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El año que vivimos peligrosamente urante el presente año se ha producido una aceleración vertiginosa y hasta cierto punto caótica en los cambios de todo tipo dentro del sector, que llevará a España a pasar de ser uno de los países constantemente calificado como más lento en la aplicación de las medidas liberalizadoras a ser uno de los estados de la U.E. con mayor grado de liberalización. Así pues, a principios o mediados del próximo año nos encontraremos con: * tres operadores de telefonía fija (Telefónica, Retevisión y la empresa que resulte adjudicataria de la tercera licencia, cuya convocatoria está prevista para finales de este año); * dos operadores de telefonía móvil (y pendiente la adjudicación de una licencia para telefonía personal DCS-1800 adicional a la que también obtendrán Telefónica Móviles y Airtel); * un operador de redes de telecomunicaciones por cable en cada demarcación (además de Telefónica) que estará autorizado para la prestación del servicio telefónico; * dos plataformas para la difusión de televisión digital por satélite; * varios operadores de servicios de valor añadido (conmutación de datos, acceso a información, etc.), reorientación de la situación actual del mercado de servicios de acceso a información; * la empresa británica Colt Telecom S.A. ha obtenido de la CMT la concesión administrativa para prestar ciertos servicios de valor añadido de telecomunicación, excluidos el servicio final telefónico básico y el servicio público de difusión de televisión, por medio de una red propia que se le autoriza construir (con lo que se podría definir como un primer paso hacia la liberalización efectiva de infraestructuras), y otras empresas, tales como WorldCom por ejemplo, ya se han dirigido a la CMT con solicitudes similares; * y, para finalizar, destacar que, estará presente la perspectiva del 1 de diciembre de 1998, fecha en la que cualquier empresa podrá competir en el sector de la telefonía básica que, en la actualidad, representa alrededor del 60% del valor total del mercado de telecomunicaciones. También hay que mencionar especialmente la constitución de operadores regionales de telecomunicaciones con participación pública, como el caso de Euskaltel en el País Vasco o el previsible operador que se forme en Cataluña, que contribuirán a complicar todavía más el espectro de agentes presentes en el mercado. A la vista de todo lo anterior, no es fácil plantearse cuál será la evolución del sector en el apasionante futuro que le espera. Tendrán que ser las fuerzas del mercado las que, en función de los intereses y estrategias puestos en juego por cada agente, decidan sobre la futura conformación del mismo, así como sobre la coherencia existente entre la multiplicidad de la oferta y las necesidades reales existentes, procediendo en consecuencia a la selección de aquellos operadores que sepan escoger con mayor acierto el nicho de mercado donde desarrollar su actividad y adaptarse al especial entorno social que presenta la configuración autonómica española. En este proceso de evolución del mercado hacia la plena competencia deberá jugar un papel preponderante la labor de la CMT como salvaguarda de dicha competencia. Desde estas instituciones creemos que, aunque no es deseable que el Estado tenga un papel excesivamente intervencionista sino que, por el contrario, es necesario dejar jugar libremente a los agentes del sector, tampoco se deben dejar determinados aspectos sólo a la libre confrontación de intereses del mercado. En concreto, los objetivos de consecución y mantenimiento de la cohesión social y territorial en materia de telecomunicaciones llevan a desear una intervención del Estado en aquellos aspectos que el mercado por sí solo no es capaz de resolver. Tanto más en un caso como el español en el que la existencia de profundas diferencias entre las distintas regiones podría redundar en que dichas diferencias se manifestaran también en la calidad y la cantidad de los servicios de telecomunicación esenciales disponibles, produciéndose de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al tipo de servicios a los que tienen acceso. Resumiendo, podríamos decir que ante el excitante reto que supone la próxima apertura del mercado de las telecomunicaciones desde el COIT y la AEIT consideramos que, por un lado, se debe dejar jugar libremente a los intereses del mercado en todo aquello que signifique la introducción de nuevos servicios y de competencia en los existentes, pero, por otra parte, en aras a la cohesión social y territorial, se debería llegar a un compromiso o pacto de Estado para la definición y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, tanto las contenidas en el denominado servicio universal como las imponibles a las licencias de operación de redes o servicios, debiendo involucrar dicho pacto de estado a todas las administraciones con competencias directas o indirectas sobre la materia, esto es, la central, la autonómica y la local. Asimismo, la labor de la CMT