Para la legislación española el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de competencia estatal y corresponde al Gobierno la reglamentación de las condiciones de su gestión así como la elaboración de los procedimientos de otorgamiento de sus derechos de uso.
La gestión del espectro radioeléctrico ha sido percibida tradicionalmente en nuestra sociedad como una labor muy tecnificada, supeditada a decisiones supranacionales e, indirectamente, con prácticamente nula percepción social de su importancia. Sin embargo, en los últimos años esta gestión del espectro se ha convertido en una herramienta crucial para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en general y, por ende, para el progreso de nuestra industria. El progresivo incremento del número de profesionales dedicados a tareas relativas a la regulación del espectro radioeléctrico en todo el mundo es una muestra de la creciente valoración de esta actividad por parte de las empresas y las administraciones.
Esta importancia no ha venido acompañada en España con una potenciación de los recursos disponibles por nuestros reguladores, que continúan gestionando el espectro radioeléctrico al modo tradicional. En nuestro país, el estado del uso del espectro radioeléctrico requiere, al menos, un cambio cualitativo en lo que respecta a los medios técnicos de la Administración, la máxima transparencia posible en su gestión y las más amplias posibilidades de acceso al Registro Nacional de Frecuencias dentro de las cautelas exigidas en el Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.
La Administración, con la previa audiencia a los actores interesados en la gestión del espectro radioeléctrico, debe asegurarse de que los distintos servicios de radiocomunicaciones que utilizan o puedan utilizar el espectro encuentran acomodo en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
Por otra parte, el margen de actuación está acotado porque España no puede tomar decisiones vía CNAF que contradigan las disposiciones emanadas del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que son plasmadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) que tiene carácter de Tratado Internacional del que España forma parte. Con ellas se logra la armonización mundial en el uso del espectro radioeléctrico, lo que promueve economías de escala y constituye un mecanismo básico para el despliegue de redes de ámbito mundial como son los sistemas de satélites.
España no debe quedarse rezagada en la valoración de la importancia de una gestión adecuada del espectro. Un órgano regulador específico, integrado de uno u otro modo en la Administración, existe en Estados Unidos (FCC), Francia (ANFR), Reino Unido (RA), Suiza (OFCOM), Portugal (ICP), etc. Aunque hay quien duda de la eficacia de la fragmentación de los órganos reguladores, probablemente sea el momento de debatir si en España conviene crear una Agencia de Radiocomunicaciones que podría constituirse en el Órgano regulador nacional que abordara la necesaria modernización de la gestión del espectro radioeléctrico y que dotase de estabilidad a la regulación en materia de radiocomunicaciones o es suficiente con potenciar los mecanismos
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