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La regulación de precios de servicios de telecomunicación mediante price-cap
Tecnología y Sociedad La regulación de precios de servicios de telecomunicación mediante price-cap -------------------------------------------------------------------------------- El establecimiento o fijación, por parte de una autoridad reguladora, de los precios de los productos o servicios de ciertos operadores económicos que actúan en determinados mercados queda justificado por varias razones Entre esas razones destacan: el impacto que tienen dichos precios sobre la economía (son servicios que ponderan dentro del Índice de Precios al Consumo); garantizar la asequibilidad de servicios que son considerados como básicos; o limitar ciertas prácticas de precios de operadores considerados como dominantes en los mercados de referencia, a fin de prevenir efectos negativos sobre la competencia efectiva (prácticas predatorias) o sobre los consumidores (elevación de precios). Y como mal menor, que lo es, la fijación de precios debe realizarse minimizando el impacto sobre el comportamiento de los operadores en el mercado (restricciones para unos que devenguen en ventajas para otros), de modo que los regulados actúen de la manera más acorde a un entorno de competencia cuasi perfecta. Diversos procedimientos se han venido proponiendo y empleando desde tiempo atrás, unos más adecuados que otros, tanto desde el punto de vista de su desempeño en la práctica por la cantidad de información que exigen, como de su compatibilidad con la dinámica de los mercados: Fijación de precios de acuerdo a los costes marginales de producción. Para mercados perfectamente competitivos, constituye la mejor solución desde un estricto punto de vista económico. Modelo teórico, es difícilmente aplicable al sector de las telecomunicaciones dadas sus características economías de escala. Precios de Ramsey. Modelo que, para garantizar la viabilidad financiera del operador regulado, permite ciertas desviaciones de los precios con respecto a los costes marginales de los servicios en función de su elasticidad precio de la demanda. Segunda mejor opción desde el punto de vista económico, difícilmente resulta aplicable al sector de las telecomunicaciones. Rate-of-return (tasa de rendimiento). Dejando libertad al operador regulado para que fije los precios de sus diferentes servicios, se establece un límite máximo de ingresos calculado a partir de sus gastos y la tasa permitida de rendimiento del capital. Resulta defectuoso no incentivar al operador a mejorar su eficiencia, promoviendo incluso la sobreinversión o la subvención cruzada entre servicios regulados y no regulados Price-cap. Regulación caracterizada por su intrínseco incentivo a la eficiencia, su sencillez de administración y sus relativamente escasos "efectos secundarios". VARIABLES DE CONTORNO DEL PROBLEMA En la práctica, la fijación de tarifas del operador dominante debe inscribirse en un contexto social, macroeconómico y sectorial concreto, que a continuación describimos para el caso español. El servicio telefónico básico se ha considerado como un servicio universal que debía llegar a todos los ciudadanos en condiciones de calidad y asequibilidad, lo que se ha traducido en un desequilibrio tarifario histórico que, aun en el periodo de competencia y según el operador dominante, no ha sido resuelto. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrá fijar, transitoriamente, los precios de los servicios básicos del operador dominante, en función de los costes reales de la prestación del servicio y del grado de concurrencia de los operadores en el mercado, en un contexto general de garantía de la asequibilidad de los servicios y control de la inflación. Asimismo, quedan por ejecutar los aspectos esenciales para la regulación de precios del operador dominante: implantación de su sistema de contabilidad de costes, estimación del cálculo del coste neto evitable del servicio universal y mecanismo de fijación de precios. Por otra parte, los precios de interconexión han sido propuestos por el operador dominante y modificados y aprobados por la CMT en un contexto de orientación a costes, si bien, a falta de una idea clara de los mismos, se recurre al bench-marking con los precios recomendados por la CE para conocer la bondad de las estimaciones. De manera que, como resultado, tenemos diferentes mecanismos de fijación de precios para, por un lado, los servicios básicos del dominante (cuyos precios son referencia para el conjunto del mercado), por otro, los servicios de interconexión. Consideramos que esta discrepancia constituye uno de los principales factores de mantenimiento de la "competencia descremada" en el mercado español y de la escasa competencia en el mercado local, estando en juego las inversiones en el acceso. Cualquier intento de correlación de los criterios de fijación de ambos tipos de precios mejorará las perspectivas de la competencia en el mercado local. En los últimos tiempos, la convergencia y sus implicaciones sobre nuevos esquemas tarifarios (tarifa plana), acordes a las nacientes formas de consumo de información (Internet), plantean un reto a todo el sistema de fijación de precios del operador dominante: la convivencia de servicios con precios basados en unidades de tiempo, conjuntamente con servicios con precios no dependientes del tiempo y basados en el acceso (tarifa plana) o el uso (tasa por bit). Todo ello, además, aderezado con el mantenimiento de unos precios de los servicios intermedios de interconexión aún no adaptados a los precios planos de los servicios finales. PRICE-CAP El modelo de regulación de precios mediante price-cap, también conocida como regulación de incentivo, se basa en el establecimiento de un nivel límite de precios (cap) para un determinado conjunto de servicios del operador regulado. En la práctica, lo habitual es agrupar estos servicios en categorías formando ‘cestas’, imponiendo diferentes niveles límite de precios para cada una de ellas. Una vez establecidos los caps de cada cesta, calculados en principio a partir de la realidad tarifaria previa a la aplicación del sistema, éstos permanecen vigentes durante un determinado periodo de tiempo (ciclo regulatorio), típicamente 4 ó 5 años, siendo ajustados año a año de manera automática en función de un índice reconocido de inflación, normalmente el IPC. Como norma general, al índice de inflación empleado se le descuenta un cierto ‘factor de productividad’ (X) con objeto de corregir la previsible discrepancia entre la inflación de la economía en general y la evolución de los costes del operador regulado, cabiendo la posibilidad de contemplar ajustes adicionales (M) (ver Cuadro 1). Actualmente, el valor conjunto de X+M empleado en otros países se encuentra, salvo para ciertas cestas especiales, en el entorno del 8%. Cuadro 1. Formulación del mecanismo de Price-cap Al cabo del ciclo regulatorio prescrito, el regulador revisa el sistema estableciendo, en función de los resultados observados y de las condiciones de mercado, y si ello fuera necesario, nuevos niveles límite de precios de partida y/o nuevos valores de X y M para el siguiente ciclo regulatorio. El objetivo es que el operador regulado no obtenga ni demasiados beneficios, ni demasiado pocos. Impuesta esta dinámica, el operador regulado queda autorizado a fijar libremente sus precios en tanto no exceda el límite máximo impuesto para cada cesta de servicios. A la hora de computar el nivel de precios de una determinada cesta, cada servicio incluido en ella participa con un determinado peso, normalmente en función de los ingresos derivados de su explotación. El mecanismo de price-cap puede incorporar otros elementos adicionales como la imposición de obligaciones de reparto o de bandas de precios. Establecer obligaciones de reparto implica que el operador tan solo es autorizado a retener una parte de los beneficios obtenidos, debiendo devolver el exceso a los consumidores, típicamente en forma de límites de precios inferiores en periodos subsiguientes. El objeto de imponer bandas de precios es limitar la magnitud de los cambios efectuados por el operador en los precios individuales de los servicios, por supuesto respetando los caps de cada cesta, fijando un margen de variación máximo, tanto para impedir subidas repentinas, como para evitar prácticas de precios predatorios. VENTAJAS E INCONVENIENTES La propiedad fundamental de la regulación de price-cap es la de incentivar la eficiencia del operador regulado. Al fijarse un límite máximo para los precios que éste puede cobrar a sus clientes, el único medio de incrementar sus beneficios es mejorar su eficiencia e innovar, esto es, aumentar su margen de beneficio vía disminuir sus costes. En este sentido, y en comparación con otro tipo de regulaciones como la de rate-of-return, la de price-cap presenta la ventaja de replicar de manera más adecuada la dinámica que caracteriza a los mercados competitivos. Ahora bien, ¿son estas mejoras en la eficiencia del operador regulado trasladadas a los consumidores en forma de menores precios? La regulación de price-cap proporciona dos mecanismos para llevar esto a cabo: a priori, a través de los ajustes suplementarios (M), bien para anticipar mejoras previstas, bien para forzar al operador a realizarlas; a posteriori, por medio de la intervención del