dónde se requiere un giro significativo hacia la desregulación de los mercados, la desaparición progresiva de la intervención ex-ante y la aplicación de las normas de la competencia, de la misma forma que se realiza en otros mercados. En todo el anteproyecto legislativo no aparecen objetivos claros en este sentido, ni plazos de tiempo para la desaparición de la regulación intervencionista aplicada actualmente. Siguiendo el marco europeo, se fuerza la existencia de la competencia mediante una fuerte regulación del mercado con el riesgo de que se extienda este modelo a otros mercados emergentes o en expansión, en aras de un principio de neutralidad tecnológica mal aplicado. Este no es un problema exclusivo de la legislación española, sino que es el modelo de las directivas europeas, que apartándose de los objetivos declarados, amenaza con ser una rémora para el desarrollo de las inversiones en el sector. Por otra parte, la ley debería premiar la iniciativa eliminando expresamente la capacidad de los reguladores para limitar cualquier tipo de oferta comercial que no sea predatoria; establecer los mecanismos de salida del mercado para los operadores que lo deseen, con el mismo grado de libertad que se establece para su entrada en el mercado y limitar la capacidad de las administraciones locales para frenar el desarrollo de determinadas infraestructuras (caso de los móviles) o para desvirtuar la competencia con recursos públicos aplicados a determinadas infraestructuras. El nuevo marco europeo se diseñó con unos objetivos ambiciosos y compartidos por la industria y los usuarios. Planteaba la necesidad de abordar una etapa basada en la convergencia de redes y servicios, con una progresiva menor intervención regulatoria, para conseguir que sean las leyes generales de la competencia las que regulen el sector. Se planteaba también la problemática de la diferente regulación del mundo de las telecomunicaciones, de Internet y de los contenidos y la competencia en este entorno convergente, apuntando a una regulación tecnológicamente neutra, eliminando la regulación existente e introduciendo únicamente regulación si se demostraba que existían fallos perdurables en el mercado, así como la ausencia de alternativas viables, es decir, la regulación debía ser una excepción y no la norma principal, como ocurre en la práctica en estos momentos. El planteamiento y los objetivos declarados eran consecuentes con el impulso necesario para desarrollar la Sociedad de la Información. Sin embargo, en la implementación práctica se está tomando el camino equivocado. Cuando se habla de regulación tecnológicamente neutra, en lugar de disminuir la regulación de los sectores más regulados, lo que se hace es incrementarle en los sectores menos regulados, como es el caso de la telefonía móvil o de los servicios de acceso de banda ancha. Se insiste en la reducción de precios y se introduce una doble regulación para, en teoría, fomentar los accesos de banda ancha. En la recientemente aprobada recomendación europea sobre mercados relevantes, la Comisión Europea insiste en regular el DIFERENCIAS ENTRE OBJETIVOS Y MEDIDAS REGULATORIAS EN EL MARCO EUROPEO BIT 137 ENE.-MAR. 08 2003 lu Opinión La discrepancia entre los objetivos identificados para impulsar la Sociedad de la Información y su implantación práctica tiene su origen en la falta de valentía inicial de las instituciones europeas para abordar un cambio de modelo.BIT 137 ENE.-MAR. 09 2003 mercado mayorista de ADSL además del mercado de acceso al bucle de abonado desagregado, cuando hubiera sido suficiente con la regulación del acceso al bucle en las zonas donde el cable no esté desarrollado para asegurar la competencia en banda ancha. Esta discrepancia entre los objetivos identificados para impulsar la Sociedad de la Información y la implantación práctica de los mismos tiene su origen en la falta de valentía inicial de las instituciones europeas para abordar un cambio de modelo, reduciendo las modificaciones a la introducción de un modelo regulatorio flexible que permitiría, en teoría, aumentar o disminuir la regulación en función del grado de competencia en cada mercado. El paquete regulatorio mantiene la persistencia de todas las medidas actuales hasta que el regulador decida que hay competencia y, además, extiende el concepto de acceso mediante la posibilidad de regular el acceso a cualquier facilidad del operador que se considere con poder significativo de mercado. Esto supone, en la práctica, la persistencia y extensión del modelo actual de fuerte regulación del operador dominante y el régimen de ayudas regulatorias a los operadores virtuales y oportunistas, que, como ha demostrado la experiencia, no favorecen la inversión e innovación que precisa este sector, sobre todo en mercados emergentes como los de banda ancha fija y móvil. La Comisión Europea en su 8º Informe sobre la Implementación del marco regulatorio, saca unas conclusiones positivas sobre la evolución del mercado, achacando los problemas del sector a causas ajenas a la regulación y, en base a esto, se propone profundizar en la política regulatoria actual, extendiéndola a sectores en los que dicha política intervencionista no estaba implantada. El análisis que realiza de la situación del sector en su conjunto es engañoso y las conclusiones del mismo serían muy LA COMISIÓN EUROPEA NO RECONOCE LA REALIDAD DEL SECTOR Y PERSISTE EN LOS ERRORESdistintas si se analiza la evolución de los servicios más regulados y de los menos regulados y cuáles son los que han contribuido de manera efectiva al crecimiento del sector. Según el informe de la Comisión Europea, el mercado de telecomunicaciones alcanzó los 23 billones de euros en 2002 y creció en su conjunto entre un 5% y un 7%, habiéndose ralentizado respecto a 2001, que creció un 9.5%. Sin embargo lo que no dice el informe es que este crecimiento ha sido debido fundamentalmente al mercado de la telefonía móvil, cuyo modelo competitivo se basa en la competencia entre distintas plataformas y en el, que hasta el momento, no se han introducido los mecanismos regulatorios de ayuda a operadores virtuales que desincentivan la inversión. El mercado de la telefonía fija europeo, al igual que ocurre en España, se encuentra estancado con crecimientos muy bajos o negativos, a pesar de la introducción de un modelo regulatorio teóricamente dinamizador, pero que, en realidad, lo que ha conseguido es una reducción de precios, tanto mayoristas como minoristas, alejada de la evolución de los costes, que deja sin márgenes de actuación y sin incentivos a la inversión a todos los agentes implicados. Otro aspecto muy significativo a tener en cuenta es el importante descenso de la inversión en redes y servicios que se ha producido en España y en toda Europa y que es denunciado por las asociaciones sectoriales, según han planteado los principales operadores y fabricantes europeos a la Comisión Europea. El informe de la Comisión tampoco analiza este hecho y se limita a seguir la evolución del número de operadores y de las cuotas de mercado, sin tomar en consideración las dificultades económicas por las que atraviesan la mayoría de los operadores de redes fijas, y lo que es peor, no analiza la sostenibilidad de un modelo que disminuye sistemáticamente los márgenes y desincentiva la inversión. Dado que las conclusiones que obtiene sobre el desarrollo del mercado son positivas, en clara contraposición con el sentimiento del mercado y con el de los inversores, y al no analizar las necesidades futuras, la Comisión deduce que las medidas regulatorias son las adecuadas y que lo que debe hacerse es profundizar en las mismas, lo que parece más una justificación de su actuación pasada que la base para definir un modelo que asegure un futuro mejor. El debate actual sobre la normativa europea está desenfocado, ya que se basa en analizar el pasado y tomar medidas en función de este análisis, en lugar de centrarse en analizar como promover la inversión en un nuevo escenario distinto, que ya se está desarrollando, dónde la clave no es la evolución de la cuota de los operadores en cada servicio, sino la competencia entre distintas plataformas tecnológicas por un mercado de servicios y contenidos que está por desarrollar. El mercado actual de los servicios de voz se lo disputan los operadores de telefonía fija y móvil, y en el futuro todos los operadores de datos e internet ofrecerán voz sobre IP. De la misma forma, la principal competencia de un proveedor de ADSL o de las plataformas digitales por satélite, son los operadores de cable. Este es el escenario que hay que promover con una competencia entre plataformas tecnológicas, lideradas por operadores que inviertan y que si tienen éxito obtengan su recompensa, junto con los proveedores de contenidos o los agentes que han colaborado en el desarrollo del mercado. Y éstos no están sujetos a regulaciones cambiantes que pretendan sostener intermediarios que no aportan valor añadido. El marco actual difícilmente va a producir los efectos deseados, ya que, en lugar de analizar este escenario general y ver cuáles pueden ser los aspectos que, temporalmente, pudieran frenar el desarrollo de la Competencia, regulando exclusivamente los recursos y facilidades esenciales no replicables, se fija en analizar múltiples mercados muy estrechos para ver si existe competencia efectiva según unos criterios subjetivos y tomar medidas ex ante, de la misma forma que se tomarían si se hubiera demostrado que un operador o agente del mercado hubiera abusado de su posición de dominio en el mismo. En este modelo de regulación, los operadores que tienen una posición significativa en el mercado se convierten automáticamente en “sospechosos” y se les aplica una fuerte regulación, que elimina cualquier incentivo para mejorar su eficiencia. Se trata, por tanto, de un error de principio, que debería subsanarse tanto NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ENFOQUE EN EL MARCO REGULATORIO lu Opinión BIT 137 ENE.