será fundamental nuevamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan a los operadores. Posiblemente el marco ofrecido por el próximo debate parlamentario de las enmiendas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones fuera la ocasión idónea para, al tiempo que se evita un excesivo intervencionismo en el libre juego del mercado, introducir en la Ley estas consideraciones sobre la imposición de obligaciones de servicio público y la necesaria colaboración entre las distintas administraciones. SUCEDIÓ EN 1997 * Inicio de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (O.M. de 31/1). * Aprobación del Reglamento Técnico y de Prestación del servicio de telecomunicaciones por satélite (RD 136/1997). * Privatización completa de Telefónica de España, S.A. y posterior alianza de esta compañía con BT, abandonando su participación en Unisource. * Irrupción de la TV digital por satélite en el mercado español. * Incorporación de la Directiva 95/47/CE sobre el uso de normas para la transmisión de señales de TV, cuyos aspectos principales son: la introducción de la figura del operador de servicios de acceso condicional, la utilización de sistemas de acceso condicional abiertos y compatibles, y la estandarización del algoritmo de cifrado (RD-Ley 1/1997, tramitado como Ley 17/1997). * Entrada de Telefónica en el sector audiovisual (Vía Digital y Antena 3) y en el de contenidos (Audiovisual Sport). * Aprobación de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, cuyos principales aspectos son: la creación de la CMT, la modificación de la LOT, la modificación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, y la creación del segundo operador (Ley 12/1997, que se había iniciado como el RD-Ley 6/1996). * Determinación de las tarifas y condiciones de interconexión a la red telefónica básica operada por Telefónica (O.M. de 18/3) * Concurso y adjudicación del proceso privatizador de Retevisión. El consorcio liderado por Endesa y Stet se hace con un 70% del capital de la sociedad y se inicia la andadura del nuevo operador. * Inicio de la tramitación parlamentaria en el Congreso del Proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones (junio). * Regulación del régimen de prestación de la telefonía móvil en su modalidad DCS-1800 (RD 1252/1997). * Establecimiento de procedimientos y condiciones para la selección y preasignación de operador en las llamadas de larga distancia (O.M. de 18 de julio), para la conservación del número de los abonados al servicios telefónico básico en caso de cambio de operador (O.M. de 4 de agosto) y aprobación del plan nacional de numeración. * Liberalización de la prestación del servicio de acceso a información a través de la RTC o RDSI (O.M. de 8/9). * Disolución de la Dirección General de Telecomunicaciones. * La CMT empieza a ejercer sus funciones suspendiendo determinadas campañas de Telefónica, aprobando la concesión a Colt Telecom para prestar servicios de valor añadido e iniciando una consulta pública sobre sistemas de acceso condicional. * Convocatoria de los concursos para la adjudicación de la prestación de servicios de telecomunicaciones por cable en la práctica totalidad de las demarcaciones, y adjudicación de los mismos en demarcaciones que representan más del 70% de la población. * Consolidación del segundo operador de telefonía móvil (la previsión de facturación de Airtel para el presente ejercicio supone alrededor de un 50% de la de Telefónica Móviles y cerca de un tercio del valor total del mercado).

Nunca es tarde si…Cuando en la primavera de 1995 el COIT creó DITEL y se comenzó a trabajar en lo que entendíamos que podía ser un Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicación en el interior de edificios, éramos conscientes de que tarde o temprano "explotaría" este tema. La fuerza y contundencia con que ha tomado este asunto la Secretaría de Comunicaciones parece indicar que este momento ha llegado. Cierto es que la iniciativa tomada en marzo de 1997 por la, entonces DGTel, dio un impulso al tema y cierto es también, que la desaparición de la misma en Septiembre de 1997 fue como un jarro de agua fría para los que tantas ilusiones, esperanzas y esfuerzos habíamos depositado en ello y así lo expresábamos entonces desde estas páginas. Por eso vemos con esperanza el nuevo el impulso que está dando la Secretaría de Comunicaciones de la mano de su máximo responsable. La irrupción en el mercado de dos plataformas digitales, con su agresiva campaña de lanzamiento, (instalaciones gratis, parábolas en fachadas, etc...), la entrada en el mercado de un segundo operador de telefonía y la adjudicación de los concursos de cable representan una oportunidad para los usuarios de elegir entre una gama cada vez más diversa de operadores y servicios. El ciudadano en su deseo de aprovechar esta situación y esgrimiendo el derecho a la información, reconocido por la Constitución, se enfrenta a las limitaciones que imponen los Ayuntamientos y la Comunidades de Propietarios. En el primer caso a través de