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OPINION Sobre la dureza del núcleo Antolín Velasco Maíllo Es Director de Servicio de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos de Telefónica. Busco en el diccionario el significado de la palabra núcleo y entre otras muchas definiciones me quedo con "parte esencial de las cosas". Se comenta también que al núcleo se le supone dureza y densidad. En el caso de las empresas, algunas de ellas señeras de nuestra débil economía, núcleo duro se llama a aquellos accionistas que detentan una parte importante del capital y que constituyen una garantía de solidez y estabilidad para la empresa. A mí me gusta más la expresión "núcleo de propietarios", ya que como se ha indicado anteriormente al núcleo se le supone dureza y densidad. Además, al añadir la palabra propietarios, estamos especificando exactamente de qué parte de la empresa hablamos, ya que además están los empleados y cómo no, los clientes. En el caso de nuestra mayor empresa de telecomunicaciones, el núcleo de la propiedad lo ha tenido hasta ahora el Estado y todavía lo tiene (en este momento alrededor del 20% de las acciones). Ha sido el Gobierno, el que ha ejercido y ejerce el control de la misma. Los otros accionistas del núcleo duro han participado también en el control a través del Consejo de Administración. En este momento el PP se plantea vender la participación del 20%, participación que se ha reducido en los últimos años desde el 51% hasta el 20% de la mano del Gobierno del PSOE. En mi opinión creo que la venta de dicha participación es no sólo conveniente, sino inevitable. Ya se conoce que a partir del 1 de enero de 1998, se liberalizará el servicio telefónico básico nacional e internacional. Habrá no sólo un segundo operador, sino probablemente y además es totalmente inevitable, otros muchos. Los distintos operadores proporcionarán servicios de telecomunicaciones de voz, datos e imágenes y no será posible establecer discriminaciones. Al Gobierno de turno se le planteará el problema de participar en todos los Operadores, porque no se entendería porqué tiene que participar como accionista en uno o dos de ellos y no en los otros. Dado que el Gobierno debe ser el elemento regulador, se entiende que el principio de la no discriminación debe prevalecer sobre otros aspectos, tales como el posible interés estratégico o económico, etc. ... No sería de recibo ser juez y parte. Hace 20 años, las telecomunicaciones eran un "monopolio natural". Esta naturalidad ha sido barrida por los avances de la tecnología. Esa tesis ha pasado a la historia. Lo que ahora es comúnmente aceptado es que la competencia entre Operadores va a permitir mejorar la calidad de los servicios y disminuir los precios, lo que unido al hecho de que las telecomunicaciones son un motor de la economía, se deduce que el fin del monopolio y la liberalización resulta beneficioso para el conjunto de los ciudadanos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Estoy de acuerdo con que el Estado venda totalmente sus participaciones en los Operadores para que centre su papel en el de Elemento Regulador, evitando discriminaciones y cuidando escrupulosamente para que la calidad de los servicios y oportunidades que se ofrezcan a los ciudadanos sea equivalente y no dependa de factores territoriales o sociales. En este sentido las Comunidades Autónomas deben jugar también un papel activo, incentivando la inversión y el uso de los servicios y evitando la aparición de la doble o triple velocidad entre regiones. Pero volvamos al tema del "núcleo de propietarios". Por definición, el Núcleo debe ser duro y estable. Esto significa que se compromete con el proyecto de la empresa a largo plazo. El Núcleo debe estar "a las duras y a las maduras". El Núcleo no debe mirar sólo el aspecto de rentabilidad de su inversión, sino establecer un compromiso firme, explícito y serio con los objetivos y la misión de la empresa. En este sentido sería muy conveniente que al menos en el caso del principal Operador, se incorporara al Núcleo una representación de los Empleados-Accionistas (sólo en la última OPV hubo más de 17.000 empleados de Telefónica que adquirieron acciones). En mi opinión los empleados de una empresa están no sólo involucrados, sino comprometidos (*) con los objetivos, misión, visión y resultados de la misma. Qué mayor dureza, estabilidad y compromiso que el de los empleados-accionistas, que además de sus acciones tienen sus garbanzos en la empresa. Debería corresponder a los tres grandes Sindicatos, articular un mecanismo amplio, creíble y no sectario de coordinar y hacer valer todas esas pequeñas y aisladas participaciones. La tarea no es fácil pero sí posible. (*) Para establecer la diferencia entre involucración y compromiso, basta considerar que en un plato de huevos con chorizo, la gallina está involucrada, pero es el cerdo el que está comprometido.

Mujeres tituladas en Telecomunicación Sobre el artículo dedicado a conmemorar el centenario de esta revista, en el que evocábamos la época en que los entonces alumnos creamos la homónima precursora de BIT, sólo hemos recibido una recriminación: no se citaba que en esta XXXVIII promoción se titularon las tres primeras mujeres que han ejercido como Ingenieros de Telecomunicación (prometo escribir "ingenieras" cuando sea válido el palabro "periodistos"). Puesto que no le faltaba razón a nuestro crítico, mis compañeros me han delegado para remediar el entuerto. Adelina Álvarez Bartolomé y Mª Remedios Uriel Izaguirre, del Plan Viejo, en el que había que aprobar una oposición selectiva de cinco grupos de asignaturas, junto con Mª Teresa Vidal Marín, del Plan Nuevo (la mayor autoridad actual en radioenlaces de España), en el que tuvo que aprobar dos cursos selectivos, compartieron con 130 compañeros las aulas de la calle Conde de Peñalver hasta su graduación en 1965, para formar la punta de lanza de una carrera que llevaba casi medio siglo titulando varones en exclusividad. Treinta años después, las mujeres constituían el 5% de la profesión, en progresión ascendente, por lo que en la próxima década llegarán al 50%. La admisión del primer curso 95-96 en Madrid contó con un 26,82% de población femenina, mientras que del último curso 94, el 97,22% de las mujeres tenían calificaciones iguales o superiores al sobresaliente en el Proyecto Fin de Carrera. En la puntuación de toda la carrera del último lustro, la única matrícula de honor la ha conseguido una mujer. Una de las características, entre otras muchas, que distinguen a mi generación de la precedente, es que cuando en ella se hablaba de la mujer era invariablemente para el resalte lírico de las virtudes femeninas, por lo que obviamente no voy a caer en ese lugar común, sino en resaltar el significado social de esta presencia, que resultaba tan chocante hace más de treinta años. Hace algún tiempo pregunté a dos de mis compañeras (hoy casadas con sendos compañeros de promoción y en provechosa competencia profesional con ellos), sobre su situación de entonces, y ambas me respondieron que únicamente en los profesores notaron un indeseado trato de "deferencia" que en modo alguno era el de camaradería de sus compañeros. En cualquier caso, son ellas las que deberían contar sus experiencias de pioneras. Frente a un extraño feminismo militante que considera como "conquistas" lo que no es sino la secuencia normal de un proceso histórico, puede ser de utilidad recordar algunos hechos, no por evidentes suficientemente conocidos. La mujer, en casos muy específicos e individuales, ha entrado en la Historia alcanzando niveles de reconocimiento iguales o superiores al varón. La gran reina egipcia Hatshepsut en el año 1.490 a. de C. inicia la lista de personajes históricos femeninos, pero el problema no es el de la individualidad, sino el del reconocimiento cultural de la genérica "condición femenina" como equiparable al de la "condición masculina". Es un hecho que, aunque ya se ha llegado a admitir que la mujer no sólo tiene alma, sino que hasta es un ser humano sin embargo sus niveles de retribución promedios son inferiores a los del hombre, pues el histórico prejuicio aún subsiste. Puesto que es difícil admitir que haya existido una conspiración mundial contra la mujer durante cinco milenios y medio (época histórica), y no existe un sólo argumento científico que establezca diferencia intelectual alguna por razón exclusiva de sexo, habrá buscar las razones de la histórica desigualdad en otros motivos el de la salud y la procreación. Hoy en día nos parece normal que la mujer tenga un promedio de vida de seis años superior a la del varón, alcanzando casi los 80 años. Pero esto es inédito en la historia de la humanidad. Lo normal, hasta que a partir del siglo XIX comenzaron a implantarse las medidas de higiene y alimentación prolongadoras de la vida, era que la esperanza de vida apenas superaba los 30 años, y en el caso de las mujeres, que jóvenes de parto, hasta el punto de que una "vieja" tuviera necesariamente que ser una "bruja" por su excepcionalidad. En estas circunstancias, la perpetuación de la especie era prioritaria a cualquier otra consideración, por