-MAR. 10 2003 El debate actual sobre la normativa europea está desenfocado, la clave es la competencia entre distintas plataformas tecnológicas por un mercado de servicios y contenidos que está por desarrollar.en el planteamiento general como en las medidas a aplicar, ya que una vez que se toma este camino, se crea una gran incertidumbre, se da lugar a divergencias importantes en la aplicación de la regulación a nivel nacional y algunos reguladores van más allá en las ayudas a los competidores, con medidas extremas como es el caso de la coexistencia de interconexión por capacidad y por tiempo, de la doble regulación de los servicios mayorista y minorista de ADSL, o la implantación del denominado bucle de abonado virtual, en el que se utiliza toda la infraestructura de acceso y conmutación del operador regulado para que un operador que compite con él, proporcione un servicio a un precio establecido por el regulador. Estos son ejemplos de medidas que se han establecido en España y que incluso se mantendrán en el nuevo marco legal recientemente presentado. Este marco desincentiva la inversión de todos los agentes, ya que obliga a los operadores con poder significativo a trasladar los beneficios de la innovación o las mejoras en productividad a sus competidores, vía servicios mayoristas, lo que, a su vez, no favorece que los nuevos operadores asuman riesgos. Por otra parte se vienen trasladando a los usuarios los excedentes de consumo vía precios minoristas regulados, todo lo cual incrementa los riesgos del negocio mucho más que en cualquier otra actividad sujeta a las lógicas incertidumbres tecnológicas. Mientras no se resuelve este problema, los inversores seguirán dando la espalda al sector que más ha contribuido a mejorar la competitividad de los países. A pesar de todas estas medidas, existen múltiples quejas de los nuevos entrantes sobre la situación del sector, reclamando más ayudas regulatorias. También hay quejas y presiones de otros agentes proveedores de servicios y de contenidos para que se reduzcan los precios de los accesos a la red, sin tener en cuenta que el acceso es un negocio que requiere un retorno razonable para que pueda sostenerse con la calidad y las inversiones necesarias. Por último, no deben olvidarse la grave situación por la que pasa la industria de fabricantes de equipamiento y los instaladores, dada la importante reducción de las inversiones. Debe tenerse en cuenta que el debate regulatorio sobre el marco necesario para desarrollar los nuevos servicios está abierto también en otros países, como es el caso de EEUU, dónde hay una tendencia clara a modificar la regulación del acceso y se plantea la evolución al escenario de competencia entre plataformas tecnológicas. En ese país hay iniciativas concretas para no obligar a los operadores locales a compartir los recursos de ADSL con otros operadores y para reducir la regulación de determinadas facilidades de acceso, manteniendo la obligación básica de acceso al bucle de abonado e incentivando a los operadores entrantes para que desarrollen sus propios servicios sobre estas infraestructuras básicas. Se considera que el recurso esencial, hoy en día, puede ser el bucle de abonado, pero no las tecnologías que puedan desarrollarse sobre él. En un futuro próximo, cuando estén más desarrolladas otras alternativas, incluso el bucle de abonado podría no ser un recurso esencial, tal como ocurre en las áreas con fuerte implantación de los operadores de cable, lo que implica asumir como relevante cada uno de los mercados urbanos. Una vez superada la etapa del monopolio en Europa, la solución para incentivar el desarrollo de los nuevos servicios que requiere la sociedad está en pasar cuanto antes a una nueva etapa, en la que prime la libertad de empresa, la inversión y en definitiva el beneficio del usuario, que tendrá acceso a más y mejores servicios con una mínima intervención regulatoria, dejando a las autoridades de competencia que actúen con un modelo similar al existente en los sectores innovadores y competitivos. BIT 137 ENE.-MAR. 11 2003

Hace casi cinco años ya que las telecomunicaciones españolas se abrieron a la competencia. A lo largo del período transcurrido, el proceso ha seguido un camino zigzagueante, con éxitos y contratiempos. El primer Gobierno Aznar, y muy especialmente el Ministro Arias-Salgado y el Secretario General de Comunicaciones, Villar Uribarri asumieron el reto de renunciar al plazo establecido por la Unión Europea para que España derribara las barreras legales que permitían a Telefónica ejercer un monopolio de derecho sobre este sector en España. El objetivo era acelerar la entrada de la competencia en un sector de gran importancia para el desarrollo tecnológico español. Los objetivos perseguidos apuntaban a crear un mercado en plena competencia de redes, servicios y aplicaciones que realizara una aportación significativa en la plena liberalización económica de España y en la modernización del tejido empresarial español. Los gabinetes políticos y los primeros niveles de la Administración bullían en aquellos años con ideas, planes y proyectos encaminados a integrar plenamente a España en los nuevos mercados, ampliando sin cesar los horizontes de oportunidad que se vislumbraban de crear un entorno de mayor crecimiento, más y mejor empleo, menor inflación, en definitiva, de catapultar a la Sociedad Española hacia una nueva frontera de bienestar. Las telecomunicaciones aparecían entonces como la puerta que abriría la senda del crecimiento económico, de la modernización de los hábitos de trabajo, de la tercera revolución tecnológica. Así, los nuevos operadores realizarían fuertes inversiones y los ciudadanos y empresas españoles asistirían al despliegue de nuevos servicios y, aplicaciones de telecomunicaciones cada vez a mejores precios. Fruto de la situación de los mercados financieros, ansiosos de invertir en nuestro sector, de los crecimientos sin límite del consumo de algunos servicios, y de las expectativas generadas, se inició un camino que despertó las mayores ilusiones, y una legión de profesionales, empresas e inversores se lanzó en frenética carrera a desarrollar iniciativas, ideas y proyectos de todo tipo, alentados por el entonces aparentemente inagotable flujo económico que llovía sobre el sector. El Gobierno puso al alcance de estos pioneros una pléyade de licencias, concesiones, autorizaciones y, por supuesto, de activos públicos, sobre todo del valioso y, según recoge la propia terminología legal, escaso espectro radioeléctrico. El objetivo principal consistía en abrir a la competencia un sector ávido de inversión y que debía permitir un rápido despliegue de las Tecnologías de la Información en España. Pronto aparecieron, sin embargo, las primeras tensiones en el modelo y aquellos grupos que inicialmente se zambulleron en la elaboración de ambiciosos planes de negocio, tropezaron con diversas dificultades. Seguramente el mayor, que el mercado no era tan elástico como se pensaba, ni la demanda tan inagotable como parecía. Pero otros, no menos inesperados pronto coadyuvaron a erosionar sus ambiciosos planes de negocio. Las Infraestructuras básicas de las Telecomunicaciones Eugenio Fontán Oñate Director de la Unidad de Telecomunicaciones de Fomento de Construcciones y Contratas lu Opinión BIT 139 JUN.-JUL. 6 2003 El despliegue de estas infraestructuras de corte clásico ha consumido gran cantidad de tiempo y dinero de los nuevos operadores de telecomunicación.Entre éstos, por ejemplo, las dificultades inherentes al despliegue de nuevas redes, sobre todo de acceso, o la negativa evolución de los mercados de capital. Pronto la confluencia de varios de estos factores comenzó a cobrarse las primeras víctimas. Pues bien, algunos de aquellos obstáculos con que entonces toparon aquellos que arriesgaron su tiempo, esfuerzo y dinero, aún permanecen incólumes en la actualidad. Las empresas de telecomunicaciones enfocan su actividad a la prestación de servicios avanzados, bien de voz o de datos. Mediante el empleo de redes fijas, móviles o mixtas, lo que les interesa es ampliar su base de clientes, aumentar la demanda de servicios y empezar a facturar de manera creciente. Pero para ello requieren la existencia de una infraestructura básica, más próxima a la obra civil que a la Tecnología de la Información. Me refiero, entre otras, a las zanjas, canalizaciones y sus construcciones accesorias. El despliegue de las nuevas redes de banda ancha se ha revelado como un proceso lento y costoso. Hay que gestionar permisos, realizar obras, tender tuberías y solo al final, desplegar las fibras ópticas e interconexionarlas. Si bien el objetivo es la creación de una oferta de nuevos servicios y aplicaciones, los operadores de telecomunicaciones han tenido que destinar la mayor parte de su esfuerzo inicial a tareas de obra civil que lo hagan posible y a ello han dedicado ingentes recursos económicos. El despliegue de estas infraestructuras de corte clásico ha consumido gran cantidad de tiempo y dinero de los nuevos operadores de telecomunicación. No hay sino que echar un vistazo a sus balances para comprender el enorme peso que esta inversión no estratégica ocupa en ellos. Y, a menudo, financiada con fondos ajenos. Al final, estamos hablando de fuertes inversiones destinadas a aspectos ajenos al corazón del negocio. Y para colmo, cada operador ha tenido que realizar las suyas. No es infrecuente encontrar en las calles de muchas ciudades españolas varias arquetas contiguas, cada una de ellas con el nombre de un operador de telecomunicaciones. Estas arquetas no son sino la parte visible de una enorme red de canalizaciones subterráneas infrautilizadas y multiplicadas por el número de operadores. Estas canalizaciones no tienen otra misión que permitir el tendido de fibras ópticas. En definitiva, cada operador ha tenido que establecer su propio despliegue, a menudo en paralelo con otros, y siempre creando molestias a los ciudadanos, que ven como un día sí y otro también sus calles están cortadas y sus aceras levantadas. Cabe preguntarse si tiene sentido tanto esfuerzo y si el tiempo consumido no ha contribuido a amplificar los problemas de una demanda escasa que contempla, desesperada, la lentitud en alcanzar las prometidas bendiciones de unas tecnologías que no terminan de llegar. Los Planes de Negocio de los operadores han tropezado con la dificultad física de desplegar redes, unas veces por razones financieras, otras por la dificultad de su coordinación con otros servicios públicos cuando no por la simple oposición de las autoridades municipales. BIT 139 JUN.