normativas que con toda lógica tratan de proteger el impacto estético de las ciudades. En el segundo caso no autorizando la instalación de las antenas o cables en las viviendas colectivas por imposibilidad material de obtener el consenso entre los vecinos que exige la normativa que regula estas Comunidades. Todo ello avala la urgente necesidad de una reglamentación, en materia de infraestructuras comunitarias de telecomunicaciones, clara, concreta y de inmediata aplicación. Parece que, por el momento, esta iniciativa cuenta con el apoyo de todos los agentes implicados, autoridades municipales, operadores, industria nacional, consumidores y esperemos también que de los promotores de viviendas conscientes que los mínimos incrementos que la implantación de estas instalaciones representarán en las viviendas redundarán con creces, en forma de mejora de la calidad de vida de los usuarios. La implantación del Real Decreto Ley, tal y como lo conocemos en su redacción preliminar, garantizaria: * A los usuarios de viviendas de nueva construcción disponer de una infraestructura de telecomunicaciones, tan completa como el estado del arte permite en el día de hoy. Ello les permitirá, al ocupar su nueva vivienda poder contratar los servicios de telecomunicación que deseen, dentro de la oferta disponible, desde el primer momento, y disfrutar de ellos en todas las estancias de la vivienda, sin necesidad de hacer antiestéticas instalaciones exteriores, o rozas por las paredes para empotrar cables , con el coste y la incomodidad que ello representa. Además su instalación le facilitará el cambio de proveedor de servicios, si no está satisfecho con el inicialmente ha contratado, sin nuevas inversiones ni costosas instalaciones. * A los usuarios de viviendas ya construidas disponer de un marco legal que les permita modernizar las instalaciones de sus edificios y viviendas, pudiendo acceder a la oferta disponible en el mercado, sin los encorsetamientos de la actual Ley de la Propiedad Horizontal, según la cual la disconformidad de uno solo de los propietarios podía impedir la modernización de la instalación. * A los operadores disponer en las viviendas de infraestructuras que permiten la separación de los servicios, el acceso no condicionado a los usuarios y la posibilidad de contratar, de inmediato con los ocupantes de las nuevas viviendas, y que en las ya construidas podrán tener garantía de que la inversión que realicen servirá para un mayor número de usuarios, al propio tiempo que el reparto de los costes será equitativo entre todos los potenciales operadores, reduciendo sensiblemente las inversiones. * A los Ayuntamientos poder proteger su patrimonio artístico de agresiones al impacto estético dictando normas adecuadas para impedir la proliferación de antenas y cables en fachadas y terrazas sin entrar en conflicto con los derechos constitucionales de los usuarios. * A los agentes implicados, proyectistas, instaladores, fabricantes de equipos, etc. disponer de una clara legislación para realizar su trabajo. Diseñar las redes y los equipos orientados a un mercado concreto cuyas necesidades conocen y asegurar de esta forma a los usuarios la recepción de las señales e informaciones con la calidad correcta. * Finalmente señalemos que, en los borradores que conocemos, el Ingeniero de Telecomunicación contribuye a estos objetivos mediante la elaboración de los correspondientes proyectos y certificaciones de las complejas infraestructuras desplegadas. Desde el COIT ofrecemos a todos nuestra colaboración para que este Real Decreto Ley salga adelante, con la esperanza de que podamos brindar pronto por haber cerrado a tiempo un capítulo importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información en su ASOMARSE AL TERCER MILENIO.Ante el nuevo rumbo de Fundesco Unas breves líneas para manifestar la tristeza con que recibimos las noticias recientemente publicadas sobre FUNDESCO. Nos entristece, y nos preocupa, tanto el fondo como la forma en que se han desarrollado los acontecimientos. Lamentamos la práctica desaparición de una de las más señeras instituciones del sector con la que, como tantas otras organizaciones públicas y privadas con tradición en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hemos colaborado en muchas ocasiones. Pero lamentamos todavía más los argumentos esgrimidos por su actual responsable, Pedro Schwartz, en los medios de comunicación para justificar las medidas tomadas. En efecto, se puede discutir si tiene sentido una fundación como FUNDESCO en un entorno de operadores de telecomunicaciones en competencia. Con seguridad que era necesario redefinir su papel y adaptar en consecuencia los recursos dedicados a los nuevos objetivos. Pero no nos parece de recibo las razones esgrimidas pues de ser ciertas, que no lo creemos, hubieran exigido una respuesta inmediata de los actuales responsables de Telefónica. Esperemos que, tal como se nos promete, FUNDESCO renazca de sus cenizas y esperemos también que asuma tanto sus errores como su brillante pasado.

