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La creciente utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones representa uno de los aspectos de mayor influencia en los países y en las sociedades avanzadas en el nuevo Siglo. Así, al igual que hablamos de la Sociedad Industrial para referirnos a los sistemas económicos y sociales que han dominado la mayor parte del siglo XX, con el término Sociedad de la Información aludimos a un nuevo modelo de sociedad en el que la información y el conocimiento ocupan un lugar central.

Ante esta nueva era, una de las prioridades políticas de los próximos años debe ser el promover todas las iniciativas necesarias para aprovechar, desde el primer momento, la oportunidad histórica derivada de la rápida evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y, muy especialmente, de los avances en las telecomunicaciones.

En el ámbito europeo, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Europa celebrada en el mes de marzo de 2000 en Lisboa, los líderes europeos han fijado como un nuevo objetivo estratégico de la Unión Europea "convertir a esta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social".

Para Europa, la Nueva Economía o la economía basada en el conocimiento nos ofrece grandes oportunidades de crecimiento económico sostenido y, lo que para España es de gran interés, las posibilidades de creación de empleo. Esta nueva sociedad posibilita un funcionamiento más eficiente del sistema de mercado, dentro de una economía cada vez más globalizada y con mayor grado de interrelación. También, se produce un aumento de la productividad, aparecen nuevos canales de distribución, y nuevas formas de concebir las empresas, de estructurar los sectores y de realizar los negocios.

El Gobierno ha mostrado reiteradamente su voluntad y su compromiso por un rápido desarrollo de la Sociedad de la Información en España. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología persigue este objetivo y permite, además, la unificación y coordinación de las políticas relacionadas con la ciencia, tecnología,

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telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información, junto a las políticas industriales.

El proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España constituye uno de los principales instrumentos en los que hay que seguir profundizando para alcanzar un rápido y vertebrado desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país. La labor realizada en los últimos cinco años está dando unos resultados muy positivos para lograr acercar a las empresas y familias españolas a esta nueva Sociedad, como lo demuestra la rápida evolución de Internet y sobre todo por el éxito de la telefonía móvil, que nos ha situado por encima de la media comunitaria.

La plena implantación de la Sociedad de la Información en España implica hacer partícipes a todos los ciudadanos y a todas las empresas de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo del Gobierno de conseguir una "Sociedad de la Información para todos" hace necesario utilizar distintos instrumentos. En este sentido, el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes para la Liberalización de las Telecomunicaciones ha continuado con las políticas activas de fomento del acceso a Internet y a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La introducción de la tarifa plana para el acceso a Internet, garantizando así la inmediata accesibilidad de todos los ciudadanos, especialmente las familias, a precios asequibles, y los bonos de voz, y de voz y datos, han permitido acelerar el incremento del uso de Internet entre las empresas y las familias españolas. Los datos del Estudio General de Medios, con un crecimiento del 39 % del numero usuarios de Internet de mayo a noviembre, y el crecimiento del 78% del tiempo de uso de acceso a Internet a través de la red telefónica durante dicho período, confirman la buena dirección de estas medidas. También, las desgravaciones fiscales introducidas en las medidas legislativas de junio de 2000, están teniendo una incidencia significativa en el incremento del número de ordenadores personales en las familias y en las empresas.

Aunque debemos superar el bajo nivel de presencia en la Red de las empresas, y en especial de las PYMES, el uso del comercio electrónico por parte de las empresas está creciendo de forma significativa. Será favorecido por el establecimiento de un marco regulador adecuado que aporte una mayor seguridad a las transacciones electrónicas, tal como se contempla en el Proyecto de Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico que el Gobierno tiene previsto remitir al Parlamento en los primeros meses del año 2001.

Otro gran objetivo del Gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones, es disponer de redes rápidas y potentes de acceso, redes que, en definitiva, tengan más ancho de banda para que los nuevos servicios y aplicaciones se desarrollen con mayor celeridad alcanzando al más amplio conjunto de los españoles.

También el Gobierno, está realizando, en el marco de la Iniciativa Estratégica "INFO XXI", una labor de coordinación y fomento para el desarrollo de la Sociedad la Información en la Administración Pública. La aprobación del Plan de Acción INFO XXI por parte de la Comisión Interministerial de la Sociedad la Información supone un avance decisivo en la Administración Electrónica, donde ya hay importantes actuaciones en marcha en el ámbito de la Educación, la Sanidad, la Justicia, la Administración Tributaria, o la Seguridad Social, que permiten una mejora considerable en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

Alcanzar estos importantes objetivos constituye una tarea en la que todos: administraciones públicas, instituciones, agentes sociales, asociaciones civiles, empresas y ciudadanos tenemos que participar activamente.

Anna M. Birulés i Bertrán
Ministra de Ciencia y Tecnología

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