-JUL. 7 2003 Cada operador ha tenido que establecer su propio despliegue, a menudo en paralelo con otros, y siempre creando molestias a los ciudadanos. Ô¡Cuánto esfuerzo el empleado por unas empresas cuyo negocio se centraba en la prestación de servicios avanzados y que han destinado una parte significativa de su inversión a zanjas y canalizaciones básicas! Este esfuerzo no ha beneficiado a nadie. No a los nuevos operadores, que si bien necesitan evidentemente desplegar sus redes de fibra óptica, no tienen interés alguno en multiplicar el número de canalizaciones ni sobrecargar sus pasivos con los créditos necesarios para ello. Tampoco a los usuarios, que sufren las molestias de las obras y los retrasos en el despliegue de nuevos servicios. España adolece de un claro atraso en el desarrollo de la Sociedad de la Información, si nos comparamos con el resto de los países europeos. Y los nuevos operadores se encuentran con dificultades que cuestionan su futuro. Es evidente que sólo con un sector fuerte y empresas dinámicas se puede pensar en salvar esta brecha. Esta era la idea subyacente en la liberalización y la apertura a la competencia antes mencionada. Es legítimo preguntarse si tiene sentido, en estas condiciones, seguir con un modelo en que cada operador tenga que construir y mantener la totalidad de la obra civil asociada a su despliegue de red. Los operadores móviles ya están planteando al Gobierno la posibilidad de compartir las infraestructuras necesarias. Para los operadores de servicios fijos existe una alternativa equivalente. Cabe plantearse, abiertamente, la idea de que cuantos activos asociados al despliegue de redes de telecomunicaciones no sean propiamente estratégicos para la prestación del servicio de telecomunicaciones puedan ser segregados del balance de los operadores, agrupados, valorados y sacados a subasta pública, en régimen de contrata de servicios como cualquier otro activo público gestionado por la iniciativa privada. Y sobre todo, que las nuevas inversiones que tienen que hacer se puedan diseñar teniendo en cuenta este modelo de gestión por terceros. No tiene sentido que los operadores de telecomunicaciones se dediquen a invertir en obra civil, cuando existen empresas que pueden hacerlo en condiciones de mayor eficiencia y que además entienden perfectamente un negocio a largo plazo, con gran inversión inicial y ajustadas tasas de retorno. Se conseguirían entre otras, varias ventajas. Permitir a los operadores dedicar su esfuerzo y recursos a aquellas actividades verdaderamente estratégicas. Atraer a este sector capitales y empresas ajenos al mismo, como constructoras y gestores de infraestructuras. Y, por último, una racionalización en la apertura de zanjas, canalizaciones y construcciones anexas. Estos días se deslizan incesantemente propuestas para dinamizar el sector de las telecomunicaciones, fomentar la inversión y volver a las tasas de creación de empleo y riqueza de hace unos pocos meses. Creo que merecería la pena considerar esta idea como una más entre las que persiguen el objetivo de reforzar el sector y aprovechar sus innegables atributos de dinamizador de todo el tejido económico y empresarial. lu Opinión BIT 139 JUN.-JUL. 8 2003 No tiene sentido que los operadores de telecomunicaciones se dediquen a invertir en obra civil, cuando existen empresas que pueden hacerlo en condiciones de mayor eficiencia

Cuando los fabricantes de equipos “están hasta el cuello”, los instaladores apenas ganan para sobrevivir, los usuarios se quejan, los operadores entrantes están reduciendo empleo y el operador incumbente está negociando una reducción de empleo (en estos momentos quizás ya lo haya hecho), las empresas valen en bolsa la mitad que hace unos años, los inversores que metieron dinero en telecomunicaciones, se lamentan amargamente por haberlo hecho y España está a la cola del desarrollo de la Sociedad de la Información, deberíamos pensar si el modelo de liberalización que hemos adoptado es el adecuado. Vistos los resultados, cualquiera diría que no, aunque a tenor de lo que nuestros responsables políticos y los de Bruselas dicen, parece que estamos en el mejor de los mundos. Según parece no hay apenas nada que cambiar, solo “mejorar la regulación”, a ver si Telefónica pierde algo más de cuota y mejora la competencia. Este sector es el más regulado que existe, pues hay tres reguladores y aquí todo el mundo regula. Parece que el regulador tiene “mala conciencia” de cómo van las cosas, y aumenta e incrementa su ritmo de regulación, para ver si algo se arregla. Lo que sucede es una especie de circulo vicioso. El regulador “aprieta” a Telefónica, ésta ajusta sus costes y baja sus precios, con lo cual el efecto pretendido que es el de facilitar la vida al entrante, no solo no se produce, sino que es el entrante el que a su vez debe volver a bajar los precios y claro está, las inversiones que hicieron (los que las hicieron), no se recuperan y vuelven a tener necesidad de reducir sus costes. El regulador vuelve esta vez no solo a imponer los precios sino también a limitar la acción comercial de Telefónica. Tras una tira y afloja, Telefónica se defiende, encontrando la manera de ofrecer al mercado algo diferente. El entrante tampoco da un servicio maravilloso, porque debe ajustar sus costes y no gana clientes o si los gana los vuelve a perder al poco tiempo. Resultado, el entrante se queja al regulador y éste idea una nueva limitación para Telefónica.....y así hasta ahora. Cuando en los años dorados del punto com, todo el mundo invertía en el sector, porque parecía que “ataban los perros con longaniza”. Teníamos a los bancos, constructoras, administraciones autonómicas, la RENFE, las electricas,....creando operadores y pidiendo licencias por doquier. Parecía que el sector era “el rey Midas”. Cualquiera podía iniciar una aventura empresarial y prometer “libertad” (la libertad ha llegado...), “amor” (vas a adorar el teléfono..), en fin todo tipo de grandes palabras y maravillosos sentimientos. Tras unos años de experiencia, la realidad es muy otra y el resultado es que si en lugar de invertir en telecomunicaciones, hubieran metido el dinero en una cuenta de esas que existen y que no menciono para no hacer publicidad gratuita, hubieran ganado algo y sobre todo no hubieran perdido “hasta la camisa”. Diríamos que ¿no ha ganado nadie?. Hombre, pues no, aparente- La liberalizacion de las telecomunicaciones o... ¡No es eso! Antolín Velasco Ingeniero de Telecomunicaciones En Telefónica de España desde 1975 lu Opinión BIT 140 AGO.-SEP. 6 2003 Pediría menos regulación y más inversión pública en infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente en donde están menos desarrolladas o simplemente no las hay.mente alguien ha ganado. Los precios han bajado y el cliente ahora puede elegir Operador. De lo que no estoy seguro es de si el cliente está ahora más satisfecho. Lo que es seguro es que está más confuso. En mis tiempos jóvenes, cuando subíamos las escaleras de General Arrando, criticando al decano del Colegio y preparando “el asalto al poder” decíamos que las telecomunicaciones eran un monopolio natural. Posteriormente cuando se inició la liberalización a dictado de Bruselas se nos olvidó esa frase. De hecho con la publicación del Libro Verde se inició una “voladura controlada” de ese concepto. El concepto de monopolio natural estaba ligado a la igualdad telecomunicaciones = infraestructuras. Nadie duda de que los aeropuertos o las vías férreas son infraestructuras. En las telecomunicaciones no está tan claro. Este sería un debate a retomar. Cuando se inició la liberalización algunos (los menos) invirtieron en infraestructuras y se han arrepentido o lo están haciendo en estos momento. Otros no invirtieron o apenas lo hicieron y se aprovecharon de las aparentes facilidades del modelo, aunque como hemos comentado tampoco les ha ido bien. ¿Tiene sentido competir en infraestructuras? ¿en cuales si y en cuales no? Todos hemos visto en los viajes por carretera tres antenas de móviles en numerosas lomas de toda España. En algunas calles de Madrid se cuentan por decenas las cámaras de registro de los operadores y mientras tanto Telefónica tiene obligación de dar servicio en cualquier localidad de España a un precio regulado y aun no se ha aplicado la compensación prevista en la ley. En este contexto parece que va a seguir habiendo “dos Españas”, una con exceso de capacidad y otra en la que será difícil que alguien invierta en las necesarias infraestructuras de telecomunicaciones, para el acceso a la anhelada Sociedad de la Información y del Conocimiento. Antes las cosas estaban más claras, pero ahora mismo la situación desde el punto de vista del negocio se ha vuelto mucho más compleja y parece que esa es la dirección futura. Todos los operadores más o menos venden lo mismo. Los móviles venden voz y datos. Los fijos venden voz y datos. Los móviles quieren apoyarse en servicios fijos. Los fijos quieren ofrecer movilidad. En fin, que hoy día lo relevante sigue siendo el cliente y el servicio que se le da y este servicio se le puede dar con tecnologías muy distintas. Lo que sí está claro es que ha habido diferentes raseros a la hora de aplicar los procesos de liberalización en distintos sectores. El caso del sector eléctrico, por ejemplo, me parece un modelo más ordenado. Al menos las empresas han recibido subvenciones en concepto de costes de transición a la competencia. El doble rasero en este caso no tiene explicación racional. Mientras tanto, el regulador se dedica a regular todo, lo viejo y lo nuevo (lo viejo porque es lo conocido y lo nuevo por si acaso), la voz y la banda ancha, desanimando la inversión y aportando inseguridad jurídica. Se aprueba la ley de compensación por servicio universal, pero luego no se aplica. Se aprueba el Programa Info XXI (veremos ahora qué pasa con el Plan Soto) y se vende varias veces, pero seguimos estando en la cola del desarrollo de la SI. Yo le pediría a la administración menos regulación y más inversión pública en infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente en los sitios donde están menos desarrolladas o simplemente no las hay. Menos regulación y dar más facilidades a los operadores que arriesgan e invierten, especialmente en la banda ancha, donde todo está por inventar. Evitar la regulación que favorece al operador que no invierte (p.ej. con la reventa de capacidad excedente), que se aprovecha de la infraestructura existente y utiliza el modelo de “coge el dinero y corre”. Más seguridad jurídica para garantizar que las inversiones realizadas no se vean comprometidas por cambios posteriores. Más facilidades para las empresas que innovan. Más impulso en el desarrollo de los servicios para los ciudadanos a través de la red. Más inversión en educación y en medios tecnológicos para las escuelas y universidades. A ver si ahora que entramos en periodo electoral, se produce un debate sobre el modelo que tenemos, porque así no podemos seguir. Si queremos que el sector cumpla el papel que debe cumplir para que este pais se modernice, algo deberá cambiar. BIT 140 AGO.-SEP. 7 2003