La Ley General de Telecomunicaciones:¿el fin de un proceso?, ¿y ahora qué? l pasado día 2/4/1998 el Congreso de los Diputados daba su aprobación final al texto de la Ley General de las Telecomunicaciones, y este era publicado en el B.O.E. el 25 de abril de 1998. Esta Ley ha sido presentada como el principal hito de cara a la liberalización de las telecomunicaciones, y como la norma que iba a transformar completamente el encorsetado e intervenido marco regulatorio de nuestro país, supuestamente, en un marco finalmente de libre y leal competencia, que daría juego a nuevos operadores frente al histórico operador establecido, y que generaría un sinnúmero de efectos beneficiosos para todos: usuarios, empresas, fabricantes, profesionales, etc. En suma, la noche y el día. Otras visiones, probablemente más centradas, han situado a la Ley General de Telecomunicaciones como pieza, importante pero intermedia, en el proceso impulsado por la Comunidad Europea con el Libro Verde de 1987, con el que se han ido dotando las telecomunicaciones europeas, y lógicamente las españolas, de un entorno progresivamente más liberalizado. Efectivamente, a la hora de promulgar la Ley, como fruto de la actividad normativa de una década y especialmente de los últimos 5 años, ya no queda en nuestro país ningún servicio de telecomunicaciones en monopolio, a la vez que es patente que se precisan importantes normas de desarrollo para la aplicación de la Ley. Entonces, ¿Qué aporta la Ley de novedoso o de refundición de normas anteriores? ¿Qué deroga y qué debe desarrollarse aún? ¿En que transforma realmente el marco de las telecomunicaciones en España? ¿En que influye a favor y en contra de los intereses de nuestro colectivo? ¿Cómo saber en suma si la Ley está bien hecha?. Estas son las preguntas que realmente importan, las que buceando en la norma debemos responder (*). Desde este editorial, nos centramos en llamar la atención sobre algunos aspectos, cuya resolución incorrecta planteará problemas y riesgos para el desarrollo inmediato y futuro del sector. El primero es el contenido de la Ley. Tal como se contempla en la exposición de motivos de la propia Ley, con objeto de promover la plena competencia en las telecomunicaciones, se desarrollan los temas claves de la regulación, entre otros, el procedimiento de concesión de autorizaciones generales y licencias, la interconexión, las obligaciones de Servicio Público y el Servicio Universal, las competencias de la Administración General del Estado y de la CMT, la adaptación del proceso de certificación de equipos a la normativa comunitaria y la transformación de títulos vigentes de los operadores establecidos. En cambio, no se contempla el régimen de radio y televisión, lo que sin duda planteará algún problema en un futuro cercano, dada la convergencia tecnológica y empresarial entre los operadores de telecomunicación y los de audiovisual, que forzosamente llevará a una transformación futura del panorama de estos últimos. El segundo aspecto es el consenso político. Desde esta institución hemos propugnado la opinión de que las telecomunicaciones, la apertura y la configuración de sus mercados y el desarrollo del sector, son asuntos de Estado, y como tales deben ser regulados, con un alto grado de acuerdo parlamentario que impida la modificación coyuntural del marco normativo en función de sucesivos gobiernos de distinto signo. Sin embargo, se han presentado en las Cortes Generales, sumando Congreso y Senado, unas 650 enmiendas al texto y los únicos grupos parlamentarios que han visto recogidas las suyas, en algún grado, en el texto final, han sido los que soportan al Gobierno. El desacuerdo es un mal presagio, y no quisiéramos revivir en el sector, situaciones como la rebelión de los ayuntamientos del partido de la oposición ante la Ley del Cable, en la pasada legislatura, o la guerra de la TV digital en la presente. Hay temas de calado, como el servicio universal, las políticas activas en el sector, la asignación de competencias a la CMT y la delimitación de su campo de actuación frente al Ministerio de Fomento, el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Gobierno mismo, en que los grupos políticos no han acercado posiciones. Un tercer aspecto a considerar, es la reducción de la discrecionalidad del Gobierno y el control del desarrollo del sector por el sector mismo. Una Ley para el entorno en competencia debe ver limitada al máximo la discrecionalidad administrativa y gubernamental. Sin embargo, la Ley no ha sido diseñada para su aplicación directa, sino que precisa un gran desarrollo reglamentario, en el cual el Gobierno no está sometido a ningún control parlamentario y goza de un extenso margen de maniobra y discrecionalidad. Estos reglamentos finalmente configurarán la estructura del sector, y por ello, los agentes deberían ser consultados durante su elaboración, reduciendo así la inseguridad jurídica inherente a la dicrecionalidad de los Gobiernos. Sin embargo, el texto de la Ley "olvida" citar a las Asociaciones y Colegios Profesionales como agentes del sector a ser consultados a través del nuevo Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y ello deberá subsanarse rápidamente de una manera formal y reglamentada. El cuarto aspecto, es el grado de intervencionismo de la Ley y el posible efecto de bloqueo ante el desarrollo de nuevos servicios y operadores. En nuestra opinión la ley debe centrarse en la fijación de objetivos, reglas de juego y en la delimitación clara de las competencias y atribuciones del Mº. de Fomento y de la CMT, minimizando en lo posible la regulación pormenorizada. Las competencias de desarrollo reglamentario del Gobierno, le otorgan unas posibilidades de intervención muy amplias, aunque habrá que ver el grado de intervencionismo real que aflora finalmente en el ejercicio de esas competencias. Por otra parte, la Ley le obliga a reglamentar antes de autorizar, bajo el principio de que sólo lo reglamentado puede entrar en funcionamiento, y a la vez, también deroga la gran mayoría de normas precedentes (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, Ley del Cable, Ley del Satélite, disposiciones de desarrollo, etc.), por lo que hay que rehacer, o "rereglamentar", toda la regulación del sector. En este marco, el Gobierno deberá ser ágil en el desarrollo de los reglamentos, transparente, especialmente en la adjudicación de licencias, y otorgar la mayor libertad y permitir el máximo dinamismo a los agentes del sector. Aún cuando estos cuatro aspectos prefiguran unos elementos de valoración general del proceso, el test final sobre la Ley deberá basarse en la capacidad del marco de competencia establecido para generar