Director |
|
El año que vivimos peligrosamente
* tres operadores de telefonía fija (Telefónica, Retevisión y la empresa que resulte adjudicataria de la tercera licencia, cuya convocatoria está prevista para finales de este año); * dos operadores de telefonía móvil (y pendiente la adjudicación de una licencia para telefonía personal DCS-1800 adicional a la que también obtendrán Telefónica Móviles y Airtel); * un operador de redes de telecomunicaciones por cable en cada demarcación (además de Telefónica) que estará autorizado para la prestación del servicio telefónico; * dos plataformas para la difusión de televisión digital por satélite; * varios operadores de servicios de valor añadido (conmutación de datos, acceso a información, etc.), reorientación de la situación actual del mercado de servicios de acceso a información; * la empresa británica Colt Telecom S.A. ha obtenido de la CMT la concesión administrativa para prestar ciertos servicios de valor añadido de telecomunicación, excluidos el servicio final telefónico básico y el servicio público de difusión de televisión, por medio de una red propia que se le autoriza construir (con lo que se podría definir como un primer paso hacia la liberalización efectiva de infraestructuras), y otras empresas, tales como WorldCom por ejemplo, ya se han dirigido a la CMT con solicitudes similares; * y, para finalizar, destacar que, estará presente la perspectiva del 1 de diciembre de 1998, fecha en la que cualquier empresa podrá competir en el sector de la telefonía básica que, en la actualidad, representa alrededor del 60% del valor total del mercado de telecomunicaciones. También hay que mencionar especialmente la constitución de operadores regionales de telecomunicaciones con participación pública, como el caso de Euskaltel en el País Vasco o el previsible operador que se forme en Cataluña, que contribuirán a complicar todavía más el espectro de agentes presentes en el mercado. A la vista de todo lo anterior, no es fácil plantearse cuál será la evolución del sector en el apasionante futuro que le espera. Tendrán que ser las fuerzas del mercado las que, en función de los intereses y estrategias puestos en juego por cada agente, decidan sobre la futura conformación del mismo, así como sobre la coherencia existente entre la multiplicidad de la oferta y las necesidades reales existentes, procediendo en consecuencia a la selección de aquellos operadores que sepan escoger con mayor acierto el nicho de mercado donde desarrollar su actividad y adaptarse al especial entorno social que presenta la configuración autonómica española. En este proceso de evolución del mercado hacia la plena competencia deberá jugar un papel preponderante la labor de la CMT como salvaguarda de dicha competencia. Desde estas instituciones creemos que, aunque no es deseable que el Estado tenga un papel excesivamente intervencionista sino que, por el contrario, es necesario dejar jugar libremente a los agentes del sector, tampoco se deben dejar determinados aspectos sólo a la libre confrontación de intereses del mercado. En concreto, los objetivos de consecución y mantenimiento de la cohesión social y territorial en materia de telecomunicaciones llevan a desear una intervención del Estado en aquellos aspectos que el mercado por sí solo no es capaz de resolver. Tanto más en un caso como el español en el que la existencia de profundas diferencias entre las distintas regiones podría redundar en que dichas diferencias se manifestaran también en la calidad y la cantidad de los servicios de telecomunicación esenciales disponibles, produciéndose de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al tipo de servicios a los que tienen acceso. Resumiendo, podríamos decir que ante el excitante reto que supone la próxima apertura del mercado de las telecomunicaciones desde el COIT y la AEIT consideramos que, por un lado, se debe dejar jugar libremente a los intereses del mercado en todo aquello que signifique la introducción de nuevos servicios y de competencia en los existentes, pero, por otra parte, en aras a la cohesión social y territorial, se debería llegar a un compromiso o pacto de Estado para la definición y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, tanto las contenidas en el denominado servicio universal como las imponibles a las licencias de operación de redes o servicios, debiendo involucrar dicho pacto de estado a todas las administraciones con competencias directas o indirectas sobre la materia, esto es, la central, la autonómica y la local. Asimismo, la labor de la CMT será fundamental nuevamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan a los operadores. Posiblemente el marco ofrecido por el próximo debate parlamentario de las enmiendas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones fuera la ocasión idónea para, al tiempo que se evita un excesivo intervencionismo en el libre juego del mercado, introducir en la Ley estas consideraciones sobre la imposición de obligaciones de servicio público y la necesaria colaboración entre las distintas administraciones.
|
urante
el presente año se ha producido una aceleración
vertiginosa y hasta cierto punto caótica en los cambios
de todo tipo dentro del sector, que llevará a España a
pasar de ser uno de los países constantemente calificado
como más lento en la aplicación de las medidas
liberalizadoras a ser uno de los estados de la U.E. con
mayor grado de liberalización. Así pues, a principios o
mediados del próximo año nos encontraremos con: