• ¿Sociedad de la Información o de la Incomunicación?, por Manuel Laraña Solé.
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Manuel Laraña Solé

¿Sociedad de la Información o de la Incomunicacion?

a asistencia a la mesa redonda "Una visión crítica sobre la Sociedad de la Información", celebrada el recientemente en la sede del Consejo Económico y Social, organizada por el COIT y la Fundación 1° de Mayo, me ha incitado a escribir estas consideraciones, por supuesto personales y discutibles. La iniciativa de los organizadores de la Mesa Redonda merece mi alabanza, al permitir un provechoso ejercicio de reflexión colectiva, pensamiento libre, discusión y análisis entre personas de diferentes orientaciones: sindicalistas, ingenieros, economistas y humoristas, mezcla que me pareció muy enriquecedora además de amena. Ojalá ello contribuya al debate social sobre los pros y contras de la globalización de la economía.

Considero necesario que los profesionales involucrados en la construcción tecnológica de esa nueva utopía, norteamericana en su origen, aunque arraigada y promovida ahora por los demás países desarrollados, dediquemos algún esfuerzo a analizar sus implicaciones y revisar los principios impulsores de ese gran proyecto mundial, al que se atribuye la capacidad para resolver los males y desequilibrios de nuestra sociedad. El desarrollo de una conciencia crítica, o especial sensibilidad, relativa a la transcendencia social de nuestra práctica profesional y de las políticas de telecomunicaciones actuales, serían también asuntos pendientes de nuestro colectivo.

Reflexionando sobre nuestra sociedad, tendería a denominarla más bien como sociedad de la incomunicación que de la información. Creo que el mito babélico está hoy muy presente, a pesar de los grandes avances tecnológicos producidos en los sistemas de traducción automática de voz en tiempo real entre distintos idiomas, o en el reconocimiento del lenguaje natural por los ordenadores.

Ahí tenemos hechos vergonzantes como los crecientes conflictos bélicos, las hambrunas continuas, la miseria, la injusticia, el analfabetismo, los malos tratos y explotación infantiles, la hipocresía o el cómplice silencio de la diplomacia ante esas situaciones, la debilidad de organismos y del derecho internacionales, la intolerancia y el fanatismo endémicos, los prósperos mercados del narcotráfico, de residuos tóxicos, de especies protegidas (incluida la humana), del tráfico de armas, la preeminencia de la violencia y el ansia de dinero (u otras formas de poder) como modos de vida modernos. Convertidos en objetos de deseo o de goce por los poderosos medios de comunicación, nos recuerdan sin embargo el lado oscuro del subdesarrollo social y humano en el que nos encontramos todavía. No parece que los grandes adelantos científicos y tecnológicos de este siglo hayan permitido que la humanidad avance sustancialmente en su progreso social.

A la mayoría de los profesionales de nuestro sector, lo primero que nos cautiva es la ciencia-tecnología-industria, y sentimos un cierto desinterés por los aspectos socioeconómicos o políticos, por no mencionar los aspectos éticos o filosóficos. Esos temas no están de moda, no se gana dinero, o poder o prestigio con ellos, resultan comprometedores, a veces espinosos, y se piensa "dejemos la política a los políticos".

Antes de revisar los "axiomas" subyacentes al proyecto de construcción de la sociedad de la información, conviene enmarcarlo en el escenario actual de la guerra mundial de la información, cuyas manifestaciones son las luchas del sector público contra la empresa privada, del derecho público contra el privado (civil, mercantil), del interés general frente al particular (o de grupos de presión), del enfoque social al individual o elitista, de la solidaridad frente al egoísmo, del Estado contra el mercado, del servicio público esencial de titularidad estatal al negocio empresarial exclusivo de los mercados soberanos. En este campo, fenómenos como la internacionalización de la economía, la globalización de mercados, la liberalización económica y la desregulación de sectores -antaño estratégicos- parecen desbordar el ámbito de la soberanía del Estado.

En esta revolución mundial de lo privado contra lo público, se presenta la guerra mundial de las telecomunicaciones, también conocida como la crisis de las telecomunicaciones, que se desató completamente en los ochenta con el histórico desmantelamiento de AT&T en los EE.UU., consecuencia de una decisión judicial, tras la que estaban las nuevas ideas de que los monopolios son perjudiciales para la economía en un mundo globalizado (dominado?) por las empresas transnacionales.

El principio de la libre competencia se convierte en fundamental, se defiende la actuación libre de las llamadas "leyes del mercado", la limitación del poder de los monopolios -o su aniquilación- y el estímulo de la competencia desregulando el sector.