efectos beneficiosos que incidan en empresas, usuarios, profesionales y en toda la sociedad. Deberá generar transparencia en el sector, un marco atractivo para la inversión estable y no especulativa, mejores precios y gama de servicios que induzcan mayor demanda, una garantía de cohesión social y territorial, efecto multiplicador en la actividad económica general y un desarrollo estable del sector nacional de las T.I.C., resistente a los ciclos no expansivos de la economía. Si además, los operadores establecidos no ahogan el desarrollo de los nuevos entrantes, estos aportan valor e inversión sin reclamar posiciones de privilegio y la competencia se establece en base a la eficacia y eficiencia propias, abandonando la tendencia a resolver las disputas a través de truculencias legales, procedimentales o políticas, la Ley habrá acertado, y el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación se verá también notablemente beneficiado en términos profesionales y laborales, incrementando su prestigio e influencia en la empresa y en la sociedad en general. Por ello, es imprescindible que el desarrollo reglamentario de la Ley proporcione seguridad jurídica, ausencia de discrecionalidad y el adecuado control por parte del sector. Dicho de otro modo, tras el debate de la Ley, no caigamos en la consabida frase de Romanones: "Haced las leyes, que yo haré los reglamentos". La promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones no es el fin ni el principio del proceso, sino un paso intermedio que deberá ir completándose en fechas próximas. En el Gobierno y el Ministerio de Fomento reside la iniciativa y ahora es el momento de contar con los agentes del sector y con el COIT y la AEIT como instituciones representativas en el mismo.n (*) A continuación, el lector encontrará más datos sobre la Ley General de Telecomunicaciones, aportados por José Roberto Ramírez como portavoz del GRETEL.

OBJETIVO CUMPLIDO urante los intensos días del II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación, celebrado del 3 al 6 de junio, se fueron sucediendo conferencias, mesas redondas, sesiones técnicas y profesionales que contaron con los mayores expertos del hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Paralelamente, se desarrolló la Exposición Temática y se realizaron actividades y experiencias que mostraron el enorme potencial que tienen estas tecnologías para resolver necesidades sociales. Pero ahora llega el momento de la reflexión, de sacar conclusiones, de hacer una crítica constructiva y de aprender de los errores. Respondamos a algunas preguntas: ¿Por qué surgió la iniciativa de organizar este II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación?, ¿qué objetivos nos habíamos marcado?, ¿se han cumplido dichos objetivos? Cuando hace aproximadamente un año aceptamos el reto de organizar este evento, éramos conscientes de la enorme responsabilidad que asumíamos al convocarlo. No podía ser una reunión técnica y profesional normal. Tenía que ser un acontecimiento singular, pues no en vano habían transcurrido más de 40 años desde que tuvo lugar el I Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación. Este año, 1998, parecía el momento adecuado para convocar este segundo congreso ya que es un año emblemático en el proceso de apertura a la competencia del mercado de las telecomunicaciones. Una fecha que figurará en los anales de la historia de las telecomunicaciones al menos por dos acontecimientos: la entrada en vigor del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre comercio de los servicios de telecomunicación y la liberalización total de las telecomunicaciones en la mayoría de los países de la Unión Europea, incluida España. Entre los objetivos que las actuales Juntas se fijaron para este II Congreso Nacional de Ingeniería de Telecomunicación estaba su apertura a otros sectores y a la sociedad española en general para explicarles la importancia que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen en las áreas de la comunicación, la seguridad, la salud, el medioambiente, la educación, etc, que cambiarán de forma apreciable los modos de aprender, trabajar y relacionarse en el futuro. Y pretendíamos contar con una amplia participación de los Ingenieros de Telecomunicación para debatir sobre el presente y el futuro del ejercicio profesional, y sobre los grandes temas tecnológicos y socio-económicos que condicionan las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual en este final de siglo. Pues bien, estos objetivos se han cumplido. La Exposición del congreso ha combinado pabellones institucionales, áreas temáticas y salas de experiencias que han permitido al visitante ir descubriendo las posibilidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su entorno de convivencia natural: la plaza, la calle, el hogar, el aula, etc.; y observar las innovaciones en el campo de la seguridad y protección civil, los negocios, el ocio. Todo esto combinado con demostraciones prácticas y actividades que han permitido comprobar el enorme potencial que tienen estas tecnologías para resolver necesidades sociales. La amplia participación de Ingenieros de Telecomunicación (recordemos que se han inscrito cerca de 1.500 profesionales) en las Sesiones Técnicas y Profesionales ha propiciado foros de debate originales y eficaces sobre temas de la mayor actualidad. La difusión del congreso en los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), su retransmisión vía satélite, el servidor Web del Congreso ("www.cnit98.com") y la retransmisión por Internet, llegando a cualquier rincón del mundo, han contribuido a acercar el evento a profesionales de otros sectores y países y a la sociedad española en general, ayudando además, a proyectar la imagen de las instituciones y empresas participantes como agentes protagonistas de la Sociedad Global de la Información del Siglo XXI. Nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a todas las instituciones y empresas patrocinadoras, colaboradoras y expositoras, a todas las personalidades nacionales e internacionales del sector que nos han honrado con su presencia, a todos los profesionales y a la sociedad española en su conjunto. Gracias a todos, y especialmente, a todos los compañeros y amigos ingenieros de telecomunicación que con vuestro decidido apoyo y participación en el congreso habéis contribuido al éxito alcanzado. Gracias por haberos asomado junto con nosotros al tercer milenio. Ahora es el momento de contribuir a que España forme parte del concierto de naciones que reivindican un papel protagonista en la construcción de la Sociedad Global de la Información. ¡Comencemos a dar forma al próximo siglo XXI!

