Page 86 - Revista BIT nº 209 - Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

TRIBUNA
Pensiones públicas contributivas
Ma Teresa Pascual Ogueta
tpascual@coit.es
¿Será ahora cuando se reforme el sistema público de pensiones? Hay mucho interés en ello. Las promoto- ras de planes de pensiones abogan por una privatización del sistema, bien por la vía de los hechos cuando el sistema público se degrade a una ayuda de mínimos, bien por una pri- vatización que les permita incorporar a su cartera una parte de su inmenso capital. Han comprendido que, con la precariedad laboral, no pueden pe- dir que la mayoría destine parte del salario a pagarse un plan de pensio- nes. También están quienes proponen la existencia de una pensión pública a cargo de los presupuestos.
Las pensiones públicas contributi- vas provienen de unas cuotas pagadas por quienes serán sus bene ciarios y ésa es su fortaleza. Su antecedente está en 1919, Real Decreto 11 de mar- zo. El Régimen de intensi cación del Retiro Obrero justi ca su necesidad: ‘La implantación de un régimen de intensi cación de los Retiros obreros es de aquellas medidas que con ma- yor urgencia reclama nuestra econo- mía nacional, no solo por altas consi- deraciones de justicia social, de bien entendido humanitarismo, y aún de utilidad al Tesoro Público, abrumado hoy por atenciones de Bene ciencia’.
Desde 2011 se ha acentuado la descapitalización del sistema públi- co de pensiones de forma conscien- te. Por un lado, ofreciendo tarifas planas y exenciones de cuota que, como políticas gubernamentales que son, deberían ir con cargo a los pre- supuestos. Por otro, fomentando la
renovación de empleos bien remu- nerados por otros de bajos salarios/ cotización. Sin olvidar las deudas mi- llonarias pendientes de cobro y una utilización de sus fondos para lo que no estaba previsto.
Hay que hacer reformas en el sis- tema, sin olvidar los derechos adquiri- dos de quienes cotizaron toda su vida laboral de forma obligada, las cantida- des que les exigieron. El sistema actual es injusto. Lo que se cobra no se co- rresponde con todo lo cotizado. Hay quien ha podido elegir la cantidad a pagar y desde cuándo y hay quien ha fallecido sin que nadie recupere lo invertido. O quienes han perdido lo abonado durante años porque no coti- zaron el tiempo mínimo necesario.
No es cierto que las generaciones actuales paguen a las pasadas. Eso es una falacia. La “solidaridad”, obliga- da, es entre quienes han cotizado por un dinero que no reciben, en bene-
cio de quienes han elegido contri- buir durante menos tiempo. Si nues- tro sistema público comenzó cuando muchos jubilados no habían podido cotizar, ahora la realidad es distinta y la pensión pública, renta en reali- dad, debe corresponderse con todo lo cotizado. Es exigible una transpa- rencia total. El Pacto de Toledo debe publicar sus actas y la idoneidad de sus participantes.
También es cierto que quienes ahora reciben una pensión contri- butiva tienen el mismo derecho que quien pagó durante años un seguro de vida y, en este caso, el impues- to por recuperar su dinero es menor ¿Debería eliminarse el IRPF de las pensiones contributivas para eliminar una doble imposición?
Por último, la pensión de quienes no han podido cotizar lo su ciente es responsabilidad de los Presupuestos Generales del Estado. 3
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