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La regulación de las telecomunicaciones en EE.UU.
Luis Molero La regulación de las telecomunicaciones en EE.UU. El Acta de las Comunicaciones de 1934 (47 USCS 151, 48 Stat. 1064) ha constituido durante algo más de 60 años, el marco legal en el que se ha basado la regulación de las telecomunicaciones en los Estados Unidos de América. Dicha . Acta se fundamenta en la existencia de estructuras legales diferentes y lo que es más importante independientes (tales como los textos que regulan las actividades de l os portadores comunes, radiodifusión y televisión por cable). Historia del acta El Acta de las Comunicaciones de 1934 No era en realidad, un documento nuevo. Fue estructurado como una integración de dos estatutos legales ya existentes: el Acta de Radio de 1927 (44 Stat 1162) y el Acta de Comercio Interestatal de 1887 (24 Stat. 379) con su enmienda de 1910 (el Acta Mann-Elkins, 36 Stat. 539). Incluso la agencia federal encargada de la gestión de las telecomunicaciones (l a FCC o Comisión Federal de las Comunicaciones) no era un concepto nuevo: no fue más que una modificación de la FRC (Comisión Federal de Radio), creada en 1927. Con anterioridad a 1934, la ICC (Comisión de Comercio Interestatal) constituía el organismo federal encargado de la regulación del servicio telefónico interestatal, así como del transporte ferroviario (es interesante constatar cómo desde su aparición, las telecomunicaciones han estado íntimamente ligadas al transporte ferroviario, debido a la supuesta relación existente entre el transporte de información en cualquiera de sus estados, y el transporte de seres humanos). La FRC se responsabilizaba de la regulación de l as comunicaciones por radio. Con anterioridad a los años 30, el 98% de las comunicaciones telefónicas eran intraestatales, lo cual justificaba l a suficiencia de un sistema basado en la jurisdicción estatal. El crecimiento de los operadores telefónicos, y el subsiguiente incremento de las comunicaciones interestatales obligaron al Congreso a modificar el sistema existente de regulación de las telecomunicaciones dando mayor preponderancia a la jurisdicción federal sobre a la estatal. El 26 de febrero de 1934 el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt publicó un mensaje pidiendo al Congreso que redactara una legislación comprensiva y la creación de una agencia federal con jurisdicción sobre comunicaciones por radio y por conductores. Como respuesta, el Congreso aprobó el Acta de las Comunicaciones de 1934. En dicha Acta se creó la FCC, que a partir de ese momento regularía las comunicaciones interestatales el internacionales (las comunicaciones intraestatales son reguladas a nivel estatal). Así mismo, se estableció una clara separación entre la jurisdicción del gobierno federal y el gobierno local y estatal; punto éste clave en la regulación de las telecomunicaciones en los EE.UU. Otros de los principales objetivos del Acta fueron: (1) Asegurar justicia y eficiencia, es decir el acceso sin ningún tipo de discriminación a un sistema de comunicación eficiente y a un precio asequible y razonable. (2) Servicio universal. Aunque este punto está relacionado con el anterior merece, por su importancia mención especial. Ya lo dijo el primer presidente de AT&T, Theodore N. Vail quien, en 1910 propuso un servicio telefónico que fuera "universal, [...] ofreciendo la oportunidad a cualquier suscriptor de comunicarse con cualquier otro suscriptor [...]". (3) Integración de los diversos documentos legales existentes anteriormente a 1934 y creación de un único entorno legal para la regulación de las telecomunicaciones en sus tres formas conocidas en la época en que el Acta fue redactado: telegrafía, telefonía y radiodifusión. El Acta, tal y como fue redactado en 1934, sería el documento regulador de la radiodifusión y de los portadores comunes. Ambas categorías quedaron definidas en dicho documento aunque de manera poco clara y, en el caso de ésta última, circular. Esta ambigüedad era discutiblemente necesaria, ya que el Acta no pretendía ser un texto específico, sino un marco legal de carácter general: quedaría en manos de los tribunales determinar la aplicación de las cláusulas del