coit/aeit: Elecciones 1999 urante el mes de septiembre, tal como está previsto en los Reglamentos del COIT y la AEIT, sus Juntas de Gobierno Directiva convocarán elecciones a la totalidad de sus cargos. El procedimiento electoral, que fue modificado en el año 93, ha sido ya utilizado en las elecciones del 95 demostrando sus virtudes. A pesar de que es largo -4 meses- y algo costoso para nuestras instituciones, facilita la participación de todos y garantiza su limpieza y transparencia. El primer acto del proceso electoral consiste en la elección por sorteo de las Mesas Electorales constituidas por cuatro titulares -Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario- y sus correspondientes suplentes. Los sorteos se realizan simultáneamente con la convocatoria. Estos organismos son los elementos fundamentales del proceso, con amplios poderes para controlar su desarrollo. Serán los encargados de: - Examinar y proclamar las candidaturas, comprobando que los compañeros que se presentan cumplen los requisitos exigidos: estar dado de alta con una antelación de un año y encontrarse al corriente de pago. - Resolver reclamaciones, dudas e interpretaciones que surjan en el proceso electoral. De hecho, deberá decidir sobre las escasas ambigüedades que deja el Reglamento y, sobretodo, supervisar todos los acontecimientos sobre los que, en caso de conflicto, tienen la última palabra. - Fijar la hora de comienzo y fin de las votaciones. - Escrutar los votos emitidos y adjudicar los cargos en función de los votos obtenidos. Su labor se verá facilitada por la experiencia de las últimas elecciones y contará con el total apoyo de las Secretarías de ambas instituciones. El plazo de presentación de las candidaturas será de cuarenta y cinco días a contar desde el día de publicación de las elecciones y, tras un breve periodo de tres días para subsanar errores, las Mesas Electorales proclamarán las candidaturas dentro de los siguientes diez días naturales. En las elecciones del 95 participó el 25% del colectivo y constituyeron un éxito para todos: candidatos, Mesas Electorales y conjunto de la profesión. Este nivel de participación, desconocido entre la mayor parte de las organizaciones profesionales, respondió al proceso gradual de concienciación de los Ingenieros de Telecomunicación sobre el creciente protagonismo que los" telecos" y sus instituciones tienen en el sector y en la sociedad en general. Desde entonces este protagonismo no ha hecho sino aumentar y la celebración del II-CNIT, recogido en parte en este número especial, es un buen ejemplo de ello. En consecuencia, cabe esperar que también aumente el interés de nuestro colectivo por las próximas elecciones. Desde estas páginas no nos queda sino animar a la participación de todos en un proceso transcendental para el futuro de nuestras instituciones.

La I+D, en peligro os inapelables datos macroeconómicos sobre la inversión en I+D en España, a la cola de la Unión Europea, representan una excelente vista aérea de la actual política de telecomunicaciones a largo plazo. En lo que respecta a nuestro sector, lejos de un crecimiento esperable tras la aparición de nuevos entrantes, la tendencia es igualmente a la baja. Señalemos tres factores indicativos: - La tendencia a la baja de las inversiones en I+D de Telefónica que ha sido la locomotora fundamental para todo el sector. - La escasa o nula inversión de los "entrantes", materializada en su mayor parte en una versión "Fundaciones" que no tienen por objeto fundamental el I+D en los núcleos básicos de un operador de servicio de telecomunicación. - La actitud pasiva de los organismos públicos responsables de las concesiones de licencias respecto al seguimiento de los compromisos de los licenciatarios en cuanto a inversiones I+D Las consecuencias pueden ser fácilmente deducibles: - Desarrollo de la mayor parte del "tejido industrial" a nivel de distribución y representación de productos foráneos con nulo valor añadido nacional. - El área de I+D de los operadores se está convirtiendo en un área de prueba y evaluación de soluciones completas de terceros, con poca o nula adaptación a las necesidades particulares de cada operador. - El distanciamiento e incluso desconexión paulatina entre los operadores y los centros e instituciones de investigación como la universidad. La presión del mercado, manifestada en la rapidez en la puesta en marcha de sistemas y servicios de telecomunicación, para el aprovechamiento puramente coyuntural de licencias concedidas ante la liberalización plena, está llevando a evaluar únicamente el riesgo puramente financiero a corto y medio plazo como criterio en el despliegue de servicios e infraestructuras, muchas veces enfocados a mercados muy concretos y teóricamente boyantes. Es razonable que, dada la dependencia de la tecnología de un sector cada vez más dinámico y cambiante, el futuro depare muchas sorpresas a esos estrategas (operadores y reguladores) para los que un operador es puro capital transformado en una red que se compra en su totalidad llave en mano y unas condiciones especiales de operación (interconexión). Cuando la tecnología cambie las condiciones del mercado (nuevos productos y servicios, reequilibrios tarifarios como consecuencia de la convergencia de servicios, soportes únicos multiservicios -redes IP-, etc.) nos quedaremos con algunas redes (inservibles), unas condiciones de operación (inoperantes) y la ausencia, una vez más, del conocimiento y el "know-how" de por qué, cómo, de qué forma y en qué medida se ha producido dicho cambio. Eso sí, tendremos que tener nuevo capital dispuesto a comprar todo lo que haga falta para la nueva situación.