EL PENÚLTIMO INTENTO DE REGULACIÓN AUDIOVISUAL Recientemente hemos asistido al último intento de regular la televisión de nuestro país. El intento habría sido loable si el proyecto hubiera sido de mejor calidad, hubiera tenido un apoyo no sólo del Ministro Piqué sino del Gobierno y se hubiera realizado no de tapadillo casi al final de una legislatura, sino con tiempo suficiente para debatir el proyecto y sacarlo en el Parlamento. Desgraciadamente, por cómo se ha impulsado y en el momento en que se ha hecho, creo que más que una propuesta seria de ordenación de un sector urgentemente necesitado parece más una iniciativa personal, que algunos querrán explicar en términos de voluntarismo ingenuo y otros más escépticos de posicionamiento pre-electoral. Sin embargo, tampoco conviene ser excepcionalmente crítico con la iniciativa porque la regulación del sector audiovisual (entiéndase televisión) es un hueso durísimo de roer con el que han topado éste y otros Gobiernos tanto nacionales como extranjeros. De hecho basta con haber asistido en Bruselas a las discusiones de las distintas normativas relacionadas con la televisión para comprender las dificultades, principalmente políticas, de la regulación audiovisual. ¿Y cuáles son esas dificultades?. Bien, no es necesario profundizar mucho para encadenar el siguiente razonamiento. La regulación es una actividad política. La televisión es, o al menos así lo ve la clase política, el medio de comunicación principal en la formación de la opinión pública. La opinión pública es la fuente de las mayorías electorales. La política sólo se materializa cuando detrás de ella hay una mayoría electoral. Corolario: La regulación audiovisual supone un ejercicio de autorregulación para cualquiera que detente el poder político, sea el que sea su color. LOS PROBLEMAS SECTORIALES. Para profundizar en las dificultades, conviene analizar las problemáticas actuales del sector. En primer lugar, debemos advertir que, aunque la normativa vigente del sector audiovisual no menciona las palabras “competencia o mercado”, los servicios de difusión sonora y de televisión hace tiempo que se desarrollan en un entorno de competencia muy dura por la captación de unos ingresos publicitarios que están limitados por el ciclo económico y por el gasto familiar en consumo de televisión de pago. Por el primer paquete de ingresos compiten las televisiones en abierto y por el segundo las plataformas de los operadores de cable (Aúna, Ono y los pequeños cableros), el grupo Sogecable a través de sus plataformas satelital y Canal Plus y puede que en un próximo futuro el grupo Telefónica mediante Imagenio. LA DOBLE FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. En total, en el año 2.002 los ingresos del mercado audiovisual supusieron 2..276 MÛ por publicidad, 1.400 MÛ de cuotas y consumo de TV de pago y 284 MÛde ingresos varios. A esto hubo que añadir 1.469 MÛ de subvenciones a las televisiones públicas lo que supuso el 27% del total del mercado audiovisual y el 36% del mercado televisión en abierto. Para acabar de dar la pincelada, el año 2002 los ingresos publicitarios se redujeron un 2,1% mientras que las subvenciones aumentaron un 16,2%. Naturalmente las subvenciones anteriores son subvenciones directas que no incluyen el acceso a un nivel de endeudamiento garantizado por el Estado de cuyas condiciones no hay datos fiables, salvo que en el año 2.002 el endeudamiento autorizado acumulado de las entidades públicas de radiodifusión y televisión superó los 6.910 MÛ. En estas condiciones ¿quién puede exigirle a los agentes un desarrollo racional de la actividad económica?. ¿Cuántos nuevos agentes querrían entrar en un mercado de estas características, incrementando con su presencia no sólo la eficiencia sino también la pluralidad de la información?. Curiosamente, esta situación que eufemísticamente se ha venido refiriendo como el “problema de la doble financiación de las televisiones públicas”, no La regulación de la televisión. El eterno impedimento Reinaldo Rodríguez Illera Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones lu Opinión BIT 140 AGO.-SEP. 8 2003aparecía ni mencionado ni tratado en el proyecto de Ley del Gobierno. LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO. La tradicional justificación de la subvención con cargo a los presupuestos de las televisiones públicas es el de la financiación de las obligaciones de servicio público que recaen sobre estas operadoras y no sobre sus competidoras privadas. Sin embargo, en ningún texto legal ni en ningún contrato programa se concretan estas obligaciones y sus costes. Tampoco por lado alguno aparecen contabilidades analíticas ni criterios de imputación que permitan su cálculo, de hecho no se conoce ninguna cuantificación mínimamente seria de la que se puedan extraer dichos costes. De forma genérica se hace referencia a dichas obligaciones como “cobertura universal”, programas de “contenidos educativos, informativos y de valor cultural”, financiación de “emisiones de radiodifusión sonora y televisión sin publicidad”, “sostenimiento de instituciones culturales”, “sostenimiento de la industria cinematográfica nacional” y en el caso de las televisiones autonómicas la “defensa de sus peculiaridades culturales” y en su caso de sus lenguas autóctonas. Sin embargo, la mayor parte de dichas actividades se podrían hacer mejor, de forma más eficiente y más transparente por procedimientos y regulaciones que ya han sido experimentadas en el sector de las telecomunicaciones. Así, la garantía de cobertura universal de un determinado tipo de programas, se podría garantizar mediante la correspondiente subvención pública al operador de la red de difusión, una vez éste demostrase el coste neto de dicha cobertura en relación con una cobertura garantizada por el mercado. Las subvenciones a la industria cinematográfica serían más trasparentes si se dirigieran directamente a los productores, gestionadas por el Ministerio de Cultura o sus contrapartes autonómicas. Los programas educativos deberían ser definidos en sus contenidos por el Ministerio o las Consejerías de Educación y sacados a concurso para su transmisión por la cadena que los ofreciera en mejores condiciones. Por último, la defensa de la cultura y del idioma autóctono podrían ser subvencionados pero sobre la base de costes auditados y ofrecidos sin publicidad. Por lo que se refiere a los contenidos informativos, que de acuerdo con el Estatuto de RTVE (Art.4º) y la Ley del tercer canal (Art.5º) deben basarse en la objetividad, veracidad e imparcialidad, la separación entre informaciones y opiniones y un largo etcétera de condiciones, su característica común es su continuado incumplimiento por parte de los gestores de los operadores públicos bajo la permisiva aquiescencia de los reguladores supervisores de dichas operadoras que en un flagrante incumplimiento del principio de separación entre regulación y explotación, resulta que son los mismos. Pues bien, tampoco el anteproyecto de Ley Audiovisual presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología decía una palabra sobre las obligaciones de servicio público ni sobre su tratamiento y mecanismos de financiación, objetivos transparentes y no discriminatorios que permitiera por un lado salvaguardar los derechos de los ciudadanos y por otro el desarrollo de una competencia sana en el mercado. La consecuencia de lo anterior es que en el mercado de televisión y radio, los distintos agentes tienen distintas obligaciones, si bien curiosamente las obligaciones que afectan a los operadores públicos no se concretan ni cuantifican aunque sí se financian. Por su parte, las obligaciones que afectan a los operadores privados son mucho más concretas y no se financian sino que se sanciona su incumplimiento (aunque también hay que decirlo, de forma muy laxa). LOS REGULADORES AUDIOVISUALES Los garantes de dichas obligaciones, es decir, los reguladores, son distintos y no sólo no son independientes de los operadores sino que con frecuencia son juez y parte en la mayoría de los expedientes. Desde el punto de vista de garantizar una regulación homogénea e independiente, el anteproyecto también fracasaba, ya que por un lado invadía competencias de las CC.AA. y por otro mantenía como regulador principal al Gobierno que es juez y parte en el mercado. Sí aportaba como novedad la creación de un Consejo del Audiovisual en el seno de una remodelada CMT, pero con funciones limitadas al asesoramiento y a la instrucción. Un Consejo que además por su extracción Gubernamental, difícilmente podría ser neutral en la regulación de operadores cuyas políticas informati- BIT 140 AGO.-SEP. 9 2003vas se aparten de las tesis del Gobierno, y baste con recordar el triste papel de la CMT en los sucesos de la Guerra Digital hace seis años, para comprobar la inviabilidad del modelo. En ese sentido, tampoco el anteproyecto suponía mejoras sustantivas respecto a la situación actual. LA DISPERSIÓN COMPETENCIAL. La regulación y sobre todo el establecimiento de un regulador neutral e independiente en nuestro país que pueda cumplir con su papel plantea dificultades de toda índole, no siendo de ellas la menor el reparto competencia que sobre medios de comunicación establece la Constitución. En ese sentido los reguladores autonómicos apenas sí tienen campo de maniobra ya que los operadores más potentes escapan a su jurisdicción. Por otro lado, al regulador nacional se le escapan a su disciplina los radiodifusores de ámbito autonómico y local. Por último, a ambos se les escapan las cadenas públicas cuyos reguladores son, en teoría, sus Consejos de Administración en los que están representadas las fuerzas parlamentarias, pero dado el traslado proporcional de las cuotas parlamentarias a dichos consejos, al final las mayorías son del mismo color que los gestores y la capacidad de disciplinar a los regulados nula. Es indudable que la solución de un Consejo Audiovisual de extracción Parlamentaria y de duración mayor y no coincidente en el tiempo con los periodos legislativos es el tipo de solución más común a nivel internacional para regular el Audiovisual, sin embargo en el caso español no bastaría, ya que la distribución competencial exigiría la habilitación de procedimientos de consulta y coordinación entre el regulador