Las series anuales de indicadores de la sociedad de la información que en el ámbito de Castilla y León venimos midiendo desde el año 1996 (http://www.jcyl.es/ind-si), nos dejan como clara prioridad en el arranque del nuevo siglo la de asegurar el despliegue de los servicios básicos de telecomunicación en nuestra Región, puesto que son los soportes de la sociedad de la información.
Esta tarea, en la que la imprescindible actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es punto de partida por su exclusividad competencial, debe focalizarse en dos puntos principalmente: la redefinición del alcance del servicio universal y su prestación efectiva.
En primer lugar, la actual definición del servicio universal es insuficiente para los ambiciosos programas que desde las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León se están preparando en el marco del segundo Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación (PDIS 1999-2002), que recoge, manteniendo el título del primer plan que se puso en marcha en 1995, la orientación de las actuaciones de la Sociedad de la Información de nuestra Comunidad Autónoma. Es obvia la necesidad de, incluso en un planteamiento de mínimos, incluir un servicio de acceso a Internet no discriminatorio en términos de calidad y coste entre los que deben estar disponibles para la gran mayoría de la población, según indicadores de porcentaje de población y territorio suficientes, o en una combinación de ambos.
Si bien hablar de una disponibilidad total en el 100% del territorio del servicio universal que consideramos aceptable es actualmente inviable sin lastrar significativamente a los operadores que deben contribuir en su financiación, lo que podría suponer un freno al mercado nacional, ha de tenerse en cuenta las especiales características de dispersión demográfica de determinadas regiones para que los límites que se establezcan no creen la fractura digital con la que nos vemos amenazados. En Castilla y León cerca del 40% de la población reside en municipios de menos de 5.000 habitantes, y los servicios de la sociedad de la información que desde la Junta se están planteando van destinados en gran medida a este sector de la sociedad castellanoleonesa.
En la actualidad en nuestra Región existen más de 30.000 líneas de teléfono cuyo servicio se presta por Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC), sistema en cuya financiación participaron las Administraciones Públicas con ayuda de fondos estructurales de la Unión Europea hasta hace unos años. Este sistema ha resuelto aceptablemente la problemática de incomunicación de muchos hogares, pero su calidad no permite el acceso a Internet ni, según el caso, el uso de terminales básicos como el datáfono. Cada vez se recorta más la posibilidad de financiación de estas carencias con fondos estructurales, incluso en las zonas rurales, por la visión que de los mismos se tiene, no como servicios, sino como infraestructura. Por tanto, debe aclararse por parte del Ministerio el calendario real de aplicación del servicio universal, con sus implicaciones financieras, y las expectativas de ampliación en su definición, para que el resto de administraciones pueda hacer una planificación realista de los servicios de la sociedad de la información que pretende desplegar. Los fondos previstos para desarrollo de servicios de la Sociedad de la Información no pueden invertirse en la financiación del despliegue de los servicios a zonas no rentables, sino que deben producir los contenidos que hagan rentables los despliegues de infraestructura realizados.
La Ley General y el correspondiente reglamento son claros al respecto de la financiación del servicio universal, pero la valoración, tarea en la que ahora parecen estar sumidos el Ministerio y Telefónica de España, dada su designación como prestador del mismo hasta el año 2006, no parece estarlo tanto. La actual situación puede llevar a engordar innecesariamente el coste que el operador dominante imputa al servicio universal, incrementando el número de hogares y empresas que son servidos por TRAC y limitando un despliegue de aquella infraestructura cuya rentabilidad económica está más cercana a los límites aceptables. La rentabilidad social es indiscutible.
El tema debe resolverse en breve plazo. Es evidente la barrera que supone esta situación al despliegue de servicios de la sociedad de la información.
| José Luis González Valvé Consejero de Fomento Junta de Castilla y León |