lo que la mujer tenía como destino la maternidad... hasta su muerte. Su formación intelectual era un lujo, que sólo se podían permitir las reducidísimas clases privilegiadas (siempre que afrontaran epítetos despectivos tales como "latiniparla" o "bachillera"). Pero precisamente en 1965, la tasa anual de crecimiento poblacional del género humano (y también en España) alcanzó su cota máxima, empezando a disminuir desde entonces, según datos de la ONU, lo que significa que la curva logística de la población llegó a su punto matemático de inflexión. EL problema no es ya de "explosión poblacional", como estúpidamente aún repiten ciertos ignorantes, sino de despoblación de regiones enteras por falta de reposición, como es el caso de Europa. De esta forma, se produce el fenómeno de prolongación de la vida y tasa mínima de mortalidad infantil, lo que permite a la mujer tener hijos de reposición con garantía supervivencia como paréntesis a un período de formación y productivas el que aún dispone de otra media vida para su enriquecimiento espiritual. Como consecuencia, las culturales imposiciones machistas que habían prevalecido desde tiempos históricos al objeto de garantizar la supervivencia, en sólo un par de generaciones han dejado de tener sentido. A nadie puede extrañar que un bastión masculino como la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, pueda convertirse en mayoritariamente femenino en poco más de un lustro. Puesto que la fuerza de los hechos va siempre por delante de la de las ideas, el machismo cultural aún perdurará en muchas mentes como atavismo, pero no creo que esto les preocupe demasiado a nuestras compañeras. Como ejemplo de machismo, recuerdo una anécdota de la celebre la Bodas de Plata de nuestra promoción. Como innovadores natos, establecimos esta costumbre con un acto académico, comidas y viaje, en nuestro caso a Turquía. En un restaurante de Estambul, cenábamos seis matrimonios, y se acabó el vino. Mª Remedios Uriel, con 25 años de ejercicio profesional en cargos de alta responsabilidad, llamó al camarero requiriéndole que llenara las copas, pero éste no obedeció. Quedó observando un rato y se dirigió a su marido Arsenio, para que le confirmara que efectivamente podía traer el vino. Lo que nos abochornó de la situación fue admitir que un cuarto de siglo atrás, el hecho nos hubiera parecido normal. Pero ellas nunca nos hablaron entonces de nuestras actitudes mentales. Por vosotras, que cimentáseis con naturalidad un futuro profesional conjunto para hombres y mujeres, nuestra admiración y respeto. Aquilino Morcillo

Manuel Laraña Solé ¿Sociedad de la Información o de la Incomunicacion? a asistencia a la mesa redonda "Una visión crítica sobre la Sociedad de la Información", celebrada el recientemente en la sede del Consejo Económico y Social, organizada por el COIT y la Fundación 1 de Mayo, me ha incitado a escribir estas consideraciones, por supuesto personales y discutibles. La iniciativa de los organizadores de la Mesa Redonda merece mi alabanza, al permitir un provechoso ejercicio de reflexión colectiva, pensamiento libre, discusión y análisis entre personas de diferentes orientaciones: sindicalistas, ingenieros, economistas y humoristas, mezcla que me pareció muy enriquecedora además de amena. Ojalá ello contribuya al debate social sobre los pros y contras de la globalización de la economía. Considero necesario que los profesionales involucrados en la construcción tecnológica de esa nueva utopía, norteamericana en su origen, aunque arraigada y promovida ahora por los demás países desarrollados, dediquemos algún esfuerzo a analizar sus implicaciones y revisar los principios impulsores de ese gran proyecto mundial, al que se atribuye la capacidad para resolver los males y desequilibrios de nuestra sociedad. El desarrollo de una conciencia crítica, o especial sensibilidad, relativa a la transcendencia social de nuestra práctica profesional y de las políticas de telecomunicaciones actuales, serían también asuntos pendientes de nuestro colectivo. Reflexionando sobre nuestra sociedad, tendería a denominarla más bien como sociedad de la incomunicación que de la información. Creo que el mito babélico está hoy muy presente, a pesar de los grandes avances tecnológicos producidos en los sistemas de traducción automática de voz en tiempo real entre distintos idiomas, o en el reconocimiento del lenguaje natural por los ordenadores. Ahí tenemos hechos vergonzantes como los crecientes conflictos bélicos, las hambrunas continuas, la miseria, la injusticia, el analfabetismo, los malos tratos y explotación infantiles, la hipocresía o el cómplice silencio de la diplomacia ante esas situaciones, la debilidad de organismos y del derecho internacionales, la intolerancia y el fanatismo endémicos, los prósperos mercados del narcotráfico, de residuos tóxicos, de especies protegidas (incluida la humana), del tráfico de armas, la preeminencia de la violencia y el ansia de dinero (u otras formas de poder) como modos de vida modernos. Convertidos en objetos de deseo o de goce por los poderosos medios de comunicación, nos recuerdan sin embargo el lado oscuro del subdesarrollo social y humano en el que nos encontramos todavía. No parece que los grandes adelantos científicos y tecnológicos de este siglo hayan permitido que la humanidad avance sustancialmente en su progreso social. A la mayoría de los profesionales de nuestro sector, lo primero que nos cautiva es la ciencia-tecnología-industria, y sentimos un cierto desinterés por los aspectos socioeconómicos o políticos, por no mencionar los aspectos éticos o filosóficos. Esos temas no están de moda, no se gana dinero, o poder o prestigio con ellos, resultan comprometedores, a veces espinosos, y se piensa "dejemos la política a los políticos". Antes de revisar los "axiomas" subyacentes al proyecto de construcción de la sociedad de la información, conviene enmarcarlo en el escenario actual de la guerra mundial de la información, cuyas manifestaciones son las luchas del sector público contra la empresa privada, del derecho público contra el privado (civil, mercantil), del interés general frente al particular (o de grupos de presión), del enfoque social al individual o elitista, de la solidaridad frente al egoísmo, del Estado contra el mercado, del servicio público esencial de titularidad estatal al negocio empresarial exclusivo de los mercados soberanos. En este campo, fenómenos como la internacionalización de la economía, la globalización de mercados, la liberalización económica y la desregulación de sectores -antaño estratégicos- parecen desbordar el ámbito de la soberanía del Estado. En esta revolución mundial de lo privado contra lo público, se presenta la guerra mundial de las telecomunicaciones, también conocida como la crisis de las telecomunicaciones, que se desató completamente en los ochenta con el histórico desmantelamiento de AT&T en los EE.UU., consecuencia de una decisión judicial, tras la que estaban las nuevas ideas de que los monopolios son perjudiciales para la economía en un mundo globalizado (dominado?) por las empresas transnacionales. El principio de la libre competencia se convierte en fundamental, se defiende la actuación libre de las llamadas "leyes del mercado", la limitación del poder de los monopolios -o su aniquilación- y el estímulo de la competencia desregulando el sector. Esta corriente de pensamiento político-económico se ha ido extendiendo hacia todos los países, y al llegar a Europa se ha empezado a emular esas nuevas políticas desreguladoras, creyendo en sus bondades para la economía: las conocidas mejoras de precios, calidad y variedad, además del crecimiento del mercado. Otros beneficios para el consumidor -secundarios en términos políticos- serían aumentar su libertad de elección, no sólo de productos sino de suministrador, y facilitar mediante la adecuada información el ejercicio responsable de su libertad de consumo y elección. Entre tanto, con la difusión masiva de la red Internet y su popularización entre las sociedades prósperas, se lanza una nueva idea (campaña?) de futuro, llamada la sociedad de la información, cuyo gran fracaso podría ser ofrecer mucha información y "ceguera", pero quizás poca comunicación, formación y cohesión social. Para alcanzar tan deseada meta son precisos, se dice, algunos pequeños sacrificios, y asumir unos postulados incuestionables, a saber: su construcción debe dejarse principalmente a la iniciativa privada procurando que la competencia entre empresas del mercado logre la eficiencia y rapidez de implantación deseadas. Segundo, es preciso dejar actuar libremente al mercado y la libre competencia sin trabas reglamentarias. Por último, hay que desmontar las barreras de entrada a nuevas empresas competidoras (normalmente multinacionales) en todos los países para facilitar el comercio y desarrollo internacional. Considero el primer postulado correcto, la iniciativa privada es más ágil, ahorra ineficiencias e inercia del sistema público. Se trata de pragmatismo, puesto que el incentivo económico juega un papel tan primordial en nuestra sociedad, suele ser un elemento casi imprescindible