Esta corriente de pensamiento político-económico se ha ido extendiendo hacia todos los países, y al llegar a Europa se ha empezado a emular esas nuevas políticas desreguladoras, creyendo en sus bondades para la economía: las conocidas mejoras de precios, calidad y variedad, además del crecimiento del mercado. Otros beneficios para el consumidor -secundarios en términos políticos- serían aumentar su libertad de elección, no sólo de productos sino de suministrador, y facilitar mediante la adecuada información el ejercicio responsable de su libertad de consumo y elección.

Entre tanto, con la difusión masiva de la red Internet y su popularización entre las sociedades prósperas, se lanza una nueva idea (campaña?) de futuro, llamada la sociedad de la información, cuyo gran fracaso podría ser ofrecer mucha información y "ceguera", pero quizás poca comunicación, formación y cohesión social.

Para alcanzar tan deseada meta son precisos, se dice, algunos pequeños sacrificios, y asumir unos postulados incuestionables, a saber: su construcción debe dejarse principalmente a la iniciativa privada procurando que la competencia entre empresas del mercado logre la eficiencia y rapidez de implantación deseadas. Segundo, es preciso dejar actuar libremente al mercado y la libre competencia sin trabas reglamentarias. Por último, hay que desmontar las barreras de entrada a nuevas empresas competidoras (normalmente multinacionales) en todos los países para facilitar el comercio y desarrollo internacional.

Considero el primer postulado correcto, la iniciativa privada es más ágil, ahorra ineficiencias e inercia del sistema público. Se trata de pragmatismo, puesto que el incentivo económico juega un papel tan primordial en nuestra sociedad, suele ser un elemento casi imprescindible para que algo funcione razonablemente bien, a un coste aceptable y en un plazo breve; aunque su implantación deba ser ordenada, planificada y supervisada por los poderes públicos.

El segundo supuesto, de que sea el libre mercado y la competencia entre empresas el mejor entorno posible para la implantación de la sociedad de la información, me parece muy discutible, por dos razones: la primera es que no conviene confundir el "libre mercado y sus leyes" con la libertad de empresa y la libertad para competir, derechos que habrá que hacer compatibles con los principios de la protección del consumidor por los poderes públicos, la subordinación de la riqueza al interés general, y la posibilidad de reservar por ley al sector público recursos o servicios esenciales -especialmente en caso de monopolio- (arts. 51.1, 28.1 y 28.2 de la Constitución Española). La segunda, que las fuerzas del mercado deben estar al servicio de la humanidad, y no al revés, como algunas selectas partes interesadas puramente en el negocio pretenden hacernos creer.

Finalmente, el tercer "axioma" de que hay que abolir las barreras de entrada a los nuevos competidores, desregulando los servicios y la construcción de infraestructuras precisas para suministrarlos, estableciendo igualdad de oportunidades para los operadores tradicionales y los nuevos, me parece cuestionable.

Aunque soy partidario de la libertad para competir, y reconociendo los beneficios de la libre competencia, no creo justo pretender unas condiciones iguales en base a la aplicación de regulaciones asimétricas (condiciones para los entrantes más ventajosas que las de los operadores tradicionales). Perjudicar o penalizar a unos para beneficiar a otros, sólo porque unos llegaron antes y otros después, unos han hecho aportaciones históricas a la industria, al desarrollo del sector y al servicio universal, y los entrantes a los que se pretende proteger no las hicieron (cierto que tampoco tuvieron la oportunidad), no parece muy equitativo.

La eliminación de barreras podrá tener, en cada caso, efectos positivos y negativos que habría que valorar antes de decidir su desmantelamiento. La necesidad de defender una política industrial, social, o de generación de valor añadido nacional (tejido industrial y empleo) debiera ser prioritaria.

Hay que recordar que normalmente, la parte más débil en cualquier mercado, que requiere de mayor protección por los poderes públicos, es el consumidor o usuario, y por lo tanto convendría preguntarse todas esas medidas reguladoras que impacto global van a tener aquí y ahora sobre ellos, además de los previstos en el futuro, y si los beneficiarios reales de tales medidas son los usuarios o los proveedores.

Una de las contradicciones del actual proceso de liberalización, centrado en la abolición de los monopolios nacionales, puede ser que conduzca a su sustitución por los emergentes oligopolios mundiales de macroempresas, como parecen apuntar las recientes tendencias del sector. Entre ellas están las operaciones de fusión, adquisición, alianzas, intercambios accionariales, consorcios internacionales, acuerdos de reparto regional o sectorial de mercados, tácticas de colusión, de precios predatorios, etc. Prácticas que suponen serias amenazas o restricciones a la libre competencia, justo lo contrario de lo que se pretendía con la eliminación de los vetustos monopolios, y que podrían conformar mercados fuertemente oligopolísticos de competencia pactada o aparente.