Acta a cada caso particular. Este carácter general y ambiguo crearía problemas más tarde, con la aparición de la televisión por cable en los años 40 y la necesidad de regular dicho servicio mediante una de las categorías existentes en el Acta de 1934. El Acta ha sido enmendado en numerosas ocasiones. Dichas enmiendas han sido tradicionalmente modificaciones de algún punto en particular, y cambios radicales se han dado en muy contadas ocasiones de entre las que cabe destacar las enmiendas de la televisión por cable de 1984 y 1992 y el nuevo acta de las telecomunicaciones de 1996. Televisión por Cable. Enmiendas de 1984 Y 1992 Los sistemas de televisión por cable en los Estados Unidos surgieron en los años 40 como una evolución totalmente natural de los sistemas de televisión comunitaria. De hecho; las siglas CATV se refirieron inicialmente, a los sistemas de televisión por antena comunitaria (Community Antenna TeleVision) aunque posteriormente se ampliaría su significado para referirse a los sistemas de televisión por cable (CAble TeleVision). Recordemos que los Estados Un idos, dada su gran extensión ha carecido tradicionalmente de una red de repetidores para radiodifusión como la existente en nuestro país. Existían por tanto numerosas poblaciones donde estos sistemas de televisión por antena comunitaria eran la única posibilidad viable de tener acceso a canales nacionales. De ahí el espectacular crecimiento que ésta tecnología ha tenido desde su concepción (en 1993, el 62% de los 94,2 millones de hogares americanos con televisión estaba conectado a un sistema de televisión por cable y los cables pasaban por el 97% de los hogares norteamericanos). En los últimos años estamos siendo testigos no obstante de una disminución en la expansión de los sistemas CATV debido, entre otras razones, a la aparición de tecnologías que compiten por un mercado económicamente atractivo: MDS (Multi-point Distribution Services), SMATV (Satellite Master Antenna Television), MATV (Microwave Master Antennae Television), LPTV (Low Power Television), y principalmente, DBS (Direct Broadcast Satellite, tecnología que permite ofrecer hasta 200 canales de televisión digital, con sonido calidad compact disk a un precio inferior al que actualmente pagan los usuarios de CATV). También ha sido decisivo el escaso servicio de atención al cliente debido al deseo de las compañías de cable de aumentar la base de clientes a toda costa a veces en detrimento de la atención a los mismos. Es paradójico observar cómo el despegue de los sistemas de CATV en España (un país, por otro lado, sin tradición en este tipo de sistemas) coincide con el declive que la televisión por cable está sufriendo en los EE.UU. en los últimos años. Lo que parece cierto es que los servicios adicionales que las compañías de CATV ofrezcan en nuestro país (tales como telefonía, transmisión de datos, video bajo demanda, acceso a Internet etc.) serán la clave de su éxito. Los sistemas de televisión por cable fueron regulados en un principio por las autoridades locales. La FCC no impondría su jurisdicción sobre este nuevo sector de las telecomunicaciones hasta 1965-1966, fecha en que impuso una prohibición a la importación de señal es de TV en los 100 mercados de mayor importancia salvo que se probase que dicha importación no perjudicaría el desarrollo de los sistemas de UHF. Dicha decisión fue llevada a los tribunales, los cual es declararon en 1968 que la FCC al tener plena potestad sobre los sistemas de radiodifusión, tiene también jurisdicción para regular l os sistemas de televisión por cable. A partir de ese momento comenzó la lucha por definir qué categoría de las definidas en el Acta de 1934 sería la mas apropiada para los sistemas de CATV: (a) la categoria de portadores comunes más estricta y controlada don de el servicio universal, el acceso sin discriminación, y el control de las tarifas son necesidades primordiales. Los sistemas de CATV no encajan perfectamente en esta categoría, ya que los usuarios de televisión por cable no poseen el control sobre el contenido de la transmisión. (b) la categoría de radiodifusión a los que se aplica un grado más al to de libertad de expresión (pero inferior al nivel de la primera enmienda aplicado a