La I+D en España: cuestión de dinero esde una perspectiva global y tomando como referencia los últimos trabajos realizados por la Fundación COTEC, la actual situación en relación al gasto en I+D en España arroja los siguientes parámetros: la banda estructural del gasto de I+D como porcentaje sobre el PIB se sitúa entre el 0.7 al 0.9 %; la aportación privada (empresas), además de marcar en todo momento la tendencia de la curva global, sigue sin superar el 50% del total; los fondos extranjeros que participan del gasto en I+D no llegan al 7% del gasto total. Si utilizamos la participación de los fondos en la economía global española, dentro de un entorno de libre movimiento de capitales, como termómetro de la competitividad de los diferentes sectores, se puede deducir que la I+D española no es atractiva para el mercado de capitales, tanto nacionales como extranjeros, dado que la inversión privada en I+D tiene su fuente fundamental en recursos propios de las empresas (más del 80%) en lugar de acciones del capital disponible en el mercado. Si hacemos más énfasis en nuestro sector, inmerso de lleno en el proceso de liberalización, el enfoque más oportuno, desde el punto de vista del inversor, deberá ser claramente "utilitarista", esto es, qué retornos son "esperables" por el gasto de I+D. En este sentido y pensando en los nuevos operadores de telecomunicación entrantes, la "utilidad" total del I+D vendrá dada fundamentalmente por: - La utilidad (retorno) para las empresas y grupos componentes de la estructura accionarial u operativa de los operadores. - La utilidad (retorno) para el operador - La utilidad (retorno) para el macrosector de las tecnologías de la información. Respecto al primer grupo, parece que está bastante claro: los bancos, eléctricas, constructoras, etc. poco pueden esperar de un gasto I+D en telecomunicaciones dado que no es su negocio principal. El retorno esperable es debido a las actividades del operador fundamentadas en una licencia y en un mercado. Lo demás se compra. Por otra parte, el posicionamiento estratégico de suministradores españoles en los nuevos operadores no parece consolidarse, algunas veces por falta de visión y, casi siempre, por falta de dinero. Al contrario, véanse las habilidades de socios tecnológicos extranjeros en operadores españoles que no solamente ya han recuperado sus inversiones con sus suministros sino que, en ocasiones, cierran las puertas a innovaciones españolas en el propio mercado español. El operador, por su parte, se encuentra situado en una estrecha vía marcada por dos raíles inflexibles: sus inversores, con sus ansias de retornos inmediatos o de "colocación" de sus productos y actividades y la presión del poco tiempo concedido por el entorno regulatorio, es decir, compra lo que le dicen y opera lo que le dejan. Como resultado, el operador es un agente en el más estricto sentido del término: solo opera. Debe comprar todo llave en mano, incluidos sus propios procesos. La innovación es cosa de otros si quiere sobrevivir a corto plazo. Estos hechos son más acentuados aún en los operadores de "acceso" (cable). Es el último grupo, el macrosector de las tecnologías de la información, donde cabe esperar una mayor iniciativa innovadora. Las amplias necesidades, fundamentalmente en servicios específicos, de los nuevos operadores tiran de una serie de proveedores de equipos especializados, software, servicios específicos, consultoría, soporte a la operación y mantenimiento, instalaciones y puesta en marcha, etc.. Es decir, el decimonónico y entrañable tejido industrial de las "Pymes Coyunturales" españolas, junto a un "agosto" considerable para las consultoras de siempre. Por último, respecto a la regulación y su "administración", no se debe volver a insistir en el hecho de la inutilidad de la referencia en la leyes y reglamentos al valor añadido nacional si no existen mecanismos para la exigencia de su cumplimiento (que se incumple). Siguiendo la línea de "utilidad" económica como auténtico atractivo de las inversiones a nivel empresarial, aconsejamos una única política frente a las declaraciones de intenciones y buenos deseos: potenciar firme y claramente las ventajas del pionero. Dicho y escrito en plata: "que se forre el innovador". Si esto fuera así,posiblemente el capital comenzaría a fluir hacia la innovación. Pero había que hacerlo con seriedad y firmeza venciendo a los viejos fantasmas de los mercados controlados y sus espejismos de creación de riqueza y empleo en base a modelos intervenidos, permitiendo romper la estructura del mercado si fuera necesario. No nos engañemos; el gasto en I+D es dinero y para que algunos locos se gasten "algo" deben esperar la posibilidad de ganar "mucho" con ello. Lo demás son donativos y otros gastos de interés social: el 0.4 % del PIB. Esta cifra coincide, casualmente, con el apartado correspondiente de la declaración de la renta.