Esas tendencias muestran la creciente concentración empresarial a escala mundial, baste recordar los casos de BT y MCI, FT con DT y Sprint, Unisource y AT&T. Fenómeno que se está dando también tras la aprobación de la ley de Telecomunicaciones de 1996 en los EE.UU., de marcado carácter liberalizador, con los procesos de unión de Bell Atlantic y Nynex, o de Pacific Telesis y Southwestern Bell Co., que al reducir el número de proveedores, limitarán la competencia y la libertad de elección del usuario.

Las poderosas corrientes de liberalización de sectores básicos (telecomunicaciones, distribución de electricidad, gas y agua, transportes, carburantes, servicios municipales, etc.), plantean nuevas modas y buenos negocios, como la financiación y gestión privada de infraestructuras y servicios de interés público.

El concepto antiguo de servicio público de telecomunicaciones ha quedado despojado de naturaleza jurídica en el derecho comunitario, siguiendo la corriente norteamericana, pasando del concepto de "servicio público" al más leve de "servicios al público". Parece que éstos ya no son, o van a ser, ni esenciales, ni de titularidad estatal, sino un buen negocio para los más competitivos que dispongan de cuantiosos capitales y saber hacer empresarial, dadas las considerables inversiones necesarias para la construcción y explotación de esas infraestructuras.

La cuestiónes determinar a quién debe beneficiar fundamentalmente, la liberalización, privatización y desregulación, o los procesos de gestión y financiación privada de "lo público". ¿A la sociedad en general (sus ciudadanos y/o usuarios) o a las grandes empresas, grupos económicos o de presión, cuyo objetivo primordial y existencial es la consecución del beneficio, cuanto mayor mejor, y su crecimiento empresarial por encima de todo (y de todos)?

La red Internet puede ser un medio democratizador y descentralizador, de difusión de la información y por tanto del poder, diluyéndolo entre toda la sociedad para hacerla más autocrítica y consciente, capaz de pensar por sí misma y poner en cuestión las verdades prefabricadas por el poder establecido, que en su constante intento de influir sobre la opinión pública, recela de Internet.

En ese sentido el poder de Internet es enorme, tanto que asusta a los gobiernos que se aprestan a inventar medidas para someterlo a sus intereses. ¿Caerá al final la Gran Red en manos del Gran Hermano? La regulación de Internet es un tema de moda y promovido con afán por algunos, la censura de contenidos pornográficos, terroristas o criminales, la regulación del comercio electrónico, del teletrabajo, de la seguridad, privacidad, confidencialidad y de la propiedad intelectual, pueden estar muy próximos.

¿Hay que redescubrir un nuevo concepto de economía de mercado social, donde la lucha contra la pobreza, las desigualdades, el hambre, el analfabetismo, la guerra, la explotación infantil, los malos tratos, etc., en suma, contra el subdesarrollo, juegue un papel importante? En el que la defensa de los niños y ancianos, los valores de solidaridad, libertad, justicia social, el fomento de la educación, la cultura y la salud, sean objetivos primordiales, y no la simple obtención de beneficios económicos inmediatos y el culto al ego del individuo.

Podríamos también preguntarnos, si el libre mercado hace más libres a los consumidores que a él acuden para satisfacer sus necesidades, o si por el contrario la libertad no la da el mercado al ciudadano sino el dinero que este tenga en su bolsillo, como decía hace poco un economista español, J. L Sampedro. Si fuera así, que paradoja sería que el libre mercado no hiciera más libres a sus clientes (ciudadanos), sino más ricos a los agentes económicos proveedores del mismo, al tener manos libres, sin impedimentos para hacer su negocio (obtener beneficios económicos inmediatos sin importar los costes sociales, medioambientales o cualesquiera otros, cuya anotación contable no se contempla directamente en las cuentas anuales, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados).

El proyecto predominante de la sociedad de la información "políticamente correcta", podría transformarse en otro "socialmente correcto", que podría denominarse sociedad de la comunicación y cooperación, donde la tecnología no sea el factor primordial, ni excusa para acrecentar la acumulación intensiva en unas pocas manos (o empresas) del poder tecnológico-industrial o financiero, o un pretexto para derribar las barreras nacionales erigidas como freno a la colonización económica; sino tan solo un medio más al servicio de la humanidad.

Un proyecto donde la iniciativa privada coexista libremente con el sector público, aprovechando lo bueno de una y del otro, donde las "leyes del mercado" se pongan al servicio de la sociedad y no sólo al de los grandes grupos empresariales cuyo poder alcanza a crearlos o deshacerlos, y donde se potencie el comercio y desarrollo económico local-regional, responsable, sostenible y descentralizado, fomentando y globalizando los valores de la educación, solidaridad, y responsabilidad, y facilitar su libre circulación.