nacional y los reguladores autonómicos, ello junto con la necesidad de someter a las televisiones públicas a una disciplina común con las privadas, exige no solamente otro tipo de Ley distinto al anteproyecto fallido, sino un consenso entre fuerzas políticas y administraciones autonómicas imposible de alcanzar sin mucho debate y mucha renuncia por parte de las distintas fuerzas políticas, algo que obviamente en el escaso tiempo disponible convertía el anteproyecto de Ley en lo que los castizos llamarían “un canto a Galicia”. EL PROBLEMA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA TV TERRESTRE. En un sector dependiente de la tecnología como es el audiovisual, la aparición de un cambio tecnológico de la magnitud del de la digitalización, supone un cambio de reglas y de modelo de negocio, es decir una revolución. Aspectos tales como la reducción de costes de producción (tanto de difusión como de producción), la posibilidad de difundir contenidos por multitud de medios de forma simultánea, la de distribuir la capacidad de transmisión entre diversos contenidos según sus exigencias de calidad, la introducción de interactividad, la posibilidad de ofrecer nuevas formas de publicidad, de segmentar la oferta en el espacio y en el tiempo e incluso la posibilidad de ofrecer nuevos servicios en determinados horarios de baja audiencia, tienen suficiente entidad como para transformar completamente el sector audiovisual haciéndolo converger con la informática y las telecomunicaciones. Pues bien; curiosamente, las telecomunicaciones y la informática están convergiendo hacia el audiovisual, sin embargo el sector audiovisual no converge. De momento, la batalla entre el televisor, el descodificador y el PC la gana el PC seguido a media distancia por el descodificador. El televisor de hecho, todavía no se ha enterado de que existe un carrera; a este paso, cuando se entere es muy posible que su lugar en el hogar haya sido sustituido por una pantalla TFT de grandes dimensiones conectada a un PC o a un descodificador (o quizá a un PC con una tarjeta de video y un software de descodificación). Ese día será ya tarde para el audiovisual español y para sus reguladores que ya no pintarán nada. En ese momento los ciudadanos elegiremos nuestros programas de TV no entre la oferta regulada que se transmite por ondas, sino entre la desregulada que se transmite por paquetes IP a través de Internet o del cable. El problema es que con el audiovisual radiodifundido se habrá ido una parte importante de nuestra industria audiovisual y su valor añadido se habrá ido a alimentar a productores de contenidos y de software foráneos. ¿Cuáles son los motivos de esta parálisis del audiovisual? En mi opinión hay dos: exceso de regulación y falta de flujos de caja. La cadena de difusión digital se inicia en los contenidos digitalizados y su empaquetamiento, continúa por las redes difusoras incluido sus canales de retorno y finaliza en las redes de antena colectiva y en los televisores digitales con todos sus aditamentos asociados para sacarle partido a una señal digital (desmodulación digital, acceso condicional, grabación y reproducción digital, sistemas de “teatro casero”, posibilidad de juegos on y offline y un largo etc.). Si la cadena no se completa aunque sea al nivel mínimo para arrancar la difusión en digital y en una proporción de la población suficiente, el sistema no será viable. Y ello pasa indefectiblemente por la digitalización del televisor. Tradicionalmente, los sectores de comunicaciones se han desarrollado en competencia o en monopolio pero siempre utilizando recursos que se obtenían a partir de los consumidores. En un entorno de mercado con expectativas de negocio habrá inversores dispuestos a asumir el riesgo de defender la tecnología digital si ello le supone una expectativa de beneficio. Sin embargo, si la regulación condiciona el modelo de negocio y las ayudas públicas establecen una situación de dumping legal, sólo un héroe o un loco se atrevería a poner su dinero en la aventura. La experiencia reciente nos ha demostrado que lu Opinión BIT 140 AGO.-SEP. 10 2003en televisión digital terrenal ya no hay agentes y los que había están muertos y, si no, que se lo pregunten a Quiero Televisión. En ausencia de iniciativa libre, la única solución que queda es la de las subvenciones públicas que parece es la política que se aborda ahora desde el Gobierno. Sin embargo, si tenemos en cuenta precedentes tecnológicos anteriores tales como la TV de alta definición (D2MAC y HDMAC), el plan cable francés de finales de los 80, la RDSI de banda ancha y las inversiones públicas gastadas en dicha tecnología etc. llegamos a la conclusión, que en un entorno de subvenciones públicas, las aventura suelen durar exactamente el mismo tiempo que lo que tarda en cansarse la autoridad que pone el dinero. Por otra parte, dichas subvenciones no se dirigen al usuario final, comunidades que modernicen sus antenas colectivas o usuarios que compren televisores digitales, sino que se dirigen a los operadores, lo que probablemente sea mas fácil desde un punto de vista administrativo pero menos eficaz. Sin embargo, mucho más sencillo habría sido impulsar en Bruselas medidas mas baratas y efectivas como la obligatoriedad de los televisores binorma ya adoptadas en los EE.UU. La digitalización de los televisores y de las antenas colectivas se podrá hacer a golpe de subvención. La emisión de programas digitales se podrá forzar con políticas de zanahoria (te doy espectro si tu emites programas nuevos), pero en nuestro mercado, tan rígido e intervenido, las probabilidades de fracaso son grandes y si al final se consigue digitalizar la TV, habrá que preguntarse si ha merecido la pena. Porque el resultado será un sector enfermo acostumbrado a vivir del dinero público que no podrá competir en el universo global en el que nos movemos y cuya pluralidad estará condicionada y a disposición del mejor postor. LA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS. A pesar de la gravedad de los problemas citados, financiación mixta, indefinición del servicio público, dispersión regulatoria y parálisis digital, el problema de fondo no es ninguno de ellos, ya que estos son consecuencia de una causa subyacente que es la patrimonialización partidista de las televisiones públicas. Es ahí donde está la raíz de los problemas del sector. Cuando se habla del servicio público de televisión, para justificar unas televisiones públicas que aparte de desnaturalizar el mercado audiovisual, suponen un coste anual de 1.469 MÛ (sin contar con la enorme bola de nieve de 6.910 MÛdeendeudamiento garantizado por el Estado (que no es sino otra forma de subvención encubierta) cuya liquidación algún día deberemos asumir por vía presupuestaria, es preciso puntualizar que esos derechos de los ciudadanos que el sistema actual pretende garantizar suponen más de ocho veces el coste neto del servicio universal reconocido por la CMT a Telefónica en el año 2002, y entre tres y cinco veces lo que costaría con la tecnología actual universalizar el acceso en banda ancha a todo el territorio español. En realidad, dichas subvenciones es lo que nos cuesta a todos los españoles el sufragar la televisión personal del partido que gobierna en cada Municipio, Comunidad Autónoma y Estado. LA ÚNICA SOLUCIÓN ES POLÍTICA. Por todo lo anterior, tengo el convencimiento de que el desarrollo del sector audiovisual no será normal, hasta que por parte de las distintas fuerzas políticas se llegue al convencimiento de que un Estado moderno, no sólo no debe intentar influir directamente en la opinión pública mediante el control de los medios, sino que debe establecer una regulación neutra y un regulador independiente que ninguna fuerza política controle directamente, para que velen por que ningún operador de radio o televisión sea público, semipúblico o privado atente contra la pluralidad, la objetividad, la veracidad e imparcialidad y la separación entre informaciones y opiniones, así como el resto de los derechos protegibles que hoy por hoy, son sólo nominales pero no reales. Sólo después de tomar esa decisión tendría sentido el actual debate académico de si los reguladores deben ser convergentes o no, si los aspectos de competencia en el sector audiovisual deben ser tratados por la CMT (actualmente lo son aunque sin apoyo reglamentario por razones obvias de falta de modelo) o por un regulador audiovisual especializado o incluso si tiene sentido la presencia de capital público en el sector audiovisual. Ya que si se resuelve el primer problema, lo otro son distintas soluciones organizativas más o menos eficientes, pero que no varían excesivamente el resultado perseguido. BIT 140 AGO.-SEP. 11 2003

Patentes: Soluciones en busca de un problema Javier Domínguez [email protected] El Registro de Patentes es el cementerio de las invenciones que no fueron capaces de convertirse en resultados prácticos apreciados por el mercado y la sociedad. Sin embargo, suele utilizarse el número de patentes registradas como un indicador de la capacidad innovadora de un país, de un sector industrial o de una empresa. Es cierto que la producción de patentes es una referencia del resultado de algunas actividades científicas y técnicas como la investigación y el desarrollo experimental, pero es insuficiente para valorar el potencial innovador. La invención, como proceso generador de conocimiento y de información, alimentará la actividad innovadora pero por si sola no es garantía de éxito económico. Recientemente, a la convencional I+D (Investigación y Desarrollo) se le añade un nuevo sumando -la I de Innovación- aunque algunos todavía no le conceden el rango de mayúscula como si le atribuyeran una importancia menor en comparación con la Investigación. Reconozcámosle, al menos, la misma categoría tanto más cuanto que la Innovación puede subsistir, si bien con menor índice de fertilidad, aunque no exista una I+D propia que la preceda. El rasgo inherente del proceso innovador es la obtención de resultados prácticos apreciados por el mercado y la sociedad, lo que implica su asociación con un problema, una necesidad o una expectativa; la consecuencia es una cifra de ventas y unos beneficios que facilitan el progreso y la creación de riqueza tangible. La I+D suele orientarse al enriquecimiento del conocimiento científico y al descubrimiento y dominio de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías; sus resultados, medidos en número de publicaciones y de patentes registradas, son