CARTA ABIERTA DEL DECANO Ahora que me voy... os doy las gracias ay dos cosas que siempre me han resultado difíciles, una es el despedirme y otra la de mirar hacia atrás para hacer balance de lo hecho. En esta ocasión me resulta si cabe todavía más difícil pues he aceptado la petición del Decano entrante para seguir como vocal de a pié en las nuevas Juntas. Además, estas se presentan más como un relevo de personas que como un cambio drástico de ideas y objetivos. Sin embargo, creo que os debo alguna explicación y, sobre todo, os tengo que agradecer el desinteresado apoyo que me habéis dado a lo largo de estos años. Comenzaré exponiendo las razones que me han llevado a dejar la dirección del COIT y la AEIT tras casi nueve años de vivir intensamente esta responsabilidad. No ha habido razones personales o familiares, aunque espero que sean mi mujer y mis hijos quienes más se beneficien de mi decisión. No tengo tampoco la sensación de que se haya agotado el modelo asociativo que iniciamos hace casi una década. Se trata simplemente de mi convencimiento personal de que no se puede estar más de dos mandatos en un cargo electivo de unas instituciones que por su propia naturaleza tienden a ser muy "presidencialistas". Os confieso que en los últimos tiempos me resultaba demasiado cómodo mantener la buena reputación alcanzada por nuestras organizaciones realizando las mismas actividades de siempre, todo un signo de que el relevo era necesario. Además el momento es muy favorable, pues el COIT y la AEIT viven en la actualidad un momento "dulce", tanto internamente como en sus relaciones con las demás instituciones sociales y agentes sectoriales. Acabamos de asociar a la compañera que hace el número 10.000 y son más de 1.500 los nuevos "telecos" que se incorporan cada año al mercado de trabajo. Un número que se incrementará a juzgar por la fuerte demanda social de nuestros estudios, y que asegura el futuro de nuestra organizaciones profesionales. Nunca como ahora ha sido tan fácil el diálogo con las Administraciones Públicas y los agentes sectoriales. Nuestras opiniones son respetadas, en tanto que surgen de la independencia de unas instituciones que defienden exclusivamente intereses profesionales. La "independencia" es un valor en alza en un sector que se abre progresivamente a la competencia y en el que lógicamente los intereses de las empresas y grupos de presión se manifiestan cada vez de forma más descarnada. El COIT y la AEIT cuentan en la actualidad con más de una veintena de excelentes y experimentados profesionales que desde la nueva sede, recientemente adquirida, sacan adelante todos los días un creciente volumen de trabajo. A vosotros os corresponde juzgar la labor de las Juntas salientes. Por mi parte, solo estoy seguro de que el Decano podía haber hecho más cosas y mejor. Esto es lo que pido a Enrique Gutiérrez Bueno y a las nuevas Juntas. Personalmente, estaré siempre en deuda con todos los Ingenieros de Telecomunicación por haberme permitido vivir este transcendente periodo de las telecomunicaciones desde el privilegio de ser su Decano. El tiempo y esfuerzo que he dedicado al COIT y la AEIT han sido sobradamente compensados por el reconocimiento que me habéis dispensado y por todo lo mucho que he aprendido en lo personal y en lo profesional. Me doy cuenta de que he sido el principal beneficiario del trabajo de muchas personas. Mi agradecimiento a todos los miembros de las Juntas, hoy amigos, por su desinteresada participación. En particular, quiero destacar la labor en la "trastienda" de su Secretario Felix Pérez, su austeridad y buen hacer han hecho que la maquinaría interna del COIT y la AEIT haya funcionado como un reloj. Mi más sincera gratitud al personal administrativo y a todos los profesionales que trabajan en nuestras instituciones, quedo en deuda con todos vosotros. Permitirme en este momento un recuerdo especial para Jorge Aritmendi. Muchas gracias a todos los amigos, "telecos" y no "telecos", que me habéis apoyado en estos años. Hasta siempre, ha sido un orgullo y un placer colaborar con todos. Ahora que me voy, os doy las gracias. Jorge Perez Martinez