para que algo funcione razonablemente bien, a un coste aceptable y en un plazo breve; aunque su implantación deba ser ordenada, planificada y supervisada por los poderes públicos. El segundo supuesto, de que sea el libre mercado y la competencia entre empresas el mejor entorno posible para la implantación de la sociedad de la información, me parece muy discutible, por dos razones: la primera es que no conviene confundir el "libre mercado y sus leyes" con la libertad de empresa y la libertad para competir, derechos que habrá que hacer compatibles con los principios de la protección del consumidor por los poderes públicos, la subordinación de la riqueza al interés general, y la posibilidad de reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales -especialmente en caso de monopolio- (arts. 51.1, 28.1 y 28.2 de la Constitución Española). La segunda, que las fuerzas del mercado deben estar al servicio de la humanidad, y no al revés, como algunas selectas partes interesadas puramente en el negocio pretenden hacernos creer. Finalmente, el tercer "axioma" de que hay que abolir las barreras de entrada a los nuevos competidores, desregulando los servicios y la construcción de infraestructuras precisas para suministrarlos, estableciendo igualdad de oportunidades para los operadores tradicionales y los nuevos, me parece cuestionable. Aunque soy partidario de la libertad para competir, y reconociendo los beneficios de la libre competencia, no creo justo pretender unas condiciones iguales en base a la aplicación de regulaciones asimétricas (condiciones para los entrantes más ventajosas que las de los operadores tradicionales). Perjudicar o penalizar a unos para beneficiar a otros, sólo porque unos llegaron antes y otros después, unos han hecho aportaciones históricas a la industria, al desarrollo del sector y al servicio universal, y los entrantes a los que se pretende proteger no las hicieron (cierto que tampoco tuvieron la oportunidad), no parece muy equitativo. La eliminación de barreras podrá tener, en cada caso, efectos positivos y negativos que habría que valorar antes de decidir su desmantelamiento. La necesidad de defender una política industrial, social, o de generación de valor añadido nacional (tejido industrial y empleo) debiera ser prioritaria. Hay que recordar que normalmente, la parte más débil en cualquier mercado, que requiere de mayor protección por los poderes públicos, es el consumidor o usuario, y por lo tanto convendría preguntarse todas esas medidas reguladoras que impacto global van a tener aquí y ahora sobre ellos, además de los previstos en el futuro, y si los beneficiarios reales de tales medidas son los usuarios o los proveedores. Una de las contradicciones del actual proceso de liberalización, centrado en la abolición de los monopolios nacionales, puede ser que conduzca a su sustitución por los emergentes oligopolios mundiales de macroempresas, como parecen apuntar las recientes tendencias del sector. Entre ellas están las operaciones de fusión, adquisición, alianzas, intercambios accionariales, consorcios internacionales, acuerdos de reparto regional o sectorial de mercados, tácticas de colusión, de precios predatorios, etc. Prácticas que suponen serias amenazas o restricciones a la libre competencia, justo lo contrario de lo que se pretendía con la eliminación de los vetustos monopolios, y que podrían conformar mercados fuertemente oligopolísticos de competencia pactada o aparente. Esas tendencias muestran la creciente concentración empresarial a escala mundial, baste recordar los casos de BT y MCI, FT con DT y Sprint, Unisource y AT&T. Fenómeno que se está dando también tras la aprobación de la ley de Telecomunicaciones de 1996 en los EE.UU., de marcado carácter liberalizador, con los procesos de unión de Bell Atlantic y Nynex, o de Pacific Telesis y Southwestern Bell Co., que al reducir el número de proveedores, limitarán la competencia y la libertad de elección del usuario. Las poderosas corrientes de liberalización de sectores básicos (telecomunicaciones, distribución de electricidad, gas y agua, transportes, carburantes, servicios municipales, etc.), plantean nuevas modas y buenos negocios, como la financiación y gestión privada de infraestructuras y servicios de interés público. El concepto antiguo de servicio público de telecomunicaciones ha quedado despojado de naturaleza jurídica en el derecho comunitario, siguiendo la corriente norteamericana, pasando del concepto de "servicio público" al más leve de "servicios al público". Parece que éstos ya no son, o van a ser, ni esenciales, ni de titularidad estatal, sino un buen negocio para los más competitivos que dispongan de cuantiosos capitales y saber hacer empresarial, dadas las considerables inversiones necesarias para la construcción y explotación de esas infraestructuras. La cuestiónes determinar a quién debe beneficiar fundamentalmente, la liberalización, privatización y desregulación, o los procesos de gestión y financiación privada de "lo público". ¿A la sociedad en general (sus ciudadanos y/o usuarios) o a las grandes empresas, grupos económicos o de presión, cuyo objetivo primordial y existencial es la consecución del beneficio, cuanto mayor mejor, y su crecimiento empresarial por encima de todo (y de todos)? La red Internet puede ser un medio democratizador y descentralizador, de difusión de la información y por tanto del poder, diluyéndolo entre toda la sociedad para hacerla más autocrítica y consciente, capaz de pensar por sí misma y poner en cuestión las verdades prefabricadas por el poder establecido, que en su constante intento de influir sobre la opinión pública, recela de Internet. En ese sentido el poder de Internet es enorme, tanto que asusta a los gobiernos que se aprestan a inventar medidas para someterlo a sus intereses. ¿Caerá al final la Gran Red en manos del Gran Hermano? La regulación de Internet es un tema de moda y promovido con afán por algunos, la censura de contenidos pornográficos, terroristas o criminales, la regulación del comercio electrónico, del teletrabajo, de la seguridad, privacidad, confidencialidad y de la propiedad intelectual, pueden estar muy próximos. ¿Hay que redescubrir un nuevo concepto de economía de mercado social, donde la lucha contra la pobreza, las desigualdades, el hambre, el analfabetismo, la guerra, la explotación infantil, los malos tratos, etc., en suma, contra el subdesarrollo, juegue un papel importante? En el que la defensa de los niños y ancianos, los valores de solidaridad, libertad, justicia social, el fomento de la educación, la cultura y la salud, sean objetivos primordiales, y no la simple obtención de beneficios económicos inmediatos y el culto al ego del individuo. Podríamos también preguntarnos, si el libre mercado hace más libres a los consumidores que a él acuden para satisfacer sus necesidades, o si por el contrario la libertad no la da el mercado al ciudadano sino el dinero que este tenga en su bolsillo, como decía hace poco un economista español, J. L Sampedro. Si fuera así, que paradoja sería que el libre mercado no hiciera más libres a sus clientes (ciudadanos), sino más ricos a los agentes económicos proveedores del mismo, al tener manos libres, sin impedimentos para hacer su negocio (obtener beneficios económicos inmediatos sin importar los costes sociales, medioambientales o cualesquiera otros, cuya anotación contable no se contempla directamente en las cuentas anuales, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados). El proyecto predominante de la sociedad de la información "políticamente correcta", podría transformarse en otro "socialmente correcto", que podría denominarse sociedad de la comunicación y cooperación, donde la tecnología no sea el factor primordial, ni excusa para acrecentar la acumulación intensiva en unas pocas manos (o empresas) del poder tecnológico-industrial o financiero, o un pretexto para derribar las barreras nacionales erigidas como freno a la colonización económica; sino tan solo un medio más al servicio de la humanidad. Un proyecto donde la iniciativa privada coexista libremente con el sector público, aprovechando lo bueno de una y del otro, donde las "leyes del mercado" se pongan al servicio de la sociedad y no sólo al de los grandes grupos empresariales cuyo poder alcanza a crearlos o deshacerlos, y donde se potencie el comercio y desarrollo económico local-regional, responsable, sostenible y descentralizado, fomentando y globalizando los valores de la educación, solidaridad, y responsabilidad, y facilitar su libre circulación. * Manuel Laraña Solé es ingeniero de Telecomunicación. Algunas organizaciones no gubernamentales, cuyos objetivos fundacionales no son la obtención del beneficio económico para retribuir adecuadamente el capital financiero invertido, sino la consecución del beneficio social para la comunidad, que por sí mismo retribuirá al capital humano auténtico invertido en ese desafío; junto con otros movimientos sociales altruistas, podrían formar parte de los ideales de ese otro proyecto. Tal vez ello constituya una alternativa más humana para construir una sociedad de la comunicación.