una reserva de información de la que se beneficiará la actividad innovadora. Pero reconozcamos que en muchas ocasiones el entusiasmo de la I+D conduce a aparentes soluciones que fallecen en el Registro de Patentes incapaces de encontrar un problema que las redima. Por el contrario, Innovar implica lograr una convivencia exitosa y duradera de una nueva posibilidad técnica con una oportunidad del mercado y, para ello, es determinante el correcto entendimiento de las necesidades y expectativas de los potenciales clientes y usuarios. A diferencia del proceso inventivo, que suele concretarse alrededor de un grupo determinado de personas, el proceso innovador tiene un carácter mucho más global y distribuido, con participación de todas las unidades de la empresa y, fuera de la misma, de los proveedores, de los clientes y de los usuarios finales. Hay que tener en cuenta que los nuevos conceptos surgen como combinación o deducción de otros preexistentes, y que un ambiente rico en ideas, es decir con una amplia cultura en I+D, es la mejor incubadora de iniciativas innovadoras. Pero, al igual que sucede en las reacciones nucleares, es primordial que exista una masa crítica que estimule y consolide el proceso innovador; y esta masa crítica debería ser el resultado de la colaboración entre el mundo académico, el gobierno, la industria y los operadores y prestadores de servicios. . Si analizamos los casos de innovación tecnológica más recientes, observaremos que la fase más relevante del proceso suele acontecer con posterioridad al momento en que se decide lanzar al mercado un nuevo producto o servicio; es en el periodo de difusión y de permanente contraste con el mercado cuando el producto o el servicio sufre pequeñas modificaciones y adaptaciones para adecuarlo realmente a las necesidades de los usuarios. Esta innovación incremental, consecuencia de las actividades diarias de mejora o lu Opinión BIT 141 OCT.-NOV. 6 2003 Habrá que crear algo que sea capaz de conjugar pautas de libre competencia, la dependencia de I+D ajena y los resultados de la propia.adaptación de productos, puede significar un efecto acumulativo con mayor relevancia económica que el obtenido con un gran cambio tecnológico que represente una ruptura radical en relación con el estatus existente. Entre el lanzamiento de la innovación y su difusión efectiva intervienen varios factores que aceleran o retardan su consolidación en el mercado; los elementos que determinan el éxito de la difusión son: el grado de apertura de la economía, la estrategia comercial, la capacidad para escuchar al cliente final, la acertada coordinación con otros desarrollos que complementen o enriquezcan la innovación, el soporte post venta y la colaboración de la industria proveedora para introducir las mejoras que reclama el mercado. En definitiva, para ser innovadores no basta con “saber hacer tecnología” ni “saber usar la tecnología”, si bien es cierto que cuanto mejores notas se obtengan en estas asignaturas mejor preparados estaremos para escalar al grupo de los países realmente innovadores. Para comparar las capacidades de innovación, considerada como un proceso cuyo objetivo es lograr resultados aceptados por los mercados y la sociedad, es preciso adoptar unos criterios que permitan medirlas de manera objetiva. Reconociendo la insuficiencia del número de publicaciones científicas, o el de las patentes registradas, o el de la inversión en I+D, o el del número de centros de investigación y de investigadores, habría que incorporar otros indicadores que tuvieran en cuenta la globalidad del proceso; un ejemplo podría ser la evolución del porcentaje de los ingresos correspondientes a los nuevos productos o servicios introducidos en el mercado durante los últimos cinco años. El sector de las telecomunicaciones en España ha demostrado su capacidad para dominar las nuevas tecnologías y lograr su consolidación por medio de fórmulas de innovación, materializadas en servicios y facilidades para los usuarios, que fueron capaces de captar el interés de la sociedad y de los mercados. La transición de lo analógico a lo digital, el desarrollo de las redes de datos con la proliferación de los puntos de venta con tarjetas de crédito y los cajeros automáticos, el sistema móvil GSM con sus diferentes opciones de servicios y de facturación, y, recientemente, el ADSL, son ejemplos contrastables de las habilidades para asimilar nuevos conceptos y tendencias y acertar plenamente en su adaptación y difusión. Nuestro país no desmerece, en comparación con los más desarrollados, en el conocimiento y dominio de los nuevos conceptos tecnológicos. El esfuerzo docente de la Universidad, la dedicación del sector industrial, el estímulo y, en algunos casos, liderazgo de los operadores y prestadores de servicios, y la participación en los proyectos de ámbito europeo, han generado una intensa inquietud por estar actualizados en las novedades tecnológicas y reducir, al mínimo posible, el retraso con respecto a los países realmente generadores de ideas y diseños nuevos. Inmersos en una crisis de dimensiones considerables, resulta esperanzador escuchar a los responsables de la industria de las telecomunicaciones manifestarse sensibles a las necesidades y expectativas de los usuarios finales, incorporando en su discurso la vocación de facilitadores e integradores de soluciones apreciadas por el mercado, así como su interés en asumir las tareas que deseen “externalizar” los operadores de redes y prestadores de servicios. Situándonos de nuevo en el contexto del proceso innovador, esta percepción del sector industrial nos permite confiar en que seremos capaces de mantener el dominio de las nuevas tecnologías, de reforzar la innovación incremental, de favorecer la divulgación y, en definitiva, de mejorar la sincronización del esfuerzo siempre insuficiente en I+D con las necesidades y expectativas de los usuarios. En cualquier caso, hay que pasar del discurso a la realidad práctica y concretar un modelo de competencia en el que todos los agentes colaboren para impulsar aquellas actividades que faciliten la innovación hacia el usuario final, tratando de compensar las carencias de la investigación científica y del desarrollo experimental que penalizan al sector de las telecomunicaciones en nuestro país. La tarea no es sencilla y para superar las susceptibilidades y desconfianzas que origina situar al usuario final en la referencia común, será preciso ponerse previamente de acuerdo en unas reglas de juego que eviten conflictos esterilizantes. Obviamente ya no sirven los modelos de cooperación del pasado siglo definidos en un ambiente monopolístico. Habrá que crear algo nuevo que sea capaz de conjugar las pautas de la libre competencia, la dependencia de la I+D ajena y los resultados de la propia, las fortalezas de nuestra red universitaria, las capacidades del sector industrial y el liderazgo de los operadores y prestadores de servicios, para estimular y facilitar el proceso innovador de manera que, entre todos, convirtamos el Registro de Patentes en un catálogo vivo y lleno de soluciones marcadas con el sello del éxito económico y social. BIT 141 OCT.-NOV. 7 2003 25 AÑOS

Elogio y refutación de ciertos tópicos en boga en telecomunicaciones y sectores aledaños Alejandro Macarrón Larumbe Socio Director RingNet Corporate Consulting [email protected] Los seres humanos pasamos buena parte de nuestras vidas aprendiendo, inventando o utilizando modelos conceptuales que nos permiten gestionar mejor parcelas concretas del complejo mundo que nos rodea. Estos modelos son idealizaciones simplificadas de objetos o de fenómenos materiales o inmateriales, y su virtud es hacer más manejables esas realidades por nuestro intelecto, gracias a que son mucho más sencillos que aquello que representan y explican. Su defecto es justamente que, en aras de esa simplificación, tales modelos no dejan de ser una deformación de los objetos idealizados, cuya diferencia con una conceptualización perfecta de los objetos reales podría denominarse “error de modelado” (algo equivalente al “error de cuantificación” inherente a la digitalización de una señal). Entre los modelos más simples que manejamos están los manidos “tópicos”: que si los de tal nación europea son unos cabezas cuadradas pero fabrican productos de gran calidad, que si en aquel otro país la cocina es muy buena pero se creen el ombligo del mundo. Y como tales modelos muy sencillos, los tópicos tienen su punto de razón y de utilidad, y su contrapunto de grosera simplificación de aquello que con tal levedad de argumentos y razones califican. Pues bien, en nuestras queridas telecomunicaciones y negocios afines (electrónica, informática, medios de comunicación) se usa y se abusa de ciertos tópicos, sobre algunos de los cuales, en el espíritu del célebre ensayo de José Antonio Marina sobre el ingenio, vamos a efectuar una alabanza y una crítica. Y que decida el lector sobre qué platillo de la balanza recaen los argumentos de mayor peso. CONTENIDOS VERSUS TECNOLOGÍA. TÓPICOS HABITUALES: “LO IMPORTANTE SON LOS CONTENIDOS, NO LA TECNOLOGÍA”; “EL NEGOCIO ESTÁ EN LOS CONTENIDOS, NO EN LA TECNOLOGÍA” Elogio Claramente, el usuario es un consumidor de contenidos, no de tecnología. Y además, por compleja que parezca la tecnología, una vez bien desarrollada y estabilizada, es más fácil manejarla que producir contenidos “de calidad” y/o aceptación masiva. Crear contenidos es un arte, no una ciencia, y nada garantiza que el resultado de un determinado esfuerzo de producción guste al público. Además, los pocos contenidos audiovisuales de éxito casi garantizado (con la excepción del porno), esto es, deportes de masas y películas de gran éxito previo, suelen costar muy caros al proveedor de servicio al público. Y desde luego, en los servicios de provisión de contenidos -TV, radio, Web-, si éstos no resultan interesantes no habrá clientes, ni uso, ni ingresos. Ya dijo Negroponte algo así como “Si le preguntan al usuario sobre qué se debería mejorar en la televisión, pocos apuntarán a la definición de la imagen (es decir, no aprecian un defecto en la tecnología), pero casi todos se quejarán de la calidad del contenido de los programas (que consideran poco interesantes o divertidos)”. Refutación Ensalzar la importancia de los contenidos por encima de la tecno- lu Opinión BIT 141 OCT.