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Transparencia en la gestión pública
Transparencia sí, pero transparencia interesada. Últimamente los medios de comunicación nos informan puntualmente de los vaivenes en las cuentas dedicadas al pago de las pensiones de jubilación. Es la única partida del presupuesto de la que se informa a la ciudadanía casi en tiempo real y estas revelaciones tienen, cómo no, un objetivo. Desde hace años, más de veinte, hay toda una campaña mediática bien dosificada poniendo en duda la viabilidad del sistema de pensiones públicas. Se muestran escenarios a muy largo plazo que se dan por seguros y se hacen estimaciones con el propósito de anunciar el próximo colapso del sistema. En todo este tiempo, aparte de ciertas reformas parciales, la única solución que se propone como definitiva es la de que cada persona se contrate un plan de pensiones privado. De ahí el fervor por la transparencia presupuestaria en este tema en particular. Las pensiones públicas contributivas no son un regalo. Son el resultado de una cotización obligatoria para los trabajadores y las empresas que los contratan con la finalidad exclusiva de pagar las pensiones de jubilación de los que han cotizado. Esa contribución empresarial forma parte del coste del puesto de trabajo, es decir, forma parte del “salario en especie” y a futuro, que, si vive, puede recibir quien ha cotizado. Si la Administración “perdona” o reduce esa contribución empresarial, lo que está haciendo es bajar el sueldo y con ello, los ingresos previstos para pagar las pensiones contributivas. El sistema de pensiones públicas, como todo sistema vivo, necesita reformas. Pero las propuestas que se hacen favorecen a los bancos y aseguradoras que las plantean. Unos intereses que son legítimos, pero también lo son los de quienes abogan por un sistema de pensiones públicas, que no obligue necesariamente a contratar un sistema privado. El dinero aportado para las pensiones públicas por los cotizantes se ha utilizado en algunos momentos, y con el acuerdo de las distintas fuerzas políticas, para objetivos que no eran los suyos (cumplir con objetivos de déficit público para la entrada en la UE, por ejemplo). Además, las rebajas, los perdones y los retrasos que se consienten a quienes tienen la obligación de cotizar (clubes de fútbol, por ejemplo) hacen que disminuya la cantidad disponible. Para facilitar la creación y la gestión de las empresas en dificultades, se debe utilizar otra partida presupuestaria, porque, si en la caja destinada al pago de las pensiones no contribuyen todos los que tienen que hacerlo, es lógico que no haya dinero suficiente para pagar. Sería interesante conocer también quiénes no cumplen con sus obligaciones y cuál es la cantidad que adeudan, para así tener la realidad y la transparencia completas. Los planes de pensiones privados pueden ser un complemento para las rentas más altas, pero no son la panacea y los argumentos son muchos. La rentabilidad de uno de los más antiguos y capitalizados planes de pensiones españoles, a lo largo de sus veintidós años de vida, es de un cuatro por ciento. No solo es la rentabilidad baja en el largo plazo, es también la fiscalidad, que obliga, en el momento de la recuperación del plan, a pagar impuestos no solo por lo ganado, sino también por el capital que se aportó (Si recibe 100.000€ de un plan, la retención es el 36%). Por último, no está de más añadir que, si una gestora de planes de pensiones quiebra, no hay garantía de recuperación del dinero aportado. Justifica el gobierno las subvenciones que se dan a determinadas industrias (como la del automóvil) porque son una “inversión” que se recupera luego aumentada vía impuestos. El dinero de las pensiones públicas, que no es una subvención, puesto en manos de sus destinatarios también es una inversión. Contribuye al PIB vía consumo, promoviendo nuevos negocios y ayudando a otros en las temporadas de baja demanda del mercado. Pero sobre todo, hay que resaltar que no son un regalo.3 T ¿Transparencia en la gestión pública? This article explains why the Spanish government has been fervently announcing the potential bankruptcy of the national system of retirement funding for over 20 years. This is one of the few government controlled accounts that are conveniently published in order to justify the reasons why we are induced to establish Individual Retirement Accounts to insure a reasonable pension when we retire. Retirement pensions are not a gift as contributions to pension funds from companies and employees are supposedly invested for future use upon retirement. Pension funds should not be used for other government goals such as stimulating the economy or balancing national budgets. Transparent government management Opinión Teresa Pascual Ogueta Ingeniera de Telecomunicación [email protected]
30 oct 2015