La "guerra digital": Apuntes para un debate n los últimos meses estamos siendo testigos, a través de los diversos medios de comunicación, de diferentes y, a veces, contrapuestas opiniones acerca del nuevo fenómeno de la llamada "Televisión Digital". La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (A.S.I.T.A.N.O.), como representante de un grupo de profesionales del sector, desea participar en el debate actual sobre la TV digital, con el ánimo de clarificar algunos de los conceptos involucrados y contribuir a la reflexión colectiva sobre las implicaciones de las alternativas que están siendo manejadas, cara a su regulación. En estos días, estamos asistiendo a la aparición en el mercado de dos grupos empresariales que nos ofrecen un paquete de canales de TV de pago vía satélite, utilizando tecnología "digital", con la que se asegura una mayor calidad en las imágenes recibidas. A esto se le está llamando, de manera un tanto inexacta, Plataformas Digitales. Con este término, se está designando actualmente a un conjunto o "paquete" de canales de televisión, transmitidos digitalmente a través de satélite. Los usuarios o clientes necesitan una Antena receptora de TV, capaz de sintonizar el satélite correspondiente (hoy en día existen varios disponibles), un sistema de descodificación de las señales digitales y una clave de acceso a la programación, si dicha programación es de acceso condicional (bajo pago). Aparte de su calidad, el sistema digital ofrece un aprovechamiento más eficiente del soporte o medio de la transmisión, con el consiguiente aumento del número de canales posibles de recibir, y variadas posibilidades de control e interactividad, entre ellas la llamada "pago por visión", que consiste en le acceso a determinados servicios (transmisión de espectáculos deportivos, selección de películas "a la carta", etc.), por los que habrá que pagar un cargo adicional a la tarifa base de suscripción a la Plataforma. Se están así uniendo dos técnicas: la digitalización de la señal televisiva y la transmisión de dicha señal vía satélite. Por otro lado, frente a la situación actual de un solo canal de pago a nivel nacional, a muy corto plazo el ciudadano va a poder recibir en su casa, a través de los diversos medios de telecomunicación (Ondas terrestres, satélite, cable, fibra óptica, etc.) una multitud de canales de información y servicios (Radio, Televisión y nuevos servicios adicionales), para los que sería deseable compatibilizar al máximo el equipo descodificador. La realidad, es que mientras la televisión por cable está aún pendiente de un proceso de implantación y despliegue masivo, a nivel nacional, no es así en lo que respecta al satélite, por lo que las compañías del sector están interesadas en captarnos como clientes antes de que con el desarrollo del cable y, por tanto, con la llegada de los nuevos servicios, haya mayor competencia. Surge, pues, una competencia movida, no sólo por un interés meramente económico, sino también de influencia social. Si el sector no se regula ya convenientemente, unos pocos grupos dominarán a corto plazo el mercado de la televisión, con el peligro potencial que ello comporta, debido a la poderosa influencia de aquélla en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. En segundo lugar, centrándonos en el tema técnico, vemos que frente a la avalancha tecnológica que se nos avecina, ésta nos llega con retraso y, a pesar de ello, sin una reglamentación técnica adecuada, tanto para las llamadas plataformas digitales por satélite como para la televisión por cable. Con la actual reglamentación, no existen suficientes instrumentos que impidan que nuestras ciudades se vayan, poco a poco, afeando mediante multitud de cables en las fachadas y antenas de todo tipo en las azoteas y terrazas de los edificios duplicando, o incluso triplicando, instalaciones que con una reglamentación racional serían de más calidad, más baratas para el ciudadano y más respetuosas con el entorno. De hecho, las distintas administraciones carecen actualmente de los medios legales, técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo una inspección técnica que obligue a las empresas prestadoras del servicio a dar una calidad adecuada en todos los aspectos. El problema técnico no se reduce exclusivamente al "famoso" descodificador. ¿Qué espera el ciudadano de la Televisión? En nuestra opinión, es necesario ofrecer al ciudadano unos servicios Multimedia (TV, Radio, etc.), que reúnan los siguientes requisitos: 1. Clarificación, sin tecnicismos innecesarios, de las ventajas y condicionantes que su elección de las diversas tecnologías disponibles comportan: Satélite, Cable, etc. 2. Unos servicios de calidad y con una diversidad de contenidos que alcancen, independientemente de la geografía, y satisfagan a toda la población, minorías incluidas. 3. Coste mínimo de acceso a los servicios, o bien, una relación calidad/precio alta. 4. Garantías de que el cambio de empresa ofertante de servicios no implique ningún coste de reemplazamiento de equipos, por incompatibilidad con los del anterior suministrador, es decir estandarización de los equipamientos auxiliares de TV en los domicilios de los usuarios, o en otras palabras, evitar la existencia de "mercados cautivos". 5. Garantía de la libertad de expresión mediante una información sin restricciones de ningún tipo a las diversas fuentes de opinión. 6. Protección del menor y de otras capas indefensas o desfavorecidas de los posibles abusos en materia de información. 7. Protección máxima del entorno. Unas líneas de reflexión * Si bien la racionalización y estandarización de las infraestructuras supone para el ciudadano ventajas de tipo económico, técnico y ambiental, con relación a los contenidos y el coste de los servicios, el factor más significativo debería ser la existencia de una diversidad de oferta. La competencia, en un mercado libre, redunda siempre en beneficio del consumidor. * Si se quiere garantizar la libertad de expresión y la de información, los ciudadanos necesitamos múltiples y variados canales de televisión, en donde se oiga la voz de todos, sin distinción de ideas políticas, religiosas o sociales y sin más límite que el sometimiento a la ordenación legal y el respeto a las posiciones divergentes. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a la desaparición de los monopolios naturales y abren las puertas de la difusión de información a los grupos culturales y sociales minoritarios y más débiles económicamente. La liberalización que haga posible dicha difusión ha de ser global, no sólo de infraestructuras materiales, evitando prácticas restrictivas. De otra manera, la libertad "teórica" de difusión puede venir condicionada por las restricciones de acceso al medio dominante en cada momento. Así por ejemplo, para conseguir este objetivo, es conveniente no limitar el número de licencias de canales de televisión, adjudicando aquéllas a los diversos grupos que cumplan la reglamentación, legislando para evitar que se den situaciones de privilegio, preponderancia o monopolio de "facto". En el caso de los concesionarios de una red de cable en una determinada zona geográfica, se podría reglamentar que éstos emitan por su red todos los canales de radio y televisión nacionales, autonómicos y locales, por ondas terrenas y satélite, que emitan en abierto y tengan cobertura en dicha zona. Por otra parte, y para evitar situaciones de preponderancia de unos grupos o empresas concesionarias sobre otras, cada concesionario no podría emitir más de un canal con el mismo contenido temático en la zona donde tiene otorgada su licencia. * El ciudadano merece una información veraz y no ser manipulado con la afirmación de que aquellos canales de Radio y Televisión que emiten sin codificar son "gratuitos". Es evidente que, o bien se financian mediante la publicidad de productos, cuyo sobrecosto paga el consumidor al comprar aquéllos, o bien (los canales públicos), además, mediante la subvención de las Administraciones Públicas a partir de los impuestos que pagamos todos. * Las diversas Administraciones del Estado deben garantizar, en todo momento, la igualdad de condiciones y la ausencia de privilegios en la concesión de licencias a los grupos o empresas solicitantes. * Por último, queremos advertir del peligro que entraña, en todos los ámbitos de la vida del ciudadano, una inapropiada regulación de la televisión y lamentar el retraso y la improvisación con los que se están implantando en España estas nuevas tecnologías de telecomunicación. Como ciudadanos, debemos exigir a los partidos políticos un debate clarificador, en el que se escuche y atienda la voz de todas las partes implicadas, con el fin de que la regulación de la televisión se consensúe entre las fuerzas sociales como asunto de gran interés nacional. Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO)