los sistemas de comunicación impresa). La regulación de los sistemas de radiodifusión quedó justificada por los tribunales en 1969 (Red Lion Broadcasting v. FCC., 395 U.S. 367), basándose en la premisa de la escasez de frecuencias (espectro radioeléctrico). Es cuestionable la validez de dicha hipótesis en sistemas de CATV. Debido a la presión por parte de las compañías locales de radiodifusión, la televisión por cable fue sujeta en sus comienzos a una regulación excesiva asignándole la categoría de portador común. Cabe notar la escasa imparcialidad con que la FCC adoptó sus decisiones para frenar el desarrollo de los recién creados sistemas de CATV y protegiendo así a los sistemas de radiodifusión a las que se supone que debía regular. Más tarde, en los años 70, debido al poder creciente de la televisión por cable, la FCC adoptó una postura más flexible, asignando los sistemas de CATV a la categoría regulatoria de radiodifusión. Ante la posterior decisión de los tribunales de que la televisión por cable y la radiodifusión no pueden ser regulados según el mismo criterio, debido a las grandes diferencias entre ambos sistemas el Congreso terminó adoptando en 1984 una nueva enmienda al Acta de las Comunicaciones de 1934 creando una nueva categoría para los sistemas de televisión por cable. Se podría decir que existen ciertas bases que justifican la regulación de los sistemas de televisión por cable: el uso que las compañías de CATV hacen de la propiedad pública (calles y aceras) la escasez física de espacio para ubicar los cables; la intrusión de la programación dentro de los hogares; o la supuesta característica de monopolio natural de los sistemas de televisión por cable, entre otras. Independientemente de estos motivos y debido a la tendencia desregulatoria existente en los EE.UU. a mediados de los anos 80, el Congreso decidió optar por una regulación flexible y de carácter procompetitivo de manera que se promoviese el crecimiento de los sistemas de CATV. Un ejemplo de este propósito fue la desregulación de las tarifas que permitió que el 97% de las franquicias fueran desreguladas desde Diciembre de 1986. Esta liberalización de las tarifas junto con la posibilidad de concesión de franquicias exclusivas creó una situación de "monopolio desregulado" una de las peores situaciones existentes. De hecho el Congreso de los EE.UU. encontró, en 1992, que "[...] desde la desregulación de las tarifas el precio mensual del servicio básico se ha visto incrementado en un 40 % o más, en el 28% de los subscriptores de televisión por cable [... ]". Esta conclusión junto con otras hizo que se redactase, en 1992, un nuevo texto legal para reforzar la regulación de los sistemas de televisión por cable. La enmienda de 1992 criticada por su excesivo carácter regulador, fue llevada a los tribunales en numerosas ocasiones. Algunos de los apartados problemáticos fueron: la regulación de tarifas las reglas must carry y retransmission consent, los canales PEG (de carácter público educativo y gubernamental), y la regulación de programación indecente y obscena, entre otros. Debido a que se está viviendo una nueva etapa desreguladora en los Estados Unidos la regulación de tarifas impuesta en 1992 ha sido en su mayor parte eliminada en la enmienda más importante y más reciente: el Acta de las Telecomunicaciones de 1996. Acta de las telecomunicaciones de 1996 El .Acta de las Telecomunicaciones de 1996 (Pub L. .No. 104-104, 110 Stat 56) aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Bill Clinton el 8 de febrero de 1996 es, sin lugar a dudas y con diferencia, la enmienda más importante al estatuto regulatorio vigente desde 1934. Su principal característica es el carácter procompetitivo y desregulatorio, que tiene como objetivo primordial el abrir definitivamente a la competición el mercado local (sección 251) y de Larga distancia (sección 271). Así mismo se pretende con este reciente texto eliminar la ambigüedad inherente en un sistema regulatorio definido hace más de sesenta años, cuando aún no existían ni la televisión por cable ni la telefonía móvil. Esta reforma del acta era, sin lugar a dudas un paso necesario dado el extraordinario crecimiento observado en las compañías de telecomunicaciones