regulador en las revisiones del sistema para, atendiendo a las mejoras que no fueron anticipadas en su momento, fijar nuevos niveles límite de precios para el siguiente ciclo regulatorio. En cualquier caso, existe un claro compromiso a la hora de decidir qué parte de los ahorros alcanzados en costes que no fueron anticipados traspasar a los consumidores: si el regulador traspasara demasiado poco, los consumidores acabarían pagando más de la cuenta; si lo hiciera en exceso, entonces reduciría el incentivo para el operador a mejorar su eficiencia. Otros rasgos positivos de la regulación de price-cap son su relativa sencillez de administración por parte del regulador, el no presentar incentivos al operador regulado para practicar subvenciones cruzadas entre servicios regulados y no regulados, o el facilitar la consecución de reequilibrios tarifarios. Pero no todo son ventajas. En primer lugar, la regulación de price-cap incentiva la práctica de ciertas estrategias indeseables por parte del regulado, como el retraso intencionado en la introducción de nuevas tecnologías o sistemas conducentes a mejorar la eficiencia hasta el comienzo de los ciclos regulatorios. La razón es muy simple: disponer de un mayor horizonte temporal para disfrutar de los márgenes de beneficio generados hasta que el regulador pueda alterar las condiciones del sistema. En segundo lugar, un riesgo latente al incentivo a recortar gastos por parte del operador es el de disminuir intencionadamente la calidad de los servicios. La solución a esta cuestión pasa por el establecimiento, y control de su cumplimiento por parte del regulador, de unos estándares mínimos de calidad. Por último, y en la que es la crítica fundamental que se ha planteado al sistema de price-cap allí donde ha sido empleado, es que se ha probado demasiado generoso para las compañías reguladas a expensas de los consumidores. No en pocos casos los beneficios obtenidos por éstas han superado con creces todas las previsiones. La solución a este problema puede pasar por el establecimiento de mecanismos complementarios de reparto, si bien ha de tenerse en cuenta que reducir la proporción que el operador puede retener de las ganancias no anticipadas obtenidas durante un ciclo regulatorio significa reducir el incentivo a realizar mejoras en la eficiencia y a asumir riesgos de inversión. CONCLUSIONES En base a la experiencia acumulada en otros países (actualmente ya la emplean la mayoría de países de la UE) puede afirmarse que, frente a otros sistemas de regulación, price-cap se ha demostrado como el más adecuado para alcanzar los objetivos de evolución a la baja de los precios y reequilibrio tarifario del operador dominante, aportando transparencia al mercado y, por ende, fomentando la competencia. Dicho lo cual, su adopción en nuestro país, aunque tardía, ha de ser valorada positivamente, siempre y cuando el alcance de la regulación vaya reduciéndose a medida que se vaya consolidando la existencia de ofertas alternativas a la de Telefónica. El price-cap idealmente debería, como mínimo, permitir al operador dominante la orientación a costes de sus diferentes servicios, a fin de eliminar el déficit de acceso y posibilitar que éste compita con las manos libres en los segmentos del mercado más competitivos. Ahora bien, el esquema de price-cap se muestra más efectivo en las fases de transición hacia la competencia, como mecanismo de preparación del "campo de juego" y de reequilibrio tarifario del operador dominante, que en una fase de competencia plena que arrastre aún el problema del desequilibrio tarifario. Nos planteamos si en España el mecanismo de price-cap, por sí mismo, va a ser suficiente para introducir competencia en las llamadas locales e incentivar las inversiones en acceso, una vez que el operador dominante se vea libre para ajustar al alza sus tarifas locales que, según declara, no están orientadas a costes. Otros retos que se plantean para el regulador son cómo encajar en el sistema de price-cap, de aplicación a las tarifas oficiales de los servicios, las ofertas de franquicias de minutos o paquetes tarifarios planos ya aprobados. Esta coexistencia podría degenerar en un sistema de regulación de precios de dos vías. O cómo contemplar el impacto que tienen en la eficiencia del operador dominante aquellas medidas en que el regulador fuerza al operador dominante a desplegar y ofrecer ciertas infraestructuras a precios regulados (ADSL o acceso directo al bucle). Luis Castejón Martín Director Ejecutivo TELEDESA Profesor asociado del Dpto. de Señalizaciones, Sistemas y Radiocomunicaciones, UPM Jesús Villacorta Turienzo Director Ejecutivo TELEDESA Ingeniero de Telecomunicación
30 oct 2015