EL MITO DE LA DEDICACIÓN PLENA A LA EMPRESA Manuel Gamella l tema que quiero tratar aquí es mítico, no porque se refiera a una situación irreal, sino por basarse, como intentaré exponer, en una concepción imaginaria, pero no por ello menos actuante (como corresponde a todo mito que se precie) sobre la realidad que nos ha tocado vivir. La formulación de esta imagen podría ser algo así: "en la nueva sociedad de la información las empresas sólo pueden ser competitivas si sus profesionales se dedican a ellas sin limitaciones de tiempo o de otros intereses personales". Es de observar la contradicción con otro aspecto mitológico de la economía moderna: el de la necesaria movilidad radical de los recursos humanos para permitir el advenimiento de la empresa en red o de la empresa virtual, donde ya no hay pertenencias sino puro intercambio servicios entre agentes libres e individuales. Sin embargo, las contradicciones nunca han quitado efectividad a las buenas mitologías (repasemos, por ejemplo, los evangelios), y ésta podemos dejarla aparcada para otro día. Antes de pasar a mayores honduras, conviene señalar que estoy hablando de profesionales, gentes que defendemos una posición, basada en el reconocimiento social de unas capacidades especializadas (a menudo, aunque no siempre, respaldadas por alguna titulación), distinta de la de los trabajadores más fácilmente intercambiables, sobre todo en situaciones de desempleo elevado y crónico, que ocupan el otro polo de una sociedad cada vez más dualizada. Lo que sigue se refiere fundamentalmente a este segmento aunque, con otros matices, sus efectos se van extendiendo a otras capas del personal empleado. Los síntomas más visibles del fenómeno que nos ocupa aparecen abundantemente en nuestra propia experiencia. Nuestros horarios, los de nuestros colegas conocidos y, al parecer, los de los miles de personas que llenan cada vez más las autopistas de salida hacia las zonas residenciales (dormitorios), tienden a flexibilizarse siempre en el mismo sentido: hacia más horas. Los teléfonos móviles, los buscapersonas, los ordenadores personales, o simplemente los portafolios y las cabezas, prolongan además las preocupaciones laborales fuera de las empresas. Lejos quedan las hermosas utopías sobre la sociedad del ocio y similares. El carácter mítico o imaginario de la justificación competitiva para esta tendencia se manifiesta por la debilidad de sus razones técnicas. No son tantos los casos en que las horas que sobrepasan la jornada oficial resultan imprescindibles por causas productivas duraderas, y su eficacia laboral se ve mermada además por el cansancio y por los tiempos muertos de comidas, sobremesas, charlas y cafés. Examinados de cerca, los procesos de deslizamiento del horario suelen obedecer a una lógica social que opera de arriba abajo en las escalas jerárquicas. Los cargos directivos necesitan siempre una justificación preeminente a los ojos de todos los integrantes del ámbito en que operan, empezando por los demás directivos, y es fácil buscarla en la exhibición de una dedicación superlativa, constatable por su disponibilidad para reuniones, comidas, o contactos personales o telefónicos "a cualquier hora". Pero un jefe no es jefe sin subordinados, lo que da lugar a presiones directas o indirectas (valoración) sobre éstos, en el sentido de adecuar su disponibilidad a la de los primeros. Una vez establecida esta pauta dos factores vienen a reforzarla y a realimentarla: la naturaleza relacional de gran parte de los trabajos profesionales, que contribuye a ajustar al alza los horarios, y el establecimiento de hábitos culturales mediante los cuales tendemos a hacer soportables las situaciones que sentimos como inevitables, buscando en ellas satisfacción a nuestras necesidades de autoestima y de gratificación personal y social. Este último aspecto llega a ser decisivo cuando culmina en una sustitución difícilmente reversible de los intereses y relaciones ajenos al mundo de la empresa por los establecidos dentro de ella. Amistades, aficiones, temas de conversación y de interacción social de todo tipo tienden así a reducirse a un estrecho entorno empresarial. Cualquier otro ámbito, excepto el más reducido núcleo familiar y, a veces, hasta éste, se va empobreciendo hacia su desaparición, primero por pura falta de tiempo, después por su progresiva suplantación por sucedáneos construidos a partir de las limitadas vivencias en torno al trabajo. El mito profesional de la necesaria dedicación plena a la empresa no es sino la justificación ideológica de todo este proceso. Sus consecuencias no sólo son negativas para la riqueza de las existencias individuales, sino también, me atrevo a decir, para conseguir mejores logros globales en una economía cuyo avance depende de la innovación creativa, estimulada por la amplitud de las necesidades y de las curiosidades humanas. ¿Es posible una reacción frente a este mito y, sobre todo, frente a la realidad a la que sirve? Desde luego hay que recalcar que no se trata de una situación sin alternativas económicamente viables. Las posibilidades de reorganización de las actividades laborales, de aumento de las tasas de empleo, y de elevación de las capacidades técnicas de los empleados, permiten concebir escenarios de mayor productividad en conjunto con dedicaciones personales razonables. El llamado reparto del trabajo es sólo un tipo particular de esos escenarios posibles y, en mi opinión, no el más atractivo frente a otros con adecuaciones más flexibles de la cantidad de trabajo a la libre elección de cada uno. Los nuevos medios tecnológicos no hacen sino aumentar continuamente esos oportunidades, aunque en contra está la inercia de los hábitos sociales ya enraizados y la dificultad de hacer frente a ellos de manera individual, sobre todo desde colectivos con tan bajo nivel asociativo y sindical como la mayor parte de los profesionales. Por lo pronto, mantengamos vivo el debate.

DE LA ESTRATEGIA EN LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES Fernando Herrera l sector de los servicios de telecomunicaciones ha sido tradicionalmente un sector carente de competencia, dominado por una empresa estatal en régimen de monopolio. Los argumentos dados han sido, entre otros, el de la necesidad de una gran infraestructura o el de servicio público. No obstante, interesa centrarnos en la próxima liberalización del sector. De repente, empresas acostumbradas a un mercado en exclusiva y guiadas por criterios no siempre de rentabilidad, se ven confrontadas con la dura realidad de que han de competir con empresas tanto o más poderosas que ellas, que parten de una situación similar. Y, como en todos los sectores en competencia, la estrategia cobra una importancia inusitada para el éxito y supervivencia de los competidores. En las siguientes líneas se trata de ver qué forma cobran las teorías estratégicas en el sector de los servicios de telecomunicación. Estrategias básicas de empresas en competencia Para Michael E. Porter, existen tres estrategias básicas o genéricas que puede seguir una empresa. Dichas estrategias son: - Liderazgo en costes: la empresa trata de competir siendo la de más bajo coste en el sector, buscando economías de escala, para lo que precisa una alta cuota en el mercado. - Diferenciación: la empresa busca que su producto se perciba en el mercado con unas cualidades únicas. - Competidor de nicho: en este caso, la empresa se enfoca a un grupo determinado de compradores (segmento) y no pretende todo el mercado. Mediante la puesta en práctica de una de las estrategias genéricas, las empresas consiguen superar el desempeño de los competidores. Esto no implica que sólo sobrevivan las empresas que triunfen en una de las estrategias, si no que éstas son las que obtienen mayores rendimientos. Los operadores de servicios de telecomunicaciones Centrándonos ya en nuestro sector objetivo, las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones, hay que pensar que lo dicho es particularizable: los operadores que sean capaces de seguir una estrategia bien definida obtendrán rendimientos mayores que los otros (sin que esto implique necesariamente que estos otros tengan pérdidas). En mi opinión, la aplicación de las estrategias genéricas a este sector se puede plantear como enfrentamiento entre red de transporte y red de acceso. Por red de transporte se entiende todos aquellos medios tecnológicos que sirven para aproximar la información desde su punto de entrada al de salida, pero no realizan la "entrega" de la información al usuario final. La red de acceso es la parte restante de la infraestructura que permite la comunicación, encargada de "entregar" la información. Con la tendencia a un formato uniforme, el digital, en la información transportada, la red de transporte no será particular para una determinada clase de información, como ocurre en la actualidad. Al suceder esto, se generarán unas importantes economías de escala. En cambio, la red de acceso se beneficia sólo parcialmente