-NOV. 8 2003logía es muy del agrado de los que se avergüenzan de ser ingenieros, o de no serlo. Pero es un lugar común que muchas veces hace aguas. Empresas como Microsoft, Intel, Cisco, Nokia (o Indra, claro está) son buena muestra de que el negocio puede estar mucho más en la tecnología que en los contenidos. Todo depende de qué sea un recurso más preciado y de qué permita generar mayores beneficios. Además, en muchas ocasiones lo importante son tanto los contenidos como la tecnología, como aspectos inseparables de un mismo negocio. De hecho, si la tecnología no funciona, los contenidos ni siquiera cuentan. En definitiva, en contra de Casto Méndez Núñez (“más vale honra sin barcos que barcos sin honra”) y en línea con la genial réplica de Perich (“más vale barcos con honra que ni honra ni barcos”), creo que para cualquier empresa de contenidos y de tecnología es mejor esmerarse tanto en una cosa como en otra, en vez de no ser eficaz “ni en tecnología ni en contenidos”. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. TÓPICOS HABITUALES: “HAY QUE IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”; “SI EL ESTADO NO GASTA MÁS EN TECNOLOGÍA VAMOS A QUEDAR RETRASADOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Elogio Si la agricultura dominó la actividad económica y social desde el neolítico hasta mediados del siglo XIX, si desde entonces hasta más que mediado el siglo XX la industria fue el eje de la sociedad productiva, y si desde finales del siglo XX la mayoría de las personas trabajan en el sector de servicios, también es cierto que un porcentaje cada vez mayor de individuos trabajan produciendo o procesando información, o tecnologías y sistemas que la producen o la procesan. Y es una tendencia que va a más. La información no es sólo la esencia de las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la informática o la electrónica. También lo es de la Banca y las finanzas, de una gran parte de la actividad de las Administraciones Públicas, de la educación, o incluso de la medicina. Y hasta en el automóvil moderno, por ejemplo, cerca de un 25% del valor añadido procede de su electrónica y sus sistemas de información. Por tanto, el país que no maneje con eficacia (calidad) y eficiencia (en coste de recursos) la información en los múltiples campos en que se emplea, y que no disponga de un potente tejido industrial, de servicios y de innovación relacionado con la información, no irá bien. Refutación A menudo se abusa del tópico la “Sociedad de la Información” y de sus bondades, sobre todo en ciertos casos muy llamativos: Cuando no se diferencian los contenidos de calidad de excrecencias como la “telebasura”, o la información de la desinformación. Dudo mucho que tantos y tantos programas de la TV actual no produzcan una sustancial idiotización en muchos miembros de nuestra querida sociedad de la información. También la telebasura es información en sentido técnico, pero para ese viaje a muchos nos sobraban las alforjas y hasta el propio viaje. Y aunque no quiero pasarme de refractario al mundo moderno –ya que en líneas generales lo considero estupendo e inevitable- y de “refunfuñón”, muchos opinamos sobre ciertos aspectos de importancia de esta sociedad de la información lo que aquel Ortega y Gasset desilusionado: “no es eso, no es eso”. Cuando por “impulso a la sociedad de la información” lo que se está pidiendo es simplemente que se dedique dinero público a adquirir o subvencionar determinados productos o servicios (ordenadores personales, telecomunicaciones, etc.) en beneficio de sus empresas proveedoras. O cuando esta frase se utiliza como slogan político para ganar votos. En esas ocasiones, apelar a la sociedad de la información no deja de tener algo de “camelo”. DÉFICIT DE ORDENADORES PERSONALES EN ESPAÑA. TÓPICOS HABITUALES: “EN ESPAÑA VAMOS CON RETRASO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PORQUE HAY POCOS PCS. ESTO CONVIENE CORREGIRLO CON AYUDAS DEL SECTOR PÚBLICO” Elogio El número de PCs por cada 100 habitantes es ciertamente un guarismo muy indicativo del grado de desarrollo de la sociedad de la información. Y es un indicador en el que España se sitúa en el furgón de cola de los países más desarrollados, sin ambages. Y nos conviene converger con el resto de Europa y de la OCDE en esta materia, qué duda cabe, ya que el BIT 141 OCT.-NOV. 9 2003 25 AÑOS Ôordenador personal es uno de los instrumentos esenciales para la productividad en nuestro tiempo. Por otra parte, si el Estado invierte de forma habitual muchos miles de millones de euros al año en carreteras y otras infraestructuras físicas, ¿no sería sensato que destinase una pequeña fracción de esa cantidad a facilitar que muchos más españoles posean un PC, “infraestructura” clave para la sociedad de la información? Refutación Para saber si este déficit relativo es o no realmente preocupante, conviene discernir en qué medida los PCs se utilizan para fines de ocio y en qué medida para fines productivos. A este respecto, según la compañía Philips, un 58% de los PCs en Europa se emplean para actividades de entretenimiento. Y como está por ver que el ocio con PC sea mejor para la economía y para el individuo que el “Spanish ocio” (mucha vida en familia, en la calle, con los amigos, en los bares, etc.), creo que al menos una parte sustancial de nuestra distancia en este indicador respecto de los países más avanzados es poco relevante para la competitividad internacional y la prosperidad interna de España. En cuanto al campo empresarial, tengo la impresión de que casi todas las empresas españolas que realmente precisan de sistemas informáticos y PCs ya los tienen –al fin y al cabo, un PC no es precisamente un artículo de lujo para una empresa-. Seguramente, sólo empresas muy pequeñitas carecen de ellos en España, mientras que muchas otras compañías e instituciones públicas que sí los poseen simplemente son más conservadoras - o más eficientes en el gasto en tecnología- que sus homólogas de otros países en cuanto al número de usuarios por cada PC. Por tanto, si no hay más PCs en España es, sobre todo, porque muchos españoles no les ven tanta utilidad como los naturales de otras naciones, pero no es seguro que esto sea dramático para nuestro país, por más que a los que vivimos en el macrosector tecnológico y aledaños nos gustaría que España fuese menos “different” en esto. Debe ser que faltan aplicaciones de ocio que atraigan a más consumidores españoles, o aplicaciones profesionales de mayor utilidad para segmentos profesionales concretos. LAS PYMES. TÓPICOS HABITUALES: “ESPAÑA ES UN PAÍS DE PYMES”; “HAY QUE AYUDAR A LAS PYMES Y NO A LAS GRANDES EMPRESAS”; “LAS PYMES ESPAÑOLAS TIENEN UN IMPORTANTE DÉFICIT TECNOLÓGICO” Elogio Las pequeñas y medianas empresas constituyen, ciertamente, el grueso del tejido productivo español. También es correcto afirmar que su nivel tecnológico es, en promedio, inferior al de las grandes empresas. Por lo tanto, las PYMES son un área esencial de la economía española, y tienen un evidente potencial de crecimiento como consumidoras de tecnologías de la información y las comunicaciones. Refutación Esto de “las PYMES” es un magnífico comodín para cualquiera que desee intervenir en una conversación sobre la economía o la tecnología en España y no sepa qué decir sin que le contradigan. Y es muletilla indispensable en el arsenal de tópicos de cualquier político ducho en las (innobles) artes de la demagogia. En cuanto a que España es un país de PYMES, en realidad casi todas las naciones lo son. Por ejemplo, en Alemania las PYMES dan empleo al 70% de los trabajadores del país, y producen el 60% del PIB. Y en Estados Unidos, las PYMES realizan un 96% de las exportaciones de mercancías. Por otra parte, hay muchísimas PYMES que viven de suministrar productos o servicios a grandes empresas, ergo ayudar a las grandes corporaciones puede beneficiar indirectamente a las PYMES, especialmente en sectores productivos muy intensivos en capital –como las telecomunicaciones, o la gran industria-, en cuyo núcleo hay grandes empresas que proporcionan actividad a legiones de PYMES, que no sobrevivirían sin sus grandes clientes corporativos. Finalmente, en lo referente al supuesto déficit tecnológico de las PYMES españolas, conviene no meterlas a todas en un “totum revolutum”, ya que no forman un todo homogéneo, y muchas de ellas –en especial las medianas- tienen un nivel tecnológico más que aceptable. Por otra parte, con relación a aquellas que sí parecen llevar cierto retraso en este campo, convendría analizar en qué medida se debe a “incultura tecnológica” –que no ha desaparecido del todo en España, pero va disminuyendo a pasos de gigante-, y en qué medida a una percepción más o menos acertada de insuficiente utilidad de determinadas tecnologías, en sus versiones actualmente disponibles, sobre todo para numerosas miniempresas típicas de nuestra querida piel de toro –como sucede con esos pequeños bares tan abundantes en España, o con tantas microempresas agrícolas-. Y desde luego, también hay productos con indudable signo tecnológico y utilidad productiva, como los teléfonos móviles, en cuyo uso nuestras PYMES no van precisamente a la zaga del promedio europeo. lu Opinión BIT 141 OCT.-NOV. 10 2003