en la última década. Existían demasiadas restricciones y barreras artificiales (impuestas por el Congreso y por la FCC, y ratificadas por los tribunales) que impedían la entrada de nuevas empresas en el lucrativo sector de las telecomunicaciones. Estas limitaciones (como las impuestas por el juez Harold Greene en 1984 o las reglas de cross-ownership, entre otras) servían dudosamente al interés público mediante el control de las actividades anticompetitivas de los monopolios. Nuevos jugadores en el campo, así como nuevas tecnologías y aplicaciones, llevaron al Congreso a la decisión de eliminar la mayor parte de estas restricciones. Por fin, y tras casi 100 años de monopolio, parece posible la existencia de una multiplicidad real de ofertas en el mercado de telefonía local. ¿Qué beneficio obtendrán las compañías de telefonía local, a cambio de permitir que sus competidores utilicen su red local existente? Entre otros, la nada desdeñable posibilidad de entrar de lleno en el mercado de larga distancia, televisión por cable, y fabricación de equipos. Así mismo, las compañías de telefonía de larga distancia y las de televisión por cable podrán ofrecer servicio telefónico local directamente a los usuarios. A pesar de todo, lo realmente importan te no es lo que obtendrán estas compañías, sino el beneficio que supondrá para los usuarios: multitud de opciones, nuevos servicios, y, supuestamente reducción de precios. Ante este nuevo clima de competición, las compañías de telecomunicaciones están uniendo sus esfuerzos, anunciando alianzas como las de MCI y BT, Bell Atlantic y Nynex SBC y Pacific Telesis, USWest y Continental Cablevision, etc. Las reacciones al Acta de 1996 no se han hecho esperar. AT&T presentó el año pasado su solicitud para ofrecer servicio telefónico local en todos y cada uno de los 50 estados y argumenta que ya está preparada para ofrecer dicho servicio en algunas áreas de Michigan. También está llevando a cabo una serie de pruebas para ofrecer servicio telefónico local en California y planea iniciar este año una serie de pruebas para ofrecer servicio local en Chicago utilizando nuevas técnicas de bucle de abonado móvil MCI, por otro lado, ofrece en la actualidad servicio telefónico en 13 mercados locales. Cox Communications, una compañía de televisión por cable, también está realizando pruebas para ofrecer servicio telefónico local en 25 hogares de San Diego, California. Ameritech presentó el 2 de enero de este año, una solicitud ante la FCC para poder ofrecer servicio telefónico de larga distancia en Michigan. Algunos de sus potenciales competidores como AT&T argumentan que Ameritech aún no cumple con los catorce requisitos necesarios para que pueda entrar en el mercado de larga distancia (sección 271) entre los que figuran: posibilidad de interconexión; acceso no discriminatorio, portabilidad de números (posibilidad de mantener el mismo número y la misma calidad al cambiar de portador), y paridad de marcación (ausencia de códigos de acceso). A pesar de que la FCC ha denegado recientemente la petición de Ameritech la fiebre continúa y se esperan en los próximos meses numerosas peticiones de RBOCS (Regional Bell Operating Companies) para ofrecer servicio de larga distancia en sus regiones de servicio. Por otro lado Bell South, que ofrece servicios de comunicaciones a mas de 25 millones de personas en 17 países, ya ha firmado con tratos con más de 28 compañías para compartir su mercado local. No cabe duda que Bell South, al igual que muchos otros, está ya preparando el camino para una futura entrada en los servicios de larga distancia. Por fin ha caído el muro de Berlín de las telecomunicaciones como mencionó el vicepresidente Al Gore durante la firma del Acta. Si todo continúa como en los últimos meses, 1997 será un año de intensa actividad en cuanto a telecomunicaciones se refiere. Las alianzas y uniones ente operadores están a la orden del día y elegir correctamente al aliado será, en muchas ocasiones, la clave del éxito. Los gigantes de la información están jugando bajo nuevas reglas, ofreciendo nuevos servicios basados en nuevas tecnologías. Desgraciadamente, no todos pueden sobrevivir. Sólo queda esperar y ver quienes se proclaman vencedores.
30 oct 2015