de tal digitalización, y, en general, no permite la obtención fácil de economías de escala: hay que llevar un "cable" (en sentido amplio) a cada domicilio. Dicho lo cual, es claro que las operadoras de telecomunicaciones que se decidan por un liderazgo en costes, habrán decidido enfocarse en la red de transporte, que es la que puede posibilitar bajo coste del servicio. Por contra, la estrategia de diferenciación se traduce en un enfoque en la red de acceso. En la primera posición parecen situarse las grandes alianzas globales que estamos conociendo, como Global One o Concert. Por contra, los competidores por diferenciación están más próximos al cliente final, a cuyas necesidades específicas tratan de responder. En su caso, el servicio al cliente se constituye en verdadero factor clave de éxito. No sólo la infraestructura es lo importante para estos competidores, sino las aplicaciones que son capaces de dar, el servicio postventa y, en suma, el amoldamiento a las necesidades del usuario. * Fernando Herrera González es ingeniero Superior de Telecomunicación por la UPM en 1993 y Licenciado en Ciencias Empresariales por la UNED en 1994. Inició su carrera en RETEVISION, y desde hace unos 4 años trabaja en una firma consultora. Los problemas del posicionamiento a la mitad Una empresa, en cualquier sector, no puede estar a todo. La que no enfoca todos sus recursos en un mismo sentido no puede conseguir la misma eficiencia que otra que sí lo haga. Como expresa Porter en un reciente artículo, la estrategia supone soluciones de compromiso, "trade-offs": no se puede hacer todo mejor que los demás, hay que decidir en qué destacar. En esto consiste la formulación de una estrategia. Lo dicho ha de aplicar a los competidores en el sector de telecomunicaciones: las empresas que no decidan entre un enfoque u otro, red de transporte o red de acceso, estarán posicionándose a la mitad y tendrán rendimientos inferiores que aquellas empresas que estén siguiendo una de las estrategias genéricas. Y, sin embargo, ¿cuántos operadores de telecomunicaciones están realizando una elección de este tipo?. Hasta el momento actual, parece que nadie renuncia a ninguna de las redes, sobre todo por la gran importancia dada al control del cliente final, al que renunciarían las empresas que se posicionen como líderes en costo. Cuando la competencia sea real, tal vez esta idea de "elección" no resulte tan absurda. AT&T ya está sufriendo en sus carnes esta carencia clara de posicionamiento. Simplemente como comentario, hay que decir que, en la actualidad, la lucha por el control del cliente se extiende también a los proveedores de contenido (Canal+ es un ejemplo en España). Y la conclusión El interrogante básico que se plantea es si conseguirán las empresas de servicios de telecomunicaciones mantener sus rendimientos sin enfocar su estrategia hacia una de las genéricas, liderazgo en costos-red de transporte o diferenciación-red de acceso. Actualmente, no hay una estrategia definida, y da la impresión de que todas van a por todo. Al hilo de lo dicho, sería interesante constatar si, de enfocarse alguna en una de las redes, sus rendimientos van a ser superiores a las restantes, que quedarían posicionadas en el medio. Los próximos años tienen las respuestas... estaremos atentos.

EN LAS TELECOMUNICACIONES SE MUEVE ALGO MÁS QUE LA PLATAFORMA DIGITAL Javier Navascués Chivite. n los últimos meses, las telecomunicaciones han estado de moda en los medios de información debido a la polémica sobre las Plataformas Digitales. Algunos pensamos que una parte de los esfuerzos empleados a dicha polémica hubieran podido dedicarse a otros graves asuntos que afectan a las telecomunicaciones: la privatización de los operadores públicos -Telefónica1 y Retevisión- y la legislación de un futuro sin limitación de operadores. En opinión de CC. OO., en estos cambios nos jugamos una buena parte de la futura cohesión social y territorial de este Estado. Decretazo del Gobierno para privatizar Telefónica. Telefónica fue privatizada totalmente2 no ya por Decreto, sino mediante un acuerdo del Consejo de Ministros que no obliga a su publicación en el BOE, pues al parecer el Gobierno considero que era un asunto de su exclusiva incumbencia. En nuestra opinión dicha privatización incumbe no solo al conjunto del Estado (Cortes y jueces incluidos), a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, sino que además es un asunto esencial para toda la ciudadanía. En el recurso presentado por CC.OO.ante el Supremo contra dicha privatización se plantea que el Gobierno no es quien para sacar a Telefónica del sector público, ya que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, actualmente en vigor, establece que los servicios esenciales que Telefónica presta están reservados a dicho sector público. Dicho recurso, y la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno, se plantea en defensa de los importantes derechos sociales que están en juego y de los que hablaremos a continuación, limitándonos, por razones de espacio, al servicio telefónico. La telefonía rural. Poco antes de la privatización de Telefónica (el 31 de Dic. pasado), se cumplió el plazo límite para que la telefonía en las zonas rurales tuviera las mismas características que en las zonas urbanas. No obstante las obligaciones actuales de Telefónica para la telefonía rural están ligadas a la telefonía móvil analógica, para abaratar sus costes3 -casi 250.000 abonados-. Además se han necesitado importantes aportaciones económicas de las Comunidades Autónomas, en especial la gallega. Pero la tecnología analógica debe extinguirse para dar paso al GSM digital, y además no permite los niveles de calidad exigidos a nivel europeo. El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT) propone que el servicio universal (SU) de telefonía continúe siendo cubierto por Telefónica. No obstante estamos convencidos de que el mantenimiento de la telefonía rural sin límite temporal, y en las condiciones de calidad de las zonas urbanas, está gravemente amenazada, y será objeto de una importante batalla de intereses, por las cuestiones técnico-económicas que citamos mas arriba y por que el equilibrio financiero del Contrato del Estado con Telefónica sigue vigente. ¿Pagarán la parte correspondiente los nuevos operadores?. Para CC. OO. sería inaceptable una nueva aportación pública para la modernización de la telefonía rural, pues ¿pagarían las CC. AA. dos veces por llevar los teléfonos a los pueblos?. Las tarifas telefónicas La situación de monopolio telefónico permite establecer una serie de mecanismos redistributivos mediante los cuales los ingresos procedentes del conjunto de las tarifas cubren los costes del servicio con una relativa independencia de la situación geográfica y del nivel de uso del teléfono. Debe tenerse en cuenta que el servicio no tiene los mismos costes el servicio en una provincia extensa, montañosa y poco poblada, que en otra de gran densidad de población, además hay usos del teléfono tan bajos que no cubren costes. Esto, más las tarifas locales bajas, ha respondido a una política de extensión del servicio telefónico. A pesar de ello, el Estado español tiene uno de los niveles de penetración del servicio, y de tráfico, mas bajos de la Unión Europea. Todo ello cambiará en la nueva situación de operadores sin límite, que se concentrarán en las zonas de gran densidad de población y bajos costes y en los usuarios de alto consumo, abandonando al resto. Debido a esos cambios consideramos que existen importantes riesgos de fuertes aumentos de las tarifas locales4, de distorsión geográfica de los precios o tarifas -como sucede en las internacionales- y de expulsión de los usuarios de bajo consumo, mediante la subida de sus cuotas fijas. Para CC. OO. el mantenimiento de tarifas locales bajas, y la uniformidad de las de larga distancia, sin discriminaciones geográficas en el Estado Español, representa un mecanismo imprescindible de universalización del servicio y de cohesión territorial. Su subida, en relación con los valores actuales, o su distorsión geográfica, sería inaceptable, y la LGT debería considerarlo así para asegurar la asequibilidad del SU. El Proyecto de LGT reconoce que la asequibilidad del servicio telefónico es parte de su universalidad y que el SU debe ser financiado entre todos los operadores, pero no establece ninguna referencia de lo que se entiende por asequibilidad. El proyecto de LGT propone regular mediante Real Decreto -de nuevo sin contar con el Parlamento los detalles de la definición y financiación del SU. No obstante dicha financiación compartida del SU puede ser eliminada por una decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que considere que estas obligaciones no representan una desventaja competitiva para el que lo preste. En cambio el texto plantea la intervención pública en los precios o tarifas como algo transitorio. El cálculo de los costes del