BANDA ANCHA EN ESPAÑA Una distorsión evitable mediante una regulación eficiente Pablo Sánchez-Biezma Sacristán y Andrés Garrido Martín Telefónica de España, Dirección de Regulación El pesimismo decimonónico que suele impregnar la visión que los españoles tenemos de nuestra situación, se extiende a ámbitos (nunca a la Champions League) en los que nuestra realidad es pareja a la de países tradicionalmente “admirados”. Tal es el caso de la banda ancha (BA). La voluntad política de no apurar la moratoria para la liberación del sector y la decidida apuesta de algunas empresas, permite rechazar un pesimismo injustificado. No obstante, existen motivos de preocupación, sobre todo cuando la mayor parte del riesgo e inversión se concentra desproporcionadamente en una empresa, Telefónica de España, sujeta además a una regulación que condiciona su oferta comercial. Es en gran medida responsabilidad del regulador fomentar políticas que rompan el riesgo de parasitismo que destila cualquier mercado sobrerregulado. EL ESCENARIO DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA En los últimos seis años, el escenario europeo de las telecomunicaciones ha sufrido una transformación radical, impulsada por la liberalización y la innovación. La liberalización ha promovido que surjan gran diversidad de ofertas comerciales. La innovación del sector se manifiesta en: a) El desarrollo de las comunicaciones móviles, cuyo futuro no creemos este próximo a la saturación, pues el crecimiento vendrá de la mano de una oferta más rica de servicios y nuevas prestaciones de los terminales, convertidos en verdaderos dispositivos multimedia b) La progresiva convergencia fijomóvil, gracias a la convergencia tecnológica pero también a una “convergencia social”, que conlleva la recreación de condiciones de trabajo en nuevos entornos (hogar-teletrabajo, hoteles, convenciones, ...) así como por el desarrollo del Hogar Digital y tecnologías conexas (WiFi, UWB, ...). c) El despliegue de la BA, con tecnologías como xDSL, cable y radioeléctricas, junto con tecnologías complementarias, como WiFi, facilitador del acceso a BA, o PLC, de futuro aún incierto. 2004 BIT 143 FEB.-MAR. 6 EL ESFUERZO INVERSOR Telefónica de España y los operadores de cable han realizado desde el inicio del proceso de liberalización un gran esfuerzo de creación de infraestructura y de servicios de BA. Actualmente alrededor del 90% de la población tiene acceso a servicios de BA. Dicha cifra es superior a la de la mayoría de los países de nuestro entorno, a pesar de diferencias económicas globales existentes. El propio Ministro de Ciencia y Tecnología se ha hecho eco de la importancia que la BA ha adquirido en España: “...España es el cuarto país de la Unión Europea en líneas de banda ancha, con 2,2 millones de conexiones, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia.” (prensa, 4 de enero 2004). Tal como refleja el último Informe de situación del sector en la Unión Europea (9º Informe), nuestro país se sitúa así por encima de Italia (con mayor renta “per cápita" y 60 millones de habitantes), véase la Figura 1. El esfuerzo de empresas españolas que invierten en redes de acceso propias es aún más notable si se tiene en cuenta el grado de penetración de estos servicios. Véase en la Figura 3 las líneas con servicio de BA sobre planta de líneas fijas totales (9º Informe). Este parámetro es aún más objetivo que el número de líneas totales, al relativizar el tamaño del mercado de cada país. España está en el nivel medio de penetración del conjunto de la UE, por encima de Francia o Italia. Se desprende, pues, que los operadores han hecho un gran trabajo, reflejado en cifras que nos sitúan por encima de nuestro nivel económico. Sin duda, se ha anticipado la necesidad de modificar el perfil de ingresos ante la pérdida de valor del servicio telefónico. Sin embargo, un análisis minucioso puede ensombrecer este aparente optimismo, existiendo el riesgo que de perpetuarse determinadas características de nuestro mercado, se frene el desarrollo de servicios de BA. ¿Quien ha soportado el esfuerzo inversor para alcanzar dicha posición destacada?. Obviamente los operadores que compiten a través de sus propias redes de acceso (competencia en plataformas), es decir, tanto los operadores de cable como Telefónica de España, que han realizado inversiones muy importantes, la mayoría de ellas en una etapa de escasa confianza de los mercados financieros hacia el sector, del que recelaban en su conjunto. ALTERNATIVAS EMPRESARIALES Cuando una empresa planea ofrecer servicios de BA puede optar por: – infraestructuras de acceso propias, – acceso desagregado al bucle de abonado: alquiler a precio regulado a Telefónica de España del acceso al cliente, desde el punto de terminación de red (PTR) hasta la central, – acceso indirecto regulado: alquiler a precio regulado de acceso al cliente desde PTR hasta un punto de acceso en cada demarcación establecida al efecto (109), donde se recoge el tráfico de todos los clientes de dicha demarcación. La elección del operador depende del plan de negocio y de la valoración del riesgo asociado a cada nivel de inversión (riesgo e inversión disminuyen en el orden dado). Por su parte, la política regulatoria debe conjugar varios objetivos: – desarrollo de una competencia efectiva en cada mercado – crecimiento de los nuevos mercados – control de posibles abusos de posición de dominio Dicha política debe evolucionar junto con el mercado, coadyuvando al crecimiento de éste. Ésta es la razón subyacente que justifica el análisis de mercados a realizar por las Autoridades de Regulación Nacionales según el nuevo marco regulatorio europeo, el cual también propone mecanismos para una mayor homogeneización de los distintos mercados nacionales. BIT 143 FEB.-MAR. 7 2004 lu Opinión LA INFLUENCIA DEL REGULADOR SOBRE EL MERCADO Los reguladores han impulsado dichas alternativas con diferente énfasis en una u otra, tal como se desprende de la evolución de la adopción de las mismas en los mercados. Promover servicios que excluyan la coparticipación en el riesgo empresarial significa que los riesgos sólo sean asumidos por quienes soportan la inversión, lo que unido a políticas regulatorias sobre el operador que vende servicios mayoristas regulados para la orientación de sus precios a costes [incrementales a largo plazo] en un mercado emergente, como aún es la BA, produce un efecto desincentivador. Evidentemente, una política de esa naturaleza afecta también a operadores que hayan invertido en redes de acceso, ya que sus expectativas de beneficio disminuyen, aun cuando no tengan que abrir sus redes a otros operadores. Fomentar o facilitar excesivamente la opción más cómoda (menor riesgo) de participación en el mercado de BA puede conducir a un frenazo de la inversión por parte del resto de operadores, dado que pueden existir otras oportunidades de inversión más rentables. LA PECULIARIDAD DE ESPAÑA En este sentido, el mercado español sufre una grave distorsión con importantes repercusiones a futuro. Ya se señaló que el nivel de desarrollo que existe globalmente en España es internacionalmente homologable. Además, la participación de la competencia en el sector está también por encima de la media de la UE (9º Informe): Sin embargo, cuando se analiza el peso de alternativa de participación en el mercado de la BA de los operadores entrantes, nuestro país presenta la mencionada distorsión (véase el Cuadro 1). Aunque hay un cierto equilibrio entre España y la media de la UE en el % de clientes mediante infraestructura propia, hay un enorme desequilibrio en la distribución entre acceso desagregado y acceso indirecto (en España GigADSL). Es evidente que los operadores reaccionan a la política regulatoria eligiendo la opción de menor riesgo empresarial. 2004 BIT 143 FEB.-MAR. 8 El regulador debería crear las condiciones para que se comparta el riesgo de las inversiones [el proveedor mayorista y los operadores que contratan dicho servicio], pudiendo así mantenerse el ritmo inversor necesario. CONCLUSIÓN La regulación, además de fomentar la competencia, debe garantizar el desarrollo armónico del mercado. El servicio mayorista de Telefónica de España [GigADSL] permite a los operadores ofrecer servicios de BA sin riesgo, con una inversión mínima y en base a costes mayoritariamente variables. El modelo regulatorio trae consigo el germen de un nuevo monopolio, el del riesgo empresarial. De no ser así, se estaría asfixiando el estímulo a la innovación, piedra angular para el desarrollo de servicios más allá de la mera conectividad para BA, haciendo además un flaco favor a quienes despliegan red propia, verdadera competencia en un modelo de competencia eficiente a largo plazo.

Una profesión para liderar la sociedad de la información Enrique Gutiérrez Bueno Decano-Presidente COIT/AEIT Hablar de la reciente crisis de nuestras telecomunicaciones, sus orígenes y sus consecuencias, resulta probablemente innecesario a estas alturas, sobre todo cuando estamos, por fin, saliendo de ella. Pero sí debemos reflexionar sobre lo que ha supuesto para los ingenieros que trabajamos en este sector. Creo, para empezar, que la crisis que hemos vivido y la pérdidas de empleo que ello ha supuesto, ha representado un fenómeno gravísimo que resulta muy difícil justificar. Sería, sin duda, mejor que esto no hubiera sucedido. Sin embargo, creo que hay aspectos positivos para los ingenieros de Telecomunicación y para los profesionales de las Tecnologías de la Información, si sabemos posicionarnos adecuadamente cara al futuro. Hasta hace bien poco, a quienes desde el Colegio, y de forma global, veíamos la situación desapasionadamente, nos preocupaba que nuestros profesionales encontraran empleo de forma tan fácil, y siempre en el que llamamos sector duro, es decir, en operadores y fabricantes de telecomunicaciones. No éramos, como profesión, capaces de tener presencia en otros sectores, a pesar de que nuestros conocimientos son de carácter horizontal y necesarios en cualquier área de actividad. Ni nos interesaba trabajar en la administración pública, ni podíamos matricularnos en postgrados de gestión, a pesar de ser esta una materia de la que nos sabíamos escasos, ni nos preocupaba ser emprendedores, pues el trabajo para terceros era inmediato y, encima estaba bien remunerado. Muchas cosas que ahora, gracias a la crisis, están cambiando para beneficio de nuestra profesión. Las estadísticas y las encuestas que desde nuestras instituciones hemos venido haciendo, demuestran que ahora ya hay más ingenieros que crean empresas y gabinetes de Telecomunicación, y que más compañeros se matriculan en postgrados de gestión, o se presentan a las oposiciones de las administraciones, tanto central como autonómicas o locales de forma que, por ejemplo, de las últimas oposiciones al cuerpo de TIC, de 52 plazas, 33 corresponden a ingenieros de Telecomunicación. O, finalmente, por fin empezamos a buscar en otros sectores trabajo, como la banca o el sector eléctrico o el financiero, poniendo nuestros conocimientos al servicio del conjunto de la sociedad y no solo de parte. Es cierto que la crisis ha significado el fin de una época de trabajo garantizado, para muchos incluso antes de acabar sus estudios. Ahora, cuando un nuevo ingeniero de Telecomunicación acaba sus estudios, se tiene que plantear qué hace con su futuro, hacia dónde quiere dirigir sus pasos, cómo orientar su objetivos profesionales. Para ello, tiene ante sí muchos caminos, todos buenos, de forma que, ahora sí, empezamos a hablar del ingeniero de Telecomunicación como del ingeniero de la Sociedad de la Información, de alguien que va a ser útil, con sus conocimientos, al conjunto de la sociedad, y no solo a parte. Estamos ahora , paradójicamente, y más que nunca, en el buen camino. “Ahora sí, empezamos a hablar del ingeniero de Telecomunicación como del ingeniero de la Sociedad de la Información”