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Opinión
EN LAS TELECOMUNICACIONES SE MUEVE ALGO MÁS QUE LA PLATAFORMA DIGITAL
Decretazo del Gobierno para privatizar Telefónica. Telefónica fue privatizada totalmente2 no ya por Decreto, sino mediante un acuerdo del Consejo de Ministros que no obliga a su publicación en el BOE, pues al parecer el Gobierno considero que era un asunto de su exclusiva incumbencia. En nuestra opinión dicha privatización incumbe no solo al conjunto del Estado (Cortes y jueces incluidos), a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, sino que además es un asunto esencial para toda la ciudadanía. En el recurso presentado por CC.OO.ante el Supremo contra dicha privatización se plantea que el Gobierno no es quien para sacar a Telefónica del sector público, ya que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, actualmente en vigor, establece que los servicios esenciales que Telefónica presta están reservados a dicho sector público. Dicho recurso, y la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno, se plantea en defensa de los importantes derechos sociales que están en juego y de los que hablaremos a continuación, limitándonos, por razones de espacio, al servicio telefónico. La telefonía rural. Poco antes de la privatización de Telefónica (el 31 de Dic. pasado), se cumplió el plazo límite para que la telefonía en las zonas rurales tuviera las mismas características que en las zonas urbanas. No obstante las obligaciones actuales de Telefónica para la telefonía rural están ligadas a la telefonía móvil analógica, para abaratar sus costes3 -casi 250.000 abonados-. Además se han necesitado importantes aportaciones económicas de las Comunidades Autónomas, en especial la gallega. Pero la tecnología analógica debe extinguirse para dar paso al GSM digital, y además no permite los niveles de calidad exigidos a nivel europeo. El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT) propone que el servicio universal (SU) de telefonía continúe siendo cubierto por Telefónica. No obstante estamos convencidos de que el mantenimiento de la telefonía rural sin límite temporal, y en las condiciones de calidad de las zonas urbanas, está gravemente amenazada, y será objeto de una importante batalla de intereses, por las cuestiones técnico-económicas que citamos mas arriba y por que el equilibrio financiero del Contrato del Estado con Telefónica sigue vigente. ¿Pagarán la parte correspondiente los nuevos operadores?. Para CC. OO. sería inaceptable una nueva aportación pública para la modernización de la telefonía rural, pues ¿pagarían las CC. AA. dos veces por llevar los teléfonos a los pueblos?. Las tarifas telefónicas La situación de monopolio telefónico permite establecer una serie de mecanismos redistributivos mediante los cuales los ingresos procedentes del conjunto de las tarifas cubren los costes del servicio con una relativa independencia de la situación geográfica y del nivel de uso del teléfono. Debe tenerse en cuenta que el servicio no tiene los mismos costes el servicio en una provincia extensa, montañosa y poco poblada, que en otra de gran densidad de población, además hay usos del teléfono tan bajos que no cubren costes. Esto, más las tarifas locales bajas, ha respondido a una política de extensión del servicio telefónico. A pesar de ello, el Estado español tiene uno de los niveles de penetración del servicio, y de tráfico, mas bajos de la Unión Europea. Todo ello cambiará en la nueva situación de operadores sin límite, que se concentrarán en las zonas de gran densidad de población y bajos costes y en los usuarios de alto consumo, abandonando al resto.
El Proyecto de LGT reconoce que la asequibilidad del servicio telefónico es parte de su universalidad y que el SU debe ser financiado entre todos los operadores, pero no establece ninguna referencia de lo que se entiende por asequibilidad. El proyecto de LGT propone regular mediante Real Decreto -de nuevo sin contar con el Parlamento los detalles de la definición y financiación del SU. No obstante dicha financiación compartida del SU puede ser eliminada por una decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que considere que estas obligaciones no representan una desventaja competitiva para el que lo preste. En cambio el texto plantea la intervención pública en los precios o tarifas como algo transitorio. El cálculo de los costes del SU, sería realizado por Telefónica, aprobado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sin intervención de Gobierno ni del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y con el control exclusivo del resto de operadores. En definitiva las tarifas y precios quedan cada vez mas alejadas del control público y social. Sinceramente seríamos mas que ingenuos, tontos, si confiáramos ciegamente en el buen hacer de unas operadoras completamente dependientes de su accionariado y de un Gobierno obsesionado en impulsar el máximo de competencia. Sin control parlamentario y con muy reducidos medios de control social no podemos esperar una regulación suficientemente protectora de los derechos públicos y defensora de la cohesión social y territorial en las telecomunicaciones. Conclusión Al igual que se ha hecho en todos los países europeos donde se ha acabado, o se está acabando, con los monopolios de las telecomunicaciones, los cambios deberían hacerse extremando las garantías, para evitar las consecuencias sociales indeseadas.
Frente a las precauciones tomadas en dichos estados, que disponen de redes mucho mas extensas y modernas que las nuestras, de servicios mucho mas universales, y de administraciones mas conocedoras, pues fueron antes operadoras, llama la atención la irresponsabilidad y precipitación con la que el Gobierno español tardotacherianos, que no saben ni copiar- está actuando. La privatización de Telefónica y la actividad legislativa del Gobierno es un ejemplo perfecto de como no se deben hacer los cambios en las telecomunicaciones, servicios estratégicos donde las decisiones transcienden con mucho a los gobiernos que las toman. Si este Gobierno es ciego y sordo, que no lo sean también los jueces, y que los medios de información cumplan con su deber. Desde CC. OO aportamos la parte que nos corresponde. |
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1 Una anterior versión de este artículo fue enviada a dos diarios de difusión nacional, protagonistas de la polémica digital, antes del final de la OPV de Telefónica, pero no se dignaron publicarlo, quizás por su monotemática preocupación en las telecomunicaciones. 2 No obstante en CC.OO. estamos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo en relación con la demanda interpuesta por nuestro sindicato y la UGT. 3 En relación con dichos costes, animamos al periodismo investigador a que nos ayude a descubrir si está justificado que Telefónica de España, S.A. pague por el servicio rural 13.700 millones de pts./año (70.000 pts por abonado y año) a Telefónica Móviles, que en 6 años equivaldrán al coste de la licencia de Airtel. 4 Como ha venido a demostrar la orden ministerial de 18 de marzo/1 de abril sobre tarifas de interconexión y compensaciones a Telefónica por el déficit de acceso. |
n los últimos meses, las telecomunicaciones
han estado de moda en los medios de información debido a
la polémica sobre las Plataformas Digitales. Algunos
pensamos que una parte de los esfuerzos empleados a dicha
polémica hubieran podido dedicarse a otros graves
asuntos que afectan a las telecomunicaciones: la
privatización de los operadores públicos -Telefónica
Debido a
esos cambios consideramos que existen importantes riesgos
de fuertes aumentos de las tarifas locales
El
proceso de privatización de British Telecom comenzó con
una ley de privatización y está durando décadas. En
Alemania ha sido necesario cambiar la Constitución y no
tienen ninguna prisa en la privatización total de la
operadora pública alemana. En Francia se mantiene, por
ley, un 51% de France Telecom para el Estado y puede que
no se llegue a vender ni ese 49%. En definitiva todos
mantienen un doble mecanismo de seguridad, la
participación del Estado en el operador dominante y una
legislación muy rigurosa.