SU, sería realizado por Telefónica, aprobado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sin intervención de Gobierno ni del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y con el control exclusivo del resto de operadores. En definitiva las tarifas y precios quedan cada vez mas alejadas del control público y social. Sinceramente seríamos mas que ingenuos, tontos, si confiáramos ciegamente en el buen hacer de unas operadoras completamente dependientes de su accionariado y de un Gobierno obsesionado en impulsar el máximo de competencia. Sin control parlamentario y con muy reducidos medios de control social no podemos esperar una regulación suficientemente protectora de los derechos públicos y defensora de la cohesión social y territorial en las telecomunicaciones. Conclusión Al igual que se ha hecho en todos los países europeos donde se ha acabado, o se está acabando, con los monopolios de las telecomunicaciones, los cambios deberían hacerse extremando las garantías, para evitar las consecuencias sociales indeseadas. El proceso de privatización de British Telecom comenzó con una ley de privatización y está durando décadas. En Alemania ha sido necesario cambiar la Constitución y no tienen ninguna prisa en la privatización total de la operadora pública alemana. En Francia se mantiene, por ley, un 51% de France Telecom para el Estado y puede que no se llegue a vender ni ese 49%. En definitiva todos mantienen un doble mecanismo de seguridad, la participación del Estado en el operador dominante y una legislación muy rigurosa. Frente a las precauciones tomadas en dichos estados, que disponen de redes mucho mas extensas y modernas que las nuestras, de servicios mucho mas universales, y de administraciones mas conocedoras, pues fueron antes operadoras, llama la atención la irresponsabilidad y precipitación con la que el Gobierno español tardotacherianos, que no saben ni copiar- está actuando. La privatización de Telefónica y la actividad legislativa del Gobierno es un ejemplo perfecto de como no se deben hacer los cambios en las telecomunicaciones, servicios estratégicos donde las decisiones transcienden con mucho a los gobiernos que las toman. Si este Gobierno es ciego y sordo, que no lo sean también los jueces, y que los medios de información cumplan con su deber. Desde CC. OO aportamos la parte que nos corresponde. * Javier Navascués Chivite es ingeniero de telecomunicaciones y coordinador de política de Telecomunicaciones en la FETCOMAR de CC.00. -------------------------------------------------------------------------------- 1 Una anterior versión de este artículo fue enviada a dos diarios de difusión nacional, protagonistas de la polémica digital, antes del final de la OPV de Telefónica, pero no se dignaron publicarlo, quizás por su monotemática preocupación en las telecomunicaciones. 2 No obstante en CC.OO. estamos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo en relación con la demanda interpuesta por nuestro sindicato y la UGT. 3 En relación con dichos costes, animamos al periodismo investigador a que nos ayude a descubrir si está justificado que Telefónica de España, S.A. pague por el servicio rural 13.700 millones de pts./año (70.000 pts por abonado y año) a Telefónica Móviles, que en 6 años equivaldrán al coste de la licencia de Airtel. 4 Como ha venido a demostrar la orden ministerial de 18 de marzo/1 de abril sobre tarifas de interconexión y compensaciones a Telefónica por el déficit de acceso.

Opinión Los nuevos servicios de Telecomunicación, los usuarios y el impacto visual Luis F. Méndez Bernardo Balaguer a Ley 49/1966 de Julio de 1966 comienza con estas palabras: El desarrollo de la televisión, con el establecimiento de un segundo programa, y la ampliación del servicio de radiodifusión en frecuencia modulada, que en muchas zonas de recepción requiere también una antena especial, determina que el uso de antenas individuales se haga casi imposible al ser limitado el espacio disponible en las terrazas de algunos edificios, y en la totalidad de ellos contribuya a extender la gran amenaza de la estética, que ya ha podido apreciarse actualmente en las grandes ciudades. Actualmente los inmuebles suelen presentar ya un anárquico y deplorable aspecto debido al bosque de antenas de televisión que los corona. En España, con el creciente desarrollo de las redes de radiodifusión y televisión, el problema se agravará notablemente en un corto período de tiempo. Hoy, 31 años después, la implantación de la televisión digital las sigue haciendo válidas sin más que cambiar "un segundo programa, y la ampliación del servicio de radiodifusión en frecuencia modulada" por "la televisión digital", y "corona" por cubre. Recientemente el Alcalde de una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad se lamentaba, según recogía un diario, refiriéndose a las antenas individuales terrenales "Hay que conseguir de una vez por todas la erradicación del cableado y de las antenas de nuestras poblaciones, ya que afean mucho los importantes monumentos histórico- artísticos que poseen". Hace tan solo unos pocos días, el Alcalde de Madrid anunciaba que el Ayuntamiento arbitrará las medidas necesarias para limitar el impacto ambiental que puede acarrear la proliferación de antenas parabólicas que, sin duda, traerá consigo el desarrollo de la televisión digital. Solo el Ayuntamiento de Barcelona tomó en serio este problema y así, en el año 1990, publicó una Ordenanza regulando la instalación de Antenas, debiendo defenderse ante los tribunales de las reclamaciones de algunos operadores oportunistas que veían conculcados sus derechos a instalar lo que quisieran y como lo quisieran. Los Tribunales han dado la razón al Ayuntamiento en su derecho a regular el tema y éste, dado el tiempo transcurrido, ha modificado diversos aspectos de la misma aprobando el nuevo texto en Marzo de 1997. Los esfuerzos de este Colegio para hacer llegar esta preocupación a Ayuntamientos de grandes ciudades, Málaga, Granada, Toledo, etc. no han tenido, por desgracia, el éxito que deseábamos. Desde las páginas de esta revista, en 1995, ya se planteaba este tema y se apuntaban soluciones para evitar lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que los sistemas para disfrutar de un desarrollo tecnológico, que se veía venir, que está viniendo, que ya ha llegado, sean motivo de agresión al medio ambiente, preocupación de autoridades y urbanistas, costes importantes e innecesarios a los usuarios, etc.? La falta de previsión de nuestros legisladores, que en lugar de adelantarse a la tecnología van a remolque de sus efectos, propicia la aparición de situaciones que luego todos lamentamos y lamentaremos durante años, todos aquellos que defendemos la compatibilidad de la tecnología con el medio ambiente. El Real Decreto 2066/1996 conteniendo el Reglamento del Servicio de Telecomunicaciones por Cable indica, en su Artículo 49 " Se establecerá la normativa que regule el régimen de instalación de las redes de telecomunicación en los edificios ya existentes o futuros... Hoy, transcurrido más de un año, este reglamento sigue sin aparecer. Las antenas individuales para televisión terrenal, las antenas y torres de telefonía móvil, las antenas parabólicas individuales y la inmediata instalación de infraestructuras para las telecomunicaciones por cable, son elementos que impactan seriamente la estética ambiental de las ciudades. Sin embargo, el tema es más amplio, ya que al eliminar el impacto estético de las instalaciones exteriores hay que añadir la inadecuación de las instalaciones internas de los edificios de viviendas que imposibilitan acceder al conjunto de la oferta de servicios de telecomunicación. Todo ello, en su conjunto constituye desde hace varios años una preocupación permanente de este Colegio. A principios de 1996, Jorge Pérez, Decano de este Colegio, recogió la preocupación de la Comunidad de Madrid por el tema del impacto estético que la implantación de las modernas tecnologías tenía en los edificios, tanto nuevos como antiguos, y el interés en participar, junto con el COIT en los estudios y trabajos de elaboración de una Normativa que pudiese ser implementada con carácter obligatorio en su ámbito territorial. Nos llenó de alegría el encontrar un interlocutor, con poder y responsabilidad, para un tema en el que el COIT llevaba mucho tiempo buscando la forma de plantearlo y llevarlo a cabo. Se creó el Grupo de Trabajo Dotación de Infraestructuras de Telecomunicación en el Interior de Edificios (GT-DITEL) con participación de diversas entidades lográndose establecer las bases para un reglamento que desarrollase una normativa sobre todas las instalaciones de telecomunicación que pueden coexistir en el interior de los edificios, así como en lo referente a la instalación de los elementos de captación o entrada de los mismos para minimizar el impacto estético. Con las aportaciones de los integrantes del GT-DITEL y especialmente con el trabajo intenso del COIT se llegó a un documento de base muy completo, que aportaba soluciones a los problemas planteados. A principios de 1997, FENITEL presentó a la DGTel, un texto desarrollado por el Comité de Trabajo de la Mesa Intersectorial, como borrador de trabajo para proyecto de Ley y el reglamento encaminado a regular las Instalaciones de Televisión en el interior de edificios, con objeto de impulsar el desarrollo de los mismos. Este texto era una redacción de la Ley 49/1996 modificada donde no se defendían los intereses de los usuarios. Todas estas inquietudes de los diversos agentes del sector, así como la necesidad del reglamento antes citado (art. 49 del R.D. 2066) movieron a la DGTel a crear una mesa nacional en torno a la cual se aglutinasen los representantes del mismo, y con la colaboración de todos, poder llegar a la redacción de dicho reglamento. Con objeto de facilitar el trabajo se decidió crear tres grupos diferentes: Telefonía, Televisión por Cable y Televisión Terrenal y Satélite. La postura del COIT en esta mesa, respondía a un claro objetivo: LA DEFENSA DEL USUARIO FRENTE A LOS PROVEEDORES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, en consonancia con su carácter de independencia de los grupos con fuertes intereses. La agresiva política impuesta por los diferentes proveedores de los servicios de telecomunicación que se están liberalizando convierte al usuario en un objetivo a colonizar, de forma muy similar a una situación en régimen de monopolio. Que el primer proveedor que llegue para atender la petición de uno o varios copropietarios, cope los recursos disponibles en los edificios: instalación de antena colectiva, ductos disponibles, espacio en las terrazas, azoteas o tejados, etc., da lugar en una situación de indefensión de aquellos otros que quieren disponer de una situación de elección, sin presiones ni dominio de los proveedores. Hay que tener en cuenta que los recursos existentes en un edificio ya construido son muy escasos, por no decir mínimos: - una instalación de antena colectiva, cuando existe, con una red de distribución con un ancho de Banda de 47 a 826 Mhz para hacer frente a la transmisión simultánea de la Televisión terrenal; la Televisión vía satélite, analógica y vía satélite digital (2 plataformas) y algún ducto medio vacío. Si el primer operador que llega, procesa sus señales de forma que ocupen toda la anchura de banda del cable existente ¿por dónde puede distribuir la señal el que llegue después?. En este caso sería necesario realizar una nueva instalación, si es factible, con un importante coste que ya no financiarán tan fácilmente los proveedores de servicios y sí los miembros de la Comunidad, que puedan estar interesados en recibir la segunda opción. ¿Cómo puede cambiarse un usuario de una plataforma digital otra si por alguna razón así lo desease? Lo mismo ocurrirá cuando Retevisión comience a operar y pretenda llegar a los actuales abonados, encontrándose con que Telefónica ya ha invadido los ductos existentes, reclamando su propiedad, e impidiendo que sus cables se mezclen con los del nuevo operador. La televisión por cable, que está llegando a algunas ciudades tenderá, si no se remedia, un cable por cada prestador del servicio, donde exista más de uno, y si los Ayuntamientos no toman medidas, los cables subirán por las fachadas de las casas, puesto que es lo más fácil y barato para los prestadores del servicio, enmarañando aún más el aspecto estético de las mismas. En esta batalla en la que se hallan sumidos los operadores no se trata de quien hace el desembolso que requiere la duplicidad de instalaciones. El que realmente paga, de una forma u otra, es el usuario y encima no obtiene buen servicio. Todos estos condicionantes son los que a lo largo de un año y medio de trabajo, trató de ir desentrañando el Grupo DITEL del COIT, con el espíritu de aportar soluciones a la problemática anteriormente planteada y con los que el COIT acudió a la Mesa convocada por la DGTel, y en la cual, y pese al intenso ritmo de trabajo a que se vio sometida durante varios meses se obtuvo, en nuestra opinión, un pobre resultado. El Grupo de Telefonía pronto llegó al acuerdo en un documento al cual Telefónica, con su gran experiencia, contribuyó muy activamente. El Grupo de Televisión por cable, dominado por los intereses del sector no pudo conciliar un documento técnico sólido, ya que la postura de los que no querían regular se enfrentaba a la de los que abogaban por una regulación congruente en defensa del usuario. Los operadores de cable insistieron una y otra vez en que no se regulase y se dejase que cada cual hiciese lo que le parece. La conclusión fue elaborar un documento de mínimos en el cual se hiciese llegar a las Autoridades competentes lo que podría representar la instalación de una infraestructura de Telecomunicación para la distribución por cable en los edificios nuevos. De esa forma, un coste en obra inicial más asequible, se convertiría en un mayor coste, al hacer las cosas sobre la marcha, a costa de los usuarios que si quieren el servicio tendrán que pagar y si no pagan la instalación inicialmente ya la pagarán en "cómodas cuotas mensuales". El Grupo de Televisión Terrenal y Satélite, encargado de redactar las especificaciones para la recepción y distribución de señales de televisión y radiodifusión sonora procedentes de emisiones terrenales y de satélite, con el tema candente de la Televisión digital, tampoco tuvo más suerte. Consumiendo las múltiples reuniones en términos y semántica, que si bien permitieron acordar unas especificaciones técnicas, fueron incapaces de conseguir el consenso preciso para resolver el problema relacionado con la ocupación del ancho de banda existente, apareciendo posturas contrapuestas en lo referente al tratamiento de las señales proporcionadas por los receptores de servicio (TV pago). Frente a la postura de regular en cabecera la distribución de las citadas señales, mediante un procesado de FI o filtrado, para seleccionar únicamente las señales que se deseen transmitir a los usuarios, aparecía la postura de que dada la gran capacidad de transporte de señal, obtenida con la distribución propuesta de dos cables con un ancho de banda de 47 a 2150 MHz., no parecía lógico que existiesen problemas de capacidad que precisasen la utilización de otros sistemas adicionales para minimizar el ancho de banda ocupado. Con esos documentos se llegó al fin de Julio y al comenzar septiembre la reorganización del Ministerio de Fomento por el R.D. 1390/97 suprime la DGTel, cesa al Subdirector General que se estaba ocupando de este asunto, sin haber nombrado un nuevo responsable y no sabemos en que situación se encuentran estos documentos ni las futuras directrices que se adoptarán sobre estos temas. Las premisas que el COIT ha defendido en estas reuniones han sido: - La independencia de los usuarios frente a los proveedores de servicios: Instalaciones que permitan la recepción de todas las señales sin subordinación del usuario a un proveedor. Instalaciones que permitan al usuario el cambio de un proveedor a otro según su conveniencia, y sin tener que hacer instalaciones adicionales. Previsión de canalizaciones interiores en las viviendas que permitan a los usuarios el disponer de los servicios en donde le haga falta, y tomas instaladas en al menos un 50% de las dependencias de las mismas. - Garantía de calidad de los servicios. Existencia de un Proyecto Técnico, acorde con la normativa solicitada, redactado por Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación y visado por el Colegio correspondiente, que sea la base a seguir por el Instalador en la realización de su trabajo. Certificación de Estado de las Instalaciones finalizadas como garantía de que el trabajo se ha ejecutado de acuerdo con el Proyecto Técnico correspondiente y que los niveles de señal en cada toma de usuario son los correctos. - Impacto estético. El Proyecto Técnico contemplará la instalación de las antenas necesarias de forma que se respete la normativa que al respecto sea de aplicación, minimizando el número de estas y reduciendo el impacto estético que producen. Todo lo anterior redundará, en nuestra opinión en: - Beneficio económico para los usuarios, ya que no tendrán que invertir en equipos o instalaciones que luego deben cambiar. - Beneficio para los usuarios que podrán disfrutar de multioferta y seleccionar la opción más conveniente, en cada momento, sin estar sujeto a situaciones de dominio por los operadores. - Beneficio para las ciudades, que recuperarán su estética al despojarse de un elevado número de agresores a la misma. - Beneficio para los operadores que podrán ofrecer servicios a un mayor número de usuarios. - Beneficios para los operadores que se encontrarán en igualdad de condiciones para poder acceder a los usuarios, sin posición técnicamente dominante, por parte de alguno de ellos.